Comenzó el "chocho".
https://twitter.com/cgm_madrid/status/1035032810573189126?s=19
Los semáforos de Carmena en la A-5 alarman a los municipios del surMADRID
ROBERTO BÉCARES
Madrid
Los alcaldes de Móstoles, Alcorcón, Arroyomolinos y Navalcarnero se rebelan contra la «imposición» del Ayuntamiento de Madrid
El propio Consistorio admite que su entrada en servicio aumentará un 350% los atascos
A Manuela Carmena se le ha abierto otro frente de oposición a las políticas de movilidad que quiere poner en marcha su Ayuntamiento antes de que acabe la legislatura. Al más que polémico plan de Madrid Central, ahora se le suman las críticas de varios municipios del suroeste de la región (Alcorcón, Arroyomolinos, Móstoles y Navalcarnero) a los cuatro semáforos que planea poner en funcionamiento -ya están instalados hace tiempo, pero sin ningún uso- en la entrada a la ciudad por la autovía A-5. Los alcaldes de estos municipios se mueven entre cuestionar la «unilateralidad» de la iniciativa a tildarla de «muro para cerrarnos el paso».
El Consistorio capitalino pretende con esta medida transformar en calle un tramo de esta autovía -entre Cuatro Vientos y Batán (entre los puntos kilométricos 3 y 8,5)-, una medida apoyada por Ahora Madrid pero que fue impulsada por su socio de investidura, el PSOE, a medidos de 2016.
Dentro de esta actuación, el Consistorio planea reducir la velocidad de 70 a 50 km/h, instalar un radar de tramo y crear un carril Bus VAO como el de la A-6. Su objetivo, como explicó en su día la edil de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, sería «reducir la contaminación atmosférica y acústica y reducir el efecto barrera de la A-5».
Según las estimaciones del propio Ayuntamiento, la medida, que se comenzará a aplicar entre diciembre y enero, supondrá restricciones de capacidad en la vía de entre un 4% y un 50%, dependiendo de las fases del proyecto. En la última de ellas, cuando se lleven a cabo todas las actuaciones, las retenciones aumentarán un 350%, de acuerdo a los cálculos del propio Consistorio.
En la actualidad, transitan por la vía alrededor de 120.000 vehículos, la mayor parte de los cuales proceden de Alcorcón (167.354 habitantes), que hace frontera con la capital, y Móstoles (205.214 habitantes). Pero también afecta a Arroyomolinos y Navalcarnero.
La oposición más contundente a la medida es sin duda la del alcalde de Alcorcón, David Pérez (PP), que advierte incluso que llevará la medida a los tribunales o liderará protestas en la calle contra la iniciativa de Carmena. «Haremos todo lo que sea necesario tanto los alcaldes como los portavoces del PP del sur de Madrid porque esta medida, que es un atropello, afecta a un millón de habitantes de estos municipios», precisa Pérez.
Para el alcalde de Alcorcón, que considera que la medida es «un colapso anunciado», se trata de una «imposición» del Ayuntamiento de Madrid. «No tienen derecho a tomar esta decisión sin valorar los derechos de otros vecinos cuando se supone que somos una sociedad cohesionada donde existe la libre circulación»», afirma Pérez, que exige al Consistorio capitalino que se «replantee el impacto que pueda tener esta medida» porque «lo que están haciendo es expulsarnos de la capital a un millón de personas, como si les molestáramos o creáramos nosotros su problema de contaminación».
"Es un muro"
«Es un muro para cerrarnos el paso», apostilla Pérez, que afirma que ni siquiera les han llamado para estudiar aparcamientos disuasorios y defiende que su municipio «lleva la delantera» en medias anticontaminación, en respuesta a las críticas recibidas por no apoyar la medida. «Hace muchos años que aprobamos el mapa de ruido y el plan de calidad del aire, y no se nos puede acusar de ser insensibles con el medio ambiente», señala el alcalde.
Pérez, que considera que «ningún experto defiende que esos semáforos vayan a reducir la contaminación», asevera asimismo que la otra medida del Consistorio para restringir el tráfico, Madrid Central, introducirá «una brecha circulatoria dependiendo de los ingresos», ya que «el vecino que tenga dinero podrá comprar un vehículo nuevo para poder acceder a la ciudad, pero el que no lo tenga no podrá».
Por su parte, la alcaldesa de Móstoles, Natalia Posse, del PSOE, se muestra más cauta a la hora de valorar la medida, ya que la iniciativa llegó desde su partido, pero considera que en «este gran Madrid», con vecinos viajando de una a otra ciudad para trabajar o estudiar, esta medida «restrictiva debería llevar una estrategia conjunta coordinada de movilidad donde se refuerce el transporte colectivo y con aparcamientos disuasorios y no medidas unilaterales que solucionen en parte los problemas».
«La contaminación no tendrá solución sin un planteamiento conjunto de las administraciones y sin medidas de apoyo a la movilidad colectiva», asegura Posse, que insta tanto a la alcaldesa de Madrid como al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, a que se cree una mesa conjunta que invite a todos los alcaldes de los ayuntamientos afectados.
El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, se muestra en la misma línea y critica que «no se pueden tomar medidas de manera unilateral sin contar con las partes afectadas», ya que esta medida «reducirá la movilidad de miles de habitantes» del suroeste de Madrid. Por ello pide que se convoque una reunión entre el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento y la Comunidad y se actúe de forma «coordinada» para mejorar la calidad del aire, con aparcamientos disuasorios y reforzando el transporte público, entre otras medidas.
La postura mostrada por Franco choca de pleno de nuevo con la del PSOE municipal, que desde el principio de la legislatura defendió a capa y espada esta medida y vuelve a mostrar la brecha entre la dirección regional del partido y sus concejales en el Ayuntamiento, ya visible cuando éstos instaron a Carmena a poner cuanto antes en marcha Madrid Central mientras Franco pedía más diálogo con asociaciones y colectivos afectados.
El regidor de Navalcarnero, José Luis Adell, también del PSOE, critica que el Ayuntamiento de Carmena no haya apostado «por la concordia de los vecinos» al implantar esta medida, según afirmó esta semana en la Cadena Ser en un debate sobre esta nueva restricción al tráfico. Mientras, el alcalde de Arroyomolinos, Andrés Martínez, de Ciudadanos, también denunció la unilateralidad de la iniciativa.
Entretanto, en las asociaciones de vecinos afectadas, como la de Aluche o Batán, dan la bienvenida a las restricciones, ya que llevan años exigiendo que se reduzcan los ruidos y la contaminación en la zona, ya que los coches pasan a pocos metros de sus viviendas. «Había que dar una solución a la A-5 porque hay un problema de salud pública. Al principio habrá polémica, como con la Ley antitabaco, pero es necesario para reducir la contaminación», afirma Antonio Rey, de la asociación de vecinos de Aluche.