Autor Tema: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"  (Leído 147919 veces)

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #860 en: 11 de Noviembre de 2025, 08:14:48 am »

Vuelve el timo del tocomocho: cinco detenidos por desvalijar a ancianos de joyas y todos sus ahorros con el gancho de un falso boleto de lotería


Los arrestados actuaban como una banda organizada simulando no conocerse entre ellos



Daniel J. OlleroMadrid
Madrid
Actualizado Martes, 11 noviembre 2025 - 00:00

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La Guardia Civil ha detenido a cinco personas acusadas de pertenecer a un grupo criminal dedicado a estafar a personas mayores mediante el viejo método del tocomocho, un timo tan clásico como eficaz que viene cometiéndose desde hace al menos 80 años en la Comunidad de Madrid. Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación del puesto de Arganda del Rey y Pinto, después de que cuatro víctimas denunciaran haber sido engañadas y despojadas de su dinero y joyas.

Según informó la Comandancia de Madrid, los estafadores abordaban a personas de edad avanzada en la vía pública y les ofrecían supuestos billetes de lotería premiados. A cambio de compartir el falso premio, les pedían que demostraran solvencia económica, convenciéndolas para entregar todos sus ahorros o las joyas de valor que tuvieran en casa. En cada caso participaba un cómplice que actuaba de gancho, fingiendo ser un tercero imparcial que confirmaba la veracidad del boleto.

Las víctimas relataron que los timadores las convencieron para subir al vehículo del grupo, desde donde las trasladaban a su banco con el pretexto de retirar efectivo. Después las llevaban a sus domicilios para recoger joyas. Una vez entregadas, las víctimas eran abandonadas en plena calle mientras los estafadores huían con el botín. En uno de los casos, el coche utilizado por los presuntos autores apareció abandonado en Navalcarnero. En su interior, los agentes hallaron billetes falsos, bisutería, disfraces y tarjetas telefónicas prepago.


Las investigaciones permitieron identificar a los sospechosos y detenerlos por presuntos delitos de estafa y pertenencia a grupo criminal. Unos delitos contra personas mayores en situación de especial vulnerabilidad, que, según explican fuentes jurídicas a GRAN MADRID, hacen que cada uno de los integrantes de la banda se enfrente a penas de hasta seis años de prisión.

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El tocomocho —nombre derivado de la expresión «tocó mucho»— consiste en vender a la víctima un billete de lotería supuestamente premiado a cambio de dinero o bienes de valor. Aunque su auge se remonta a mediados del siglo XX, continúa vigente por la facilidad con que apela a la codicia y la buena fe de personas crédulas que piensan que están disfrutando de un golpe de suerte.

La operación de la Guardia Civil en Madrid no es un caso aislado, y este tipo de bandas ya ha estado operando en provincias limítrofes, como en la comarca abulense de Alberche-Pinares, donde un timador reincidente fue arrestado tras estafar 4.000 euros a una mujer octogenaria utilizando el mismo método. En aquella ocasión, los delincuentes llegaron incluso a emplear la sumisión química para facilitar el engaño y hacerse con el botín.


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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #861 en: 12 de Noviembre de 2025, 07:27:00 am »

Laura, la inquiokupa del lujo que acumula deudas alquilando casas en los mejores barrios de Madrid: "Dice que es la mejor decoradora de su país... Te engaña y te atrapa"


Una interiorista alquila casas de entre 1.500 y 4.500 euros en calles como Ayala o Bárbara de Braganza y las deja de pagar. Acumula víctimas desde 2020

Daniel Somolinos
Luis F. Durán
Daniel SomolinosMadrid
Luis F. DuránMadrid
Madrid
Madrid
Actualizado Martes, 11 noviembre 2025 - 22:53

Cuentan quienes han sufrido las "artimañas" de Laura U., diseñadora de interiores de 50 años que ha convertido la inquiokupación en su segunda profesión, que es una "estafadora de libro". Que siempre ejecuta el mismo modus operandi, un guion ya interiorizado con el que consigue "transmitir confianza": elige viviendas de lujo que alquila a razón de entre 1.500 y 4.500 euros mensuales y, tras abonar una entrada generosa (hasta los tres primeros meses de golpe, mas la fianza), deja de pagar. Se "atrinchera", solicita un abogado de oficio y juega la carta de la vulnerabilidad. "Después cambia de letrado para ir postergando los plazos y nunca entrega voluntariamente ni paga la deuda acumulada", cuenta Quico, el último de los propietarios en ser engañado.

Él se lo alquiló a esta inquiokupa a principios de 2023 en el barrio de Valdebebas. Por entonces, evoca, recibió una llamada de Mario -nombre ficticio por miedo a revelar su identidad-. Aún no le conocía, pero pronto le situó: se trataba de otro casero que ya había sufrido a Laura. Este último llegó a ponerla un detective privado, que demostró su alto tren de vida. Fue gracias a este investigador como dio con Quico para advertirle: "Ten cuidado con esa mujer, te va a estafar".

Era demasiado tarde. El contrato ya había sido firmado, percibiendo varios meses por adelantado y, de momento, no tenía por qué desconfiar. "Recuerdo que se despidió con un 'ya me llamarás...'. Varios meses después estaba marcando su número", rememora. Aquella nueva conversación fue reveladora. Salió a la luz el pasado de Laura, que previamente había inquiokupado el inmueble de Mario, en la calle Bárbara de Braganza, y otros dos en la elegante calle Ayala, tanto en el número 11 como en el número 3. Para que saliera de todas ellas hubo demandas; empresas de desokupaciones; y condonación de la deuda.


Tirando del hilo, Quico comenzó a saber más detalles sobre su inquilina. Esta embaucadora argentina llegó a España con la pandemia, en pleno 2020, presumiedo de "ser la mejor interiorista de su país". Aquí consiguió trabajar como profesional independiente en la empresa Casa Decor.

Fotografía tomada por un detective de Laura (d.) mientras habla con una amiga.
Fotografía tomada por un detective de Laura (d.) mientras habla con una amiga.E. M.
Por entonces, Quico no estaba en su mejor momento. Acababa de sufrir un ictus, a raíz del cual padece un 40% de discapacidad. "Como no me pagaba quedé con ella y le conté mi enfermedad... Le pedí por favor que no me jodiera la vida. Pero era como hablar con una actriz... Una actriz que vive a todo trapo".

Aquella charla cayó en saco roto. El proceso judicial siguió su curso ante la negativa de la inquiokupa a abandonar el domicilio, valorado en unos 750.000 euros. Pero justo cuando iba a llegar la fecha de lanzamiento, ella consiguió que se pospusiera alegando vulnerabilidad. "No sé cuánto les llegó a deber a los propietarios anteriores, pero a mí ya van por 24.000 euros", expone Quico.

Mario, quien también accede a hablar con este diario, desliza que en su caso el contrato se cerró en 2.600 euros en un piso de alta gama de la calle de Bárbara de Braganza. "Valía mucho más, pero nos lo consiguió sacar por ese importe... Apuntaba alto, tenía buenas referencias. Nos dio buena impresión".

Su presentación, así como la gran suma que pagó por adelantado, fueron su mejor aval. Pero no volvió a abonar un solo euro. El impago, cuenta Mario, se alargó por más de un año. Contrató un investigador privado, pero el camino de la justicia no llevó a ningún lado. "Finalmente tuve que recurrir a una empresa de desokupación, que fueron los que realmente le echaron. Eso sí, tenía una deuda conmigo de 60.000 euros y encima le pagamos todos los suministros de la casa. Solo conseguí que se fuera perdonándolo todo...". Lo peor, recuerda, fue la última vez que la vio. "Estábamos en una sala y tuve que firmar el documento donde me comprometía a perdonarla todo, a no denunciarla por nada... Tragué mucha saliva, porque lo llevé fatal. Me generaba mucha impotencia que la ley permitiese casos así".

Fotografía tomada por un detective de Laura con su perro dentro de una tienda.
Fotografía tomada por un detective de Laura con su perro dentro de una tienda.E. M.
Finalmente volvió a contratar a otro detective privado que le dio la dirección nueva de a dónde se había mudado Laura. Así fue cómo llegó hasta Quico y pudo contarle todo. "Me sentía mal porque yo había conseguido echarla, pero sabía que se aprovecharía de alguna otra pobre persona...", dice Mario.

Una tercera propietaria afectada por esta inquiokupa asegura a este diario, además, que llegó a averiguar que mientras no pagaba el alquiler de su casa abonó hasta 6.000 euros por un stand en Casa Decor, que viajó a la final de la Champions de 2022 en París y que acudía regularmente a Ibiza. "Llevaba una vida a todo tren que contaba en sus redes, pero no nos pagaba por la casa...También descubrí que recibía una ayuda pública y que su ex acudía a su casa para cuidar de los hijos cuando ella se iba".

Un vistazo por sus redes sociales basta para encontrar más datos de Laura. Según su LinkedIn, trabaja para Casa Decor como directora de proyecto. Aunque, eso sí, figura como "profesional independiente". Además fundó, en marzo de 2020, su propio estudio de diseño. En esta plataforma, Laura publicó la semana pasada que "mi esencia es fuerte: soy una lectora profunda de los espacios y las personas. Lo que ofrezco es una sensibilidad casi intuitiva". Y agregaba: "Me representa el profesionalismo, pero también la calidez y la empatía".

"Te engaña y te atrapa, va de sobrada... Es imposible no caer en sus redes. Luego empieza a dejar de pagar y dice que tiene incapacidad laboral mientras su hijo presume en Instagram de que es un reconocido DJ", cuenta una de las víctimas de Laura. Y remata: "Solo quiero que se sepa quién es y que nadie más caiga en su trampa por el maltrato que nos hizo a nosotros. No nos decoró la vida, nos la hundió".


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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #863 en: 21 de Diciembre de 2025, 07:15:27 am »
Me hice socia de Revuelta hace un año y esto es lo que pasó con mi dinero


Historia de Raquel Ejerique • 8 h •



Una redactora de elDiario.es pagó una "membresía" mensual para comprobar las acusaciones informales de opacidad contra la rama de joven de Vox. Revuelta está hoy bajo la lupa por una posible estafa con las donaciones de la dana y en una guerra a cara de perro con el partido. La organización nunca fue otra cosa que una fachada, una marca sin sostén jurídico, para atraer a jóvenes ultra

En enero de 2024 me hice socia de Revuelta, pagando una “membresía estudiantil” de 3 euros mensuales para, supuestamente, ayudar a un movimiento que iba a luchar “por los trabajadores, la unidad nacional, nuestra seguridad, identidad y comunidad” y también por las universidades, a las que consideraban tomadas por comunistas que censuraban ideas conservadoras. Revuelta había nacido el octubre anterior con un tuit, al calor de las protestas contra la ley de amnistía, y destacados miembros de Vox habían patrocinado y apoyado el alumbramiento de la marca. Entre los más implicados, el eurodiputado Jorge Buxadé.

El objetivo de elDiario.es al contribuir al movimiento era comprobar, de manera práctica, si las acusaciones informales que llegaban de opacidad, falta de transparencia económica y entramado de asociaciones pantalla en la rama joven de Vox eran ciertas. Dos años después hay una denuncia por estafa ante la Fiscalía y otra ante la Autoridad Independiente de Protección del Informante por un posible desvío de fondos recogidos para la dana y presuntos incumplimientos con la tributación en Hacienda por la venta de camisetas y otros objetos. Según unos audios publicados en El Mundo, los fundadores de Revuelta tienen más de 100.000 euros apalancados en una cuenta, al margen de lo que se haya podido gastar antes.

Cuando te hacías miembro, a través de su web, entrabas en una pasarela de pago en la que debías poner un número de tarjeta. Hacerse miembro suponía un pago mensual de tres euros, en su versión más económica, que es la que eligió elDiario.es. Actualmente esa opción de membresía no está disponible y se mantiene solo la donación puntual o el “mecenazgo”, que va de 10 a 100 euros al mes. Esos pagos mensuales con tarjeta, a diferencia de los que se hacen con una cuenta bancaria, no son recibos que se pueden “devolver” avisando al banco. La solución cuando se quiere dar de baja el pago es decírselo a la empresa para que cancele la suscripción. Si eso no funciona, la solución es cancelar totalmente la tarjeta y hacerse otra.

Al hacer el pago de la “membresía estudiantil”, la pantalla que aparecía ya evidenciaba que Revuelta era una fachada que estaba utilizando una asociación distinta para operar. Los dirigentes de Vox que ahora aseguran no saber nada, como su portavoz en el Congreso, tenían delante de los ojos ya en enero de 2024 que los pagos que se hicieran a Revuelta iban a un sitio llamado “Asoma” (en la pasarela de pago, el nombre aparecía de manera clara arriba a la izquierda, algo que continúa pasando hoy). En las condiciones especificaba que “al suscribirte, autorizas a ASOMA a cobrarte según las condiciones hasta que canceles”. Pero, ¿cómo cancelar? ¿Qué era Asoma y cómo se le podía contactar? En el proceso no se daba más información, ni tampoco ningún link, teléfono o dato que permitiera revertir el pago de manera sencilla, como es habitual en otro tipo de pagos y suscripciones. El sistema de pago avisaba también de que en tu extracto bancario no verías el cargo a nombre de Revuelta, ni siquiera de Asoma: “Aparecerá un pago a BATALLACULTURAL en tu extracto”, alertaba Revuelta al nuevo miembro.

elDiario.es consiguió los estatutos de Asoma a través de una petición de Información. Su nombre completo es Asociación Social de Mayores de Madrid. Se dio de alta en el registro del Ministerio de Interior en marzo de 2022 y tiene la sede en la avenida Manoteras de Madrid. Entre sus objetivos, defender los intereses de las personas mayores y la “creación de programas o materiales audiovisuales”. En la realidad, es la asociación que ha recaudado todo el dinero que se ha mandado a Revuelta y no se le conoce actividad pública. El presidente es Jaime Hernández Zúñiga, ahora denunciado y bajo sospecha por la gestión del dinero, que fue en las listas a la Comunidad de Madrid que configuró Rocío Monasterio para 2021. Zúñiga es cuñado de Manuel Mariscal, vicesecretario nacional de Comunicación y hombre fuerte del partido. El secretario de Asoma es Pablo González Gasca, responsable de Marketing Digital de Vox, de baja tras las denuncias de irregularidades, y persona muy cercana también a Mariscal. González Gasca es la persona que grabó a líderes de Vox y cuyos audio se están publicando estos días.

El vicepresidente de Asoma denunció a Revuelta el 30 de noviembre y se ha distanciado de ellos: es Arturo Villarroya González, asistente del eurodiputado de Vox Jorge Buxadé. Villarroya es conocido también por ser el hijo del exalcalde de Boadilla del Monte condenado por corrupción, Arturo González Panero, alias ‘el Albondiguilla’. También alentó la campaña de redes que favorecía que hubiera votos nulos para Sumar. De vocal aparecen en los estatutos de Asoma Javier Esteban Bejarano –también ha denunciado a sus compañeros de Revuelta y acaba de dimitir de su cargo de jefe de redes de Vox tras la denuncia de acoso sexual a un menor–. También es vocal Santiago Aneiros, que fue en las listas de Vox en el municipio madrileño de Algete y que fue quien comunicó a Delegación de Gobierno la tercera concentración de Ferraz tras la investidura, aquella en la que apareció sorpresivamente Santiago Abascal tras colgar en su cuenta de X “Vamos a Ferraz”. Aneiros fue coordinador de 'Cañas por España', unos encuentros organizados por Vox en locales de ocio para atraer el voto joven.

Pero la confusión de empresas y asociaciones no acababa con Asoma cuando te hacías socio de la pata joven de Vox. Revuelta ni siquiera era la dueña de la web desde la que vendía camisetas, pedía donaciones o los simpatizantes aportaban sus datos personales. La propietaria y responsable de la gestión de los datos ha sido durante meses Plataforma 711, una formación estudiantil que tiene también relación con Vox y fue conocida porque se le impidió hacer su presentación en sociedad en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid con el lema “por la reconquista cultural”. El acto lo apadrinaba Javier Ortega Smith y Vox recurrió la decisión del campus y su decana poniendo un recurso contencioso administrativo. Antes de ser asociación estudiantil, Plataforma 711 era una tienda online de gorras “de un grupo de veinteañeros para promover el patriotismo”. Plataforma 711 se ha salido del entramado que daba cobertura a Revuelta y es Asoma la asociación que aparece hoy como dueña y responsable de la web donde capta dinero y socios Revuelta, aún activa y desde la que se siguen pidiendo donativos.

Al intentar darse de baja, elDiario.es exploró la web de Revuelta, revisó qué datos de Asoma se habían dado o si en algún correo de bienvenida se aportó esa información para revertir el pago. La búsqueda fue infructurosa. Finalmente, la cancelación se materializó tras enviar un correo a una dirección de correo genérica de Revuelta que aparece en su web:“hola@revuelta.info”. Respondió el correo otro emisor nuevo en el entramado, una supuesta asociación que no es Asoma, ni Revuelta, ni Plataforma 711. El correo de cancelación lo remitía de vuelta “asociacionbatallacultural@gmail.com”, que agradecía “profundamente” el apoyo. “Gracias a tu generosidad, hemos podido continuar luchando por nuestras causas y destinar los fondos a acciones justas que defienden nuestros valores”, finalizaba. Hoy, la Fiscalía tiene una denuncia que le pide que investigue si ese dinero, también el mío, acabó realmente en esas causas.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #864 en: 25 de Diciembre de 2025, 07:19:48 am »
La Justicia canaria reprocha a un denunciante su "torpeza" y absuelve a su estafador: "Cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído"

Historia de El Independiente • 20 h •

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha absuelto a un hombre, condenado previamente en la Audiencia de Las Palmas a cuatro años de prisión por estafa en la venta de viviendas, al constatar que su denunciante actuó con "desidia, desinterés, de forma negligente y torpemente", dado que el engaño fue "burdo, grosero o esperpéntico".


La absolución se basa en la cantidad de veces que el denunciante entregó grandes cantidades de dinero sucesivamente a su estafador, hasta sumar 246.000 euros, sin recibir nada a cambio y que lo hizo con el señuelo de adquirir inmuebles muy económicos de fondos buitres. La Sala recuerda que cuando la víctima de una estafa no guarda las mínimas precauciones para no ser engañado, el denunciado puede quedar absuelto, en cuanto que no ha inducido al afectado para hacer lo que no quiere.

El fallo incide en que "ni se materializó la compra, ni se devolvió el dinero y muy al contrario las cantidades se incrementaban y las operaciones de estafa se repitieron en seis ocasiones en un año y medio", por lo que según el Tribunal, "cualquier persona mínimamente normal no hubiera caído en el engaño".

El primer fallo también incluyó una multa de 2.400 euros y la obligación de devolver 146.000 euros al denunciante, al que vendió cinco inmuebles, sin entregar nunca casa alguna ni devolver el dinero. "Fue demasiado dinero en demasiadas entregas sucesivas y demasiado tiempo para entender que el denunciante no percibió que estaba siendo engañado", por lo que podría haber "intereses de otro tipo" en unas operaciones "sin signo de realidad", indica el tribunal canario.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #865 en: 30 de Enero de 2026, 06:53:40 am »
Policía Nacional esclarece más de 1.150 estafas en Madrid y detiene a medio centenar de personas

Historia de Europa Press • 19 h •

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Madrid hace un balance de las investigaciones cerradas 2025, destacando que ha iniciado el nuevo año centrada en la persecución de las estafas, así como de aquellos fraudes en los que se emplean tecnologías de la información.

Entre las operaciones, destaca que se ha procedido a la detención de dos varones como presuntos responsables de un delito de estafa aplicando, de manera activa, una modalidad conocida como el 'hijo en apuros'. Este fraude se basa en el contacto telefónico con la víctima suplantando la identidad de su hijo.

Los autores solicitaban el ingreso de diversas cantidades de dinero en hasta 12 cuentas bancarias, un hecho que habría supuesto un perjuicio de tipo económico superior a los 80.000 euros. En fecha 12 de enero de 2026 se efectúan ambas detenciones por haber recibido el capital defraudado en las cuentas bancarias de las que son titulares.

SENSACIÓN DE URGENCIA Y VULNERABILIDAD EN LA VÍCTIMA

Otra modalidad del 'hijo en apuros' fue, asimismo, el marco de otra operación llevada a cabo por los agentes que ha desembocado en la detención de una mujer este mes de enero como presunta responsable de un delito de estafa.

La denunciante recibió un mensaje, a priori de su hijo, comunicándole que se le había averiado su teléfono móvil y necesitaba realizar con urgencia unos pagos, manifestándole que le iba a pasar con un gestor para explicarle cómo se tenía que desarrollar este acto.

La víctima realizó los pagos a través de un sistema de pagos móviles, comprobando con posterioridad que los mensajes no se correspondían con los de su hijo, sino con alguien que se hizo pasar por él. Así y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, se solicitó el ingreso de más de 5.500 euros.

ESCLARECIENDO FRAUDES A EMPRESAS

La Policía Nacional ha procedido a la detención de un hombre como presunto autor de un delito de estafa bajo la modalidad del 'man in the middle'.

Este 'modus operandi' consiste en la interceptación de comunicaciones entre dos empresas, habitualmente a través de correos electrónicos, haciéndose pasar los autores por una de las partes que cobra por la prestación de una serie de servicios, aportando una cuenta bancaria controlada por los causantes para recibir el abono de las facturas.

Tras la modificación de un correo electrónico de una de las trabajadoras de una empresa, se obtuvieron de manera ilícita cerca de 1.600.000 euros, de los que se pudo bloquear en las cuentas de destino casi 1.000.000 de euros, que fueron recuperados para la víctima.

EMPLEO DEL MÉTODO SMSHING

Los investigadores han resuelto una estafa perpetrada mediante el método conocido como 'Smshing', esto es, el envío de un mensaje de texto al móvil de la víctima haciéndose pasar por la entidad bancaria de la misma.

Tras facilitar unos códigos a un tercero, le realizaron posteriormente varias transacciones fraudulentas por un importe superior a los 7.500 euros.

Por todos estos hechos se procede a la detención de tres personas, la última de ellas el 9 de enero, como titulares de las cuentas que reciben las transferencias, conocidas como "mulas" financieras, como presuntas autoras de un delito de estafa.

FALSIFICACIÓN Y COBRO DE PAGARÉS

Finalmente, agentes de la Policía Nacional han efectuado dos detenciones por la presunta comisión de un delito de estafa perpetrado a través de la falsificación y el cobro de pagarés.

Los sujetos ingresaban los referenciados pagarés en cuentas, justificándolos con la presentación de contratos ficticios de compraventa de vehículos de los cuales no eran propietarios, todo ello por un valor de 17.000 euros.

Las operaciones arriba descritas, efectuadas por investigadores de la Brigada Provincial de Policía Judicial, son una muestra del trabajo incesante que la Jefatura Superior de Policía de Madrid está empleando en la persecución de estos hechos delictivos.

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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #866 en: 25 de Febrero de 2026, 05:51:23 am »
Año y medio de cárcel para cinco acusados por fingir un accidente para cobrar del seguro

Historia de elDiario.es Cantabria • 12 h •

Reconocen los hechos en el inicio del juicio y se conforman con las penas pactadas entre las acusaciones y las defensas

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a penas de hasta un año y medio de cárcel a cinco personas por ponerse de acuerdo para fingir un accidente de tráfico y cobrar indemnizaciones de la aseguradora, que abonó 12.800 euros a tres de los implicados, por delitos de falsedad y estafa.

Todos ellos han reconocido los hechos al inicio del juicio contra ellos, previsto este martes en la Sección Primera de la AP, y se han mostrado conformes con las penas pactadas entre las partes, que suponen una rebaja tanto de la privativa de libertad, que antes de la vista era de hasta dos años y medio, y de las multas a pagar, que han pasado de un máximo de 3.300 euros a 1.440.

En concreto, y según el acuerdo al que han llegado acusaciones -fiscal y compañía aseguradora- y defensas, se han impuesto esas penas a tres de los procesados, mientras que para los otros dos, que se enfrentaban a dos años de prisión y multa de 2.700 euros, se ha quedado en un año de cárcel y 1.080 euros.

Según el relato de lo ocurrido recogido en el escrito de la Fiscalía, que no ha modificado su calificación de los hechos, los cinco enjuiciados se concertaron para obtener un injusto enriquecimiento y decidieron simular un siniestro de circulación por colisión en Santander.

Su objetivo era formular posteriormente reclamaciones a la compañía aseguradora del vehículo de uno de los procesados. Para ello, fingieron que el vehículo conducido por uno de ellos había chocado contra el que dirigía otro de los procesados y en el que supuestamente viajaba con tres mujeres, y ello pese a que dicho choque “nunca había ocurrido”.

Según el plan preestablecido, elaboraron un parte amistoso de accidente y lo presentaron ante la aseguradora del automóvil del primer implicado. La compañía, convencida de que el accidente era real, tramitó las reclamaciones que formularon los ocupantes del segundo turismo en las que afirmaron haber sufrido lesiones, y pagó a tres de ellos un total de 12.800 euros.

Sin embargo, las “extrañas circunstancias” de la colisión alertaron a la mercantil, que ante la reclamación formulada por una de las mujeres se negó a abonar la indemnización reclamada por esta.

Entonces, esta acusada presentó una demanda judicial contra la compañía aportando el parte amistoso y reclamando 6.044 euros. En el juicio, testificaron ella y dos de los acusados, pero “no lograron su propósito de embaucar al juzgador”, que desestimó la demanda.

Por todo ello, la fiscal considera a los cinco acusados autores de un delito de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.

Y la compañía aseguradora, que ejerce la acusación particular, considera que los tres que comparecieron en el juicio civil cometieron un delito de falsedad en concurso con uno de estafa procesal, por los que pedía para cada uno cuatro años de cárcel.

Para los otros dos, como autores de un delito de falsedad en concurso con otro de estafa, reclamaba tres años de prisión. Las dos acusaciones solicitaban que los cinco acusados indemnicen a la aseguradora de manera conjunta y solidaria en 12.300 euros.


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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #867 en: 12 de Marzo de 2026, 09:30:49 am »


Un alcalde del PSOE en Granada va a renovar el DNI y acaba siendo detenido por varias estafas


Juan Francisco Torregrosa asegura ser víctima de una suplantación de identidad en una trama de estafas online investigada por un juzgado de Alicante
Redacción El Debate
El Debate
11 mar. 2026 - 11:35 Act. 11 mar. 2026 - 15:45

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El alcalde de Benamaurel (Granada) y diputado provincial socialista, Juan Francisco Torregrosa, fue detenido el pasado jueves y posteriormente puesto en libertad provisional sin fianza en el marco de una investigación judicial sobre una presunta trama de estafas a través de internet. La detención se produjo cuando el alcalde fue a renovar su DNI en la comisaría de Policía de Baza (Granada).


La investigación se sigue en el Juzgado de Instancia e Instrucción número 2 de Elda (Alicante) y está relacionada con supuestas ventas fraudulentas realizadas a través de una página web que utilizaba el nombre de una empresa vinculada al regidor granadino.

Según ha explicado el propio Torregrosa, él mismo denunció hace meses ante la Guardia Civil la posible suplantación de su identidad después de detectar que varias personas contactaban con él asegurando haber sido víctimas de estafas realizadas presuntamente a través de una sociedad de la que figura como administrador.


El alcalde sostiene que esa empresa llevaba años sin actividad y que su denominación habría sido utilizada por terceros para cometer fraudes a través de internet.

Una empresa inactiva para estafar
Los hechos se remontan, según el propio regidor, a marzo de 2024, cuando comenzó a recibir llamadas de personas de diferentes puntos de España que afirmaban haber realizado compras a través de una página web vinculada a la empresa Contenedor Subterráneo SL.


La sociedad, dedicada originalmente a actividades de diseño y publicidad, figuraba a su nombre como administrador único, aunque según su versión llevaba sin actividad desde 2009.

De acuerdo con la explicación ofrecida por Torregrosa, los presuntos estafadores habrían aprovechado que la empresa seguía registrada legalmente para crear una página web de venta online de contenedores marítimos reciclados destinados a otros usos.

Tras detectar esta situación, el alcalde presentó una denuncia ante la Guardia Civil el 9 de mayo de 2024 alertando de que personas desconocidas podrían estar utilizando su identidad y la denominación de la sociedad para cometer estafas.

A pesar de esa denuncia inicial, en los meses posteriores el regidor ha seguido recibiendo citaciones judiciales y denuncias relacionadas con operaciones supuestamente realizadas a través de esa empresa.


Imagen de recurso para ilustrar a un 'estafador del amor'
Sevilla

Un 'estafador del amor' enamora a una vecina de Estepa por redes sociales y desaparece con su dinero
El Debate

Procedimientos abiertos por España
El caso ha generado actuaciones judiciales en diferentes provincias. Según ha explicado el propio alcalde, se han abierto diligencias en juzgados de Sevilla, Almería y Alicante relacionadas con presuntas estafas cometidas a través de esa página web.

En algunos de esos procedimientos las denuncias se dirigían contra la empresa y contra él mismo como administrador de la sociedad.

Una de las investigaciones, tramitada en el juzgado de Vera (Almería), habría permitido identificar a la presunta autora de las estafas, que además habría utilizado también los datos de otras personas para realizar operaciones fraudulentas.

Mientras continúan las diligencias para determinar el alcance de la presunta trama, Torregrosa ha solicitado al juzgado el archivo de la causa abierta contra él al considerar que también ha sido víctima del uso indebido de su identidad.

El alcalde ha asegurado que afronta esta situación con tranquilidad y con la voluntad de colaborar con la justicia para esclarecer los hechos.

Según ha explicado, el caso le ha supuesto «un quebradero de cabeza» debido al goteo de denuncias recibidas en distintos puntos del país, aunque confía en que la investigación permita aclarar lo ocurrido.

El PP pide explicaciones
Las circunstancias de la detención han provocado también reacciones políticas en la provincia. La portavoz adjunta del PP de Granada, María Vera, ha reclamado explicaciones públicas al alcalde y diputado provincial socialista.

La dirigente popular ha señalado que la comparecencia anunciada por Torregrosa debe servir para ofrecer explicaciones «claras, sin medias tintas y con la máxima transparencia» sobre los hechos investigados.

Vera ha subrayado que se trata de un cargo público con responsabilidades directas sobre los vecinos y que su comparecencia debería permitir «disipar cualquier duda tanto entre los ciudadanos de Benamaurel como en el conjunto de la provincia de Granada».

En este sentido, ha pedido que el regidor explique con detalle cuál era su relación con la sociedad vinculada a la investigación, qué actividad desarrollaba y por qué no se procedió a su disolución si llevaba años sin actividad.

Asimismo, ha planteado que el alcalde aclare si esa sociedad continúa activa y cuál era su grado de responsabilidad dentro de la misma.

La portavoz adjunta del PP ha recordado además que Torregrosa se encuentra en calidad de investigado dentro de un procedimiento judicial y ha insistido en que esta situación exige actuar «con absoluta transparencia».

Vera también ha solicitado explicaciones al secretario general del PSOE de Granada, Pedro Fernández, para que aclare si tenía conocimiento de estos hechos o si, por el contrario, tampoco sabía nada sobre este caso.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa abierta con el objetivo de esclarecer si se produjo una suplantación de identidad y cuál fue el papel real de las personas implicadas en la presunta trama de fraude online.


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Re: De los delitos de estafas y otros "asuntillos"
« Respuesta #868 en: 14 de Marzo de 2026, 09:22:13 am »


Un hombre estuvo cobrando 12.000 euros al mes durante dos años bajo diez identidades falsas: fue descubierto por enviar una carta con una dirección incorrecta

La historia, que comenzó como un expediente administrativo aparentemente normal, terminó convirtiéndose en una compleja investigación policial que reveló una sofisticada red de documentos falsificados

Por
Enzo Iriarte

13 Mar, 2026 09:20 a.m. EST
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La jornada internacional celebra la herencia del correo tradicional y la pasión por estos diminutos íconos del arte y la historia, reuniendo a curiosos y fanáticos de todas las edades alrededor del mundo (Freepik)
Un caso de fraude a gran escala ha sacudido recientemente a las autoridades francesas. Durante al menos dos años, un hombre consiguió cobrar miles de euros mensuales en prestaciones sociales utilizando múltiples identidades falsas. La historia, que comenzó como un expediente administrativo aparentemente normal, terminó convirtiéndose en una compleja investigación policial que reveló una sofisticada red de documentos falsificados y un sistema de engaño que permitió al sospechoso obtener importantes cantidades de dinero del sistema público de ayudas. Todo salió a la luz por un error aparentemente trivial: una carta equivocada.

El protagonista del caso es un hombre de 54 años que residía en la localidad costera de La Baule, en el oeste de Francia. Según la investigación, había creado alrededor de diez identidades diferentes que utilizaba para solicitar prestaciones sociales. Gracias a estas identidades falsas, logró cobrar aproximadamente 12.000 euros al mes en ayudas públicas sin levantar sospechas durante un largo periodo de tiempo.


Las prestaciones procedían de distintos organismos públicos, entre ellos France Travail, encargado de la gestión del desempleo, la Caisse d’Allocations Familiales y la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cada una de estas instituciones gestionaba expedientes vinculados a identidades aparentemente distintas, lo que permitió que el fraude pasara desapercibido durante bastante tiempo.


El engaño se mantuvo activo hasta que un hecho inesperado puso a los investigadores sobre la pista. En 2024, un hombre acudió a una oficina de la seguridad social francesa para informar de que había recibido una carta que no estaba destinada a él. Ese simple error en la dirección postal llevó a los funcionarios a revisar el expediente del destinatario real y detectar inconsistencias en los documentos asociados.

A partir de ese momento, el departamento antifraude comenzó a investigar con más detalle. Los agentes comprobaron que el documento de identidad vinculado a la carta aparecía relacionado con varios expedientes distintos de beneficiarios de ayudas públicas. Este descubrimiento despertó las sospechas de los investigadores, que decidieron profundizar en el caso para determinar si se trataba de un simple error administrativo o de algo más complejo.

El juicio penal se celebrará en 2027
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La investigación terminó revelando un entramado bastante elaborado. El sospechoso era un experto en falsificación de documentos y había conseguido fabricar diferentes identidades completas. Entre los documentos que producía había pasaportes falsos, certificados médicos y otras pruebas administrativas que le permitían justificar solicitudes de ayudas o trámites oficiales. Gracias a estas falsificaciones, podía moverse entre distintas ciudades francesas sin levantar sospechas.

Los investigadores también descubrieron que el hombre había explotado una particularidad del sistema de prestaciones. En determinados casos, los trabajadores que han desarrollado parte de su actividad laboral en Suiza pueden recibir prestaciones por desempleo en Francia. El sospechoso utilizó esta circunstancia para reforzar sus solicitudes y hacer más creíbles sus identidades ficticias.

Durante al menos dos años, esta estrategia le permitió acumular grandes cantidades de dinero procedentes de ayudas públicas. Según las estimaciones de la policía, el fraude alcanzó un total cercano a 239.000 euros. A pesar de la magnitud de la estafa, recuperar el dinero ha resultado complicado, ya que el acusado aseguró haber gastado la mayor parte de la cantidad en apuestas.

El hombre fue detenido por primera vez en marzo de 2025 tras varios meses de investigación por parte de las autoridades. Aunque admitió parte de los hechos durante los interrogatorios, los investigadores no consiguieron localizar el dinero que había recibido de forma fraudulenta. El caso continúa abierto y el acusado deberá enfrentarse a un juicio penal previsto para el año 2027.