Autor Tema: Memoria histórica  (Leído 238438 veces)

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3340 en: 15 de Octubre de 2021, 09:03:02 am »
Otro juez inicio ese camino para conocer la fuente en otro asunto incautando móviles de periodistas y salió escaldado...




Una jueza exige que elDiario.es facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás


La magistrada María Cristina Díaz, ex alto cargo del PP, ha dictado un oficio en el que da diez días a este periódico para identificar a la persona que filtró la lista de bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás y cuya propiedad se encuentra actualmente en litigio
Opinión — Proteger nuestras fuentes es un derecho constitucional, por Ignacio Escolar





Foco
MEMORIA HISTÓRICA

La familia Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de archivo.
La familia Franco en el Valle de los Caídos, en una imagen de archivo. EFE/Emilio Naranjo POOL
Gonzalo Cortizo

14 de octubre de 2021 22:03h
55

@gonzalocortizo
La magistrada María Cristina Díaz, titular del juzgado de instrucción número 29 de Madrid, quiere que elDiario.es revele para los Franco las fuentes que permitieron publicar la relación de bienes contenidos en el Pazo de Meirás en medio de la disputa sobre la propiedad del inmueble que la familia del dictador ocupó durante 82 años. El 7 de diciembre de 2020, este periódico publicó un listado con las fotografías de los 697 bienes, incluidos en un inventario elaborado por técnicos de Patrimonio Nacional, a petición de la juez que llevaba entonces el caso. La publicación de esa información llevó a los Franco a querellarse contra la funcionaria que elaboró la lista, a la que acusan de un presunto delito de revelación de secretos. La Fiscalía ha pedido el archivo de la causa pero la magistrada quiere seguir adelante y ahora pretende que esta redacción revele sus fuentes.


La jueza rechaza la petición de la familia Franco para retirar los muebles del Pazo de Meirás en manos del Estado

SABER MÁS
En un oficio remitido al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, María Cristina Díaz reclama lo siguiente: "Indique el día que tuvo acceso ese medio de comunicación al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás (...), la persona que se lo proporcionó y el procedimiento o medio por el que recibió dicho informe". Esa orden, dictada a finales de septiembre, da a este periódico un plazo de diez días para responder al requerimiento con el que los Franco y la propia magistrada pretenden destapar una fuente de un medio de comunicación.

El director de elDiario.es ha respondido al requerimiento del juzgado, negándose a desvelar el nombre de dicha fuente o ningún dato que pueda servir para su identificación. "El secreto profesional a no revelar nuestras fuentes no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Puedes leer su respuesta íntegra aquí.


No es la primera vez que esta magistrada y elDiario.es se encuentran inmersos en cuestiones jurídicas relacionadas con el derecho a la información. Durante un brevísimo periodo a finales de 2019, María Cristina Díaz llevó la querella de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, a los que se acusaba de un delito de revelación de secretos por las informaciones del Caso Máster. En aquella ocasión, la magistrada decidió inhibirse de la causa, alegando amistad personal con Cifuentes. María Cristina Díaz había sido alto cargo del Gobierno de Madrid, como directora general de Justicia, entre otros puestos nombrados por el PP.


Otras batallas de los Franco con elDiario.es
Tampoco es la primera vez que la familia Franco y elDiario.es se encuentran en torno a un tribunal por las informaciones publicadas sobre el Pazo de Meirás y su histórica devolución a la propiedad pública. El pasado 22 de septiembre ambas partes se reunieron en una vista oral en el juzgado de Primera Instancia número 82 de Madrid. La familia del dictador discutía cómo se había ejercido su derecho a réplica sobre un titular que consideraban insidioso. El titular en cuestión era el siguiente, "El juez da luz verde para que los Franco retiren los tesoros de Meirás". Los Franco exigieron que la edición gallega de este periódico llevase en su portada un texto en el que se aclarase que todo lo que hay en Meirás es de su propiedad. El juez les dio la razón en que elDiario.es debía haber publicado su versión en una nueva noticia, no ampliando la ya publicada. Para entonces otro magistrado en A Coruña había decidido reabrir el litigio sobre los muebles y obras de arte de Meirás. La luz verde del titular objeto de conflicto se había vuelto ámbar.

Durante aquella vista, los abogados de elDiario.es argumentaron que el derecho de rectificación solicitado por la familia fue atendido en tiempo y forma y que el texto remitido por los abogados de los Franco se incluyó de manera íntegra en la información que se discutía. La sentencia falló a favor de la petición de la familia Franco, y en contra de elDiario.es. Aún no es firme y ha sido recurrida por este periódico.

Con posterioridad a todo lo anterior, elDiario.es acaba de publicar el contenido de un segundo informe oficial sobre los bienes que contiene el Pazo de Meirás y que los Franco reclaman como propios. La nueva información revelada por esta redacción hace referencia al catálogo elaborado por los técnicos de la Xunta de Galicia. Sobre esa documentación elaboramos dos piezas informativas: la primera contaba las pretensiones de la familia Franco de retirar de Meirás un lavabo y varias alfombras sin aparente valor histórico. En la segunda se explica cómo los técnicos de la Xunta encontraron pruebas en una novela de 1905, escrita por Emilia Pardo Bazán, que demostrarían que algunas de las cosas que reclama la familia del dictador ya estaban ahí antes de la ocupación de la propiedad en plena dictadura.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3341 en: 16 de Octubre de 2021, 09:04:19 am »

Las asociaciones de prensa respaldan el derecho de elDiario.es a no revelar las fuentes a la juez del caso de los Franco


Todas las principales asociaciones de prensa españoles recuerdan a la juez María Cristina Díaz que el secreto profesional de los periodistas es un derecho amparado en la Constitución
— Una jueza exige que elDiario.es facilite a los Franco el nombre de la fuente que filtró la lista de tesoros de Meirás






Requerimiento de la jueza.
elDiario.es

15 de octubre de 2021 22:31h
16

@eldiarioes
La Asociación de la Prensa de Madrid (APM), el Colegio de Periodistas de Galicia, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Plataforma por la Libertad de Información (PLI), Reporteros sin Fronteras… Las principales asociaciones de periodistas de España salieron este viernes en apoyo de elDiario.es y de su director, Ignacio Escolar, ante la exigencia de una juez a que este medio desvele cuáles son sus fuentes en un proceso judicial que ha iniciado la familia del dictador Francisco Franco contra una funcionaria de Patrimonio Nacional.


Hace unos meses, en diciembre de 2020, la edición gallega de elDiario.es publicó una noticia sobre un informe elaborado por la empresa pública Patrimonio Nacional con el contenido del Pazo de Meirás. En ese documento se detallaban los tesoros que guardaba el palacete que usurpó el dictador y que una reciente sentencia ha transferido de vuelta al Estado. Tras esa información de elDIario.es, los Franco presentaron una querella contra la funcionaria que elaboró ese informe, que está abierta en el juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Contra el criterio de la Fiscalía, que ha pedido su archivo, la magistrada María Cristina Díaz –ex alto cargo en varios gobiernos del PP– ha decidido seguir adelante con esta querella de la familia Franco, que acusa a esta funcionaria de revelación de secretos y prevaricación.

Uno de los primeros pasos que ha dado la magistrada en esta investigación penal ha sido exigir al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, que revele quién fue la persona que proporcionó ese informe a esta redacción.

El director de elDiario.es ha respondido a este requerimiento judicial recordando el derecho constitucional que protege a todos los periodistas a no revelar sus fuentes. "El secreto profesional no es un capricho o un privilegio de los periodistas en general o de los redactores de elDiario.es en particular: es la base de un derecho fundamental para una sociedad democrática", argumenta Ignacio Escolar. Una posición a la que a lo largo del viernes se sumaron todas las principales asociaciones periodísticas de España, en defensa del derecho a la información.


"A nuestro entender, la orden de la jueza vulnera de forma flagrante el secreto profesional de los periodistas", asegura Nemesio Rodríguez, presidente de la FAPE, en un comunicado que ha difundido esta federación que agrupa a las principales asociaciones de prensa del país. "No se trata solo de un derecho de los periodistas, sino también de un deber: el de proteger la identidad de las fuentes y, al mismo tiempo, garantizar el derecho de información de los ciudadanos", asegura el presidente de la FAPE.

También la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha salido en defensa de elDiario.es y ha recordado ​que "el derecho del periodista a no revelar sus fuentes es un pilar imprescindible del ejercicio del periodismo, que está amparado por la Constitución española en su artículo 20". Recuerda asimismo que "la jurisprudencia del Tribunal Constitucional demuestra la prevalencia del derecho a las libertades de expresión y de información sobre otros derechos cuando la información cuestionada es veraz y de interés general".

Por su parte, la Plataforma por la Libertad de Información (PLI) ha calificado en un comunicado de "intolerable" el requerimiento de la magistrada María Cristina Díaz y ha manifestado su "más firme rechazo" ante el mismo en un comunicado. Para la PLI esta orden "ataca frontalmente el derecho a la información y el derecho a protección de las fuentes claramente reconocido y protegido por los estándares universales sobre libertad de prensa", así como por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a los que también están sujetas las instituciones españolas, que garantizan el derecho de los periodistas a no facilitar esta información salvo en supuestos de excepcional gravedad. También recuerda que las Naciones Unidas dedicaron a este tema su informe anual.


"El derecho a no revelar las fuentes protege también al periodista, incluso, frente al director del medio o su propietario (quienes, en su caso, podrán decidir no publicar la pieza en cuestión si creen que existen riesgos)", explica Joan Barata, jurista de la PDLI.

El Colexio de Xornalistas de Galicia –el artículo se publicó en la edición gallega de elDiario.es–, también han mostrado su apoyo a esta redacción y considera que "el secreto profesional y la protección de las fuentes son principios básicos constitucionales sin los que no se podría garantizar la libertad de prensa, pero su falta de desarrollo legal sigue dificultando el trabajo informativo".

"El derecho a mantener el secreto profesional y la confidencialidad de las fuentes son derechos básicos sin los que no puede existir un periodismo libre", ha escrito el Colexio en un comunicado en el que lamenta que "42 años después de aprobada, sigue sin desarrollar su artículo 20, que establece que 'la ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto de profesional en el ejercicio de estas libertades".


Reporteros sin Fronteras también ha salido a lamentar la actuación de la magistrada requiriendo las fuentes de elDiario.es tras solicitarlo la familia Franco. "La protección de las fuentes es un derecho sagrado para la libertad de información y consagrado por la Constitución Española", recuerda en un tuit. "Es triste tener que insistir: de nuevo, pedimos respeto al secreto profesional de elDiario.es e Ignacio Escolar", añaden en su comunicado.



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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3342 en: 16 de Octubre de 2021, 15:01:09 pm »
Yo si fuese periodista no le daba esa información al juez a ningún precio, está amparada por la Constitución,  me parece muy fuerte que haya jueces que se.inclinen ante la familia Franco o ante algunos partidos políticos,  una VERGÜENZA.

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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3343 en: 16 de Octubre de 2021, 16:41:03 pm »


El Gobierno destina aún 100.000 euros al año a los marroquíes que lucharon por Franco


Las pensiones, de carácter vitalicio, fueron reguladas por una ley que entró en vigor a finales de 1965 "como merecida compensación a los años de servicio" de la Guardia Mora | El Estado ha desembolsado unos 7,5 millones desde 2007
ANTONIO SALVADOR 
16/10/21 - 00: 11
   
El Gobierno destina aún 100.000 euros al año a los marroquíes que lucharon por Franco
La Guardia Mora de Franco, junto al dictador en San Sebastián. Fondo Pascual Marín. Kutxa Fototeka

El Gobierno destina aún 100.000 euros al año al pago de pensiones a ciudadanos marroquíes que lucharon por Franco y a sus familias. Se trata de una contribución regulada por el dictador a finales de 1965 y que sigue manteniéndose casi medio siglo después pero con cuantías significativamente inferiores a las que se reservaban años atrás por el fallecimiento de muchos de sus beneficiarios. Sólo desde 2007, el Gobierno ha desembolsado por este concepto más de 7,5 millones.


El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, enviado esta semana por el Ejecutivo de coalición al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, mantiene en 100.000 euros -como en el ejercicio en curso- la partida prevista para este este fin. Por segundo año consecutivo, el apunte no se consigna en la sección relativa a las clases pasivas sino en el programa 142A del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación bajo el enunciado ‘Pago de pensiones de acuerdo con el artículo 19 Ley 172/1965‘.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 23 de diciembre de 1965, la citada norma venía a regular la situación del personal marroquí que sirvió en el Ejército español, de los familiares de marroquíes muertos en campaña y de los pertenecientes a Fuerzas Mahzen, oscilando el importe en función de las circunstancias familiares y los años de servicio. Estas pensiones no sólo cubrían al personal que perteneció a la Guardia Mora; también a las Unidades Regulares del Ejército español que pasaron a formar parte de las Fuerzas Armadas Reales Marroquíes, a la Agrupación de Tropas Nómadas y a las Unidades de Policía Territorial del Sáhara.


Los restos olvidados de la Guardia Mora de Franco
Los restos olvidados de la Guardia Mora de Franco
«Desaparecidas las circunstancias que, en su día, aconsejaron la recluta y encuadramiento de este personal en las unidades de nuestro Ejército, España no puede olvidar su destacada actuación en las campañas de África y la Guerra de Liberación y los meritorios servicios prestados al Ejército», justificaba la ley en su preámbulo. Y añadía: «Por ello se ha estudiado la forma de resolver definitivamente la situación de este personal, hoy ciudadano de un país amigo, unificando la diversa legislación que a ellos afecta y fijando las bases para establecer -con la tradicional generosidad del Estado español- la cuantía de aquellas pensiones o indemnizaciones que deberá percibir como merecida compensación a sus años de servicio y la forma en que éstas podrán serles señaladas y abonadas, teniendo en cuenta las especiales características y circunstancias que en ellos concurren».

De 500 a 3.500 pesetas al mes
En concreto, la ley reconocía el derecho a cobrar 500 pesetas al mes para los oficiales retirados, casados y sin hijos; 1.000 pesetas al mes para los casados con hijos; 3.500 pesetas por año de servicio para los jefes de las Fuerzas Mahzen; hasta 3.000 para los capitanes, y de 750 a 2.250 para las tropas, desde soldados hasta sargentos. De un solo pago.


A los retirados marroquíes se les concedían 750 pesetas mensuales y a las viudas y huérfanos de los Regulares, 500. Todos ellos tenían derecho a dos pagas extraordinarias al año de idéntico importe: una el 18 de julio y otra en la Pascua de Aid-El-Kebir (festividad mayor de los musulmanes). Por ofrecer un elemento de comparación, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 1965 era de 1.800 pesetas mensuales. Las pensiones eran, por tanto, especialmente generosas para aquellos que habían vuelto a Marruecos.

Según se detalla en el artículo 19, del abono de las pensiones -en el caso de los residentes en Marruecos- se encarga la Pagaduría Central de Mutilados y Pensionistas Marroquíes de Tetuán con el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores, mientras que los que viven en España han de cobrar en la pagaduría que les corresponda con cargo al crédito de la Presidencia del Gobierno.


El Estado ha abonado unos 7,5 millones desde 2007, según los datos ofrecidos por el Gobierno al senador Mulet (Compromís)

Las cuantías siguen siendo las mismas. La ley tan sólo se modificó a finales de 1966 para elevar de 21 a 23 la edad máxima a la que los hijos podrían percibir la pensión, manteniéndose que la asignación tendría carácter vitalicio para la viuda salvo si contraía nuevamente matrimonio o abandonaba a sus descendientes y que no era transmisible.

En los últimos años, el senador Carles Mulet (Compromís) ha registrado diversas iniciativas parlamentarias para conocer la cantidad que ha salido del presupuesto del Estado para abonar dichas pensiones y las medidas que pensaba adoptar el Gobierno para poner fin a esta situación, «al tratarse de personas reclutadas por el dictador genocida para saquear, violar, decapitar, robar, amputar, quemar, asaltar, masacrar, a la población de la España democrática».

De acuerdo con los datos facilitados por la Pagaduría de Tetuán, los pagos efectuados en 2007 a marroquíes que pertenecieron en su día a unidades del Ejército español alcanzaron la cifra de 2.982.692.20 euros, exactamente 59.226,76 euros más que al año siguiente. Entre 2009 y 2013, los abonos los hizo directamente la Caja Marroquí de Pensiones por deudas anteriores, según ha informado el Gobierno.

El gasto ha ido mermando de forma importante en los últimos años: 406.266,75 euros en 2014, 315.974,99 euros en 2015, 286.511,98 en 2016, 189.358,14 en 2017 y 72.093,63 durante el primer semestre de 2018, último dato ofrecido al senador Mulet. Tanto en los PGE de 2021 como en el Proyecto de Ley para 2022, la cantidad consignada es de 100.000 euros.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3344 en: 17 de Octubre de 2021, 11:10:53 am »

Una jueza argentina procesa a Martín Villa por cuatro homicidios durante la Transición


María Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, ha dictado prisión provisional para el exministro, que no se hará efectiva por la "eximición" que le fue otorgada, y un embargo por una suma millonaria
"Parece nada pero es el resultado del enermo esfuerzo y de la lucha de las víctimas y sus descencientes", asegura la abogada argentina de la querella, Julieta Bandirali
El exministro recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el procesamiento de la jueza y la fianza
 
infoLibrecontacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 16/10/2021 a las 14:30Actualizada el 16/10/2021 a las 19:40FacebookTwitterWhatsappTelegramEnvíalo a un amigoImprimirComentarios
El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a su salida este jueves de la Embajada Argentina en Madrid, tras declarar ante la jueza argentina María Servini.

El exministro del Interior Rodolfo Martín Villa a su salida este jueves de la Embajada Argentina en Madrid, tras declarar ante la jueza argentina María Servini. EFE
La jueza argentina María Servini de Cubría, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo, ha procesado por cuatro homicidios a Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación entre 1976 y 1979, según informan fuentes de la querella argentina a infoLibre. En concreto, la decisión judicial se centra en la masacre del 3 de marzo en Vitoria y en la brutal represión de los Sanfermines de 1978. Aunque la magistrada ha dictado prisión provisional, ésta no se hará efectiva por la "eximición" que en su momento le fue otorgada. Además, el auto impone un embargo de sus bienes hasta completar una suma cercana a los 10 millones de euros.

"Parece nada pero es el resultado del enorme esfuerzo y de la lucha de las víctimas y sus descencientes", ha señalado a través de redes sociales Julieta Bandirali, una de las abogadas que el equipo de la llamada querella argentina, el proceso que iniciaron al otro lado del océano las víctimas del franquismo ante la inacción de las instituciones españolas, tiene en suelo argentino.

Thank you for watching

Martin Villa recurrirá el auto

El exministro recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el auto de procesamiento así como la fianza impuesta, según han informado a Europa Press fuentes próximas a Martín Villa. En 2017, la Cámara de Apelación revocó, por no fundamentada, la orden de detención dictada por Servini y también rechazó, por desproporcionada, la fianza que le había impuesto para declarar en libertad .


Martín Villa declaró en septiembre de 2020 por videoconfenrecia desde el Consultado de Argentina en Madrid ante la jueza María Servini. Lo hizo en relación al procedimiento abierto por "genocidio" por las muertes causadas por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas durante la Transición. El que fuera ministro de Adolfo Suárez defendió su inocencia y alabó el papel de esta étapa histórica.

"He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", declaró el extitular de Gobernación, según indicaron en su momento fuentes cercanas al político español. Martín Villa también aportó entonces a la causa cartas de apoyo recibidas por personalidades políticas y sindicales de la época, entre ellas los expresidentes Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Misivas que los familiares tildaron de injerencia política en el procedimiento.

En la causa, al exministro se le acusaba de una docena de muertes provocadas por disparos de las Fuerzas de Seguridad a lo largo de la Transición. Sin embargo, el auto de procesamiento se centra en cuatro. A primera vista, el considera responsable del delito de homicidio agravado en el caso del fallecimiento de Pedro María Martínez Ocio, Rotulado Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Germán Rodríguez Saíz. Los tres primeros, fueron asesinados durante la huelga de Vitoria de 1976. El último, en los Sanfermines de 1978, cuando los agentes cargaron tras desplegarse una pancarta a favor de la amnistía total.

Servini, además, ha solicitado a los tribunales españoles copias de los sumarios relativos a las muertes de Rafael Gómez Jáuregui, que se produjo en Rentería durante la represión que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad en la Semana Pro Amnistía; de José María Zabala Erasun, que falleció en Hondarribia durante una manifestación; y de María Norma Menchaca, asesinada por grupos parapoliciales durante una marcha. Y también las actuaciones instruidas por el asesinato en Pamplona de José Luis Cano Pérez y copia de la historia clínica de Francisco Javier Núñez, ingresado en mayo de 1977 tras una brutal paliza recibida a manos de los antidisturbios en una manifestación en Bilbao.

Podemos: "Un gran paso contra la impunidad"

Para Podemos, que Martín Villa sea procesado por los crímenes del franquismo "es un gran paso contra la impunidad". No obstante, la formación ha señalado, en una publicación en su cuenta de Twitter, que "es una vergüenza" que la justicia argentina esté haciendo "lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo en España".

En la misma línea, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha apuntado que "duele" que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo "a avanzar en el camino de la justicia". "La jueza argentina María Servini procesa a Martín Villa por homicidio y torturas. Duele que tengan que ser otros países los que ayuden a las víctimas del franquismo a avanzar en el camino de la justicia, pero es un paso muy importante", ha tuiteado Belarra.


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Re: Memoria histórica
« Respuesta #3345 en: 17 de Octubre de 2021, 19:51:08 pm »
Le procesa. . . pues como sino le procesa. . . el resultado es el mismo, nada de nada, humo para hacerse notar, en la práctica no tiene ningún efecto ese procesamiento. . .

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