Autor Tema: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)  (Leído 90999 veces)

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #460 en: 09 de Abril de 2021, 08:33:06 am »

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
La Junta insiste y obliga a que haya plazas para discapacitados en Policía Local y Bomberos
El Ayuntamiento de Córdoba ya amplió las plazas reservadas en la OPE del 2020 pero el letrado de la administración andaluza sigue considerando que no son suficientes
Irina Marzo

CÓRDOBA | 07·04·21 | 06:00 | Actualizado a las 12:15

La Junta de Andalucía insiste en su criterio y quiere obligar al Ayuntamiento de Córdoba a reservar plazas de discapacidad en Policía Local y Bomberos. El letrado de la administración andaluza personado en esta causa, que se atiende en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba, ha insistido en sus alegaciones y pide al juez que no atienda los argumentos municipales que pedían el fin del proceso al entender que su rectificación --ya ampliaron la reserva de plazas para la discapacidad-- atendía lo solicitado por la Junta de Andalucía. En sus argumentos indica el letrado que la reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento «vulnera claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público».

Esa tesis se sostiene a pesar de que el pasado 15 de marzo, el equipo de gobierno rectificó y reservó un 10% del cupo de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2020 para discapacitados, pasando de las cuatro plazas iniciales hasta las 17 para un total de 168 empleos. Según explicó entonces el delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, el Consistorio consideró en su día que "el 10% de plazas para personas discapacitadas no era aplicable en la Policía Local", algo que no fue admitido por la Junta de Andalucía, que exigió que este criterio se aplicara de forma uniforme a todas las convocatorias. El gobierno local rectificó para no dilatar el proceso que, como en su día informó la portavoz municipal del PSOE, Isabel Ambrosio, afecta directamente a la OPE, suspendida desde entonces por el juzgado.

Tanto el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano (PP), como los responsables sindicales lamentan que esta situación retrase la salida de la oferta de empleo tan necesaria en sendos cuerpos, que están bajo mínimos de personal desde hace años. Jordano entiende que lo que pide el letrado de la Junta es «un disparate» y recuerda que ningún otro ayuntamiento está aplicando la reserva de esas plazas en ese sentido. El concejal Jordano, que también tiene responsabilidades en la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, recordó ya hace unas semanas que la legislación en reserva de contratos para la discapacidad es reciente y que los criterios no están consolidados, por lo que es normal que existan discrepancias entre las administraciones. En todo caso, después de que el Ayuntamiento se haya allanado al criterio de la Junta, el concejal se plantea "si lo que quiere el letrado de la Junta es que prevarique: o desiste porque ya nos hemos allanado, o será el juez quien diga cómo hacerlo".

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #461 en: 09 de Abril de 2021, 09:00:35 am »
Ésto se nos va de las manos. . . nos estaremos volviendo locos?

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #462 en: 15 de Abril de 2021, 07:15:23 am »

El fiscal de Discapacidad se opone también a la OPE del Ayuntamiento
Fernando Santos entiende que no se reservan las plazas suficientes
Irina Marzo

12·04·21 | 06:00

El fiscal delegado de Personas con Discapacidad y Mayores, Fernando Santos, asume, se adhiere y hace suya la oposición realizada por la Junta de Andalucía a la propuesta de distribución de reserva de plazas para personas con discapacidad realizada por el Ayuntamiento de Córdoba relativa a la Oferta Pública de Empleo (OPE) del 2020. En un escrito fechado el 8 abril, el fiscal se dirige al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 para adherirse igualmente a la ampliación del objeto del recurso en los mismos términos que solicitó hace unos días la representación de la Junta, al considerar que la nueva reserva de plazas hecha por el Ayuntamiento seguía vulnerando «claramente los principios de no discriminación, plena inclusión y efectiva igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público». El fiscal también considera que la distribución de plazas efectuada por la junta de gobierno local resulta contraria a los principios de igualdad de oportunidades, no discriminación y compensación de desventajas de las personas con discapacidad.

El problema radica en el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad en Policía local, Bomberos, plazas ocupadas por funcionarios de empleo interino y personal laboral temporal, así como personal indefinido no fijo. Tanto el letrado como el fiscal no entienden la distribución realizada en el cuerpo C2 (auxiliar administrativo) en dos grupos distintos (21 plazas y 10 plazas, respectivamente) individualizando para cada grupo los códigos de las plazas, en las que se realiza y en las que no, reserva de plazas, «salvo que lo que se pretenda es favorecer el acceso a determinadas plazas que pudieran hallarse ocupadas por personal interino, lo que de suyo sería una mayor vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad».

El fiscal también invoca los principios y directrices de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York 2006) y especialmente lo dispuesto en el artículo sobre el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones; y en el sector público, la obligación de velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo.

En la OPE del año 2020 (que se encuentra paralizada), el Ayuntamiento reservó primero 4 plazas para personas con discapacidad y luego, después del rechazo de la Junta, amplió a 17 de los 168 empleos ofertados.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #463 en: 27 de Abril de 2021, 07:08:52 am »

Un juzgado investiga a cuatro trabajadores de una residencia de la Comunidad de Madrid por la muerte a golpes de un joven autista

    LUIS F. DURÁN
    Madrid

Actualizado Martes, 27 abril 2021 - 01:38

El juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha citado para declarar mañana miércoles en calidad de investigados a cuatro trabajadores de la residencia para discapacitados Mirasierra, dependiente de la Comunidad de Madrid, por la supuesta muerte a golpes de Johanes, un joven autista de 28 años ingresado en este centro. También ha sido citada en calidad de testigo la directora para que aporte el seguro de responsabilidad civil y las grabaciones de las cámaras de seguridad durante la noche del 14 al 15 de mayo cuando el residente fue hallado en estado muy grave en su habitación. Johanes falleció al día siguiente en el Hospital de La Paz por un traumatismo craneoencefálico.

Los trabajadores citados como investigados por la muerte de Johanes son las últimas personas que entraron en la habitación antes de su muerte. La familia sospecha que el joven pudo morir como consecuencia de los golpes sufridos y los empleados mantienen que el paciente se autolesionaba desde hacía tiempo y que el día antes de morir también se golpeó el mismo.

Johanes era un joven que sufría un 92% de discapacidad intelectual. Tenía retraso mental severo, trastorno del desarrollo por autismo y apenas si hablaba. Llevaba nueve años ingresado en la residencia Mirasierra para personas con discapacidad intelectual grave, aunque todos los fines de semana y vacaciones los pasaba con sus parientes.

La noche del 14 de mayo Johanes tuvo sufrió una parada cardíaca de la que fue reanimado por los médicos del Samur. Fue trasladado al Hospital de La Paz con graves daños neurológicos. Entró en coma a las 01.00 horas y murió ese mismo día a las 19.59 horas. Una doctora del Hospital explicó a la familia que era una muerte muy rara y que podría haber sido golpeado.

La autopsia determinó que Johanes «murió de forma violenta» y que la causa de su fallecimiento «fue un traumatismo craneoencefálico». El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid decidió que se investigase el caso por un posible delito de homicidio por imprudencia y mandó un oficio al grupo V de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial para que iniciase las pesquisas al existir indicios de que el fallecido podría haber sido agredido por alguno de los cuidadores. Sin embargo, un juzgado archivó provisionalmente el asunto al concluirse que se podría haber autolesionado tras interrogar los agentes a trabajadores, sanitarios y personal del centro de discapacitados.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de diciembre que se reabriese el caso y autorizó nuevas pesquisas tras el recurso presentado por el despacho penalista Ospina Abogados, quien se encargó de recurrir el auto de archivo y sobreseimiento alegando la existencia de indicios de muerte violenta, posible complicidad entre los autores del delito e incluso posible asesinato.

El letrado de la familia, Juan Gonzalo Ospina, señaló: "Confiamos en la correcta administración de justicia y entendemos que la Policía Judicial realizará un excelente trabajo para poder esclarecer los hechos y determinar quién fue la última persona que vio con vida al fallecido y que sería el principal sospechoso de su fallecimiento".
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La directora declaró en su día que el fallecido «padecía episodios en los que se autolesionaba y que se golpeaba frecuentemente contra la pared y el suelo arañándose en la boca y la nariz». Otro trabajador señaló que el día anterior de su fallecimiento entró en crisis e intentó morderse y lesionarse y que "se le practicó la medicina de rescate (olanzapina) debido a que estuvo más de una hora agitado".

El abogado de la familia considera que pueden ser clave las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior y exterior de las instalaciones que ya han sido reclamadas al centro así como las declaraciones de las personas que atendieron por última vez al fallecido.



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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #464 en: 12 de Mayo de 2021, 08:36:06 am »

El Gobierno elimina el término “disminuido” de la Constitución
El anteproyecto de ley, que prohíbe cualquier tipo de discriminación para las personas con discapacidad, inicia ahora su trámite parlamentario
EFE
Madrid - 11 may 2021 - 19:59 CEST

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución Española para eliminar el término “disminuido” y sustituirlo por el de “personas con discapacidad”. Ahora el texto pasará al Congreso, donde se iniciará la tramitación parlamentaria de la primera reforma social que se acomete en el texto constitucional y que reclaman de forma unánime las entidades sociales, que han calificado el día de “histórico”. En diciembre de 2018 se inició el mismo trámite, pero no salió adelante debido al adelanto electoral de 2019.

Los cambios, ha destacado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, van más allá de un cambio de terminología y suponen “una reforma integral y en profundidad en la estructura y contenido” de la norma. Se actualiza la Constitución con la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos. Montero ha incidido en que “era evidente la necesidad” de la reforma dado que en España hay más de tres millones de personas con discapacidad.

Con esta modificación se prohibirá cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad. Se establece la obligación de los poderes públicos de promover su libertad e igualdad real y efectiva. Además, se reconoce expresamente, y por primera vez en la Constitución, la protección particular que requieren las mujeres y las niñas con discapacidad, por ser un colectivo especialmente vulnerable y discriminado.

El Ejecutivo ya había anunciado que sería una de las primeras medidas que se adoptarían tras decaer el estado de alarma, ya que la modificación constitucional no puede hacerse en tiempo de guerra, en estados de alarma, excepción o sitio. La iniciativa ha sido trasladada al Consejo de Ministros por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. La titular de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha asegurado que en su departamento trabajarán para que los cambios “no solo se reflejen en la Constitución, sino que se hagan realidad en el día a día”. “A partir de ahora España está más alineada con el discurso de derechos humanos, y se repara una anomalía jurídica, social y moral con las personas con discapacidad, porque el reconocimiento efectivo de los derechos humanos son la meta y la senda del Gobierno de España”, ha añadido en su cuenta de Twitter.

Las organizaciones han celebrado la medida. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha destacado la importancia de la reforma que lleva a suprimir “disminuidos”, un término “hiriente y que no encaja con el modelo social de la discapacidad”, pero sobre todo, que el nuevo artículo es “mucho más amplio e integral, cristaliza la visión de derechos humanos de acuerdo con el marco internacional y europeo”. La Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) añade que la modificación “incorpora el enfoque de derechos humanos, la defensa de la inclusión y vida independiente, la perspectiva de género, la interlocución con las organizaciones y el lenguaje inclusivo”.


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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #465 en: 23 de Mayo de 2021, 06:54:10 am »

El uso indebido de la tarjeta de parking para discapacitados te puede llevar a la cárcel

La última reforma del Código Penal penaliza, no sólo la falsificación, sino también el uso indebido. Los tribunales están emitiendo sentencias contundentes contra esta práctica

Por Pablo D. Almoguera. Málaga
23/05/2021 - 05:00

Un coche se detiene junto a un aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida. Lo sobrepasa ligeramente, se encienden las luces traseras de marcha atrás y comienza a maniobrar hasta que el vehículo queda estacionado en la plaza delimitada. El conductor apaga el motor, coloca en el salpicadero una tarjeta para discapacitados y se baja del coche con total normalidad. Cierra la puerta y se va caminando tranquilamente sin ninguna dificultad.

Seguro que muchos de ustedes han sido testigos de esta escena. Un comportamiento que podría parecer pícaro, inocente, hasta travieso, pero que causa serios perjuicios a las personas que realmente necesitan estos estacionamientos y que pocos saben que puede ser un delito que conlleva pena de cárcel. Porque los jueces se están poniendo serios ante esta problemática y las sentencias están avalando un cambio de actitud.

La circunstancia que supuso este nuevo escenario judicial fue la última reforma del Código Penal y la modificación del cargo de falsedad documental. Los legisladores incluyeron un artículo, el 400 bis, que dice que también se considerará delictivo “el uso de documentos, despachos, certificaciones o DNI auténticos realizado por quien no esté legitimado para ello”. Es decir, no sólo se iba a perseguir la falsificación, sino también el uso indebido.

“Algunos creen que es como heredar una tierra y van a renovar la tarjeta de su familiar muerto”

Un agente experto en la materia explica que esta decisión supuso que “la mal llamada utilización indebida, que se sancionaba administrativamente”, pasase a tener una calificación penal. Y eso afectaba directamente a las tarjetas de aparcamiento para minusválidos. Unos documentos que utilizan familiares para estacionar fácilmente, que otros fotocopian y después ponen su nombre y que algunos siguen usándolo hasta cuando el titular ha fallecido.
Distintas modalidades de fraude

La casuística es muy amplia, detalla la citada fuente, que apunta que el quid de la cuestión es que estos documentos “son nominativos y sólo pueden ser utilizados cuando la persona a la que se le concedió viaja en el coche”. “Algunos creen que es como heredar un trozo de tierra y van a renovar la tarjeta de su familiar muerto”, señala este policía, que recuerda el caso de un conocido artista residente en Madrid que aparcaba su BMW X5 con el permiso de su madre fallecida.
Foto: Foto: iStockphoto. Opinión
¿Puede una promotora venderme como libre una plaza de aparcamiento de minusválidos?
Idealista

En otro caso acontecido en Málaga, el infractor llegó a falsificar la firma de su familiar muerto. Este hombre se personó en el Centro de Valoración y Orientación (CVO) de la capital malagueña solicitando la renovación de la tarjeta a nombre de la titular, identificándose como hijo y representante de la misma, aportando una fotocopia de la tarjeta, sin hacer entrega del original. Al proceder a tramitar la solicitud, el sistema avisó de que la mujer falleció en 2017.

“De estos hemos hecho tropecientos”, afirma, para recalcar que otra modalidad es “denunciar la pérdida de la tarjeta, después solicitar una nueva y así tienes dos oficiales”. En este tipo de casos, “se sumaría el delito de denuncia falsa”.
Venta de tarjetas falsa por 500 euros

Al final, la fotocopia es la tipología más burda, explica este agente, que cuenta que ha investigado casos con trazas de entramado delictivo. Uno de ellos tenía como centro de las pesquisas a un funcionario sobre el que existían sospechas de que vendía por 500 euros las tarjetas de aparcamiento para discapacitados. Su clientela la formaban personas que —evidentemente— no las necesitaban y que únicamente querían disponer de una ventaja extra a la hora de estacionar.

En otra ocasión, relata, “interceptamos a una persona mayor que acabó confesando que su sobrina trabajaba en un ayuntamiento y le había dado permisos a toda la familia”, para advertir de que se están empezando a realizar atestados por falsedad documental que conllevan multa y una pena de cárcel que oscila entre los seis meses y los tres años.
Sentencias condenatorias

“Los tribunales están cada vez más concienciados”, señalan fuentes policiales y confirman las decisiones judiciales que se están produciendo a este respecto. Una de las más recientes es del Tribunal Supremo y tiene un gran valor porque puede generar jurisprudencia para casos futuros.

El fallo, al que ha tenido acceso El Confidencial, responde a un recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra una resolución de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Pamplona que absolvía a un acusado del delito de “falsificación en documento oficial” tras ser condenado previamente por el juzgado de lo Penal número 1 del mismo partido judicial.

En primera instancia se consideró probado que “el día 1 de marzo de 2018, hacia las 9:15 horas, C., mayor de edad y sin antecedentes penales, estacionó un vehículo en una plaza de aparcamiento reservada para minusválidos, sita en la calle Joaquín Beúnza número 27 de Pamplona”. El hombre “colocó en el salpicadero una fotocopia, elaborada por él mismo, de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad cuyo titular, el señor F. -su padre-, no estaba presente”. Un agente municipal que observó la secuencia intervino y acabó actuando por un presunto delito de falsedad documental.

La autoridad judicial concluyó que “la copia se había realizado sin autorización del ente administrativo que había emitido la original, el Ayuntamiento de Huarte”, por lo que condenó a C., “como autor responsable de un delito de falsificación en documento oficial, a la pena de seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena, y multa de seis meses, con una cuota diaria de ocho euros, multa que en caso de impago se sustituirá por un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas”.

No obstante, la Audiencia Provincial revocó esta condena al considerar que no existía falsedad documental porque el acusado “ha empleado una fotocopia que no contiene ninguna alteración del documento original [...] Se trata de un mero uso no adecuado del mismo por quien no es su titular ni beneficiario del documento fotocopiado”.

El Ministerio Público, que recurrió ante el Supremo, estimó que no estaban ante una mera utilización ilícita de un documento oficial, sino frente a una simulación plena. “Se trata de una copia bastarda que está siendo utilizada en el tráfico jurídico como si fuese legítimo”, profundizó en este sentido, para añadir que “la fotocopia tenía una finalidad claramente ilícita, como lo demuestra el hecho de que el acusado estuviese utilizando esa tarjeta de estacionamiento en una plaza reservada a personas minusválidas sin que el beneficiario estuviese presente”.

El Alto Tribunal considera que C. “confeccionó íntegramente un documento falso con el fin de hacerlo pasar por el original”

La Fiscalía sostuvo que la realización de esa reproducción inducía a error sobre su autenticidad y defendió que al acusado actuó movido con “ánimo de lucro”, ya que esa fotocopia le permitió “beneficiarse de una plaza gratuita de estacionamiento en una zona regulada”. Además, reprochó que la acción causaba un daño a terceros porque perjudicaba a quien realmente necesitaba esos aparcamientos.

La defensa, por su parte, argumentó que “la mera fotocopia de un documento legítimo, válido, vigente y veraz no afecta a ningún extremo esencial del mismo” y remarcó que, “si no se ha producido alteración por supresión o adición de un dato, no es una simulación”: “La copia no puede modificar los efectos normales de las relaciones jurídicas atribuidas al documento y afecta a extremos inocuos o intrascendentes de la conducta, ya que el autor de la copia no puede obtener ventaja”, defendió.

El Alto Tribunal, entre otras valoraciones, considera que C. “confeccionó íntegramente un documento falso con el fin de hacerlo pasar por el original” y supuestamente utilizarlo “como si del propio original se tratara”. Estas circunstancias hacen que estimara el recurso del fiscal contra la resolución de la Audiencia Provincial de Navarra y anulase las resoluciones emitidas previamente. No obstante, destaca que en este órgano judicial no se resolvieron “otras cuestiones”, por lo que opta por devolver la causa al juzgado de Instancia “para que dicte nueva sentencia resolviendo con libertad de criterio, excepto en los puntos abordados por la sentencia de casación”.
El colectivo de discapacitados está “quemado”

El secretario de accesibilidad y vida independiente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Ramón Salas Tarrajona, atiende a este periódico y afirma que prácticas de este tipo “nos tienen quemados”. Asegura que reciben quejas de usuarios denunciando comportamientos que les genera un gran perjuicio, aunque reconoce que la situación ha mejorado gracias a una mayor concienciación ciudadana.

“Estamos en contacto con la Policía y animamos a los afectados a que llamen a un agente cuando sean testigos de un uso fraudulento de estas tarjetas”, recomienda, para añadir que ellos también hacen pedagogía entre sus asociados para que sus familiares no hagan un uso indebido de este documento.
300 tarjetas intervenidas en Madrid

Salas apunta que el último dato oficial que disponen sobre la retirada de tarjetas fraudulentas es de Madrid y de 2018, “año en el que se intervinieron casi 300”. La Policía Local de Málaga, por su parte, presentó a finales de 2020 un balance de actuaciones en torno a los estacionamientos para personas con movilidad reducida en el que hablaban de “cientos y cientos” de permisos requisados en los siete años anteriores.

El directivo de la Cocemfe, para explicar las dificultades a la movilidad que provocan estas conductas fraudulentas, recuerda que la proporción de plazas reservadas para discapacitados es de una por cada 40: “El 2,5 por ciento”. Y agrega que los problemas se extienden a las zonas de carga y descarga, “donde también tenemos derecho a estacionar”, pero “los conductores de furgonetas y camionetas de reparto nos echan”.

Ramón Salas relata que han vivido situaciones surrealistas, aunque la que nunca olvidará se produjo “en un pueblito de Mallorca” en el que habilitaron un aparcamiento para personas con movilidad reducida “pero en la señal pusieron que la estancia máxima era de cinco minutos”. “Tuvimos que ir, hablar con el alcalde y explicarle que ese es el tiempo que necesitamos sólo para sacar la silla del coche. Afortunadamente, entró en razón y lo cambiaron”.




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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #466 en: 25 de Mayo de 2021, 17:30:20 pm »
Saldremos mejores de esta pandemia....si.





Un hombre agrede a la madre de un niño autista al que insultó en el Parque Warner


Un hombre agredió y zarandeó a la madre del joven al que previamente había llamado "mongolito"


Qué es el autismo y cómo es vivir con un familiar que lo padece
 EFEPUBLICADO 25/05/2021 12:15ACTUALIZADO 25/05/2021 12:36
La madre de un niño de 11 años que sufre autismo ha denunciado a un hombre que presuntamente la agredió, la zarandeó y la tiró al suelo en el Parque Warner, después de que esta le recriminara que insultara al menor en una de las atracciones del complejo situado en el municipio madrileño de San Martín de la Vega.

El suceso ocurrió la tarde del pasado 2 de mayo cuando la mujer, Mayte, y su hijo, Jimmy, acudieron al parque de atracciones junto con otros amigos, según adelanta El País y han confirmado a Efe fuentes de la Asociación ProTGD, entidad sin ánimo de lucro que tiene como fin promover la calidad de vida de las personas con autismo y sus familias.


Tanto el niño como sus amigos contaban con un pase especial que la Warner ofrece a las personas con discapacidad para que tengan prioridad en el acceso a las atracciones. En una de ellas, donde la madre no subió por vértigo, el hombre denunciado, de entre 40 y 50 años, preguntó a los menores y a los acompañantes por qué tenían ese pase. "Sí, sí .. Yo también soy mongolito como tú", les dijo este individuo que estaba acompañado de otras dos personas.


Perdió el conocimiento
Al bajar de la atracción, Jimmy contó a su madre la situación, pero no le dio mucha importancia. Sin embargo, momentos después en el teatro del recinto se lo volvieron a encontrar y se sentaron en un sitio "más o menos cercano". Esta situación provocó que el niño entrara en un estado de nervios ya que no paraba de señalar al individuo y decir "ahí está el hombre malo".


Al final del espectáculo la mujer le reprochó al hombre sus palabras, y este, sin mediar palabra, la empujó y la tiró al suelo. Posteriormente, la víctima se encaró con el hombre, quien la zarandeó y la tiró al suelo, y, al golpearse la cara, perdió el conocimiento. Con las imágenes de la agresión y el parte de lesiones, Mayte se dirigió a esta asociación dos días después para pedir ayuda y colaboración.

El pasado 13 de mayo estaban todas las partes citadas para un juicio rápido, pero la médico forense determinó en su informe que el caso era más grave y tanto el juez como la fiscal derivaron el suceso a la Sala de lo Penal.

La coordinadora de la Asociación ProTG, Ana Vidal, ha explicado a Efe que "no es habitual" este tipo de palizas, si bien asegura que este colectivo sí sufre "agresiones verbales o situaciones discriminatorias en muchas ocasiones".

Ha opinado, además, que las personas autistas son más "carne de cañón", ya que es una discapacidad que no tiene ningún "rasgo físico". Vidal ha subrayado la importancia de las campañas de protección y sensibilización, y ha reprochado que incluso "algunos políticos" expresen la palabra "autista" de forma negativa en el Congreso de los Diputados.


La coordinadora ha destacado que este suceso se produjo en un entorno "familiar de entretenimiento" donde también existen personas con "cero empatía, cero comprensión y cero respeto".

Para Vidal, la visibilización de esta agresión es un "tirón de orejas a la sociedad" para que seamos "más empáticos" y no se "juzgue a las primeras de cambio". "Los derechos son los mismos que los de cualquier otra persona. No se puede utilizar como arma arrojadiza", ha advertido.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #467 en: 25 de Mayo de 2021, 22:33:15 pm »
Menudo "valiente" hijo de puta.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #468 en: 15 de Julio de 2021, 08:06:41 am »

La GuardiaCivil investiga una agresión a un joven con una discapacidad mental en Pontedeume (A Coruña)

    El ataque se produjo en el paseo marítimo del municipio coruñés ante la mirada de otros jóvenes que, lejos de auxiliar a la víctima, se rieron y auparon al agresor


Fotograma de la agresión en el paseo marítimo de Pontedeume

Javier H. Rodríguez
14 de julio de 2021 19:06h

@JavierHRguez

La Guardia Civil investiga la agresión a un joven con una discapacidad mental en el paseo marítimo de Pontedeume (A Coruña) el pasado fin de semana. Poco después de producirse, los presuntos autores de la agresión subieron un vídeo a las redes sociales en el que se puede observar cómo la víctima, descalza, recibe un fuerte golpe en la cara. Lejos de ayudarla, tanto quien graba las imágenes como las otras personas que presencian la agresión se ríen y jalean al atacante. Hacia el final del vídeo, puede escucharse una voz femenina diciendo: "Para que vuelvas a por otra".

Desde el puesto de la Guardia Civil de Pontedeume no han querido facilitar más datos sobre el suceso alegando que la investigación todavía está en curso. Lo que sí han podido confirmar es que ni el afectado ni nadie de su entorno ha interpuesto ninguna denuncia sobre los hechos. No obstante, la Guardia Civil ha iniciado una investigación de oficio con el objetivo de aclarar los acontecimientos. Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha confirmado que esa investigación está en curso y ha hecho un llamamiento a la prudencia hasta que se aclare lo que ha pasado. Sin embargo, sí ha aclarado que se trata de una agresión individual y no grupal.



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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #469 en: 15 de Julio de 2021, 14:20:35 pm »
Menudos "valientes" hijos de puta, el de las gafitas seguro que con otro es tan "valiente"..., pena no poder explicárselo...

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #470 en: 30 de Septiembre de 2021, 17:03:42 pm »

PP y Vox vetan la reforma de la Constitución para dejar de llamar "disminuidos" a personas con discapacidad


La extrema derecha alega que los grupos que apoyan la iniciativa "en realidad" no buscan beneficiar al colectivo porque están a favor de una "ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de los discapacitados" y los 'populares' lo vinculan con la "dependencia" del Gobierno de los independentistas que quieren "abrir en canal la Constitución"
Hemeroteca — El Gobierno elimina el término "disminuido" de la Constitución






El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y el líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/Ballesteros/Archivo
Iñigo Aduriz

29 de septiembre de 2021 22:17h
41

@inigoaduriz
La histórica petición del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para que se modifique la Constitución que, en su redacción actual, se refiere en su artículo 49 a esas personas como "disminuidos", no podrá ser aprobada esta legislatura por el rechazo de Partido Popular y Vox. Este jueves el Congreso de los Diputados ha debatido las enmiendas de devolución al texto de reforma aprobado en mayo por el Gobierno registradas por ambas formaciones que pugnan desde hace meses por el mismo electorado de derechas.


Se abre la puerta a que decenas de miles de personas con discapacidad recuperen el derecho al voto

SABER MÁS
Esas enmiendas han sido rechazadas en el Pleno, por lo que la reforma continuará su tramitación parlamentaria. Pero el anunciado rechazo de los partidos a la citada modificación de la Carta Magna aventura que, una vez se aborde en ponencia, comisión y Pleno y se someta a la votación de la Cámara Baja –un proceso que puede demorarse durante meses–, el texto no logrará el apoyo reforzado que exige el artículo 167 de la Constitución para este tipo de reformas.

Dicho artículo señala que "los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras", una suma imposible con la aritmética actual y el rechazo de las derechas, y que "si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado".

"De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior y siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado", añade la Constitución, "el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma". Esta opción tampoco sería viable ya que PP y Vox –los dos partidos que rechazan la reforma– suman 140 diputados, por lo que ambas fuerzas alcanzan más de un tercio de los votos del Congreso –compuesto por 350 parlamentarios–, que es de 117 escaños.


El proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución aprobado por el Consejo de Ministros hace casi cinco meses modifica, por un lado, la terminología que emplea el precepto constitucional –ahora habla de "disminuidos"– para referirse al "colectivo de las personas con discapacidad". "Cumplimos un deber que tenemos como sociedad", ha asegurado este jueves el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, durante la defensa de la reforma en el Pleno del Congreso. "Lo importante es anteponer la palabra 'persona'. Las personas no son discapacitadas, tienen una discapacidad que no puede definirlas", ha apuntado el ministro en el Congreso. "El respeto a la dignidad y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad es un consenso básico del siglo XXI. Proponemos un cambio que afianza la Constitución, nuestros valores y nuestro compromiso como sociedad", ha zanjado.

La iniciativa también plantea reformar la estructura del citado artículo para dividirlo en cuatro apartados en los que se refleja una dimensión diferente de la protección de este colectivo. Asimismo, también se modifica su contenido poniendo el énfasis en los derechos y deberes de las personas con discapacidad "como ciudadanos libres e iguales".

PP y Vox rechazan estos cambios. El martes, en rueda de prensa, la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, relacionó su rechazo a las alianzas que sostienen al Gobierno progresista. A su juicio, la "apertura en canal" de la Constitución supone "un riesgo que no se ha medido" suficientemente por la "dependencia" parlamentaria del Ejecutivo "de los partidos independentistas".


Vox, en contra de la "colectivización"
En su enmienda de devolución que, como la de Vox, será previsiblemente rechazada este jueves por la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno, el PP argumenta además que la acepción "disminuidos" utilizada en el texto constitucional y que rechazan todos los colectivos de personas con discapacidad "no ha supuesto un obstáculo" para que los poderes públicos garanticen los derechos fundamentales de estos ciudadanos, por lo que ve "cuestionable" la reforma constitucional y aprecia necesario alcanzar el "consenso" político.

Los argumentos de Vox son más enrevesados. Según aseguró también el martes su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, con su iniciativa de reforma de la Constitución el Gobierno evidencia que "odia a quien no encaja en los patrones de colectivización". Además, sostuvo que, "en realidad" los grupos que apoyan la modificación de la Carta Magna no defienden a las personas con discapacidad porque han respaldado una "ley del aborto que discrimina el derecho a la vida de las personas con discapacidad". "Que dejen en primer lugar que nazcan", enfatizó.

Ambas formaciones arguyen también que la propuesta del Ejecutivo fue rechazada por el Consejo de Estado aunque, en realidad, el órgano consultivo tan solo realizó unas recomendaciones sobre la redacción de uno de los puntos, respaldando en todo caso el objetivo principal de la modificación que es cambiar el término "disminuidos" por "personas con discapacidad".


Si, una vez rechazadas sus enmiendas de devolución, PP o Vox cambian de parecer y, al finalizar la tramitación parlamentaria finalmente apoyan la modificación constitucional, esta sería la tercera reforma de la Carta Magna desde su aprobación, en 1975. La primera se produjo en 1992 para que los residentes extranjeros pudieran presentarse a las elecciones municipales. En 2011 se realizó la última y polémica modificación acordada por PSOE y PP en el marco de la crisis financiera que estalló en 2008 para introducir el principio de "estabilidad presupuestaria" para priorizar el pago de la deuda de las administraciones y dificultar su endeudamiento.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #471 en: 28 de Noviembre de 2021, 07:37:25 am »


Juicio al cómico para el que piden cárcel y prohibirle ejercer su profesión


El proceso contra este humorista se celebra este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. “Vivimos en la era en la que alguien ofendido te puede meter en un gran problema”, denuncia, en declaraciones a este periódico

David SuárezDavid Suárez Movistar
RUBÉN ARRANZPUBLICADO 28/11/2021 04:45
David Suárez arriesga con su humor negro y a veces, claro, derrapa. Hay quien repudia este género y tendrá la peor opinión de este cómico y hay quien le sigue porque le gusta la mezcla de maldad y cinismo del personaje que interpreta. Y hay una asociación que le ha denunciado por un chiste que hizo sobre las personas con síndrome de down.

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El juicio sobre este asunto se celebra este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid y tendrá un propósito, como es el de determinar si este joven cómico cometió un delito de odio al escribir el siguiente tuit: “El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down”.


El mensaje es grotesco y habrá quien considere que ni tiene gracia ni debía haber sido publicado. Ahora bien, la Asociación Plena Inclusión Madrid denunció este mensaje y la Fiscalía solicita 22 meses de prisión para Suárez, así como su inhabilitación como cómico durante el tiempo que dure la condena que le imponga el tribunal y por un lustro a mayores.

Un delito que puede suponer la suspensión de un derecho
Este periódico conversó recientemente con Suárez y dejó clara su postura: “No me voy a disculpar por el chiste porque considero que entra dentro de los límites del humor. Eso sí, desde que lo escribí, si ha venido alguien y me ha dicho que se sintió ofendido, en lo particular, le he pedido perdón".


Y aclara: "El matiz es importante: pido perdón a quien le haya ofendido, pero nunca lo haré por el chiste”.

¿Libertad de expresión u odio?
Suárez reivindica su derecho a interpretar a su personaje más conocido, una “mala persona que hace humor negro e incorrecto” y que “pega a todos por igual, sin tener en cuenta su ideología, sus defectos físicos o su profesión”. De hecho, defiende algo que es fácil de comprobar: uno de los personajes a los que más humilla es a sí mismo.


Según apuntó Infolibre, la acusación le imputa un delito contra el artículo 510.2 a) del Código Penal, que incide en que serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses “quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito “por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad”.

Suárez se muestra sorprendido porque un chiste pueda ser susceptible de una condena a pena de cárcel, pero sobre todo por la petición de vetar su ejercicio profesional durante más de cinco años. “Esto implica que en este tiempo no podría hacer actuaciones ni publicar contenido en mis redes sociales”, lamenta, en una conversación que duró diez minutos y en la que no alteró su tono serio y rotundo.


Más allá de lo que suceda en el juicio, lo cierto es que esta acusación ha tenido un coste profesional para Suárez, que incide en que, tras ser enjuiciado, perdió la colaboración que le unía a una televisión de Vodafone; y dejó de colaborar con otra productora. “Cualquiera que busque en Google mi nombre lo verá asociado a palabras como 'cárcel' o 'imputado'. No sé cómo terminará el juicio, pero aunque salga absuelto, eso no cambiará”, afirma.

Durante la llamada, también hace referencia a la capacidad de ofensa de determinados colectivos: “Yo empatizo con la situación que tenga cada persona, pero es que no me dirigí a ninguna en concreto. Y en mi perfil en Twitter, que es donde lo escribí, aparece claramente que soy cómico. El contexto es importante. Pero, aun así, es sorprendente cómo un colectivo ofendido puede llevarte a estos extremos y, con un poco de mala suerte, impedir que ejerzas tu libertad de creación”.



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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #472 en: 10 de Diciembre de 2021, 11:32:45 am »

Coto a un engaño inmoral


F.L.D. - miércoles, 8 de diciembre de 2021
El policía local Juan Jesús Pérez ha detectado en tres años unos 200 fraudes con tarjetas de personas con discapacidad, la mitad de ellas fotocopias o manipulaciones de la fecha de expedición. Las multas son de 3.000 euros
Pérez encabeza un equipo de agentes centrados en detectar falsificaciones.  - Foto: Luis López Araico
Pérez encabeza un equipo de agentes centrados en detectar falsificaciones. - Foto: Luis López Araico

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A Juan Jesús Pérez ya ni siquiera le hace falta bajarse del coche patrulla para saber cuándo ha sido manipulada una tarjeta de estacionamiento en la plaza de personas con discapacidad. El brillo, el desgaste del color y el veteado blanco, entre otras cosas, delatan las falsificaciones. Un engaño deshonesto que, decidió tras localizar unos cuantos fraudes, no podía quedar impune. Desde entonces 'Jota', como le conocen sus compañeros de la Policía Local, encabeza un equipo de unas doce personas que, sin descuidar sus labores diarias, persiguen esta práctica que creció notablemente antes de la pandemia y que poco a poco van erradicando.   


Pero antes de adquirir una gran destreza para detectarlos, Juan Jesús no tenía ni la más remota idea de que se pudieran llegar a manipular estos permisos. Fue un compañero de otra ciudad el que le puso en guardia. «Empecé a mirar y pronto me encontré cosas raras. A simple vista, cuando veía a un conductor saliendo del vehículo todo parecía correcto, pero poco a poco fui preguntando y me encontré muchas irregularidades», comenta. Las más flagrantes eran la utilización de tarjetas de familiares, algunos fallecidos, y las fotocopias.
 En estos tres años, la Policía Local ha detectado cerca de 200 fraudes con las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida. Pese a que a simple vista apenas existen diferencias, los agentes detectan una serie de características que evidencian la falsificación de la original. El relieve del escudo de la Junta de Castilla y León, la impureza del color o las líneas de impresión son las más notorias. Aunque lo que más dolió encontrar a 'Jota' fue cazar a una mujer que utilizaba el permiso de su hijo alegando que estaba en coma, pero lo cierto es que llevaba cuatro años fallecido. «Me llegó al alma», reconoce compungido.

Pero el engaño no es algo exclusivo de los burgaleses, sino que se han llegado a encontrar tarjetas extranjeras manipuladas. En concreto, varios ciudadanos franceses, belgas y alguno búlgaro. En todos los casos, trataban de eludir la sanción con algún tipo de excusa, como que desconocían la fecha de caducidad o que era la primera vez que la utilizaban.



La normativa regional castiga duramente estas conductas. Solo el hecho de estacionar en una zona reservada sin autorización ya conlleva una sanción de 200 euros. Las manipulaciones o el uso indebido de las tarjetas elevan la multa a más de 3.000 euros. Los casos más graves, como puede ser un cambio en la fecha de expedición o del nombre del titular, han terminado en el juzgado para que se instruyan diligencias por un posible delito de falsedad documental.
Los fraudes se incrementaron notablemente justo antes de la pandemia, pero el trabajo de los agentes del cuerpo municipal ha logrado frenar muchas falsificaciones. No obstante, hace unos días, detectaron a un infractor en las inmediaciones de El Plantío, lo que muestra que los agentes no bajan la guardia. «Vamos a seguir muy atentos. Tenemos varios objetivos localizados», advierte Pérez.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #473 en: 11 de Diciembre de 2021, 12:18:47 pm »

Localizan tras cuatro años encerrado en su casa al violador de un niño discapacitado en Madrid


Virginia Sarabia
11/12/AM
Twitter: @policia
El individuo abusó en 2016 de forma reiterada de un chico de 13 años con un retraso madurativo del 38%.
Después se ocultó en una vivienda familiar, donde ni se asomaba a la ventana. Solo salió para ser ingresado por Covid con el DNI de su hermano.
EUROPA PRESS / MADRID
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torrejón de Ardoz a un fugitivo que llevaba cuatro años huido, desde que fue condenado a once años de prisión por un presunto delito de agresión sexual llevado a cabo de forma reiterada contra un menor que padecía una discapacidad psíquica.

El detenido abusó sexualmente en 2016 de un niño de 13 años con el que mantenía vínculos familiares y que presentaba un retraso madurativo del 38%. El individuo, con "acreditada habilidad para eludir la acción policial", se servía de las dificultades que ofrecía el entorno en el que se ocultaba para evitar cualquier tipo de vigilancia o control, y se apoyaba en la cobertura que le ofrecía su familia para mantenerse oculto.


"Se averiguó que utilizaba a determinadas personas de su entorno familiar con el fin de pasar desapercibido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y no dejar rastro alguno que permitiera identificar su presencia. Ni siquiera se asomaba a la ventana por miedo a ser visto", ha añadido Policía.

Recopilados todos los indicios que apuntaban a que el fugitivo se encontraba enclaustrado en el domicilio familiar, los agentes establecieron un dispositivo policial en las inmediaciones del domicilio y tras la entrada a la vivienda, el fugitivo fue hallado y detenido por los agentes.

Afirmó que la única vez que salió de su vivienda fue por haber sufrido un episodio muy grave de Covid-19 que le dejó al borde de la muerte, por el cual estuvo hospitalizado haciéndose pasar por su hermano y usando su DNI.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #474 en: 23 de Diciembre de 2021, 10:05:22 am »


Seis meses de cárcel por aparcar en Málaga en una plaza PMR con la tarjeta de su padre fallecido

La mujer condenada por la Policía Local de Málaga utilizaba la tarjeta PMR de su padre, que había fallecido en 2011
Manuel J. Ruiz Berdejo López   Manuel J. Ruiz Berdejo López   
21/12/2021 12:12


Seis meses de prisión. Esa ha sido la condenada a una mujer por aparcar en Málaga en una plaza de movilidad reducida (PMR) con la tarjeta de su padre fallecido. El suceso tuvo lugar en el barrio de Pedregalejo.

La sentencia ha recogido que la mujer ha sido autora de un delito de uso indebido de documento público auténtico. Además, tendrá que afrontar tres meses de multa a razón de tres euros diarios, que son 270 euros.

También recoge la suspensión de la pena de cárcel durante dos años. Eso sí, si durante ese periodo comete un delito de cualquier naturaleza implicaría el cumplimiento íntegro.

El suceso se produjo el pasado 12 de junio de 2020, en la calle Ventura de la Vega, en Málaga. La mujer fue sorprendida por la Policía Local cuando tenía estacionado su vehículo en una plaza reservada para PMR junto a la iglesia del Corpus Christi.

Los agentes fueran a comprobar los datos de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, cuando se dieron cuenta de que estaba expedida a nombre de su padre. En ese momento no se encontraba con ella, lo que ya suponía una infracción.

Pero no solo eso, sino que tras las posterior gestión revelaron que el progenitor de la mujer murió en noviembre de 2011. Habían pasado casi nueve años del momento en el que ocurrió el suceso.


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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #475 en: 28 de Enero de 2022, 07:52:30 am »

Un guardia civil herido en un atentado de ETA consigue en los tribunales que no le rebajen la discapacidad y pierda ventajas fiscales
El agente fue reconocido con un 33% de invalidez, que da derecho a exenciones. En una revisión cuatro años después, la sanidad de Castilla y León lo dejó en un 30%

FECHA
28/01/22access_time 1:02

A.R.E.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha confirmado una sentencia que da la razón a un guardia civil que pleiteó para que no le disminuyeran el porcentaje de discapacidad que tenía reconocido por los daños que sufrió en un atentado de ETA.


Confidencial Digital ha consultado una sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León que resuelve el recurso de suplicación interpuesto por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos.

Bomba de ETA contra la casa cuartel

Los hechos se remontan a 2009. La banda terrorista ETA hizo estallar (sin previo aviso, en esta ocasión) una furgoneta cargada de explosivos ante la casa cuartel de la Guardia Civil en la ciudad de Burgos.

Los etarras no lograron asesinar a nadie, pero sí provocaron 65 heridos entre agentes y familiares, sobre todo por cortes con cristales rotos. Afortunadamente, las dos primeras plantas del edificio estaban vacías, con lo que se evitó una masacre.

33% de discapacidad

A uno de los guardias civiles heridos en ese atentado de ETA se le reconoció, en diciembre de 2016, un grado de discapacidad del 33% desde el 16 de octubre de 2015 y con validez hasta el 22 de octubre de 2019.


La Gerencia territorial de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León constató que sufría trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 24%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8%), grado de limitaciones en la actividad 32% y factores sociales complementarios de 1 punto.

El Ministerio de Defensa (del que dependen en estos asuntos los guardias civiles) declaró el 16 de marzo de 2016 la incapacidad permanente para el servicio, a consecuencia de atentado terrorista por insuficiencia de condiciones psicofísicas del actor como guardia civil.

Hubo otros informes de la Inspección General de Sanidad de la Defensa y de la Junta Médico Pericial de las Fuerzas Armadas sobre distintos daños sufridos por el guardia civil, con distintos porcentajes de discapacidad.

Desde el 1 de mayo de 2016 este guardia civil cobra una pensión de retiro por actos de terrorismo

Rebaja al 30%

Los informes de discapacidad se revisan periódicamente. El 2 de octubre de 2019, la sanidad de Castilla y León dictó una resolución que modificó el grado de discapacidad reconocido al guardia civil.

Del 33% se la rebajó al 30% por limitación funcional en MSI por tendinopatía de etiología no filiada (valoración parcial 3%), trastorno de la afectividad por trastorno adaptativo de etiología no filiada (valoración parcial 20%), hipoacusia leve por pérdida neurosensorial de oído de etiología traumática (valoración parcial 8), grado de limitación de la actividad 29%, y factores sociales complementarios 1 punto.

Por debajo del 33% no hay ayudas

La ley establece distintas ayudas según el grado de discapacidad. A partir del 33%, hasta el 65%, los afectados pueden acogerse a exenciones fiscales en impuestos como el IRPF, el IVA de algunos productos, el de Circulación, el de Matriculación… y reciben ciertos beneficios a la hora de acceder a empleos públicos, viviendas y el bono social para pagar la luz.

Sin embargo, por debajo del 33% de discapacidad no se concede ninguna prestación.

Por tanto, ese cambio de porcentaje afectaba sensiblemente a este guardia civil herido en el atentado de ETA contra la casa cuartel de Burgos.

Demandó a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, y tuvo éxito: el Juzgado de lo Social número 1 de Burgos anuló la resolución que rebajaba la discapacidad al 30%, y se la mantuvo en el 33%.

“No existe mejoría”
La Gerencia de Servicios Sociales de la Junta presentó un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La Sala de lo Social del tribunal no aceptó los argumentos de la gerencia. Rechazó modificar el relato de hechos probados de la sentencia de instancia. La juez de lo Social había considerado que “no existe la mejoría en el actor apreciada en el expediente administrativo”, y concretamente, que los servicios sociales y sanitarios de Castilla y León no habían aportado “elemento probatorio alguno que permita llevar a cabo la reducción del porcentaje pretendida” en cuanto al grado de discapacidad.

La sentencia del TSJ parte “inalterado relato de hechos probados de la sentencia y de las apreciaciones de igual carácter realizadas en la fundamentación jurídica”, y de ello resulta “que el trastorno psiquiátrico que sufre el impugnante es crónico y supone alteraciones que se mantienen en la misma situación que cuando se concedió el porcentaje inicialmente reconocido”.

De ahí que desestime el recurso de la Junta de Castilla y León y confirme el grado de discapacidad del 33% para el guardia civil recurrente.

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #476 en: 29 de Enero de 2022, 08:18:05 am »


Piden a Interior reservar el 5% de las plazas para el CNP a discapacitados en la próxima oferta


Consideran que hay múltiples trabajos, especialmente los que se realizan en oficina, que pueden ser realizados sin ningún tipo de impedimento por personas con algún grado de discapacidad | El objetivo es luchar contra la discriminación latente en la sociedad
por E.F.  28/01/2022

La Agrupación Reformista de Policías (ARP), con presencia nacional y también en Ceuta, se ha dirigido al ministro del Interior solicitando que "de forma urgente" considere su propuesta y eleve su traslado al Gobierno de la Nación para que se dicten las medidas oportunas para que "en la próxima convocatoria del Consejo de la Policía, a través de su Comisión de Personal y Proyectos Normativos, la Dirección General de la Policía proceda y apruebe la reserva del 5% de plazas en la próxima oferta de empleo público para el acceso a la Policía Nacional a personas con discapacidad".




Así lo ha informado ARP a través de nota de prensa agregando que, "como sindicato reformista y progresista, nos debemos a unos valores y principios acordes del siglo XXI, defendemos los derechos de los ciudadanos y policías que demandan de los poderes públicos reformas de calado en esta institución policial, la cual no puede permanecer por más tiempo estática, hierática ante ese sentimiento de cambio que se palpa en el conjunto de la sociedad".

La organización sindical considera que la discapacidad es una circunstancia presente en la sociedad y que, lamentablemente, dicha circunstancia es motivo de discriminación. En ese sentido recuerdan que el artículo 49 de la Constitución indica que “los poderes púbicos realizarán una política de visión, tratamiento, rehabilitación, e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en ese título otorga a todos los ciudadanos".

"La Policía Nacional dispone de varias Comisarías Generales en las que un funcionario/a puede desempeñar distintos puestos de trabajo por especialidades, algunas más operativas que otras, todas importantes y dispone de un amplio abanico de puestos de trabajo", analizan desde el sindicato. Con ello defienden que "todos los policías no tienen por qué ser GEO o GOE". Reconocen que hay muchos puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personas con discapacidad tales como la Oficina de Denuncias, Policía Científica, Oficina de Documentación de Españoles y Extranjeros, Archivo, Secretaría, Sala del 091, Guías Caninos, Información, Participación Ciudadana. "Inclusive tras una valoración de aptitud física, hay personas con discapacidad física que pueden realizar funciones operativas sin limitación alguna con prótesis robóticas", considera la organización.





Sustentan esta demanda, además, en experiencias ya conocidas porque "ya se han producido actuaciones judiciales como la obligación de reservar plazas a Policía Local y Bomberos a personas con discapacidad en la Junta de Andalucía, y en uno de sus ayuntamientos, Córdoba".

"En el caso de Policía, entiende que hay cabida en las tareas de auxilio al ciudadano o que hay actividades como las de los agentes-tutores que imparten charlas preventivas para jóvenes (drogas, ciberacoso o nuevas tecnologías) que perfectamente se pueden acometer por estas personas con discapacidad, ya que de lo que se trata por esta organización, es de buscar soluciones audaces e imaginativas como las que propone la Agrupación Reformista de Policías", concluyen en su nota.


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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #477 en: 29 de Enero de 2022, 10:39:06 am »
Nos estamos volviendo locos? . . . que yo sepa el MIR tiene muchos funcionarios, que no son policías, para realizar labores que no son policiales, dentro de esos funcionarios, que pertenecen a la AGE, hay un turno de discapacidad. . . así que ese asunto está ya más que resuelto. . .

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #478 en: 09 de Febrero de 2022, 08:14:09 am »

La brutal paliza a Andrés, discapacitado: lo rodearon y lo han dejado casi sin visión a puñetazos


La Policía investiga lo ocurrido para esclarecer cuántos fueron los agresores. El joven se recupera de manera favorable en el Hospital Puerta del Mar.
9 febrero, 2022 01:28
Domingo Díaz  @DomiDiaz7

Lunes, 31 de enero. Andrés Jesús Maganzón va caminando por las calles de Jerez de la Frontera, en concreto por el barrio conocido como Estancia Barrera, para ir en busca de su primo. Escucha música en sus cascos y va cantando y bailando. Es un chaval simpático, 19 años, tiene discapacidad intelectual. De repente, un tipo se le acerca. Le dice de malas formas que se calle que va a despertar a su hija, le hace buylling y, junto a otros secuaces, le da una brutal paliza: le tienen que operar de un ojo, del que pierde visión, e intervenirle de la mandíbula.

Ha pasado poco más de una semana de aquello y Andrés continúa hospitalizado. No está siquiera en Jerez, sino en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, debido a los graves daños causados por quienes le atacaron.


Por el momento, su estado de salud va mejorando, aunque tiene ataques constantes de pánico. Está nervioso. Ni siquiera quiere salir del hospital, porque se siente inseguro. Sus familiares le tranquilizan, puede volver a Jerez, ellos le acompañarán.

La familia, aseguran ellos mismos en medios locales y regionales, está recibiendo amenazas de quienes le pegaron para que no denuncien. De cualquier forma, la policía ya está investigando el caso. Su hermana, con un bebé lactante, lo está pasando bastante mal a causa de todo el revuelo. La abuela y la madre de Andrés sólo piden justicia. "Me han marcado de por vida a mi niño", afirman ante los medios.

Esther conservaba toda su ropa y no le habían robado nada: la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis
Carlos Frías
Los investigadores tienen abiertas todas las líneas de investigación a la espera de que se conozca el resultado de la autopsia.
"Fueron unos moros"
La familia de Andrés rememora aquel día constantemente ante los medios de comunicación que dan difusión al caso. Cuando Raquel, madre del joven, atiende a EL ESPAÑOL está hastiada, sobrepasada por todo lo ocurrido.

El joven jerezano salió a las 15.45 horas de su casa en busca de su primo el pasado lunes. Iban a casa de la hermana de Andrés, a ver sus sobrinos pequeños.

Una hora más tarde, su primo hizo el camino a la inversa. Andrés no había llegado a su casa. La madre comenzó a llamarle, pero no le cogía el móvil. Según contó la progenitora en medios locales, fue a su hermana a quien le respondió: "Saray, me han dado una paliza".

Raquel fue entonces a recoger a su hijo y lo llevó al hospital. Allí le hicieron una placa y le dijeron que no tenía nada roto. Todo parecía normal, pero Andrés empeoraba con el paso de las horas.

A la mañana siguiente, tocaba ir a comisaría a denunciar. Lo primero que contó el joven es que fueron "unos moros" quienes le habían pegado en la zona de Madre de Dios, cuyos límites se difuminan con el barrio donde le golpearon.

Su madre insistía en que le contara todo lo que ocurrió y descubrió la verdad. La primera versión corría a cargo de los propios agresores. Le habían dicho a Andrés lo que tenía que decir o volverían a por él. El joven tenía miedo y por eso contó aquello, pero al final se llenó de valor.

Mientras tanto, la salud de Andrés empeoraba. La Policía aconsejó a la madre que le llevara al hospital. Y una vez allí, ella pidió un TAC. Aunque los médicos no andaban por la labor, según la progenitora, finalmente se le realizó la prueba. Lo siguiente fue una llamada al Hospital Puerta del Mar de Cádiz: el joven tenía que ingresar de urgencia allí el día siguiente por la mañana.

Le operaron del ojo y, mientras su salud mejora, esperan otra intervención en la mandíbula. Esta segunda se hará una vez que Andrés esté mejor. Y, mientras, la Policía sigue buscando a los agresores.

Lo ocurrido
Andrés iba por la calle cantando, con los cascos puestos. Iba en busca de su prima, pero se cruzó en el camino de varios malhechores. Un individuo le dijo que se callara, que le iba a despertar a su hija. A partir de aquí, la narración se vuelve trágica.

Jerez Televisión hace viral un vídeo con la versión de los hechos contada por la madre.

"Lo acorralaron subiendo la cuestecita en una plazoletita muy pequeña. Allí estuvieron metiéndole (puñetazos), le sacaron un cuchillo y fue una brutal paliza. Alguien les gritó viene la policía y lo dejaron. Se acercó un chaval y empezó a reanimar a mi hijo. Pero como era mentira que venía la policía, la familia de los individuos, al ver que reaccionó Andrés, le dieron unas gafas, los sinvergüenzas, para que no dijeran que se las habían partido", narra Raquel, que se rompe durante el relato.

La familia pide justicia. "Lo que le han hecho en la cara, que se pague. Cómo han abusado de un niño, esa paliza tan grande y el socorrerlo… Tanto por los individuos como la familia, porque algunas familias estaban metidas en esto. Ni a un animal se le hacen estas cosas", dice Raquel en un vídeo viral que corre como la pólvora de Jerez TV.

Buscando a los agresores
La madre de Andrés Jesús Maganzón habla con EL ESPAÑOL en la tarde de ayer. Asegura que su hijo está mejor y que la policía, a la que está muy agradecida por la labor realizada, está investigando lo sucedido. "Me gustaría que los que hicieron esto ya estuvieran en prisión, pero hay que esperar a que los agentes hagan su trabajo".

Desde la Policía Nacional de Jerez no confirman que se tenga localizado a ninguno de los agresores. Aunque la familia ha expuesto en varios medios que sabían quienes eran, los agentes apuestan por la prudencia, ya que la investigación sigue en curso.

Todos los estamentos de Jerez están con Andrés. Francisco Zuasti, edil no adscrito al Ayuntamiento, ha denunciado lo ocurrido. "Tenemos que parar esto".

El concejal, que el pasado 27 de enero tomó cargo como el primero con una gran discapacidad en el Ayuntamiento de Jerez, piensa que lo ocurrido "pone de manifiesto el acoso y casos de bullying que sufren las personas con discapacidad".

"No es un caso aislado", apunta. Según recoge un informe de la Fundación ONCE y el CERMI, alrededor del 80% de los jóvenes con discapacidad ha sufrido alguna vez bullying. El mismo refleja que un 32,7% de los alumnos asegura sentirse siempre aislado, rechazado o excluido por el resto de los compañeros. 27,5% co

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Re: Discapacidad y movilidad: (tarjetas, vehículos...)
« Respuesta #479 en: 04 de Mayo de 2022, 08:37:27 am »

El fraude de las tarjetas de aparcamiento para discapacitados: "Las falsifican o utilizan las de fallecidos", denuncia la Policía Municipal


LUIS F. DURÁN
MADRID
Actualizado Miércoles, 4 mayo 2022 - 00:47
Solo en tres años se han denunciado por el equipo de Documentoscopia de la Unidad de Policía Judicial a 300 personas que se enfrentan hasta dos años de prisión y a multas de 3.000 euros.

El fraude en las tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida (TEPMR) sigue al alza en la capital. La Policía Municipal de Madrid ha denunciado en los últimos tres años a 300 personas por este engaño que puede acarrear hasta penas de dos años de prisión y 3.000 euros de multa. Los encargados de verificar la autenticidad o falsedad de estos distintivos son los agentes del Servicio de Documentoscopia Forense (SEDOFOR) pertenecientes a la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial que dirige el intendente de la Policía Municipal, Jesús María García Cortijo. En este departamento trabajan 11 experimentados agentes que cuentan con un laboratorio para examinar los documentos requisados. Son un referente en investigaciones judiciales, su trabajo es incesante y disponen de un laboratorio portátil para desplazarse a cualquier lugar si es necesario, incluso a un juzgado.

Las TEPMR, cuyo uso está regulado en el artículo 88 de la Ordenanza de Movilidad, permiten estacionar en zonas reservadas a vehículos de personas con discapacidad, así como en el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). También facilitan el libre acceso a la zona de bajas emisiones y el estacionamiento en las zonas de carga y descarga. En la actualidad, hay alrededor de 60.000 permisos de este tipo en Madrid que se renuevan cada cinco años.

Cuando los agentes de un coche patrulla descubren en la calle una tarjeta que le ofrece dudas, se incautan del título y realizan un acta de intervención cautelar. La tarjeta se remite mediante una cadena de custodia a Documentoscopia de la Policía Municipal donde se examina para comprobar su posible falsedad.

El engaño más común al que se enfrentan los agentes es el uso indebido de una tarjeta válida por otra persona que no tienen ese derecho. En ese caso, los conductores pueden incurrir en un delito de falsedad documental siempre que haya un perjuicio. «Es lo que exige el tipo penal, si no hay perjuicio se queda en una simple infracción administrativa. El perjuicio es, por ejemplo, que por culpa de ese fraude un discapacitado no haya podido aparcar en esa plaza», explica uno de los mandos de la exclusiva unidad.

«Lo más habitual es ver a personas que siguen utilizando la tarjeta de una persona fallecida. Van al centro y saben que no van a pagar el SER y aparte no están pagando las tasas... Están ocasionando un quebranto económico al Ayuntamiento», explica otro de los policías.

El segundo caso más frecuente son los documentos íntegramente falsos. Son reproducciones exactas de tarjetas TEPMR que inducen a un error sobre su autenticidad al agente actuante. «Hay gente que hace copias, las recorta, las plastifica y las pone detrás del parabrisas. Siempre que induzcan a un error es un delito penal», enumera otro policía. El tercer supuesto es el uso de tarjetas originales a las que se les modifica la fecha de caducidad, a tenor de los agentes.

También han descubierto que hay grupos que roban estar tarjetas de los coches para revenderlas en el mercado negro o falsificadores que realizan tarjetas a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.

Los agentes cuentan en la unidad con un amplio catálogo de todas las tarjetas TEPMR que hay en España debido a que cada municipio cuenta con su propia tarjeta. «Todas deben ajustarse a la normativa europea, aunque luego cada una tiene un sello distinto y hologramas diferentes», agrega otro agente.

Aparcar en Madrid es cada vez más complicado y la Policía Municipal calcula que casi el 50%de las plazas de movilidad reducida pueden ser utilizadas de forma ilegal. Por eso, la vigilancia de esas plazas se refuerza a diario y las autoridades aseguran que, si se demuestra que el engaño es con la complicidad del propio discapacitado, se le retira a éste la tarjeta de dos a cinco años.

En sus últimas intervenciones los agentes han descubierto a un grupo de albañiles que aparcaba la furgoneta en plazas para personas con movilidad reducida con la tarjeta de un pariente y a la familia de un hombre con minusvalía en prisión que también utilizaba el distintivo para estacionar en Carabanchel en las mismas plazas reservadas para discapacitados.