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Algo sobre dinero
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la abogada defendió que no fue "voluntario"
Una aseguradora indemniza como accidente el suicidio de un hombre que saltó al vacío
Una aseguradora acaba de indemnizar la muerte de un hombre que una mañana después de desayunar saltó al vacío en Alicante
Autor
Braulio García Jaén
Contacta al autor
@Bgarciajaen
11/06/2019 05:00
Los suicidios no siempre son voluntarios. Una aseguradora acaba de indemnizar la muerte de un hombre que una mañana después de desayunar saltó al vacío en Alicante. En un principio, la compañía se negó, como suele ser habitual, a abonar la prima del seguro alegando que el suicidio estaba excluido de la cobertura por accidentes. Pero la abogada de la viuda defendió que no había sido “voluntario y consciente”, sino que una serie de factores, casi todos derivados de un erróneo tratamiento antidepresivo, habían precipitado la muerte. La compañía ha indemnizado con 40.000 euros a la viuda y evita así una sentencia que habría recaído en un asunto crucial, aunque apenas explorado jurisprudencialmente. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España.
Aparentemente, la conclusión de la autopsia no dejaba lugar a dudas: “La muerte es de origen violento y de etiología legal suicida”. Pero la historia de cómo José, una persona vital y sin antecedentes depresivos, había acabado defenestrado desde la octava planta de un edificio con vistas al mar difería diametralmente si la versión era de la familia o de la compañía con la que él mismo había contratado el seguro seis años antes. La ley solo exime automáticamente a las compañías de indemnizar las muertes por suicidio durante el primer año tras la contratación. Aun así, la aseguradora, Chubb European Group Limited, defendía que “se trató de una precipitación voluntaria” y, por tanto, excluida de la cobertura.
Entre las pruebas, destaca un informe forense sobre el perfil biográfico del difunto que subraya la falta de “antecedentes de patología psiquiátrica”
Todo lo contrario a lo que sostuvo la abogada de la familia, Celia Carbonell: “No estamos ante un suicidio voluntario y consciente”, afirmaba su demanda. Después de que la abogada anunciara los medios de prueba en la audiencia previa, la compañía ofreció indemnizar el 80% de la prima para evitar el juicio. Entre las pruebas, destaca un informe forense sobre el perfil biográfico del difunto que subraya la falta de “antecedentes de patología psiquiátrica”, la muy cuestionable atención sanitaria que acompañó al tratamiento e incluso los potenciales efectos adversos del antidepresivo que le recetaron. Según la abogada, fueron esas circunstancias, y no la voluntad del paciente, lo que precipitó su muerte.
José, casado y padre de cuatro hijos, tenía 67 años y se acababa de jubilar en la primavera de 2017. La jubilación le había despertado algunas preocupaciones. Al fin y al cabo, dejaba una pequeña empresa que él había creado y en la que seguían trabajando algunos familiares. La situación económica general no le parecía tan boyante como la 'salida de la crisis' rotula oficialmente. Pero nada excesivamente grave, si acaso el insomnio. Y por eso fue al médico de cabecera: porque quería dormir mejor. Su médico no estaba. Y un sustituto le recetó un antidepresivo (Paroxetina) y un ansiolítico (Lormetazepan). El insomnio se agravó.
Sin “antecedentes de patología psiquiátrica”, empezó a experimentar un deterioro mental y físico que inquietó a su familia tanto como a él
Y aparecieron otros síntomas: el peor de todos, los temblores. José, “una persona vital”, según el informe forense, sin “antecedentes de patología psiquiátrica”, empezó a experimentar un deterioro mental y físico —perdió “15 kilos en apenas semanas”— que inquietó a su familia tanto como a él. “Empezaron a venirle problemas que no existían, pero que para él sí eran reales”, cuenta su viuda, María, dos años después, en casa de una amiga en Alicante.
Aparecieron las ideas suicidas. “Me decía, a mí las pastillas no me están haciendo bien. Había dejado de trabajar, pero entonces no se le quitaba de la cabeza que el negocio iba a ir mal”, añade su viuda. De vuelta al centro de salud, esta vez su médico de cabecera le sustituyó el Lormetazepan por Orfidal, otro ansiolítico, y le conminó a esperar unas semanas a que el tratamiento hiciera efecto.
Pero no mejoró. Coincidiendo con un viaje de su mujer, un viernes por la noche José ingirió de golpe más de 30 pastillas de Orfidal y se acostó a dormir. El domingo, cuando llegó su hijo a la casa, el perro estaba junto a la cancela. La casa estaba cerrada a cal y canto. Con ayuda de los bomberos y la policía, consiguió entrar: uno de los armarios estaba caído y su padre inconsciente. En el hospital lo reanimaron y le dieron el alta a las pocas horas, sin indicar a la familia la posibilidad, habitual, de que volviera a intentarlo. Tampoco le indicaron “terapia ni abordaje para ideación suicida”, según el informe forense.
María, la viuda de José. (Braulio García Jaén)
María, la viuda de José. (Braulio García Jaén)
A su vuelta, María lo encontró deteriorado. Atrás habían quedado las ganas de vivir de las que había hecho gala toda su vida. La idea de cambiar de coche, los planes para viajar... Todo se interrumpió un día de principios de verano de 2017. Después de desayunar juntos en el apartamento de la playa, él le dijo que iba a salir al rellano —“el piso era muy pequeñito”— para estirar las piernas, que le temblaban. No quiso que su mujer cerrara la puerta: “Voy y vengo”, le dijo. Cuando ella salió al rellano, se asomó a la ventana que da a la escalera exterior y lo vio “abajo”.
En 2017 murieron en España 3.679 personas por suicidio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En los casos en los que el fallecido tiene contratado un seguro de vida o de accidentes, las compañías a menudo tratan de ahorrarse el abono de la prima alegando que se trata de una muerte voluntaria. Sin embargo, “no está nada claro que la voluntad sea una voluntad plena”, asegura un abogado y catedrático experto en el sector de los seguros. “Es una voluntad que, digamos, está ética, biológica y psicológicamente muy debatida”, añade.
“Las aseguradoras suelen recurrir a la omisión dolosa de enfermedades preexistentes”, explica el abogado, que prefiere el anonimato. En el caso de José, la exclusión del suicidio de la cobertura aparecía en una cláusula. Pero, según la demanda, su inclusión no respetaba las condiciones legales exigibles en estos casos: que aparezca destacada y expresamente aceptada por el asegurado.
"Fue a raíz de empezar a tomar la medicación cuando perdió el brillo en la mirada. A veces lo mirabas y era como que no estaba él dentro"
La aseguradora, que no ha querido comentar esta información, siguió cobrando los recibos a la viuda, advirtiéndole de que sería incluida en un listado de morosos si no los pagaba. Finalmente, el seguro, comercializado por Endesa SA, pero propiedad de Chubb European Group Limited, ha abonado el 80% del total de los 50.000 euros de la prima contratada.
María tiene como fondo de pantalla del móvil una foto de su marido. José aparece en primer plano, sonriente, con media melena y barba canosa, aparentando bastantes años menos de los sesenta y tantos que ya tenía, y su gesto recuerda al actor Jeff Bridges, el Nota de 'El gran Lebowski'. “Mi marido fue a raíz de empezar a tomar la medicación cuando perdió el brillo en la mirada. A veces lo mirabas y era como que no estaba él dentro. Había desaparecido”, dice. De momento, María ha querido contar su historia sin apellidos. Eso queda para “cuando recupere fuerzas”.
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Los 4000 que deben pasta a Hacienda....
https://s3.eestatic.com/2019/06/27/politica/Listado_deudores.pdf
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Dos años y medio esperando al Ayuntamiento tras una caída en la vía pública
LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN
@LNvillaveiran
Madrid
Sábado, 13 julio 2019 - 12:35
Socavón y estado de María tras la caída.
E. M.
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María G., una mujer de 84 años, se dirigía junto a su marido al Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche de Aravaca a dar su habitual clase de gimnasia para mayores. Esta anciana, con un estado físico normal para su edad, caminaba por la acera el 31 de enero de 2017 cuando un socavón la hizo perder pie y la conciencia por unos instantes tras una fuerte caída. La mujer fue atendida por el Samur por un traumatismo craneoencefálico y resultó ingresada en la Fundación Jiménez Díaz.
Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una cirugía maxilofacial, sufrió cortes en la cara tras romperse las gafas que llevaba puestas y golpes en muñeca y rodilla izquierdas. En total pasó 90 días de convalecencia con el perjuicio que le supone a una persona de avanzada edad estar un periodo prolongado sin actividad. Su familia, preocupada no sólo por el golpe sino por las consecuencias futuras que pueda acarrear el mismo a una mujer activa pese a su edad.
Así, la mujer y sus familiares decidieron demandar al Ayuntamiento de Madrid como responsable del mal estado del pavimento. Explican que el proceso de reclamación fue largo y tedioso, lleno de trámites y de documentos y de plazos para presentar toda la documentación requerida por el Consistorio. El ente público solicitó los informes a los servicios participantes en el accidente de María, desde el Samur a la Policía Municipal que levantó acta de las actuaciones.
Dos años y medio después, Irene Cabrero la directora general de Organización, Régimen Jurídico y Formación resolvió que "concurren los requisitos para la procedencia de la indemnización solicitada". En el escrito, la aseguradora del Ayuntamiento valora en 4.766 euros, los 90 días de perjuicio moderado; en 551 euros, la cirugía maxilofacial; concede 2 puntos de perjuicio psicofísico y los valora en 1.302 euros y por último califica de moderado el perjuicio estético pero lo cuantifica en 7 puntos y valora en 4.897 euros. La resolución recoge también el coste de las gafas que se rompieron en la caída y la férula que necesitó la anciana pero no incluye los 350 euros que la familia gastó en sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad de las extremidades dañadas.
En total 11.517 euros. No obstante, pese al tiempo transcurrido y pese a la resolución favorable, la accidentada y su familia no han cobrado un euro puesto que la responsabilidad es para una empresa privada, la constructora Dragados, que es la concesionaria de la Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid. Empresa que tenía un mes para recurrir ante el órgano que dictó la resolución, cosa que hizo poco antes de que expirara el plazo, recurso que inexplicablemente no se le comunicó a la parte reclamante.
Dragados, desde un primer momento presentó alegaciones a la reclamación de la familia de María porque "no considera acreditados los hechos". Rechaza asumir cualquier tipo de responsabilidad en la "producción de los daños" y asevera "cumplir con diligencia las obligaciones contractualmente asumidas". Para la compañía, la "escasa entidad del desperfecto" no es suficiente para ser el responsable la caída de una anciana que con una "mínima diligencia" por parte de una mujer de 84 años "hubiera podido ser evitado".
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Ahora la familia teme que el Ayuntamiento estime el recurso de la compañía "tras un año y medio" de lucha y que el conflicto termine en la justicia Contencioso Administrativa para la que tendrán que contratar a un abogado, con el gasto y la prolongación de la disputa que conllevaría. No comprenden "cómo una caída en la vía pública termina en un conflicto con una compañía privada".
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'Encerrados' sin ascensor: "Cinco años sin salir de casa por culpa de 39 escalones"
Ancianos, personas con movilidad reducida, enfermos... Hasta 100.000 personas nunca salen de sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios
Javier Corbacho
29/06/2019 05:00 - Actualizado: 29/06/2019 12:45
"Me he sentido encarcelada en mi propia casa", relata Nuria. Esta madrileña de 38 años vive en el cuarto piso de un bloque de edificios de Parla (Madrid) que no cuenta con ascensor. 68 escalones "aprisionan" a esta enferma de síndrome de Sudeck —una hinchazón de las piernas, derivada en su caso de una operación de rodilla— que desde 2013 le impide subir y bajar escalones y, por tanto, salir a la calle.
Sin ascensor, "escapar" de su domicilio depende únicamente de su enfermedad. "Cuando tengo más dolor, he llegado a bajar los cuatro tramos de escaleras sentada, impulsándome con los brazos, y tardo casi media hora en llegar al portal", cuenta. "Y esto me ha provocado molestias en los hombros y las muñecas".
A pesar de las complicaciones, Nuria no ha dejado de trabajar. "No he querido hacerlo", asegura. Cada día, sus padres, con los que vive, tienen que ayudarla a bajar, como sea, las escaleras. "En los días buenos, agarro con una mano la muleta y mi madre me coge del otro brazo".
"Hace poco, me he obligado a mí misma a pedir 10 días de vacaciones aunque los he pasado sin salir de casa", prosigue.
Su enfermedad no solo tiene consecuencias físicas. "Cuando estoy sentada, tengo dolor aunque lo controlo, en parte, con parches de lidocaína. Pero también está el agobio de preguntarme si ese día podré ir o no a trabajar, si esta vez tendré fuerzas para salir de mi casa y quedar con amigos o si funcionará el ascensor de las estaciones de metro…", añade. "Además del malestar físico, que se agrava con el tiempo, te sientes bloqueado por la ansiedad, que en mi caso se ha convertido en depresión".
"He llegado a bajar las escaleras sentada y así tardo media hora en alcanzar el portal"
En un principio, según relata Nuria, sus vecinos comprendieron su drama y no se negaron a instalar un ascensor en el bloque, pero luego cambiaron de idea. "Algunos no se lo pueden permitir y otros no empatizan y se echaron para atrás", explica. "Y tampoco tenemos dinero para irnos a otro piso que sí cuente con elevador o a un bajo", apunta su madre.
El bloque contiguo, de las mismas proporciones que el de Nuria, sí tiene instalado un pequeño ascensor en el hueco de las escaleras, en el que caben una o dos personas.
El Ayuntamiento de Parla no concede ayudas para la instalación de estos aparatos, por lo que Nuria no cree que su situación vaya a mejorar en el corto o medio plazo. Tiene concedido un grado de discapacidad del 33%, pero debido a su sordera —no oye nada por el oído derecho—, no por su enfermedad; y va a volver a presentar una solicitud de movilidad reducida, que ya le fue denegada en una ocasión. "No voy en silla de ruedas. Como lo que tengo provoca principalmente dolor, es más difícil demostrar, tanto en el vecindario como en el trabajo, lo que sufro", añade.
Sus padres tienen que ayudarle a salir de casa y a bajar las escaleras
Nuria forma parte de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, de las cuales 100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia.
Nuria, durante la entrevista. (A. R.)
Nuria, durante la entrevista. (A. R.)
Estos datos han sido publicados recientemente en un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que también cifra en un 22% el porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de domicilio por culpa de esta problemática. Los principales obstáculos que encuentran son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. Además, según el informe, más de 4 de cada 10 personas con movilidad reducida pasan muchos días seguidos sin salir de casa.
Límite: 12 cuotas
En su artículo 10.1 b), la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) impide que se pueda realizar una reforma en un inmueble cuyo coste supere el valor de doce cuotas ordinarias si la mayoría de los propietarios se oponen a sufragarla.
El 33% de los afectados saldría más a la calle si su edificio fuera más accesible
Si un anciano o una persona con movilidad reducida lo solicitan, siempre que el precio de la instalación no supere este límite, la reforma no requiere el acuerdo de la Junta de propietarios. Si lo sobrepasa, la obra sí necesita del apoyo de, al menos, la mitad más uno de los vecinos.
Hablan las víctimas de los cortes de luz de Endesa en los ascensores... "sin preaviso"
Agustín Rivera. Málaga
Los administradores de fincas están recibiendo continuas quejas de propietarios de viviendas de más de 30 años ante la interrupción del servicio de electricidad de los elevadores
"Llevamos más de 20 años reclamando que se modifique la LPH, que ha sufrido algunos cambios pero que no son suficientes", explica Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). "Pedimos que se elimine esta limitación de las doce cuotas", explica, de forma que una instalación que mejore la accesibilidad de un edificio, aun superando el valor de 12 cuotas, sería también obligatoria.
"No es aceptable que las personas con problemas de movilidad estén encerradas en sus casas; es una injusticia social, no es vida", añade Queiruga. Y remata: "No es algo individual, la accesibilidad favorece a la sociedad en su conjunto".
Los 'encerrados' de Aluche
Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)
Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)
España es el país del mundo con un mayor número de ascensores por habitante, según un estudio publicado en 2014 por el banco Credit Suisse. Pero en determinadas zonas de la periferia madrileña, como el barrio de Aluche, en el distrito de La Latina, estos aparatos, elemento habitual en cualquier edificio del centro de la capital, son casi un lujo.
A Abel Montalvo le entregaron su piso en el barrio poco después de casarse. "Me lo dieron el 19 de noviembre de 1967", una fecha que recuerda a la perfección y que define como "uno de los días más felices de su vida". Hoy, ya jubilado, preside la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, impulsora de la plataforma "Puerto Chico se mueve", que lleva casi una década "luchando para que instalen ascensores que permitan a la gente mayor salir de sus casas y mejore la vida de los vecinos".
14 comunidades de vecinos de la zona se han beneficiado de las ayudas municipales y cuentan —ya instalados o en proceso— con ascensores en sus bloques. Otros 40 edificios tienen previsto hacerlo pronto. El estudio de arquitectos Q-21, un colectivo dedicado a la rehabilitación urbana de carácter sostenible, lleva colaborando con la Asociación de Vecinos —en un primer momento, para realizar las inspecciones técnicas de los edificios previas a la instalación— desde 2006 y 'firma' parte de estas obras.
Al tratarse de un Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), el Ayuntamiento de Madrid puede llegar a sufragar en Aluche hasta el 70% del coste de la instalación de ascensores, que suele rondar los 100.000 euros, ya que, en la mayor parte de los casos, es necesario construir desde cero la estructura del elevador en el patio interior de los edificios. Desde 2019, estas ayudas municipales se conceden por adelantado, antes del inicio de la obra y tras presentar una licencia.
Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)
Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)
Por su parte, la Comunidad de Madrid llega a subvencionar a posteriori —ya con el ascensor en marcha— hasta el 40% de la instalación, con un máximo de 8.000 euros por vivienda. Para obtener la subvención, las comunidades de vecinos deben presentar tres presupuestos, lograr una mayoría simple favorable a la remodelación y pedir una licencia de obra, "que está tardando en llegar entre seis meses y un año", según explica Juan, otro miembro de la asociación.
Pero no todo es tan sencillo como parece: algunos vecinos, que podrían beneficiarse de estas subvenciones, desconocen su existencia; otros "no tienen ganas de andar 3 o 4 meses de obras en sus portales y domicilios".
Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)
Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)
Además, gran parte de los bloques de edificios de Aluche tienen más de medio siglo, e instalar elevadores en ellos supone, en ocasiones, alterar la estructura de las viviendas de parte del bloque, por lo que ciertos residentes se niegan. "Ha habido juicios en algunas comunidades. Algunos se oponen porque poner un ascensor le quita a la mitad de los vecinos parte del espacio en el que se ubican los tendederos que dan al patio", donde se coloca el aparato. "Pero tras la obra, se les devuelve esa misma superficie y nadie pierde espacio en sus viviendas", coinciden en detallar tanto Lucía Martí, arquitecta de Q21, como Abel.
El barrio de Aluche, perteneciente al distrito de La Latina, es una de las áreas más envejecidas de su zona, con un porcentaje de población dependiente superior a la media madrileña. Según el censo municipal, más del 35% de sus casi 66.000 vecinos tiene más de 60 años y el grupo de habitantes de entre 70 y 74 años es el más numeroso en el barrio. "Aquí, a los que no nos falla la pierna derecha, nos falla la izquierda", bromea Abel al preguntarle por las necesidades de los residentes.
Sin pisar la calle en 5 años
Entre los cincuenta y los setenta, la Meseta de Orcasitas (distrito de Usera, Madrid) era un amasijo de chabolas y viviendas bajas construidas por trabajadores —en su mayoría, extremeños y castellanomanchegos— que habían acudido a la capital en busca de empleo. A partir de 1976, comienza la remodelación de la zona, a partir de un proyecto de ordenación gubernamental, que culmina con la construcción, en un primer momento, de más de 1.500 viviendas equipadas.
Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)
Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)
Gracias a la labor de la Asociación de Vecinos de Orcasitas —que redactaron un plan urbanístico propio que el Tribunal Supremo obligó a cumplir a la Administración— todos los habitantes de la Meseta, incluso los inquilinos y los que vivían en chabolas, fueron realojados en los pisos de nueva construcción.
Algunos vecinos no pueden afrontar los gastos previos a solicitar la subvención del ascensor
La familia de Margarita era propietaria de una casa de planta baja en el barrio y pudo elegir una vivienda "de las nuevas" en 1980. Con la compensación de la expropiación pagó la entrada del recién estrenado domicilio. Pero casi 40 años después, la "casa nueva" no es tan nueva; es un cuarto piso sin ascensor. Margarita tiene 96 años y lleva 5 sin pisar la calle. En todo un lustro, "ha salido de casa solo cuando se ha roto las dos caderas y al cumpleaños de su nieta, que vive en el bloque de enfrente", cuenta la hija de la anciana, que también se llama Margarita.
Margarita, en su sofá. (A. R.)
Margarita, en su sofá. (A. R.)
"La última vez que se rompió la cadera, para bajarla, tuvimos que tumbarla en una sábana cogida por 3 personas; no había otra forma", relata. "Si pudiésemos, claro que saldríamos de casa con ella", indica señalando a su madre, a la que transportan en una silla de oficina, porque la silla de ruedas que guardan en el sótano apenas cabe por uno de los pasillos y roza las paredes.
"Una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle"
"En el barrio, todo el mundo la conoce. Esta misma mañana me ha pasado algo que me sucede muy a menudo: una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle", explica Margarita (hija). "Estamos enclaustrados por 39 escalones".
La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)
La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)
En el bloque, no obstante, sí sería posible instalar un elevador, a través de las dispensas, unos pequeños habitáculos situados en los rellanos de cada planta y a los que se accede desde el interior de cada domicilio. No pertenecen a las viviendas, sino a la comunidad, según explica Margarita. "Tenemos buhardillas, en las que podrían ir las poleas, y sótanos, así que sería cuestión de ceder estas dispensas para colocar el ascensor", explica. "Pero no nos lo podemos permitir", añade.
Margarita en su sofá. (A. R.)
Margarita en su sofá. (A. R.)
Según la Ley de la Propiedad Horizontal, si la familia de Margarita lo solicita, sería obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Al igual que Aluche, Orcasitas es otra Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), por lo que el edificio podría contar con generosas subvenciones por parte del Ayuntamiento para reformas que mejoren la accesibilidad. Pero afrontar los gastos previos a solicitar la ayuda —como el primer pago al arquitecto o la licencia de obra— es imposible para esta comunidad de vecinos. "En este bloque viven dos mujeres viudas, una separada, una divorciada y un jubilado. Y mi marido está en paro. Yo no puedo obligar a nadie a que ponga un dinero que no tiene", relata.
Además, la dotación se limita a 10.000 euros por piso, lo que perjudica a los bloques con menos vecinos. "Si te conceden la subvención, recuperas este dinero pero hay quienes no podemos permitirnos pagar estos gastos por adelantado", explica Margarita. "Para quitar el amianto de los tejados, que también está subvencionado municipalmente, hemos tenido que aumentar la cuota de la comunidad, porque había que pagar en gastos previos una derrama de más de 5.000 euros".
Según afirma Anxo Queiruga, presidente de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), desde su asociación solicitan que "además de las ayudas para instalar ascensores, haya fondos de compensación económica para las personas que vivan en una comunidad de vecinos y demuestren que no tienen recursos suficientes para sufragar las cuotas de esas obras". Lucía Martí, del estudio Q-21, relata que los arquitectos suelen cobrar de forma fraccionada: una parte al finalizar el proyecto y solicitar la licencia y la otra al poner en marcha el ascensor.
Margarita en su domicilio. (A. R.)
Margarita en su domicilio. (A. R.)
El informe de COCEMFE indica que casi el 58% de los edificios donde viven personas con movilidad reducida no ha recibido ninguna ayuda y que el 33% de los afectados, como Margarita, saldrían a la calle más a menudo si la accesibilidad de las viviendas fuera mejor. "Y ya no es solo el caso de mi madre", explica Margarita. "A mi marido y a mi hija les han operado las rodillas; y son cuatro pisos de escaleras los que hay que bajar para salir de casa o subir con la compra del mes", añade. "Somos un país de viejos; nosotros vamos a estar dentro de nada como ellos", añade.
El ascensor, un lujo
"Antes de mi enfermedad, me preocupaba por cosas insignificantes, a las que ahora no doy importancia", relata Nuria sentada en el salón de su casa en Parla mientras muestra informes médicos sobre su dolencia. "Ahora me preocupan cosas como poder acceder al restaurante al que quiero ir a cenar una noche, que el transporte público esté adaptado o poder quedar con mis amigos".
Así envejece España: 10 años más de media de edad en 4 décadas
Europa Press
Hace 40 años uno de cada diez habitantes tenía más de 65 años, mientras que en la actualidad es casi uno de cada cinco
"Cuando ingresaron en el hospital a mi madre durante dos meses, cuando se rompió una de las caderas, estuvo en varias plantas: en la sexta, en la novena y en la número trece", relata Margarita en su domicilio de Orcasitas, mientras la anciana, en silencio, atiende a la entrevista. "Cada vez que yo iba a visitarla, por inercia pura, me dirigía hacia las escaleras. Llevamos toda la vida en esta casa y no me acostumbraba a tener un ascensor tan a mano", añade. "Si ya molesta tener el ascensor estropeado un par de días, aquí, en mi bloque, es como si siempre estuviera roto", apunta.
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