Catástrofes naturales/ Meteorología .

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La jueza rechaza imputar a la delegada del Gobierno y reitera la "pasividad" del Consell de Mazón ante la DANA

Historia de Lucas Marco • 17 h • 3 minutos de lectura

La magistrada destaca que el Ejecutivo de Carlos Mazón fue "absolutamentre incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población".

La magistrada, en un auto notificado este martes en respuesta a la solicitud presentada por una acusación popular, fundamenta su decisión en la normativa que considera aplicable en este caso, según la cual el Consell es “el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias”.

“Se pretende obviar de forma total la distribución competencial expuesta, efectuando un salto de la competencia autonómica en protección civil a la estatal, como base de la responsabilidad del Gobierno central”, añade la instructora, entre otras consideraciones.

El auto insiste en la “pasividad” de la Generalitat Valenciana en la respuesta a la catástrofe. La magistrada destaca que el Consell de Carlos Mazón fue “absolutamentre incapaz de avisar, en tiempo y adecuadamente, a la población”.

La instructora reitera que el objeto del procedimiento es el “análisis” de los fallecimientos de 227 personas —“una de ellas embarazada de ocho meses”, recuerda— y de una desaparecida, además de los lesionados. También acota la instrucción, específicamente, a la “asencia de decisiones para salvaguardar a la población”.

La resolución recuerda que era a la entonces consellera Salomé Pradas a quien le correspondía ejercer el “mando único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil”.

La jueza ha dictado también este lunes otros dos autos. En uno de ellos rechaza la solicitud de otra acusación popular dirigida a la obtención de las grabaciones de los vehículos y sus matrículas que entraron en el Centro de Coordinación de Emergencias entre las 16.30 y las 23.59 horas del pasado 29 de octubre. En el segundo, ordena la acumulación de denuncias y diligencias de otros juzgados que se han inhibido en favor del de Catarroja en una pieza separada.

Fallecimiento de dos guardias civiles

El órgano judicial también ha notificado una providencia en la que se da cuenta de la remisión de un atestado de la Guardia Civil por el fallecimiento de dos de sus agentes en el cuartel de Paiporta el día de la DANA y de la renuncia de la representación letrada de la asociación SOS Desaparecidos para ejercer la acusación particular en nombre de familiares de varios de los fallecidos.

Esa providencia dispone asimismo la citación como perito de una catedrática de Geografía Física de la Universitat de València, la incorporación a la causa de vídeos aportados por afectados y la elaboración de informes por el Instituto de Medicina Legal (IML) sobre secuelas psíquicas y daños morales de familiares de fallecidos.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha practicado hasta la fecha, desde que inició la investigación por la gestión de la DANA, unas 250 declaraciones testificales, mayoritariamente de parientes de las 227 víctimas mortales y una persona desaparecida registradas en la catástrofe.

En la causa hay personadas actualmente unas 40 acusaciones, de las que ocho ejercen la acción popular y las restantes la acusación particular.

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https://youtu.be/7x7KB3fFIxc?si=wnaE_GPwTZx2k7Q3

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El técnico que envió la alerta de la dana declara que Pradas le indicó que se esperara hasta tener "su visto bueno"


Así lo ha afirmado en su declaración como testigo ante la juez de Catarroja que investiga la gestión de la emergenciaEl mensaje a la población llegó a las 20.11 horas cuando ya había decenas de muertos y desaparecidos
06.05.2025
S. QUÍLEZ

Un técnico de seguridad y control del Centro de Mando de Emergencias que participó el día de la dana en el envío del mensaje de alerta a la población, ha declarado que la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas pidió que no se enviara nada sin "su visto bueno", según fuentes presentes en su declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la gestión de la catastrófica riada que dejó 227 víctimas mortales y un desaparecido.

Durante su testimonio, el técnico — que trabaja en el departamento desde 2018 — ha explicado que el día 29 de octubre llegó a su puesto de trabajo sobre las 14.30 horas para iniciar su jornada y pudo ver que la situación "no era normal". No se fue de su puesto de trabajo hasta las 2.00 de la madrugada.


La sala estaba "llena de gente" — ha declarado el técnico ante la juez — y sabía que la situación era complicada. "Me encuentro con una situación de extrema carga de trabajo", ha manifestado tras enumerar las diferentes llamadas y correos electrónicos que fueron recibiendo durante la jornada, entre ellos del alcalde de Utiel pidiendo ayuda.

El 112 el día de la dana: las 20.000 llamadas que certifican la catástrofe
El 112 el día de la dana: las 20.000 llamadas que certifican la catástrofe
CRISTINA POZO GARCÍA | DatosRTVE
Al poco tiempo de incorporarse aquel día ha relatado ante la juez que le llamó el alcalde de Utiel, le dijo que estaba en contacto con la alcaldesa de Requena y que no podían hacerse cargo de la situación con sus recursos. El regidor le transmitió que debía movilizarse la Unidad Militar de Emergencias. Este mensaje, según aseguran fuentes presentes en su declaración, se lo transmitió al subdirector de Emergencias que les dio la orden de declarar la situación 2 de emergencias en esa zona y pasar la orden de movilización de la UME y convocatoria del CECOPI.

A las 17.00 se planteó el envío de una alerta
El técnico, según su recuerdo de aquel día, que a partir de las 17.00 horas, se planteó el envío del Es-Alert ante la posibilidad de que colapsara la presa de Forata, si bien posteriormente se descartó ese mensaje y se decidió elaborar otro para toda la provincia, según han informado fuentes presentes en la declaración.

De ese nuevo mensaje se elaboró un primer borrador que se descartó y, aunque desconoce los motivos por los que se rechazó el primer borrador, dice que no pasó mucho tiempo entre una cosa y otra.


La mayoría de las víctimas de la dana murió antes de que sonara el mensaje de alerta, según la investigación
También ha relatado que en un determinado momento, durante el Cecopi el subdirector de Energencias Jorge Suárez les dio la orden de establecer la situación 2 de Emergencias en toda la provincia. Preguntado por si la sala del Cecopi estaba cerca de donde se encontraba él ha declarado que estaban reunidos al otro lado del pasillo, en la sala de emergencia, entre 10 y 20 metros de distancia en línea recta.

"En ese lapso las autoridades salieron del Cecopi a la sala donde estaba yo", ha dicho, y ha nombrado, entre otras, a la exconsellera y al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez. Un compañero suyo fue quien se encargó de entrar en la aplicación para transcribir el mensaje y, según ha relatado, Pradas les dijo que "no se enviase nada sin que su visto bueno".

La aplicación Es-Alert requiere una doble validación
La utilización de aplicación de los mensajes de alerta, según ha declarado, requiere de una doble validación, una persona redacta el mensaje, en este caso su compañero, y otra, actúa como validador del mismo. "Hay redactor y validador porque tiene que haber dos personas distintas acreditadas para que se pueda enviar, pero esos perfiles no reflejan la estructura de mando", ha asegurado ante la juez según fuentes presentes en la declaración.

En su testifical ante la juez ha dicho que no recuerda quien le dio las indicaciones a su compañero para redactar el mensaje. En la sala había varias personas. Y una vez que se había redactado el texto se dio la orden de enviarlo con la consellera como máxima autoridad. Se descartó un texto en castellano e inglés y finalmente se envió en castellano y valenciano, con el mismo contenido.

Además, ha asegurado que conocía la aplicación Es-Alert por una charla que les habían dado en la sede del Cecopi antes de que estuviera operativa y que sus autoridades hablaban de esta herramienta, aunque no sabe qué conocimiento tenían.

En relación con las alertas previas al 29 de octubre, en su declaración ha dicho que trabajó la jornada anterior por la tarde y no sabe si hubo alguna reunión durante la mañana, pero él no fue convocado a ninguna.

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La juez tilda de "grosera negligencia" la gestión de los dos investigados por la dana


Afirma que tenían información suficiente y no pueden alegar "desconocimiento. Rechaza, otra vez, cambiar la condición de Miguel Polo de testigo a investigado

Bernabé le dijo a la juez que el presidente de la CHJ no informó de las mediciones realizadas en el Poyo
Una triple interrupción de la cadena informativa dejó al Cecopi sin datos sobre el 'tsunami' del Poyo
Salomé Pradas y Emilio Argüeso - EFE
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Manuel Conejos
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Comunidad Valenciana
1
Publicado: 08/05/2025 ·14:38
Actualizado: 08/05/2025 · 14:38
La juez que instruye la causa sobre las responsabilidades de los 228 fallecimientos durante la DANA considera que los dos investigados, la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico del mismo departamento, Emilio Argüeso, incurrireron en una "manifiesta pasividad" aquel día. La titular de Instrucción 3 de Catarroja considera en un auto conocido hoy que los dos investigados tenían información y "todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto de las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema ES-Alert".


Para la juez "en todo momento hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población" por parte de Salomé Pradas y "que la decisión sólo podía llevarse a cabo si la misma contaba con la autorización de quien era consellera, que el mando de la emergencia le correspondía a dicha investigada, de lo que es buena prueba que la alerta debía contar con su visto bueno".

También abunda en este extremo assegurando que "los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, que manejaban teléfonos, que entraban y salían de la sala, que se comunicaban con otras autoridades, que se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo exclusivamente presencial".


Falta de información
La calificación de "absurda" la justifica la juez Nuria Ruiz Tobarra porque "es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo".

La juez entiende que "la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos, no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica".

Y en relación a la petición de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, sea citado como investigado, en vez de testigo, la juez lo rechaza, de nuevo, como ha hecho a solicitud de otras partes.


A vueltas con el SAIH
En este caso la negativa es a la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud al considerar que la falta de información "sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo resulta desmentida por la remisión de correos del SAIH, así como por la posibilidad de acceso al mismo, por lo que de forma paralela no procede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo"


Y reitera que "más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaran sobre el caudal" (aunque las declaraciones efectuadas hasta la fecha han demostrado que no llegaron al Cecopi) "ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH" con informaciones cada cinco minutos –que a las 19:20 horas mostraban un caudal de 1.941 metros cúbicos por segundo– y a cuya aplicación tenía acceso el Centro de Coordinación de Emergencias.

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La jueza de la DANA decide que la periodista que comió con Mazón en El Ventorro no declare porque él es aforado


La instructora considera que la testifical “estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del president de la Generalitat” el 29 de octubre, una opción que “no es factible dada su condición de aforado”
— Dos peritos apuntan ante la jueza de la DANA a Mazón por no haber asumido el mando y reprochan la tardanza del Cecopi
La periodista Maribel Vilaplana, en una imagen de archivo.
La periodista Maribel Vilaplana, en una imagen de archivo.
Lucas Marco

València —
12 de mayo de 2025 14:32 h
Actualizado el 12/05/2025 15:48 h
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La jueza de la DANA ha denegado la testifical de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president Carlos Mazón en el restaurante El Ventorro el pasado 29 de octubre. La magistrada, en un auto dictado este lunes, argumenta que la solicitud de la acusación que ejerce el abogado Ximo Esteve “estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del president de la Generalitat dicho día”. Así, la declaración de Vilaplana “desplazaría sustancialmente” la investigación hacia la “actuación” del jefe del Consell, una posibilidad que “no es factible dada su condición de aforado”, explica la resolución.

La jueza de la DANA estrecha el cerco de la "grosera negligencia" de Salomé Pradas con la inexplicable pausa del Cecopi

“El president de la Generalitat no es parte en este procedimiento, se efectuó un ofrecimiento al objeto de que pudiera declarar como investigado, por lo que, en definitiva, ha de descartarse la citación como testigo de Maribel Vilaplana”, concluye la magistrada instructora.

La resolución también alude a la declaración de la exconsellera Salomé Pradas del pasado 11 de abril, en la que la investigada hizo “expresa referencia” a que se comunicó —“en ocasiones lo intentó”, apostilla— con el president Mazón, con la “duración” que se desprende del registro de llamadas que aportó en un acta notarial. Pradas también declaró, a preguntas de su defensa, que el envío del Es-Alert “no se condicionaba a la autorización del president”, recuerda la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja.

Compatibilidad de Manos Limpias con el letrado de Argüeso
En otro auto dictado este lunes, la magistrada ha planteado a la defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias, si ve incompatibilidad entre la personación de Manos Limpias como acusación popular y el hecho de que el abogado del investigado, José María Bueno Manzanares, se haya “definido públicamente” como letrado “de referencia” del pseudosindicato.

En todo caso, la resolución admite la personación de Manos Limpias como acusación popular en la causa, limitada “exclusivamente” al ejercicio de la acción penal contra Argüeso.

Por otro lado, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este diario, ha acordado deliberar el próximo 13 de junio sobre el recurso de Emilio Argüeso contra su imputación en la causa. Se trata de una resolución clave para la continuidad de la instrucción, para la que ha sido designado como ponente el veterano magistrado Salvador Camarena.

El acierto de la predicción de la Aemet, un “hecho obvio”
Además, la instructora avala de nuevo la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y de su presidente, Miguel Polo. La supuesta “ausencia de información” en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre por parte de la entidad, tal como sostenía Manos Limpias, “resulta desmentida” por la remisión de los correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ, como ha reiterado varias veces la jueza.

El auto también afirma que no existe “indicio alguno” de responsabilidad penal de los representantes de la Aemet y recuerda que el perito Francisco Vallés, ingeniero hidráulico y profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), que declaró el pasado 9 de mayo, manifestó que la agencia meteorológica “acertó plenamente en sus predicciones”.

El papel positivo de la Aemet resulta, a juicio de la instructora, un “hecho obvio” y “conocido públicamente”. La jueza también recuerda que, con las predicciones de la Aemet, la Universitat de València, decidió la víspera de la DANA suspender las clases.

“Ejercitar la acción penal frente a la Aemet como posible responsable de los 227 fallecimientos, una de ellas embarazada de ocho meses, y una desaparecida, no tiene sentido, y no procede la declaración como investigado contra ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de dicha agencia”, afirma la resolución.

El papel “netamente beneficioso” de la presa de Forata
En un tercer auto, la magistrada deniega la práctica de nuevas diligencias de investigación sobre la presa de Forata solicitadas por una de las acusaciones particulares. La instructora recuerda que ya constan en el sumario informes sobre las presas y que el presidente de la CHJ ya ha sido citado a declarar como testigo.

Además, la resolución recuerda que el marido de la viuda que ejerce la acusación particular –que pidió las diligencias– murió en Cheste a consecuencia, por tanto, del desbordamiento del barranco del Poyo (y no de la presa de Forata). “Es por ello que no caben las diligencias solicitadas por la representación solicitante, ya que, como acusación particular, puede solicitar diligencias encaminadas a averiguar las circunstancias en que tuvo lugar el fallecimiento del esposo de su representada”, explica la jueza.

El auto recuerda que, según la declaración del técnico del Es-Alert, el aviso automático a los móviles se intentó enviar a las poblaciones cercanas al río Magro y aguas abajo de la presa, en un primer momento el 29 de octubre, por el peligro de Forata. La alerta que se envió finalmente —a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de ciudadanos permanecían atrapados por las inundaciones— fue motivada por la emergencia de la DANA.

Por otro lado, recuerda la magistrada, el perito Francisco Vallés, investigador del Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la UPV, aseguró que la presa de Forata “funcionó bien” e “hizo su papel” de contención y que “no desembalsó por coronación, sino sólo por vía [del] aliviadero”, que “está abierto siempre” en superficie.

Además, tal como detalló el mismo perito, el agua que se alivió en la presa de Forata “no pudo llegar a los municipios de alrededor del barranco del Poyo” al ser “cuencas distintas”. Por el contrario, a Forata “le llegan los caudales que empezaron a hacer daño en la zona de Utiel”, horas antes del desbordamiento del barranco del Poyo. El papel de la presa, tal como afirmó Francisco Vallés, fue “netamente beneficioso”, aunque el caso de colapso “el desastre hubiera sido aún mayor”.

Dos peritos apuntan ante la jueza de la DANA a Mazón por no haber asumido el mando y reprochan la tardanza del Cecopi

Otro perito, recuerda el auto, sostuvo ante la jueza de la DANA que la presa de Forata evitó que la riada en la comarca de la Ribera “fuera aún más devastadora al frenar la mitad del caudal del Magro”.

[Heracles_Pontor]

Si declarara Villaplana. . . la jueza es probable que pierda la instrucción del procedimiento porque lo tendría que elevar al estar Mazón aforado, pero, casi con toda seguridad, cuando tenga la instrucción bien atada la llamará a declarar e inmediatamente después dictará un auto con los indicios de delito de Mazón en el procedimiento y se inhibirá a favor del juzgado superior. . .

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Mazón se aseguraría dos años con sueldo público de 75.000 euros si resiste hasta julio


Los expresidentes tienen derecho a 15 años de salario si agotan legislatura, o por el tiempo equivalente al que han estado en el cargo si alcanzan los dos años, plazo que el popular cumple el.13 de julio

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La jueza de la dana rechaza responsabilidad penal de Aemet: "No tiene sentido" y señaló con día "álgido" el 29O


Archivo - Varias personas limpian los estragos ocasionados por la DANA, a 1 de noviembre de 2024, en Paiporta
- ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS - ARCHIVO
Europa Press C. Valenciana
@epcvalenciana

VALÈNCIA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, en el marco de la investigación penal por la gestión de la dana del pasado 29 de octubre, rechaza que se pueda atribuir responsabilidad penal a la Agencia Estatal de Meteorología, y que se tome declaración como investigado a ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de este organismo, ya que considera que "no tiene sentido" y que fue precisamente esta entidad quien señaló como "día ágido" del episodio de lluvias el 29 de octubre.


Así lo indica en un auto en el que admite la personación del Sindicato de Funcionarios Manos Limpias como acusación popular contra el investigado Emilio Argüeso, que fue secretario autonómico de Emergencias, si bien pide a la representación legal de este último que alegue si existe incompatibilidad o no en su defensa dado que la ejerce un letrado que se ha definido públicamente como "abogado de referencia" de esta organización y jefe de sus servicios jurídicos y representa al sindicato en otros procesos penales.

Por tanto, considera que es preciso poner de manifiesto esta personación a la representación de Argüeso, a los efectos de que alegue, en el plazo de dos audiencias, si estima que no existe incompatibilidad en el ejercicio del derecho de defensa respecto de su cliente frente a la acción popular de Manos Limpias.


Esta parte había manifestado la voluntad de ejercitar la acción penal contra Argüeso y los representantes de la Aemet y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). En relación con este último organismo, la jueza reitera que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo "resulta desmentida" por la remisión de correos del SAIH y por la posibilidad de acceso al sistema, ni tampoco se puede, de forma paralela, atribuir responsabilidad penal al presidente de la agencia, Miguel Polo, ni a prácticamente todos los cargos directivos o no de dicho organismo.

"Más allá de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaran sobre el caudal ha de atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH", señala, y vuelve a reflejar los caudales comunicados desde las 18.00 a las 19.20 horas. Así, añade que la forma de visualización era, como se señala en el informe de la CHJ, a través la aplicación la SAIHWIN, que se afirma se dispondría por el Centro de Coordinación de Emergencias.

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ACIERTO EN PREDICCIONES
Y sobre la Aemet, recuerda la declaración del perito ingeniero hidráulico que compareció el 9 de mayo en el juzgado y que declaró que la agencia "acertó plenamente en sus predicciones".

"Lo anterior constituye un hecho obvio, conocido públicamente, sin un específico conocimiento de la causa, solo por la lectura de los medios de comunicación y por la actuación conocida de diversas entidades e instituciones, que sí que atendieron a las previsiones de la Aemet entre ellas la Universitat València", indica la jueza.


Por tanto, considera que ejercitar la acción penal frente a la Aemet como posible responsable de los 227 fallecimientos, una de ellas embarazada de ocho meses, y una desaparecida, "no tiene sentido, y no procede la declaración como investigado contra ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de dicha agencia".

FORATA La jueza ha dictado un segundo auto en el que deniega la práctica de diligencias de investigación solicitadas por otra acusación particular, pues esas diligencias están relacionadas con la presa de Forata, que no guarda relación con las circunstancias en que se produjo el fallecimiento en Cheste por el que está personada esa representación legal.

La magistrada recuerda las declaraciones prestadas por varios peritos durante la instrucción, que señalan que el agua que se alivió en la presa de Forata no pudo llegar a los municipios situados alrededor del Barranco del Poyo, cuya parte alta discurre por Chiva, Cheste, Godelleta, parte de Buñol y parte de Turís.

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González Pons (PP) pide perdón a víctimas de la dana y se compromete a no vetar comparecencia en PE


Bruselas, 14 may (EFE).- El jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, pidió perdón «a título personal» a las asociaciones de víctimas de la dana y se comprometió a levantar el veto de su grupo a que comparezcan en la comisión de Peticiones de la Eurocámara «siempre y cuando el título (de la petición) no prejuzgue el resultado de la investigación».

González Pons y las eurodiputadas populares Rosa Estarás y Carmen Crespo recibieron este miércoles a la Asociación Víctimas Mortales 29O y la Associació Víctimes de la dana 29 octubre, representadas por sus presidentas y cuatro familiares de víctimas en las inundaciones, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Han empezado «pidiéndoles disculpas»
«Hemos empezado pidiéndoles disculpas personalmente si en algún momento ellos han pensado que nosotros no hemos estado a la altura, hemos escuchado su relato y hemos entendido su situación. Creo que la reunión ha ido muy bien, si es que una reunión como esta puede decirse que ha ido bien porque lo que es irremediable es irremediable», señaló González Pons a la prensa tras el encuentro.

«Si creen que yo tenía que haber hecho algo más que lo que hice, personalmente les he pedido disculpas», añadió el eurodiputado valenciano.

A partir de este encuentro, el PP se ha comprometido a que la comisión de Peticiones desbloquee su comparecencia -que vetaban los populares junto a la extrema derecha- para que las víctimas puedan llevar su caso a la Eurocámara, siempre que el título de su reclamo sea «neutral» y no «prejuzgue al culpable» antes de que se diriman las responsabilidades.

Precisamente la comisión de Peticiones se reunía esta mañana a la misma hora que González Pons lo hacía con estas asociaciones y volvía a vetar la comparecencia, pero el PP confía en que se llegue a un acuerdo sobre el título y se pueda tramitar positivamente en los próximos meses.

Este paso permitirá también que en dicha comparecencia explique su posición la Comisión Europea y todos los grupos políticos, así como que en última instancia se pueda enviar una misión sobre el terreno para conocer más detalles de la situación y elaborar un informe.

Las asociaciones tildan de «positiva» la reunión
Las asociaciones, por su parte, consideran «positivo» el balance de la reunión y señalaron que han intercambiado contactos con los tres eurodiputados populares para «intentar seguir avanzando», lo cual consideran «bastante más que lo que tenemos en Valencia y lo que tenemos en España».

Preguntados por si creen que este encuentro acerca la posibilidad de una reunión con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que aún no se ha producido más de seis meses después de las inundaciones, dijeron que el líder regional «llega 7 meses casi tarde, 228 fallecidos después y (tras) muchos despropósitos y un maltrato institucional continuado».

«No creo que él tenga ahora mismo la disponibilidad de decidir si se reúne o no con las víctimas», dijo la presidenta de la Associació Víctimes Mortals DANA 29-O, Rosa María Álvarez, que señaló que le han transmitido a los eurodiputados que «el problema que hay sobre todo es Mazón y su Consell».

González Pons, por su parte, señaló que no son «mediadores» ni tampoco es un papel que les han reclamado las asociaciones de víctimas.

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La jueza de la DANA echa a Manos Limpias del caso al ver incompatibilidad “evidente” con el letrado de un imputado


La magistrada recuerda que el abogado José María Bueno Manzanares se definió en una entrevista en 'La Razón' como “abogado de referencia” del pseudosindicato fundado por Miguel Bernad
— El letrado del imputado en el 'caso DANA' niega incurrir en incompatibilidad por su trabajo anterior para Manos Limpias
El secretario general y líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una imagen de archivo.
El secretario general y líder de Manos Limpias, Miguel Bernad, en una imagen de archivo. Fernando Alvarado (EFE)
Lucas Marco

València —
19 de mayo de 2025 16:10 h
Actualizado el 19/05/2025 16:35 h
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La jueza de la DANA ha echado al pseudosindicato Manos Limpias de la causa que instruye, dejando sin efecto su personación como acusación popular en el procedimiento. La magistrada, en un auto dictado este lunes, considera “evidente” que José María Bueno Manzanares, el letrado que ejerce la defensa de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa, es el “director” de los servicios jurídicos de Manos Limpias. Todo ello, a pesar de que el abogado negó esa condición en un escrito dirigido a la magistrada, tal como informó elDiario.es.


Rapapolvo del juez a Manos Limpias: archiva sus denuncias por la DANA y critica que plantee una "causa general"

Por el contrario, el auto recuerda que en una entrevista publicada el pasado 15 de abril en La Razón, el letrado se definió como “abogado de referencia” del pseudosindicato. También afirmó ser “jefe de servicios jurídicos” de Manos Limpias. “Actualmente”, ahonda la jueza, “es notorio que dirige la acción popular, en nombre de Manos Limpias” en el caso que investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La magistrada recuerda que José María Bueno Manzanares “ha dirigido como letrado en múltiples procedimientos, como se reconoce” en el escrito del pasado 12 de mayo, la defensa de Miguel Bernad, fundador de Manos Limpias, con el que le une una “gran amistad”, tal como afirmó el letrado. El escrito del abogado de Argüeso sugería a la jueza que no se dejara influir “por lo que ha podido leer en internet” y sostenía que Manos Limpias era uno de sus “muchos clientes”.

La jueza asevera que en el ejercicio de la acción penal y el derecho de defensa “ha de primar este último”. “Es legítimo”, concluye, que el letrado continúe ejerciendo la defensa de Emilio Argüeso. Por el contrario, “no lo es” que Manos Limpias figure en el procedimiento como acusación popular “mientras dicho letrado” defienda al exalto cargo del Gobierno de Carlos Mazón.

“La acción penal jamas podrá ejercitarse adecuadamente, incumpliéndose la finalidad constitucional que recoge la jurisprudencia a la acusación popular, si el letrado Sr. Bueno, como él mismo manifestó, es el jefe de los servicios jurídicos del sindicato Manos Limpias”, argumenta la resolución.

El “empeño inútil” del letrado de “desvincularse” de Manos Limpias
La jueza tilda el escrito del letrado de “empeño inútil” de “desvincularse” del pseudosindicato, ya que se trata del jefe de su servicio jurídico, “según el mismo expresó” en la entrevista, por lo que “se desprende todo lo contario”: un “vínculo absoluto” con Manos Limpias en “múltiples procedimientos” y, singularmente, con su secretario general, concluye la instructora.

El letrado también afirmó en su escrito que el pseudosindicato no le debe informar “tan siquiera” de sus proyectos de denuncias o querellas y que “jamás aceptaría acciones contra el Partido Popular de la Comunidad Valenciana o sus cargos”.

Y la jueza recoge el guante y responde: “Efectivamente, el colectivo Manos Limpias no ejercita la acción penal contra la investigada Salomé Pradas”, exconsellera del Gobierno autonómico del PP. “La posible acción penal que se pudiera ejercer contra el Sr. Emilio Argüeso por parte de Manos Limpias sería completamente inútil”, concluye.

El letrado del imputado en el 'caso DANA' niega incurrir en incompatibilidad por su trabajo anterior para Manos Limpias

Así, “consecuencia de lo anterior no puede ser otra que dejar sin efecto la personación como acusación popular, en el presente procedimiento, del Colectivo de Sindicato Manos Limpias”, remacha el auto, contra el que cabe recurso.

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Méritos ha hecho

 


La universidad privatizada por el PP ficha de colaboradora a la exconsellera Pradas, principal imputada en la causa de la DANA


La VIU, caladero académico de excargos de los populares valencianos, firmó un contrato de colaboración con la exconsellera del Ejecutivo de Mazón con fecha de inicio del pasado 9 de mayo
Actualización — Compromís pide el contrato de Salomé Pradas en la VIU y recuerda que la Generalitat tiene el 30% de la propiedad
La exconsellera Salomé Pradas.
La exconsellera Salomé Pradas.
Lucas Marco / Carlos Navarro Castelló

València —
19 de mayo de 2025 22:20 h
Actualizado el 20/05/2025 13:57 h
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La Universidad Internacional de Valencia (VIU) ha fichado como colaboradora a la exconsellera Salomé Pradas, principal investigada en la causa de la DANA. Se trata de la universidad 'online' que creó el Gobierno autonómico de Francisco Camps y que fue privatizada por su sucesor, Alberto Fabra, por 5,7 millones a pesar de que costó seis veces más. La VIU firmó un contrato de colaboración con la exconsellera del Ejecutivo de Carlos Mazón con fecha de inicio del pasado 9 de mayo, según han confirmado varias fuentes a elDiario.es. Pradas cuenta con un correo electrónico corporativo que la universidad presta a sus colaboradores externos, una figura de la que se nutre la VIU para tareas puntuales como correcciones de trabajos finales, 'masterclass' o elaboración de contenidos docentes que no implica una relación laboral continuada.

La candidata del PP en València privatizó por 5,7 millones una universidad pública online cuya creación costó seis veces más

La exconsellera ha confirmado a este diario su incorporación al área de Derecho de la VIU. “Vuelvo a ejercer la abogacía y la docencia, como hice durante muchos años”, ha afirmado. Pradas también ha tramitado el alta y ya figura reconocida como mediadora en el registro del Ministerio de Justicia (cuenta con un curso de especialización en materia de mediación civil y mercantil). La VIU, por su parte, ha declinado comentar la contratación.

Salomé Pradas, jurista de formación, ya anunció el pasado 9 de mayo en su cuenta de Instagram que volvía a dedicarse a la abogacía y la consultoría jurídica. La exconsellera figura dada de alta desde 2001 en el Ilustre Colegio de Abogados de Castelló, en el que consta actualmente como ejerciente, según el Censo de Letrados del Consejo General de la Abogacía Española. Pradas también fue profesora asociada de Derecho Mercantil en la Universitat Jaume I de Castelló, la universidad pública en la que se licenció.

El contrato de colaboración, de carácter anual, implica el cobro mensual de las tareas asignadas, en función de tarifas específicas por cada contribución del personal externo. Es decir, Pradas cobraría en función de los trabajos que se le encarguen.

El fichaje de Pradas en la VIU empezó a cocinarse semanas antes de su imputación en la causa de la DANA del pasado 10 de marzo, según ha podido saber este diario. Fue una decisión polémica dentro de la VIU, dada la cuestionada gestión de la expolítica del PP al frente de la emergencia de la DANA del pasado 29 de octubre. La contratación de Pradas se ha llevado con cierta discreción en el seno de la universidad 'online'.

La VIU, con sede en València y actualmente propiedad de Planeta, se llegó a plantear el fichaje de Salomé Pradas mediante un contrato laboral (estable, en contraste con el de colaboración), una opción que, finalmente, no llegó a cuajar.


Salomé Pradas, junto al president Carlos Mazón, el portavoz del PP, Juan Francisco Pérez Llorca, y la vicepresidenta Susana Camarero, durante el pleno de las Corts Valencianes del pasado 15 de noviembre. José Cuéllar (Corts Valencianes)
Pradas, cuya defensa en la causa de la DANA ejerce el exmagistrado Eduardo de Urbano, alegó el pasado 11 de abril durante su declaración ante la jueza instructora que carecía de experiencia y de conocimientos técnicos en materia de emergencias. La investigada se presentó ante la magistrada como una licenciada en Derecho que en sus 10 años de trayectoria política en el PP “no había ejercido ningún cargo institucional relacionado con emergencias”.

Una privatización cuestionada ante notario por el rector
El proceso de privatización de la VIU en 2013, pilotado por María José Catalá, consellera de Educación del Gobierno popular de Alberto Fabra, fue cuestionado de plano por el rector, Juan Manuel Badenas, que denunció presuntas irregularidades durante la venta en un documento ante notario desvelado por elDiario.es. Un mes después de su adquisición, la VIU duplicó su valor, según un informe de estimación técnica.

Tras su privatización, la VIU se convirtió en un caladero de cargos de confianza del PP a los que puso en nómina. Catalá, actualmente alcaldesa de València, también es colaboradora en la VIU, aunque se ha negado reiteradamente a detallar los cobros percibidos de la universidad que privatizó.

Compromís pide el contrato de Salomé Pradas en la VIU y recuerda que la Generalitat tiene el 30% de la propiedad

Por su parte, Juan Manuel Badenas, el rector que denunció ante notario un posible “perjuicio” a los intereses de la Generalitat Valenciana con la venta de la VIU, fue vicealcalde de Catalá por Vox, hasta su salida del partido de extrema derecha el pasado 3 de marzo a consecuencia de las presuntas irregularidades en la contratación municipal, actualmente investigadas por la Fiscalía Anticorrupción y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Un mes después de su expulsión, Badenas fue reintegrado en el grupo municipal de Vox, aunque sin el rango de segundo teniente de alcalde que ostentaba.

[Heracles_Pontor]

No tirar de la manta y comerse el marrón, eso merece un sueldo. . .