Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)

[titohiges]

Aún así, sigo diciendo que nosotros no somos competentes para retirar ninguna tajeta de PMR, ya que se trata de un posible delito y deberíais acudir vosotros.

Creo qie hay una sentencia al menos que dictamina que no se considera delito. No hay jurisprudencia al respecto creo.

[Terry]

Solo por curiosidad y por aprender. Que es exactamente lo que no se considera delito??

Sentencias a favor y en contra existen en todos los delitos, por lo que en un delito menor como es la falsedad documental puedes ver de todo, con conformidades que son  en el 90% de los casos de 6 meses de pena.

[tixe]

Aún así, sigo diciendo que nosotros no somos competentes para retirar ninguna tajeta de PMR, ya que se trata de un posible delito y deberíais acudir vosotros.

Creo qie hay una sentencia al menos que dictamina que no se considera delito. No hay jurisprudencia al respecto creo.

Aquí en Madrid creo que la mayoría  (salvo lo burdo), lo tramitan como posible delito.
Mejor que nos lo comenté Terry por si estoy confundido.

[Terry]

Cada intervención es un mundo y quien decide realmente si hay delito o no, es el instructor del atestado.

El 400 bis en muchos lugares de España se tira por administrativo SIEMPRE, aunque en mi modesta opinion nos guste o no de momento esa accion esta tipificada penalmente y quien decide si pasa o no el tramite es la fase de instrucción.

[Terry]

En consecuencia una vez elevado por el instructor como delito, será la fase de instrucción la que determine si pasa el tramite. Y aun pasado el tramite en la vista oral puede caerse. Con lo cual debe ir bastante fundamentado este tipo de delito porque depende de la sala, su resultado.

[47ronin]

Un joven con una pierna amputada lleva ocho años reclamando que le reconozcan la movilidad reducida

A Juan Antonio le amputaron la pierna izquierda con 22 años debido a un cáncer de hueso, conocido como osteosarcoma

El Gobierno valenciano no le reconoce la movilidad reducida, necesita una acreditación de siete puntos y le han concedido cinco

Los informes médicos acreditan que solo lleva la prótesis durante ocho horas porque le causa heridas y que el resto del tiempo utiliza muletas
Laura Galaup
02/08/2017 - 20:29h


A Juan Antonio Sepulcre le amputaron una piernahace ocho años


Ocho años lleva Juan Antonio Sepulcre reivindicando ante las administraciones valencianas que le reconozcan la movilidad reducida. Con 21 años le amputaron la pierna izquierda por encima de la rodilla debido a un cáncer de hueso, conocido como osteosarcoma. Desde entonces, la delegación alicantina de la Dirección General de Diversidad Funcional le ha denegado su petición de movilidad reducida, a pesar de reconocerle una discapacidad moderada.

Sepulcre protesta porque tras ocho años presentando reclamaciones no le han concedido la movilidad reducida y asegura que sus desplazamientos diarios se han visto alterados por la amputación de una de sus extremidades. Si le reconociesen este derecho, accedería a una tarjeta especial de aparcamiento o con un descuento del 4% del IVA en las adaptaciones de un coche con el que pueda desplazarse.

Sobre la valoración de los centros base, se queja de que sin esta credencial a veces tiene que aparcar a "cuatro calles" de su casa, ya que no encuentra plazas de aparcamiento con el espacio suficiente para poder salir del coche tanto con prótesis, como sin ella y con las dos muletas.

"Necesito abrir mucho más la puerta que una persona que no tiene una discapacidad para poder salir. Cuando me siento, elevo el muñón, la prótesis desciende y no puedo pegar el pie ni doblarlo para bajar. No puedo aparcar en batería porque los huecos son bastante justos", asegura Sepulcre. A su vez, reseña que en alguna ocasión, cuando ha vuelto a por el coche no ha podido subirse porque le habían aparcado otro "muy pegado" al lado.

Además incide en que si no encuentra un hueco apropiado para su vehículo, la administración no tiene en cuenta que debe recorrer esas calles "bastante limitado", por las muletas y una sola pierna. Diariamente este joven de 29 años trabaja en el control de acceso de un polígono industrial regulando el paso de camiones y vehículos, sentando en una garita.
Poca tolerancia a la prótesis

Sepulcre combina la prótesis con las muletas. Replica que en determinados momentos ha tenido que estar diez días con el muñón al aire porque le salen heridas. Así figura también en distintos informes de la Agencia Valenciana de Salud fechados en 2011, 2012 y el más reciente, emitido en julio de este año.

Los médicos que suscribieron estos documentos aseguraban que este joven no toleraba la prótesis de forma continua "por dolor", que presentaba "hongos y eccemas" en el muñón y por lo tanto debía "desplazarse con dos bastones sin prótesis durante ratos del día y a veces, a temporadas, todo el día".

Además, continúan argumentando que presentaba una limitación "grave para subir y bajar un tramo de escaleras", así como para "sobrepasar un escalón de más de 40 centímetros" y "para sostenerse en pie en una plataforma de un medio de transporte normalizado". En el último informe, firmado el mes pasado, los sanitarios inciden en que el evaluado lleva prótesis durante ocho horas y que el resto del tiempo se desplaza con "bastones bilaterales".

A pesar de este diagnóstico, en la valoración de discapacidad más reciente, fechada en febrero del 2016, mantienen la calificación moderada, calculada en un 40%. Asimismo, consideran que "no procede" atribuirle la movilidad reducida. Limitan esa valoración a cinco puntos y para ser otorgada necesita recibir una calificación mínima de siete puntos, así lo regula el Real Decreto 1971/1999.

"Tengo problemas de adaptación a la prótesis porque mi muñón es demasiado largo y el encaje me lo hicieron muy pegado al muñón. Eso me provoca roces, heridas o úlceras. Cuando la utilizo durante más de ocho horas, se me amorata, se me irrita y no puedo andar bien", replica Sepulcre.
Discapacidad "moderada"

Desde el Gobierno de la Comunidad Valenciana, administración que tienen las competencias de las evaluaciones de discapacidad, aseguran que la "objetividad" de los trabajadores públicos de los centros de valoración " se da por supuesta". Y que para calcular las minusvalías aplican los baremos recogidos en el Real Decreto 1971/1999.

Esta normativa estipula que en el caso de Sepulcre, al encontrarse la evaluación entre el 25% y el 49%, le han diagnosticado una "discapacidad moderada". "Los síntomas, signos o secuelas causan una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar algunas de las actividades de la vida diaria, siendo independiente en las actividades de autocuidado", así define el Real Decreto, una valoración como la recibida por este joven valenciano.

[47ronin]

Estas son las estaciones de metro de Madrid que no cumplen con la normativa de accesibilidad

124 estaciones de Metro de Madrid no cumplen con la normativa que obliga a las comunidades a tener todas sus estaciones accesibles el próximo diciembre

El Gobierno de Cristina Cifuentes se enfrenta a una lluvia de demandas desde el día siguiente de la entrada en vigor del Real Decreto

La reforma de la línea 5 de metro de Madrid no ha mejorado la accesibilidad para personas con movilidad reducida
Fátima Caballero
07/10/2017 - 21:12h


El mapa de la accesibilidad de Metro de Madrid
http://www.eldiario.es/madrid/MAPA-estaciones-metro-pesadilla-Madrid_0_693981061.html

El Gobierno de Cristina Cifuentes se enfrenta a miles de demandas a partir de diciembre por incumplir el  Real Decreto que obliga a las comunidades autónomas a tener sus estaciones de Metro accesibles a partir de diciembre. De las 276 estaciones de Metro de Madrid, 124 no cumplen con la normativa, que tampoco se cumplirá en 2022.

Ciudadanos en la Asamblea de Madrid ha cifrado esas demandas en "300.000 potenciales" que pueden empezar a lloverle a la Comunidad desde el primer día de la entrada en vigor del Real Decreto. El Gobierno regional no solo ha asumido ya que va a incumplirlo, sino que dentro de cinco años, el plazo del plan para adaptar las estaciones que tiene sobre la mesa, seguirá haciéndolo: el porcentaje de accesibles se sitúa actualmente en un 65% y pasará al 75% en 2022.

Desde el Consorcio de Transportes, justifican esta irregularidad debido a la configuración espacial de algunas partes del metro. El Plan de Accesibilidad ha presupuestado la implantación de 30 ascensores, que prevé elevar el grado de accesibilidad al 73% para 2020.

La nueva consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se refirió a ellas este mismo jueves. Gonzalo aseguró que las obras, que se extenderán los entre siete meses y dos años y medio, para instalar esos 30 ascensores están "a punto de comenzar" en las estaciones de Metro de Portazgo, Príncipe Pío, Príncipe de Vergara, Plaza Elíptica, Bilbao, Pavones y Tribunal.

Son siete estaciones del total de 89 que incumplen con los parámetros de accesibilidad de las personas con movilidad reducida y que el propio Metro de Madrid ha calificado de "estaciones pesadilla". La instalación de los ascensores prevé solucionar solo el 10% del problema. Además, hay que sumar a otras 35 estaciones (las marcadas en amarillo en el mapa) que incumplen la normativa más allá de la movilidad, por motivos como la falta de megafonía.

Para el portavoz de Transportes de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Juan Rubio, el Ejecutivo de Cifuentes solo ha reaccionado a esta "injusticia" cuando se ha denunciado desde su grupo. Resalta, además, que los anteriores gobiernos del Partido Popular nunca incluyeron esta problemática en sus presupuestos hasta la obligada negociación con su grupo para sacarlos adelante. "No solo se trata de cumplir con la ley, es también el reconocimiento de un derecho y de que todos somos iguales", defiende Rubio. "La política del Partido Popular siempre se ha basado en titulares y no en afrontar de verdad los problemas".

Actualmente esta deficiencia en el transporte público afecta a casi 200.000 personas con silla de ruedas en Madrid, pero la movilidad reducida va más allá. Personas mayores, padres con carros, lesionados puntuales o personas con otro tipo de enfermedades también se ven afectadas. Este mismo miércoles, el presentador de La Sexta Noche, Iñaki López, que acaba de ser padre, se quejaba de esta situación a través de su cuenta de Twitter.

Otro problema con el que se encuentran las personas con movilidad reducida es el mantenimiento de las instalaciones. La  app oficial del metro informa del estado de las estaciones en directo, pero los protocolos de reparación son "muy extensos", explica Font. Hasta un mes han llegado a estar algunos ascensores inoperativos. "Se tendría que obligar a las empresas a arreglar los ascensores en 24 o 48 horas como mucho", solicita el presidente de FAMMA.
Ascensores fuera de servicio en las estaciones de Ópera y Av. Ilustración / Foto: Carmelo Dorado, presidente de ADIFA

Ascensores fuera de servicio en las estaciones de Ópera y Av. Ilustración / Foto: Carmelo Dorado, presidente de ADIFA
Estaciones concurridas

La normativa establecía en 2007 que las estaciones de más de dos líneas y todos los intercambiadores debían ser accesibles en un plazo inferior a cuatro años. Es decir, en noviembre de 2011. Sin embargo, existen cuatro intercambiadores y tres estaciones que cumplen con los requisitos pero no con la legislación: los de Méndez Álvaro, Plaza Elíptica, Ciudad Lineal y Canillejas, y las estaciones de metro de Avenida de América, Diego de León y Alonso Martínez.

Se trata de tres estaciones, las últimas, muy concurridas. De hecho, Avenida de América fue la estación más utilizada en 2016, en 52.482.739 ocasiones. "Lo de la estación de Avenida de América es una vergüenza. Se ha rehabilitado en dos ocasiones y nunca se ha adaptado al 100%", explica el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Madrid (FAMMA), Javier Font.

Tanto el presidente de FAMMA como el portavoz de Transportes de Ciudadanos consideran que existen otros criterios además de la concurrencia que deben tenerse en cuenta para priorizar las reformas. Las estaciones cercanas a hospitales como Ibiza o Carabanchel "tendrían que ser prioritarias, porque tienen un trasiego importante de gente en silla de ruedas y con cochecitos para niños" que acuden al hospital.

[47ronin]

"Los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos"


 José Manuel Candón  fue uno de los tres militares heridos en una explosión accidental en un entrenamiento en el que fallecieron cinco compañeros
 Perdió un ojo y un 85% de visión en el otro debido a la metralla
 Defensa le reconoció un 97% de discapacidad, pero no le concedió una indemnización que el teniente retirado reclama ante el Supremo


Candón, sujetando una caja amarilla, mientras estaba de servicio / FOTO CEDIDA
Por Laura Galaup
11 oct 201721:14
"Todos los militares con discapacidad terminamos en pleitos con Defensa para reclamar nuestros derechos", asegura José Manuel Candón, teniente retirado de Infantería de Marina, especialista en desactivación de explosivos. Este gaditano de 40 años fue uno de los tres supervivientes de la detonación accidental en la que fallecieron cinco de sus compañeros en Hoyo de Manzanares (Madrid).

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El Ministerio le reconoció un 97% de minusvalía global por las consecuencias de la metralla que se le incrustó por todo el cuerpo, también perdió un ojo y 85% de visión en el otro. En esa valoración la Administración admite la "relación causa-efecto" entre la explosión y la discapacidad.

Candón considera que el Ministerio debe indemnizarle por estos hechos, y ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación de Defensa y de la Audiencia Nacional de esta petición. La justicia tampoco ha reconocido esta reparación a los familiares de los fallecidos.

 
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El accidente se produjo en febrero del 2011 mientras estaban realizando maniobras de entrenamiento para su posterior despliegue en Líbano. Él era el jefe de esa práctica, sus compañeros se encontraban preparando el terreno alrededor de la mina cuando "explotó de repente", incide. "Detonó con las tapas de seguridad puestas, en la investigación posterior se demostró que estaban caducadas", cuenta Candón. En su relato, añade que estos dispositivos se diseñan para que aguanten cargas de 300 kilos, sin embargo en este caso estallaron con "un impacto mucho menor".

"El material no era para trabajar de forma segura"
"Esto es un atentado laboral, me dieron un material que no era apto para trabajar de forma segura", recuerda. Basado en los efectos que ha tenido en su rutina diaria este incidente, se mantiene firme en la petición de una indemnización económica. "Me he quedado con unas secuelas irreversibles, me tengo que pagar mis medicamentos, no puedo disfrutar de mis niños. Ahora son ellos los que me llevan a la cama, en vez de llevarles yo, porque por las noches no veo", incide.

Tras decenas de operaciones quirúrgicas y la adaptación a sus nuevas condiciones vitales, Candón vive cada año con más distancia el desfile militar del 12 de octubre. "Me consideran un apestado, les pongo la cara morada por el trato que dan a los militares con discapacidad. Los gestos hay que tenerlos desde el primer momento, al herido hay que apoyarle desde el principio", reseña.

Además del pleito judicial abierto con Defensa, está dolido porque el Ministerio no le ha hecho ningún guiño en redes sociales, ni le ha felicitado, tras proclamarse campeón de Europa de Triatlón-Cross 'Xterra' en la categoría de deficientes visuales. El departamento de María Dolores de Cospedal tiene registrados a 10.907 miembros de las Fuerzas Armadas que cobran alguna prestación por incapacidad, cerca del 80% están en edad activa. De ellos, solo cinco desfilarán este jueves, tal y como ha difundido la cuenta oficial del Ministerio en Twitter.

Candón participando junto a un guía en una competición de triatlón / FOTO CEDIDA
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"¿Cómo me voy a sentir arropado si cuando quiero una indemnización tengo que llegar a Estrasburgo para que me la paguen?", se pregunta Candón que ha recurrido ante el Tribunal Supremo la denegación tanto de la Audiencia Nacional como del Ministerio de Defensa de una indemnización económica por la responsabilidad patrimonial reconocida por la administración sobre este accidente. En esta petición alude a las "graves lesiones, las secuelas y las limitaciones y daños morales derivados del siniestro acaecido en el campo de maniobras".

Pensión y seguro, como indemnización 
La Audiencia considera que con la pensión extraordinaria que recibe el teniente retirado y el seguro concertado por el Ministerio de Defensa, por un importe de 34.580 euros, ya ha sido indemnizado por los "cauces específicos". Él solicitaba un millón de euros por los daños provocados.

"Alegan que con la pensión mensual y el seguro colectivo de 30.000 euros ya estoy indemnizado", apunta. "Si cualquier persona que se marcha por viejo cobra una pensión, yo que me voy por una incapacidad, tengo derecho a la pensión y a una indemnización", protesta Candón.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el departamento de  María Dolores de  Cospe dal, sin haber recibido respuesta por el momento.  

En la valoración elaborada por la Inspección de Sanidad de Defensa reconocen la "relación causa-efecto" entre la explosión y la discapacidad. El Ministerio volvió a reconocer su responsabilidad en 2015, en esa resolución también se negaban a asumir una cantidad económica por ella.

Reconocida la responsabilidad patrimonial
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A su vez se queja porque la responsabilidad de la administración se asume "con su patrimonio y no con el de Defensa". "El Ministerio me paga a mi con mi hucha de las pensiones. Vacían de contenido la figura de la responsabilidad patrimonial", apunta.

Según explica Candón, la denegación fue una decisión política y fue tomada cuando Pedro Morenés era todavía ministro de Defensa. "En la instrucción sí que se cuantificaron las indemnizaciones de los heridos y familiares de los fallecidos. Fue cuando llegó al responsable jurídico y al ministro, cuando se decide que no", incide.

Otros casos
"¿Cuántos de los heridos y viudas que ha habido en los últimos diez años no han terminado en un pleito para reclamar sus derechos?", se pregunta. Entre ellos, alude a Antonio Clemente, su hijo se quedó en estado vegetativo mientras entrenaba como paracaidista del Ejército del Aire, y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la absolución del superior que ordenó el salto con fuerte viento.

La madre del cabo Soria, fallecido por fuego israelí, también denunció que  Defensa no pidió responsabilidades a Israel por el ataque a las posiciones españolas en Líbano.

Por su parte,  Andrés Merino tuvo que recurrir a la justicia para cobrar una pensión que el Ministerio le había denegado, a pesar de haberse lesionado en Afganistán. Incluso con una sentencia que le daba la razón, la administración tardó más de un año en comenzar a pagarle esa cantidad económica. A  Iván Ramos le rescindieron el contrato tras salir por los aires en un accidente en acto de servicio en Afganistán en el que se rompió 17 huesos.

El año pasado el Ministerio de Defensa creó una oficina de atención a la discapacidad en las Fuerzas Armadas para atender a militares con este perfil. El secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) asegura que todavía "no ha dado tiempo" para evaluar su funcionamiento porque no se ha asentado. "Hay que esperar para ver con qué medios cuenta", incide.

[47ronin]

El CERMI aplaude  la sentencia del tsjc favorable a la readmisión de un miembro de la policía local de sant celoni tras adquirir una discapacidad


18/10/2017 - 11:07
MADRID
DISCAPACIDAD
NACIONES UNIDAS
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)


El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha mostrado su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a favor de la readmisión y pase a segunda actividad de un policía local de la localidad de Sant Celoni, tras haber adquirido una discapacidad en acto de servicio y al que se le reconoció una incapacidad permanente.
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De esta forma, el TSJC atiende el recurso de apelación presentado por el policía local de Sant Celoni tras una sentencia de un juzgado de primera instancia, en la que no se reconocía la vulneración del principio de no discriminación y el mandato de que los poderes públicos fomenten la inclusión de las personas con discapacidad recogido en la Constitución Española (artículo 14 y 49, respectivamente).


El TSJC argumenta también que el Ayuntamiento de Sant Celoni ha tenido más de 25 años para desarrollar el reglamento de segunda actividad, después de que el Parlament de Cataluña aprobara la ley que obligaba a este punto hace ya más de 25 años y que todavía muchos municipios no han desarrollado todavía.

Asimismo, alerta de que no facilitar el pase a segunda actividad de una persona con discapacidad vulnera la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por el Estado español y que es de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones.

Del mismo modo, la sentencia obliga al Consistorio de Sant Celoni a abonar con carácter retroactivo la cuantía salarial que el policía local no ha percibido durante el tiempo en el que no se le admitió en la policía municipal. Además, recuerda que la percepción de la pensión vitalicia por incapacidad es compatible con el pase a una segunda actividad en la que el afectado no desempeñe las mismas funciones que en el puesto de trabajo en el que se encontraba cuando adquirió la discapacidad.

MAYOR SENSIBILIDAD

El Cermi celebra que la Justicia española sea cada vez más sensible en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad "después de que no sucediera por ejemplo en el caso de Vicente Flores, un policía de la Guardia Urbana de Barcelona que adquirió una discapacidad y al que sistemáticamente se le denegó el pase a segunda actividad en todas las fases de su periplo judicial".

La plataforma representativa de la discapacidad en España llevó su caso al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, organismo que admitió a trámite la queja tanto en fondo como en forma.

Vicente Flores, que actualmente es el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (AILPOLD), ha calificado de "excelente" la sentencia del TSJC ante el caso de Sant Celoni, si bien ha exigido una "regulación inmediata del pase a segunda actividad, para evitar agravios comparativos, ya que en algunas localidades se facilita y en otras no. Incluso dentro de un mismo municipio, nos encontramos con compañeros a los que sí se les permite pasar a segunda actividad tras adquirir una discapacidad y con otros a los que se les responde negativamente".

En su opinión, es "inadmisible" que haga más de 25 años que los ayuntamientos tenían que haber regulado este asunto y todavía no se haya hecho. Además, ha urgido al Parlament a atender sus demandas para establecer un criterio único en todo el territorio catalán y ha destacado la importancia del trabajo que se está haciendo desde el movimiento de la discapacidad organizado, "porque juntos, conseguimos más".

"Cuanto menos, resulta paradójico que desde administraciones como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona se apele al derecho internacional por las tensiones actuales independentistas, pero en cambio, ese mismo derecho internacional no se aplica en Cataluña en lo que a garantizar los derechos de las personas con discapacidad se refiere", concluye el presidente de AILPOLD.

(SERVIMEDIA)

18-OCT-17

DMM/caa

[47ronin]

El Gobierno incumple a partir de hoy la ley que obliga a adaptar edificios y servicios a cualquier discapacidad

El 4 de diciembre acaba el plazo que da la norma para que todos los productos, servicios y entornos sean accesibles también para personas con discapacidad

Las asociaciones alertan del incumplimiento y reclaman que se impongan sanciones como elemento motivador

La accesibilidad cognitiva, que afecta a personas con discapacidad intelectual entre otras, ni siquiera está contemplada en la nueva normativa
Daniel Sánchez Caballero
03/12/2017 - 19:06h

Puede ser un escalón, pero también una web no adaptada o un cartel demasiado pequeño. Pueden manifestarse en forma de señal de aseo público indescifrable, de menú incomprensible o de que un mostrador gigante no permita a un conserje ver a una persona muy baja. Las barreras a la accesibilidad son muchas y en ocasiones no se ven, sobre todo con los ojos de una persona sin discapacidad alguna. Pero están ahí.

Para avanzar en la igualdad, y siguiendo los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que España ha ratificado y por tanto debe cumplir, se hizo una ley que obliga a alcanzar la accesibilidad universal.  Este 4 de diciembre se acaba el plazo que concedido por la propia normativa sobre derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social para alcanzar esta accesibilidad universalidad en todos los entornos, productos y servicios: no se cumple.

En román paladino: los edificios tienen que ser accesibles para todo el mundo, así como las páginas webs, los trenes de Renfe, la línea de atención de emergencias 112 (que pueda llamar un sordo) o cualquier cosa que se le pueda ocurrir. Tienen que ser accesibles. En todas sus formas. La única salvedad que establece la ley es que apostilla que esta accesibilidad se hará "siempre que fuera susceptible de ajustes razonables".

"Desde que en 2013 se marcó la fecha límite ya vamos con retraso", confirma Javier Font, presidente de Famma Cocemfe y miembro del Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad). "Es una victoria agridulce: dulce porque existe una normativa que nos ampara, agria porque no se va a aplicar", resume.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, responsable de la normativa, no ha contestado al requerimiento de información que ha realizado este diario.
Sin sanciones no se cumple

Font sostiene que el problema es que la ley, al no contemplar sanciones por incumplimiento, no fomenta que se aplique. "Es necesaria una ley de infracciones. Si no, el Ministerio solo podrá sancionar en tanto en cuanto las infracciones se produzcan en más de una comunidad autónoma". Por ejemplo, si una compañía dedicada al transporte de personas por carretera no tiene adaptados sus autobuses. Son los menos casos. Para el resto de faltas es la comunidad autónoma quién debería tener una ley y sancionar, cosa que en general no ocurre, explica Font.

La lista de entidades, organismos o edificios que no cumplen la normativa es tan extensa que no entraría aquí. Pero hay ejemplos evidentes.

El Museo Lázaro Galdiano de Madrid no tiene un acceso para discapacitados físicos. Renfe incumple en infraestructuras y material móvil. Las redes sociales suelen no estar adaptadas, como tampoco la mayoría de las aplicaciones para móvil (no ofrecen alternativas a los sonidos para los sordos o verbalizar el contenido de la pantalla para ciegos). Las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida son escasas y se usan mal. Muchos municipios no llegan al mínimo que marca la ley de taxis accesibles (eurotaxis). Los teléfonos de emergencia 112 no están preparados para recibir llamadas de sordos.

Desde el Cermi se destaca un ejemplo "especialmente sangrante". En el Congreso de los Diputados, máximo exponente de la soberanía popular y el organismo que dicta las leyes, los diputados con movilidad reducida (en la actualidad hay uno, Ignacio Tremiño, del PP), no pueden acceder a la tribuna de oradores y cuando tienen que realizar una intervención lo hacen a nivel de suelo, junto a las taquígrafas.

"La administración debe ser más valiente", reta Font. "Nosotros hemos puesto más de 400 denuncias solo en Madrid, pero no quieren entrar. No es normal que desde que se creó la norma en 1993 en Madrid no haya habido ni una sola infracción, según el Consejo para la Promoción de Eliminación de Barreras".
Mucho más que rampas

Y luego hay cosas invisibilizadas, de las que directamente ni se habla. En este caso no se llega siquiera a incumplir la ley porque ni están contempladas en ellas. "La legislación española hace referencia a la accesibilidad física, que es la que más desarrollo tiene, y a la sensorial, que afecta a personas sordas, ciegas, etc.", expone Olga Berrios, de la asociación Plena Inclusión. "Pero ni siquiera nombra la accesibilidad cognitiva, la que afecta a la discapacidad intelectual", cuenta.

"¿Alguna vez te has sentido perdido, no entendías una ley o el contrato de la hipoteca a la hora de firmarlo?", pregunta retóricamente Berrios. "Pues a las personas con discapacidad intelectual les pasa cada día y aumentado", afirma. "Y hablamos de un tipo de accesibilidad que afecta a un millón de personas en España". No son solo personas con alguna discapacidad. También entran en esta categoría analfabetos (aunque haya pocos) o ciertos turistas.

Cosas que pueden parecer obvias no lo son tanto para personas que sufren según qué discapacidad y en qué grado. Las indicaciones para llegar desde la parada de transporte público al museo, los carteles que señalan dónde están los servicios o cuál corresponde a cada sexo (a veces un poco creativos de más), cómo ofrece la información la persona en la entrada de un organismo, cómo te explica el menú un camarero o descifrar la información que contenga un mapa pueden suponer un quebradero de cabeza.

"Hay personas que no van a los hospitales o al teatro. Que no disfrutan derechos como el derecho a la salud, que no disfrutan en definitiva del mundo como otras", alerta Berrios.

Solo piden visibilidad. La discapacidad física se ve y más fácil concienciarse, explican los expertos. El problema está en la que no se ve. Y, ya se sabe que lo que no se ve no existe.

Para cerrar, el Cermi lamenta "el fracaso colectivo como sociedad y como país, imputable especialmente a los poderes públicos, las administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales, que evidenciado su incapacidad culpable para hacer cumplir las Leyes en materia de accesibilidad universal, han permitido que la mayor parte de los entornos, bienes, productos y servicios sigan estando hoy negados o severamente dificultados por ausencia o graves deficiencias de accesibilidad a las mujeres y hombres con discapacidad".

El actual secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, resumió esta circustancia: para muchas personas con discapacidad el techo no es de cristal. Es de hormigón.

[47ronin]

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 En un evento en Motilla de Palancar (Cuenca)
Denuncian a la empresa que expulsó de un acto a una mujer síndrome de Down

El incidente tuvo lugar en la tarde del pasado 13 de febrero, cuando las tres hermanas se dirigieron a una charla que daba un comercial.
La Información
viernes, 16 febrero 2018, 21:04

Tres hermanas, una de ellas con síndrome de Down, acudieron a una charla comercial que una empresa iba a realizar en un hotel de Motilla de Palancar (Cuenca), y se llevaron una sorpresa muy desagradable.

"Cuando vieron a mi hermana vino hacia nosotras un chico de la empresa que organizaba el evento para decirnos que no podía estar allí porque iba a asustar a la gente", asegura Ascensión Leal, una de las hermanas, al digital Hoy. Las tres hermanas, y muchos de los asistentes al evento decidieron abandonarlo en solidaridad.

La familia de la mujer de 49 años con síndrome de Down que fue expulsada de un acto comercial en Motilla del Palancar (Cuenca), va a presentar una denuncia contra la empresa que lo organizó, Media Salud, por la grave discriminación que ha sufrido.

Ascensión Leal, una de las dos hermanas de la persona discapacitada que la acompañaban cuando fue expulsada del acto, ha indicado a Efe que van a presentar la denuncia en uno de los juzgados de Motilla del Palancar o ante la Guardia Civil.

Asimismo, ha indicado que han tomado la decisión de denunciar los hechos, a pesar de que el gerente de la empresa les ha llamado para pedir perdón y disculpas y les ha pedido que no sigan adelante con la denuncia.

La dignidad de su hermana

Pero a pesar de esta petición y de las disculpas que les han pedido van a denunciar los hechos porque entienden que la dignidad de su hermana "está por encima".

Según ha indicado Asunción Leal, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 13 de febrero, cuando las tres se dirigieron a participar en una charla  que daba un comercial de esta empresa dedicada a la venta y distribución de productos relacionados con la salud y el bienestar.

Cuando entraron el local donde se daba la charla, en compañía de unos vecinos, el comercial les dijo que sería mejor que su hermana no estuviera en el evento, "porque podía molestar a los asistentes y cosas así".

"Fuimos a coger una silla y nos la negó y dijo que allí no podía estar" e incluso les sugirió que dejaran a su hermana fuera y que ellas entraran a presenciar la charla.

En ese momento, ella le preguntó que si no consideraba que eso era discriminación y el comercial le contestó que no, ha asegurado Ascensión Leal, que ha añadido: "Intentamos dialogar con él, pero no había manera y entonces nos salimos las tres y también se salió más gente del acto".

Respuesta de la empresa

Por su parte, el Grupo Medisalud ha negado  que expulsara a la mujer y asegura que estudia emprender acciones legales por la "versión tergiversada" que están ofreciendo las hermanas de ésta.

En un comunicado remitido a los medios, Medisalud afirma que "no es cierto que en dicho evento se haya expulsado a una persona por el hecho de tener síndrome de Down" y alega que las mujeres "desde un principio, estuvieron impidiendo el normal comienzo de la charla y desobedeciendo las instrucciones previstas".

El comunicado subraya que "como Medisalud obsequia a los asistentes con la entrega, al final de la charla, de un obsequio para el invitado y su acompañante (pero solamente uno por pareja), estas dos señoras molestaron de forma ostensible desde el principio del acto porque querían recibir dos obsequios y no solo uno por pareja, como el resto de asistentes".

Ante el hecho de que "la alteración del orden por parte de ambas continuaba e impedía el normal desarrollo de la sesión, estas dos señoras fueron invitadas a abandonar la charla", señala Medisalud, quien precisa que, "en ningún momento el comportamiento o presencia de Juliana Josefa Leal, la mujer con síndrome de Down, causó ninguna molestia o problema".

Insiste la empresa en que "fue el reprochable comportamiento de sus hermanas el que causó la petición de que abandonasen la reunión para poder proseguir el curso de ésta, cosa que hicieron finalmente acompañadas por Juliana Josefa Leal, que, reiteramos, no tuvo papel alguno en los hechos que causaron la expulsión de sus hermanas".

Y recalca que su presencia fue "circunstancial y ajena al desarrollo de los acontecimientos".

Concluye que la versión de lo sucedido que están difundiendo las hermanas Leal Luján "está contribuyendo a dañar el honor y la imagen de Medisalud, perjudicando su buen nombre comercial y prestigio, con posible trascendencia en el mercado", por lo que se reserva el derecho el derecho de tomar las medidas legales oportunas.

[47ronin]

Imponen la custodia compartida a un padre que no quería cuidar de su hijo discapacitado


La sentencia de la Audiencia de Córdoba sienta jurisprudencia al considerar que se trata de una «situación excepcional»

EFE
córdoba.
Lunes, 19 febrero 2018, 09:01
 
La Audiencia de Córdoba ha impuesto a un padre el régimen de custodia compartida sobre los hijos menores, uno de ellos con una grave enfermedad, ante la imposibilidad de la madre de cuidarlos en solitario, pese a que su progenitor no quería.


La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) informó ayer en un comunicado que la letrada que ha defendido a la madre ha logrado que el tribunal cordobés siente jurisprudencia «con carácter excepcional» estipulando la custodia compartida de los menores por semanas alternas a pesar de la oposición del padre. La sentencia indica que «dada la entidad del problema familiar se exige extremar los deberes de ambos, sin que puedan hacerse recaer exclusivamente en la madre».

El tribunal considera que se trata de «una situación excepcional que requiere una solución también excepcional», pues la Audiencia se niega a establecer un régimen diferente para cada hijo «con el fin de evitar un conflicto entre hermanos y sentimientos de rechazo», recomendación además que habían realizado los médicos.

Sentencia «muy humana»
Según indica la vicepresidenta de Aeafa, María Dolores Azaustre, se trata de una sentencia «muy humana, que da una solución efectiva al problema real de esta familia y además es pionera, es la primera vez que se obliga a un padre a ejercer una custodia compartida, pese a su oposición».


Hasta ahora, los tribunales entendían que si el progenitor se negaba a cuidar de los hijos, difícilmente se le podía obligar, tras sentencias de la Audiencia de Valencia, al recurso de una madre que solicitaba la implicación del padre en el cuidado de un hijo enfermo, y de un juzgado de Madrid, sobre una madre que pedía ayuda para compartir con el padre los cuidados de su hijo autista.

Cuando se tramitó el divorcio de la pareja de Córdoba se atribuyó a la madre la guarda y custodia de los dos hijos, que ahora tienen 16 y 14 años, y uno de ellos padece una discapacidad agravada en su adolescencia, lo que hace que su cuidado requiera una atención especial y dedicación constante, con el agotamiento que conlleva.

La madre estaba desbordada porque, según detallan desde Aeafa, «además de la dedicación y cuidados permanentes de los hijos, tenía que atender sus obligaciones laborales, lo que le resultaba ya casi imposible, puesto que se le unió la pérdida del apoyo de sus padres para ayudarla a cuidar de los nietos, a causa de una desgraciada enfermedad».


«La madre no podía más», indica la letrada, quien explica que por eso solicitaba más implicación del padre en el cuidado de los hijos, mediante una guarda y custodia compartida. El padre se negaba y aunque al principio el Juzgado de Primera Instancia dictó una sentencia manteniendo la custodia materna e incrementando la pensión de alimentos del hijo en 75 euros, la Audiencia de Córdoba acordó el 23 de enero la custodia compartida por semanas alternas, pese a la oposición del progenitor

[47ronin]

"Existe discriminación institucional hacia policías con discapacidad"

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) lamenta que se les expulsa de su desempeño profesional cuando pierden cualidades físicas o psicológicas

Ailpold ejemplifica el caso de un agente de Cádiz que perdió el ojo estando de servicio y "como recompensa, lo echaron a la calle y cobra el 55% de su sueldo"
Efe - Las Palmas de Gran Canaria
27/03/2018 - 15:43h

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, ha advertido este martes de que existe discriminación institucional hacia los trabajadores de las fuerzas de seguridad con discapacidad pues, hasta ahora, se les ha expulsado de su desempeño profesional cuando pierden cualidades físicas o psicológicas.

Pérez realizó esta consideración ante la comisión de estudio de la discapacidad en el Parlamento de Canarias, en la que también intervino el presidente de la Asociación para la Integración Laboral de Policías Locales con Discapacidad (Ailpold), Vicenç Flores.

El presidente de Ailpold ha informado de que la tasa de empleabilidad de personas con discapacidad en la Policía Local de Canarias no llega al 10%, aunque ha asegurado que la "discapacidad no tiene fronteras, es un problema nacional".

Referido a esto, Vicenç Flores ha ejemplificado el caso de un agente de Cádiz que perdió el ojo estando de servicio y "como recompensa, lo echaron a la calle y cobra el 55% de su sueldo".

Flores ha aseverado que las consecuencias de las lesiones no solo afectan a la condición física del agente, sino que el estado psicológico se deteriora y puede llegar provocar depresión.

El portavoz de Nueva Canarias en la comisión, Luis Campos, ha indicado que legislar para proteger a los policías ante la discriminación por discapacidad es igual de imprescindible que, por ejemplo, contemplar su jubilación anticipada.

La representante de Podemos Natividad Arnáiz ha subrayado que la justicia no ha actuado conforme a la legislación vigente respecto a los derechos laborales de los policías, pues "se están vulnerando varios artículos de la Constitución Española".

"Tenemos la oportunidad de mejorar", ha explicado la miembro del Partido Popular Josefa Luzardo, quien ha solicitado a Coalición Canaria la "modificación y activación de ley de policías para que salga adelante" en el Parlamento de Canarias.

La representante del PSOE, Teresa Cruz, ha señalado que "el empleo es un medio para conseguir otros fines en la vida", y ha informado de que la tasa de paro de la población con discapacidad en Canarias es del 71%.

La intervención de Coalición Canaria la realizó Guadalupe González, quien ha resaltado la función de las administraciones públicas como plataformas para visibilizar a las personas con discapacidad.

González ha añadido que no debe haber "policías de primera y policías de segunda según el trabajo que desempeñan", sino que se debe valorar la labor de todos por igual.

La representante de la Agrupación Socialista Gomera Melodie Mendoza ha señalado que el momento en el que los agentes se lesionan es indiferente, pues su diversidad funcional debe ser reconocida aunque el perjuicio se produzca cuando no están de servicio.

Así mismo, ha puntualizado que le parece "injusto" que a los policías con discapacidad se les reduzca el sueldo o que no tengan un reconocimiento automático en la Seguridad Social.

[47ronin]

HA PRESENTADO VARIAS SOLICITUDES, PERO AFIRMA QUE "NO" SE LE HAN CONTESTADO

Un ex policía local de Arrecife cesado tras quedar discapacitado en acto de servicio reclama volver al cuerpo

Jonathan Rodríguez sufrió "una grave lesión" en un hombro en una pelea con arma blanca en 2015 y lucha desde entonces por reintegrarse en la Policía Local y adaptarse a un puesto realizando tareas administrativas


Yolanda Téllez16/04/18 

Se llama Jonathan Rodríguez y es un expolicía local de Arrecife que quedó discapacitado de un hombro en acto de servicio en 2015 y como consecuencia fue cesado del cuerpo. Desde entonces, este joven de 37 años lleva luchando por ser reintegrado en la Policía Local de la capital y adaptarse  a un puesto realizando tareas administrativas. Y es que, este agente "de vocación", quiere seguir siendo "útil". Sin embargo, hasta ahora no lo ha conseguido, aunque confía en que esta situación, en la que afirma que hay "otros 300" compañeros en Canarias, cambie con la nueva Ley de Coordinación de Policías Locales.

Fue en una noche de noviembre de 2015 cuando, realizando un servicio en la calle Manolo Millares con la USCI, unidad a la que pertenecía, Jonathan sufrió "una grave lesión" en el hombro. "Nos encontramos con una pelea y en un momento del forcejeo, una persona de gran corpulencia intentó zafar un cuchillo y procedí a reducirlo. Caímos y mi cuerpo impactó directamente con la acera en la caída y la persona, que pesaba 128 kilos, cayó encima mía" ha relatado este joven en Radio Lanzarote-Onda Cero.

Tras ello, Jonathan fue operado en dos ocasiones al quedársele "bloqueada la movilidad" del hombro y tener "un dolor incesante", pero el resultado fue "desfavorable". "Se me realizaron también unas terapias alternativas bastante duras, con un tratamiento médico también bastante duro, y tampoco dio resultado", ha añadido este expolicía local, que ha explicado que en noviembre se le realizó una última intervención quirúrgica y se le colocó "una prótesis" encontrándose "mejor" desde entonces.

Pidió realizar tareas administrativas pero el Ayuntamiento nunca le contestó

Encontrándose de baja, Jonathan llegó a intentar darse de alta "a sabiendas" de que su hombro "estaba mal", porque afirma que "añoraba estar trabajando". Sin embargo, a los 20 días volvió a entrar en la mutua "con una incapacidad temporal". La mutua, según ha relatado, envió entonces un informe al Ayuntamiento para que le readaptase un puesto de trabajo a este agente pero, según ha afirmado, el Consistorio "no" contestó". "Ante esta situación y ser evidente que yo no podía realizar servicios de primera actividad que es el patrullaje, solicité el pase a segunda actividad, que es hacer principalmente tareas administrativas"

"En mi caso podría ser charlas en centros de enseñanza y realización de protocolos de actuación o una figura que se está implantando ahora en las policías locales, que es de mediador de conflictos civiles entre vecinos, en la que me he estado preparando durante este tiempo", ha precisado este expolicía, apuntando que, sin embargo, a esta solicitud "tampoco" se le contestó.

La mutua decidió entonces enviarle al tribunal médico, donde se le reconoció "una discapacidad del 33%". Entonces, Jonathan volvió a dirigir un escrito al Ayuntamiento, pero según ha apuntado la respuesta que recibió es que el Consistorio procedió a cesarle. Y, ahora, con 37 años, es pensionista, a pesar de que él quiere "seguir trabajando".

Petición en el Parlamento

Este expolicía local ha explicado que hay ayuntamientos en toda España que "sí deciden readaptar el puesto de trabajo" apuntando que en la isla los consistorios de Teguise y Tías "sí lo recogen", así como el Cabildo, donde afirma que "hay un bombero que está en una situación similar". Así, lo que ha pedido la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad a la que Jonathan pertenece, es que la Ley de Coordinación de Policías Locales, que "se está modificando", dé "respuesta a los compañeros que se encuentran con una diversidad funcional" y se adapte a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos de las Perdonas con Discapacidad de la ONU". "Que sea por ley, no un reino de taifas donde cada uno decida lo que quiera", ha precisado.

Y es que, según Jonathan Rodríguez, de los alrededor de 3.100 policías locales que hay en Canarias, "hay 300" en su situación. En este sentido, el propio Jonathan se trasladó a la Comisión de Discapacidad del Parlamento canario el pasado mes de marzo, junto a compañeros de la Asociación para la Integración de Policías Locales con Discapacidad. "El día 19 se llevará una PNL para que de forma transitoria podamos volver a reintegrarnos y hacer labores hasta que se apruebe la ley, que irá por trámite de urgencia", ha explicado este expolicía local, que ha señalado que se llevó "una grata sorpresa" en el Parlamento al ver que "hay predisposición absoluta por parte de los grupos. "Hay que solucionar esto y que no haya discriminación en la policía", ha apuntado Jonathan, destacando que también cuenta con "apoyo absoluto" de la "totalidad de los sindicatos".

"Sería más fácil estar en el sofá, pero no quiero eso"

En su caso, este joven afirma que cuenta incluso "con informes favorables del jefe de la Policía Local, José Antonio Lasso", donde enumera las funciones que Jonathan podría realizar y pide que se le "asigne a segunda actividad". También señala que también hay "informes favorables" a su aceptación en el cuerpo con fecha del 21 de febrero, que fueron elaborados "por un técnico-jurista del Cabildo" después de que el concejal de Policía, David Duarte, decidiera "pedir de motu propio una colaboración". "Pero si el departamento que tiene que tomar la decisión, no la toma, no hace nada, se queda en papel mojado", ha criticado Jonathan, que no entiende si es "por dejación de funciones o por mala fe de algún técnico".

Y es que, este expolicía afirma que el pasado 4 de julio su situacón "iba a ir a pleno y se retiró el punto". Además, apunta que también puso una queja "ante el Defensor del Pueblo" y que éste le contestó el 3 de marzo indicando que "ha pedido dos veces al Ayuntamiento que entregue la documentación y no ha habido contestación". "No sé qué es lo que pasa", ha apuntado este joven, que espera que acabe solucionándose este problema "y que en el futuro los compañeros no pasen" por su misma situación. "Porque sería más fácil estar en el sofá, pero no quiero eso, quiero sentirme útil", ha concluido.

[47ronin]

 Acusados de malos tratos
Detenidos cuatro  trabajadores de una residencia para discapacitados en Málaga

La Policía ha identificado a seis usuarios del centro que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.
La Información
sábado, 28 abril 2018, 12:57

Cuatro trabajadores de una residencia de discapacitados han sido detenidos por la Policía Nacional en Málaga por supuestos malos tratos dispensados a los internos, a raíz de la investigación iniciada por la directora del propio centro, que observó conductas que podían ser delito en uno de los cuidadores.

Según ha informado la Policía, en un primer momento fue detenido este trabajador y, al continuar con las pesquisas policiales, fueron arrestados otros tres empleados el pasado jueves.

Los cuatro arrestados, un hombre y tres mujeres, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 en funciones de guardia.

De la noticia da cuenta hoy el diario Sur, que señala que los hechos han sucedido en la residencia La Milagrosa, que es propiedad de la Asociación Malagueña en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Aspromanis) y está situada en la barriada de La Corta.

Hasta el momento, la Policía ha identificado a seis usuarios del centro que habrían sido víctimas de agresiones o de un trato degradante por parte de estos empleados.

Investigación interna

Los supuestos malos tratos se detectaron después de que el centro contratase una empresa de detectives e instalara cámaras para comprobar si los empleados del turno de noche se dormían en el trabajo y hacían su labor como debían, indica el periódico.

Al revisar el contenido de las imágenes, los responsables de Aspromanis descubrieron que las cámaras habían grabado algo más que irregularidades, por lo que las entregaron en Comisaría.

El presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, ha informado hoy en un comunicado de que en la residencia La Milagrosa son atendidas 46 personas con discapacidad intelectual y graves afectaciones.

Al detectar posibles conductas constitutivas de delito, la asociación presentó una denuncia e informó a los familiares de las posibles víctimas y a las entidades públicas (Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Diputación de Málaga) con las que tiene concertadas las plazas para atender a discapacitados.

A partir de entonces, impidió que los trabajadores implicados tuvieran contactos con las personas con discapacidad intelectual que son atendidas en el centro, ha indicado Rubio.

El colectivo, que se ha personado como acusación en el procedimiento que se ha abierto, muestra su colaboración con las instituciones públicas y familiares de los internos para que "nunca más puedan producirse hechos similares".

[47ronin]

La ONU admite otras dos denuncias contra España por vulneración de derechos de agentes con discapacidad


ARACELI GUEDE 08.05.2018 - 10:24h
Los afectados, un guardia urbano de Hospitalet y un mosso, alegan que se les discrimina al no permitírseles seguir en activo pasando a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral.
Con estos son cuatro los casos admitidos en el mismo sentido, todos procedentes de Cataluña.

Un agente de los Mossos d'Esquadra. ARCHIVO
El camino lo abrió Vicente Flores. Este exguardia urbano de Barcelona logró en 2015 que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU admitiera a trámite su denuncia, interpuesta al serle denegado por parte del Ayuntamiento el paso a segunda actividad tras sufrir un accidente laboral. Le siguió Jordi en 2016, compañero de la localidad gironesa de Figueres. Y ahora Naciones Unidas ha aceptado otras dos comunicaciones individuales, una de un agente local del municipio barcelonés de Hospitalet de Llobregat y otra de un mosso d'esquadra.


Estas denuncias se presentan contra España, y de forma subsidiaria contra el Ayuntamiento de Hospitalet y el departamento de Interior de la Generalitat de Cataluña, según informan Ailmed y Ailpod, asociaciones creadas para ayudar a mossos y policías locales en la misma situación.

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Los afectados alegan que se les está discriminando al no permitírseles seguir en activo a través del desempeño de funciones no operativas y citan el artículo 27 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación a los problemas físicos sobrevenidos en el ámbito profesional.


Un tratado de 2008

El tratado, en vigor en España desde 2008, establece que los "Estados Parte" tienen dos obligaciones respecto al mundo laboral: la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad, y su acceso y mantenimiento en el empleo.

Este texto internacional determina igualmente que los firmantes deben "tomar las medidas pertinentes para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad", así como "velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en la convención".

Tras acusar recibido de estas dos nuevas demandas, la ONU solicitará la información y las observaciones oportunas al Gobierno, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse. Estas les serán trasmitidas a los denunciantes, que podrán a su vez hacer los comentarios que consideren.

El proceso que se abre es largo y puede durar años. No en vano ni Vicente ni Jordi han recibido aún una resolución sobre sus casos.

[47ronin]

«Juan Cadenas tiene miedo constante de que le vuelvan a atacar»


El juzgado de lo Social acoge el juicio sobre el grado de invalidez del policía local de Puerto Serrano que perdió un ojo a manos de los Cachimbas
MARÍA ALMAGRO
@MariaAlmagroD
Actualizado:
15/05/2018 21:22h

Pérdida de globo ocular, derrame lacrimal constante, prótesis definitiva, trastorno depresivo, estrés postraumático, ansiedad, miedo continuo, falta de control de impulsos, insomnio, irritabilidad... la supervivencia de Juan Cadenas, el policía local que fue agredido por Los Cachimbas de Puerto Serrano que le reventaron un ojo con un cristal, continúa.


Han pasado más de tres años desde aquella fatal madrugada de enero de 2015 pero la huella de aquel daño sigue marcada. Tras ganar la batalla penal con una sentencia firme del Supremo que condenó a sus agresores de trece a ocho años de prisión, le queda todavía una larga lucha: la que mantiene para que se le reconozca la incapacidad permanente absoluta en vez de la total como le dieron, lo que le supuso una pérdida de más de un 50% de su sueldo, unos 700 euros menos al mes, más la productividad que antes podía conseguir y que ahora, encerrado en su casa, obviamente no.

«Es lamentable que yo tenga que andar de juicios y a mi agresor se le concediera la absoluta de oficio y a los nueve meses de casi matarme», decía este martes un emocionado Juan Cadenas en la puerta de los juzgados. Y es que al que acabó con su carrera profesional a los treinta y poco años de una puñalada en el ojo, a Pedro Venegas, el INSS le otorgó el derecho del cien por cien de su base reguladora por una «deficiencia psiquiátrica».


«Es lamentable que yo tenga que andar en juicios y a mi agresor le dieran la absoluta de oficio y en meses»
El policía asistía este martes al juicio relativo a la impugnación que ha presentado contra este grado de incapacidad. Acompañado de su letrado, el abogado Ramón Dávila, acudía al Juzgado de lo Social número dos de Cádiz para exponer sus razones. En frente, el INSS, el Ayuntamiento de Puerto Serrano ('empresa' responsable de la Policía Local del municipio)y la mutua.

«Las lesiones que sufrió este trabajador fueron terribles por una agresión completamente salvaje recibida durante el ejercicio de sus funciones», recordó Dávila en sala. «Después de asestarle varias puñaladas con la parte más punzante del cristal, le hizo una serie de cortes y lesiones que estuvieron muy cerca de la yugular. Todo ello le dejó unas graves limitaciones físicas y psicológicas». Dichas lesiones ya estaban recogidas, y por tanto admitidas, en la sentencia de la Audiencia Provincial de marzo de 2017 que fue dictada como firme por el Supremo.


Por su parte, el abogado del INSS reconoció, tal y como recoge la resolución que tomaron para otorgarle la incapacidad total, que Juan Cadenas sufre «dos patologías: el trastorno de estrés postraumático y la pérdida del globo ocular». Sin embargo, entienden que podría asumir «trabajos en ambientes protegidos o donde el contacto con terceras personas es mínimo y no se vea en situación de riesgo». Por lo que el letrado ratificó ante el juez la evaluación que le hicieron en su momento. Por su parte, el representante del Ayuntamiento se limitó a precisar que el Consistorio serrano mantiene un acuerdo de aplazamiento de deuda con el INSS, en relación a su aportación económica.

La versión de los peritos
Con respecto al estado mental del agente, declararon dos peritos aportados por los reclamantes. Ambos coincidieron en su repaso por las principales secuelas que el ataque de los Cachimbas dejó en Juan Cadenas.


La psicóloga que le ha tratado de la mutua aseguró que el trastorno que sufre el policía tras los hechos es «grave y crónico». «Padece miedo irracional. Tiene pánico e incluso obsesión por perder el ojo sano. Se encuentra en estado de hipervigilancia y de sobresalto continuo sobre cualquier situación que no controla. En el momento que sale de su zona de confort piensa que le puede pasar algo», detalló ante un Juan Cadenas que, durante unos minutos, tuvo que abandonar la sala de vistas visiblemente afectado.

Los psicólogos hablan de un trastorno «grave y crónico» que le impide trabajar con normalidad
Esto le lleva a «no controlar sus impulsos», continuó la experta «a tener episodios de ira, a tener cambios de humor constante y dificultad para relacionarse con normalidad», explicó la profesional. «Así no puede realizar ningún trabajo», le contestó al juez.

El otro perito describió este mismo cuadro psicológico. «Padece de ansiedad y depresión generalizada cuya evolución ha sido mala». «Revive continuamente el accidente y tiene problemas para mantener la atención y la concentración».

Tras los testimonios, las partes expusieron sus conclusiones. «No darle la absoluta sería condenarle a un riesgo que no es humano», afirmó Dávila. «Un trabajo no puede imponer la heroicidad sino que se debe desarrollar de manera responsable. Desde la normalidad».

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https://twitter.com/policiademadrid/status/999542687547252736?s=19

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Y al prójimo..que le jodan, eso debió pensar el que estacionó.

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