El tribunal militar absuelve a María Serrano, la guardia civil denunciada tras destapar presunta corrupción en el Seprona
La agente fue acusada de denuncia falsa por el general Mora Moret, al que señaló por encubrir a otros agentes, en una investigación relacionada con el control del comercio ilegal de productos pesqueros inmaduros en Mercasevilla y con la actividad de empresas dedicadas al reciclaje de aceites, que fue archivada por prescripción
Jorge Jiménez
Patricia Godino
24 FEB 2026 21:14
Absuelta y con sentencia firme sobre la que ya no cabe recurso. La brigada de la Guardia Civil María Serrano Velázquez ha sido finalmente absuelta por el Tribunal Militar en la causa abierta contra ella por un presunto delito de denuncia falsa, un procedimiento que se inició después de que la agente denunciara supuestas irregularidades internas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Sevilla.
El proceso judicial se remonta a una denuncia presentada por el general Fernando Mora Moret, entonces jefe de la Comandancia sevillana, quien acusó a Serrano de haber formulado acusaciones falsas contra varios compañeros y mandos. La vista oral, celebrada el 15 y 16 de diciembre tras varios aplazamientos, puso fin a un largo recorrido judicial que ha mantenido a la brigada durante años bajo la sombra de una posible condena en la jurisdicción militar. El denunciante ha declinado la posibilidad de recurso por lo que la sentencia es firme y absolutoria.
El origen del conflicto se sitúa en 2013. En aquel momento, Serrano, destinada en el Seprona de Sevilla, trasladó a sus superiores la existencia de presuntas irregularidades en actuaciones relacionadas con el control del comercio ilegal de productos pesqueros inmaduros en Mercasevilla y con la actividad de empresas dedicadas al reciclaje de aceites vegetales. Según su versión, detectó posibles prácticas contrarias a la legalidad y puso los hechos en conocimiento de la cadena de mando.
Aquellas denuncias internas no prosperaron penalmente y los procedimientos terminaron archivados por prescripción. Sin embargo, la situación dio un giro cuando el entonces máximo responsable de la Comandancia presentó una denuncia contra la propia agente, al considerar que sus acusaciones carecían de fundamento y podían constituir un delito de denuncia falsa en el ámbito del Código Penal Militar.
Serrano ha sostenido desde el inicio que su actuación respondió al cumplimiento de su deber como servidora pública y que su procesamiento fue una consecuencia directa de haber señalado posibles conductas irregulares dentro del Instituto Armado. En distintas comparecencias públicas, la brigada ha denunciado haber sufrido represalias durante años, incluyendo expedientes disciplinarios, cambios de destino y la pérdida de su especialidad en el Seprona.
En distintas comparecencias públicas, la brigada ha denunciado haber sufrido represalias durante años, incluyendo expedientes disciplinarios, cambios de destino y la pérdida de su especialidad en el Seprona
Un caso de la Guardia Civil que llegó al Tribunal Militar
El caso también ha reabierto el debate sobre la aplicación de la jurisdicción militar a miembros de la Guardia Civil cuando los hechos investigados están vinculados a funciones policiales ordinarias y no estrictamente castrenses. Asociaciones profesionales, como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) han cuestionado que este tipo de procedimientos se sustancien en tribunales militares y han reclamado mayores garantías y protección efectiva para los agentes que denuncian posibles irregularidades internas.
Durante la tramitación de la causa, la Fiscalía Militar retiró su petición de pena de prisión al no apreciar la existencia de delito, aunque la acusación particular mantuvo la solicitud de condena. Finalmente, el tribunal ha optado por la absolución de la brigada, descartando que sus denuncias constituyeran una actuación delictiva.
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La resolución pone fin, al menos en esta instancia, a un proceso prolongado y controvertido que ha marcado la trayectoria profesional y personal de María Serrano durante más de una década. Para la agente, la absolución supone no solo el cierre judicial de la causa, sino también el reconocimiento de que comunicar presuntas irregularidades no puede convertirse en motivo de sanción penal.
