Sociedad
Jueces y fiscales polemizan sobre si agredir a un profesor es atentado a la autoridad
La propuesta de la Fiscalía de Catalu?a abre el debate sobre la protección de maestros y médicos ? Los expertos dudan sobre si afecta al sector privado
Celia Maza
madrid- La iniciativa adoptada por la Fiscalía de Catalu?a de tipificar como delito de atentado a la autoridad las agresiones a profesores y sanitarios, y castigarlo con hasta cuatro a?os de cárcel, ?agrada?, pero no convence del todo. La propuesta es calificada de ?parcial? y ?precipitada? aunque es vista en algunos ámbitos como ?razonable?. El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por su parte, quita hierro al asunto: ?No se trata de cambios, sino de recordar la existencia de preceptos legales a los que ahora es necesario poner en primer plano?.
En este contexto surge ahora la gran duda: ?qué pasará con los profesionales del sector privado? Jueces, fiscales y abogados explican a LA RAZÓN sus posiciones.
? Consejo General del Poder Judicial. Su portavoz, Enrique López, considera que ?no hay que confiar siempre en el Código Penal como la única respuesta a los problemas? y apuesta por ?buscar soluciones previas a la aplicación de la norma?. ?Hay que devolver al profesor la capacidad disciplinaria que se ha ido quitando con las últimas reformas legales?, apunta. Asegura que lo que plantea la Fiscalía tiene una cierta dificultad de ?encaje? en el Código Penal actual, ya que para que las agresiones sean atentado se requiere de cierto dolo específico que a veces no se da en las aulas.
En cualquier caso, apunta que se trata de una ?medida parcial?, ya que deja fuera a los profesionales del sector privado. López también plantea modificar la Ley del Menor porque ?la minoría de edad del agresor es un elemento permanente?.
? Asociación Profesional de la Magistratura. ?No nos corresponde dar opiniones sobre esta materia, pues es una competencia legislativa?, apunta su portavoz, Antonio García Martínez, quien recalca que no quieren perder su ?condición de independencia?. Afirma que si finalmente se considera delito, aplicarán la ley y si luego consideran que ?infringe algún derecho constitucional? tomarán las ?medidas oportunas?. Pero de momento, recalca que no serán ellos quienes alimenten la polémica.
? Jueces para la Democracia. La idea les parece ?razonable?, pero a?aden que luego serán los tribunales ?los que deban pronunciarse sobre este asunto?. Así lo explicó su portavoz, Jaime Tapia, quien especificó que ve ?complicado? la cuestión de que ?los de la escuela privada? sean considerados autoridad pública. ?De todos modos, creemos que la fiscalía no se está planteando modificar el Código Penal, sino recuperar las potencialidades que ya existen. Si se aplicasen las leyes correctamente, sería suficiente para afrontar las agresiones severas?, puntualiza.
Asegura que cuando el agresor es un adulto habría que estudiar cada caso porque ?se está hablando de pena de cárcel y puede que esto sea desproporcionado?.
? Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria. Juan Pedro Quintana Carretero, su portavoz, explica que ?no es bueno legislar a golpe de acontecimiento? porque ?siempre nos puede llevar medidas que no son las más acertadas?. ?La tipificación es una posibilidad a tener en cuenta siempre y cuando las medidas administrativas se muestren ineficaces para atajar este tipo de actuaciones?, especifica. Respecto al ámbito privado, asegura que sería ?difícil? aplicar una medida de esta naturaleza a quien no ostenta la condición de funcionario público, por lo que supone ?un problema importante?.
? Foro Judicial Independiente. La opinión personal del presidente, Conrado Gallardo, es que es una ?medida acertada? porque el problema ?se está convirtiendo en un asunto grave? y porque es necesario ?reformar la autoridad de los profesores?. En el sector privado afirma que hay ?poca solución?, por lo que debería crease una ?figura especial? en este campo para que cuando se produzca una agresión se ?agraven las penas que se impongan?.
? Asociación de Fiscales. Su portavoz, Guillermo García, afirma que ?esto supone que se castigaría la agresión por ser atentado en sí y a su vez por la lesión concreta que se hubiera realizado?. Con aquellos profesionales que no forman parte de ese sistema público, ?las agresiones sólo se calificarían como lesiones?. ?Me parece discutible que se integren en el concepto de funcionario público. No queremos decir que los ataques a estos profesionales no dejen de estar perseguidos?, a?ade. En principio la propuesta en sí le parece ?razonable? y nada ?desproporcionada?.
? Unión Progresista de Fiscales. Eduardo Esteban, su portavoz, apunta que la tesis es defendible aunque le parece ?triste? que problemas del ámbito educativo se tengan que solucionar endureciendo el Código Penal. ?Deberíamos tener un poco más de imaginación?, dice. Que el sector privado quede al margen no le parece ?razonable? y puestos a ser positivos sólo ve un haz de luz para los centros concertados. ?Si un policía nos garantiza la seguridad de nuestra casa y sufre una agresión, es atentado; si la paliza la recibe un vigilante jurado, no lo es?. Tampoco comparte que cada vez que se tengan que solucionar unas pautas de conducta se ?recurra al Código Penal?.
? Consejo General de la Abogacía. Victoria Ortega Benito, su portavoz, considera necesario ?atajar este problema?, pero la propuesta no acaba de convencerla. ?No tengo muy claro que el endurecimiento de las penas sea el camino más adecuado ni que se considere como medida exclusiva?, explica. Ortega asegura que desconoce en qué va a consistir la modificación, ya que en la actualidad ?ya está tipificado como delito de atentado cualquier agresión a un funcionario público?. ?Supongo que los cambios se realizarán para incluir a los profesionales del sector privado. El estado de derecho tiene que dar protección a todos los ciudadanos?, se?ala.
salu2
