La reforma de Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la que trabaja el Gobierno abrirá la posibilidad de que los municipios mancomunen sus policías locales para aprovechar mejor sus recursos, una opción que hasta ahora les estaba vedada.
Así lo anunció, en una entrevista con Efe, el presidente de la Federación Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, para quien ese cambio permitirá 'mejorar la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los vecinos', en especial en municipios donde la policía local es insuficiente.
Las mancomunidades son agrupaciones voluntarias de municipios para gestionar en común determinados servicios de competencia municipal.
En Espa?a ya existen cerca de 900 mancomunidades que se dedican sobre todo a prestar servicios sociales, recogida de basuras, promoción turística, abastecimiento de agua y otros.
Gallego expuso esa petición, acordada recientemente por la Comisión Ejecutiva de la FEMP, al ministro del Interior, José Antonio Alonso, en una reunión que mantuvieron hace unos días.
Según el máximo responsable de la Federación, Alonso respondió positivamente y le anunció que la ley que prepara su departamento recogerá esa posibilidad.
Para Gallego se trata de una 'buena noticia' porque de ese modo las policías locales podrán 'hacer más cosas y mejorar la seguridad'.
El presidente de la FEMP también se refirió a la posible ampliación en la misma ley de las atribuciones de las policías locales anunciada por Alonso y que podría incluir la ejecución de funciones de policía judicial en determinados casos.
Gallego explicó que están a la espera de recibir el borrador de la ley y que lo estudiarán con 'lealtad' y con el máximo interés en que los 55.000 policías locales que existen en Espa?a contribuyan al máximo a la seguridad de los ciudadanos.
No obstante se?aló que será necesario 'hablar de más cosas', como cuál va a ser la contribución económica de la Administración General del Estado en ese proceso para evitar seguir aumentando los gastos en los que incurren los municipios por prestar servicios que, en principio, no son de su competencia