Sanidad asegura que médicos objetores de conciencia practican abortos en clínicas privadas
El equipo de la ministra Mónica García sostiene que la presión de la dirección médica en centros públicos ‘obliga’ a los profesionales a no realizar interrupciones del embarazo
Iker Vega
05/10/24 | 0:00
Actualizado: 05/10/24 | 6:56
Solo el 20% de los abortos se practican en centros públicos, tanto hospitalarios como extrahospitalarios, mientras que ocho de cada diez se realizan en clínicas privadas, donde las mujeres deben pagar para poder interrumpir su embarazo, según los datos oficiales.
Esa situación tiene que ver con el alto porcentaje de médicos que se declaran objetores de conciencia.
Sin embargo, el Ministerio de Sanidad asegura haber detectado que una parte de los profesionales que rechazan en centros públicos esa práctica, sí aceptan realizarlas en establecimientos privados, Así lo confirman a Confidencial Digital desde el equipo de la ministra, Mónica García.
El ministerio dirigido por la líder de Más Madrid ha anunciado esta semana la creación de un registro de objetores de conciencia. Una medida incluida en la última ley que reguló el aborto —Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero—, impulsada en la pasada legislatura por el Ministerio de Igualdad, dirigido entonces por Irene Montero.
El Gobierno, por tanto, estaba obligado a cumplir con lo aprobado en dicha normativa. Desde el equipo de García confían en que el listado de profesionales objetores de conciencia frene esta práctica y facilite la práctica de abortos en centros públicos.
Presiones de la dirección médica
Sanidad sitúa el origen de la falta de abortos en centros públicos en las presiones que -dicen en el ministerio- ejercen las direcciones médicas de los hospitales sobre los trabajadores del departamento de ginecología.
Según el Departamento, los máximos responsables se declaran objetores de conciencia y empujan hacia abajo con el fin de que los profesionales de su especialidad sigan el ejemplo de forma que, aunque no tengan problema en practicar abortos, prefieran no hacerlo. Es un clima que lleva a los médicos a ir dando un paso al lado para evitar problemas en sus superiores y con el resto de compañeros.
Según Sanidad, los datos que tienen reflejan también que parte de los profesionales ‘objetores’ sí realizan interrupciones del embarazo en clínicas privadas. Es habitual que haya médicos que por las mañanas trabajen en el sector público y por las tardes en el privado, o viceversa.
Prácticamente no hay abortos en Madrid
Los obstáculos para abortar en centros públicos se ven reflejados en los datos publicados el pasado 28 de septiembre por el Ministerio. En 2023, solo el 18,5% se practican en la sanidad pública. Apenas un 1,5% más que en 2022. Una cifra que implica que el número de objetores es elevado.
El equipo de Mónica García, que llegó al Gobierno tras su paso por la Comunidad de Madrid como líder de la oposición, afirma que “prácticamente no hay abortos en centros públicos” de la región madrileña. El Ministerio asegura que, en realidad, no hay tantos objetores en la Comunidad, menos aún tras detectar que los mismos profesionales que rechazan operar en centros públicos, sí lo hacen cuando trabajan en los privados; y espera revertir esta tendencia gracias al registro.
El equipo de García explica que la creación de este documento prohibirá esa práctica a los médicos e impedirá declararse objetores a quienes realicen interrupciones del embarazo en centros privados.
Aunque el Ministerio rechaza que haya tantos médicos reticentes a practicar abortos como para que solo dos de cada diez se lleven a cabo en el sistema público, defienden la medida porque “arrojará luz” y permitirá conocer al detalle cuántos médicos se niegan a esta práctica en cada comunidad.
Garantizar que se preste el servicio en todos los centros
En caso de que los cálculos de Sanidad sean erróneos y no disminuya el número de médicos objetores de conciencia, el Ministerio obligará a las regiones a que cumplan la normativa y se encarguen de que todos los centros sanitarios de dominio público cuenten con el personal necesario realizar interrupciones del embarazo.
Aunque el Gobierno no entra al detalle, sí desliza que existen distintas posibilidades, como trasladar médicos que sí realicen abortos a un centro donde todos los médicos rechacen practicarlos. Sin embargo, desde Sanidad insisten en que se trataría de una situación más que remota y fuera de sus previsiones.
El registro imita lo que ya existe con la eutanasia
La ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en 2023, incluya la medida de la creación del registro de objetores. La medida ahora no es una iniciativa de la actual ministra sino que -explican- el Ejecutivo no tuvo tiempo de poner en marcha el registro en la anterior legislatura, entre las elecciones autonómicas —celebradas tres semanas después de que entrara en vigor la norma— y las generales, convocadas al día siguiente de los comicios regionales.
El registro que recoge el texto se basa en una iniciativa que ya existe: la ley de eutanasia, aprobada en marzo de 2021, incluye la creación de un listado de objetores de conciencia que garantice que los centros públicos tienen suficientes profesionales para dar este ‘servicio’ a los enfermos que lo soliciten, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en la ley.
Sanidad sostiene que este mecanismo ha permitido un funcionamiento “correcto y constante” de la eutanasia en España, a pesar de tener muchos más detractores que el aborto.
Cinco años sin mejorar la estadística
Los datos publicados por el Ministerio sobre interrupciones voluntarias del embarazo reflejan también que se practican más abortos que nunca. Sin embargo, también demuestra -según su punto de vista- el fracaso del Gobierno en que se realicen, principalmente, en centros públicos.
En los casi cinco años de Gobierno, el porcentaje de abortos en la sanidad pública ha pasado del 14,3% al 18,5%, un aumento del 4% en el último lustro.
Los datos se mantienen similares a los anteriores cinco años, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, cuando se pasó del 10,09% de abortos en hospitales y centros extrahospitalarios públicos, al 14,32% al llegar el primer Gobierno de coalición de Sánchez entre el PSOE y Unidas Podemos.
