Autor Tema: Algo sobre dinero  (Leído 112176 veces)

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1140 en: 25 de Abril de 2019, 07:22:46 am »

TROPEZÓ CON UNA BALDOSA DESNIVELADA
Esto no es EEUU: rechazan indemnizar a una mujer que se cayó por mal estado de la acera


El Tribunal Administrativo de Navarra dice que tropezar con una baldosa que sobresale dos centímetros "no es suficientemente relevante: bastaría el mínimo de atención exigible al peatón para evitar la caída"


Autor
Jose Mari Alonso. Pamplona

24/04/2019 21:33 - Actualizado: 24/04/2019 23:06

El Tribunal Administrativo de Navarra ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por una mujer contra la resolución del Ayuntamiento de Pamplona que le denegó una indemnización por los daños sufridos como consecuencia deuna caída en la vía pública tras tropezar con una baldosa desnivelada que sobresalía “dos centímetros aproximadamente” del suelo. En su resolución, sostiene que un desperfecto en el pavimento de esta altura “no se considera suficientemente relevante para entender existente la relación de causa-efecto necesaria para imputar responsabilidad” al consistorio pamplonés, ya que, según determina, “hubiera bastado probablemente el mínimo de atención exigible a los peatones para evitar la caída”.

De atender la petición de la afectada, este organismo determina que “se llegaría a la exigencia de estándares que excederían de los que comúnmente se reputan exigibles en la actualidad, y convertiríamos las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos”. Los argumentos empleados en la resolución, y que basa además en diferente jurisprudencia española, dibuja un escenario diferente al que se da en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, donde las demandas por este y otro tipo de percances están a la orden del día, con abogados apostados en las entradas de urgencias para litigar contra las administraciones.

De atender la petición de la afectada por la caída, "convertiríamos las administraciones públicas en aseguradoras universales de todos los riesgos"

La afectada por la caída presentó un recurso de alzada ante este organismo encargado de resolver controversias con la Administración Local después de que el Ayuntamiento de Pamplona le denegara el pasado mes de octubre una indemnización por los daños sufridos al sostener que el mal estado de la baldosa “no se estima idóneo para ser el causante” del percance. Además, el consistorio consideraba que no existía prueba de las “circunstancias” en las que tuvo lugar la caída, producida a las 13:00 en la confluencia de la plaza del Consejo con la calle Nueva, a pesar de que en el expediente informativo se recogían fotografías del lugar de la caída, la declaración de un testigo o el informe del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra al que acudió la mujer tras el incidente.

Uno de los aspectos claves que ve el Tribunal Administrativo de Navarra es que la interesada manifiesta en sus escritos –en el de reclamación ante el ayuntamiento y en el propio recurso de alzada– de que “tropezó” con una baldosa “mal colocada” o “suelta”, por lo que, con base en la declaración de la propia perjudicada, el accidente “no se produjo como consecuencia de la basculación de la baldosa al ser pisada”. Asimismo, como segunda cuestión relevante, apunta a que, si bien no se realizó una medida del desnivel debido a su “inmediata reparación” tras el percance, el informe del Servicio de Obras de Conservación Urbana del ayuntamiento deduce de las fotografías que el escalón sería de "unos dos centímetros aproximadamente".

Un aspecto "clave" es que la afectada asegura que "tropezó" con una baldosa suelta: "No se produjo por la basculación de la baldosa al ser pisada"

Y este grosor, según establece, “no se considera suficientemente relevante” como para imputar responsabilidad al ayuntamiento por la caída. Que el escalón tuviera aproximadamente dos centímetros “de por sí no puede motivar la declaración de responsabilidad municipal”, refleja la resolución, que viene a reprochar a la afectada que no anduviera con cuidado para evitar el accidente. “Hubiera bastado probablemente el mínimo de atención exigible a los peatones para evitar la caída”, subraya.

A este respecto, la afectada aseguraba que transitaba por la calle con la “debida diligencia” y defendía que la rápida reparación de la baldosa suponía el “reconocimiento” por parte del ayuntamiento del “nexo causal” del percance. Sin embargo, ante este último argumento, el consistorio replicó que la celeridad en la reparación del desperfecto se debe al “compromiso asumido en la Carta de Servicios de reparar a la mayor brevedad posible las aceras donde se hayan producido caídas y pluspetición en relación con la cuantía de la indemnización solicitada”.

La afectada defendía que la rápida reparación de la baldosa suponía el "reconocimiento" por parte del ayuntamiento del "nexo causal" del accidente

El posicionamiento municipal es avalado por el Tribunal Administrativo, que sostiene que la reparación del desperfecto “no constituye, en el presente caso, prueba de imputación de responsabilidad al Ayuntamiento de Pamplona, pues ello dependerá de la entidad de dicho desperfecto y del resto de circunstancias y pruebas obrantes en el expediente administrativo”. Asimismo, asegura que el hecho de que se reparara posteriormente el desperfecto “solo evidencia su mal estado pero no deriva de ello la responsabilidad patrimonial que atiende a los parámetros legales”.

Para dictar su resolución, el Tribunal Administrativo de Navarra alude a la jurisprudencia, que “ha exigido tradicionalmente que el nexo causal sea directo, inmediato y exclusivo”, lo cual “supone desestimar sistemáticamente todas las pretensiones de indemnización cuando interfiere, de alguna manera, la culpa de la víctima o de un tercero”. En este sentido, señala que el Tribunal Supremo “ya ha explicado que la socialización de riesgos que justifica la responsabilidad objetiva de la Administración no permite extender la misma hasta cubrir cualquier evento por el mero hecho de que este se produzca dentro de su ámbito de actuación”.

La reparación del desperfecto "solo evidencia su mal estado, pero no deriva la responsabilidad patrimonial que atiende a los parámetros legales"

En concreto, apunta a la sentencia del alto tribunal del 5 de junio de 1998 que declaró que “la prestación por la administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las administraciones públicas convierta a estas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo porque, de lo contrario, se transformaría aquel en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Y en relación sobre los desniveles en el pavimento, el tribunal refleja que tanto este propio órgano como el orden jurisdiccional contencioso administrativo de Navarra se han pronunciado con “reiteración” sobre qué puede entenderse como un obstáculo idóneo para producir una caída. “Efectivamente, el estándar social sobre la seguridad de las vías públicas no llega al extremo de reclamar unas superficies perfectamente lisas y sin ningún desnivel. No es irrazonable que existan diferencias de nivel e incluso pequeñas roturas en las aceras, puesto que siempre se ha de exigir cierta atención por los peatones para evitar el riesgo existente”, expone el Tribunal Administrativo de Navarra.

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Para reforzar su argumentación, alude a una sentencia de 2002 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que se pronunció en un supuesto de loseta de dos centímetros de grosor levantada por las raíces de un árbol. “La sola existencia de dicho pequeño desnivel no puede considerarse suficiente para que sean atribuibles a la Administración Municipal, en relación de causalidad, las consecuencias de una hipotético tropiezo, pues en este caso todos los posibles accidentes que en relación física pudieran producirse con tan poco relevantes obstáculos o elementos del mobiliario urbano perteneciente a los municipios les serían imputables (...) no bastando con un mero tropiezo, ante la existencia de tan nimio impedimento como el existente, para que el ayuntamiento sea responsable de las consecuencias dañosas que se puedan producir”.

Con base en todos estos argumentos, y pese a considerar acreditado que la afectada tropezó con una “baldosa desnivelada” cayendo al suelo, el tribunal concluye en su reciente resolución que “no existe responsabilidad del Ayuntamiento de Pamplona en la producción de los daños”.


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« Respuesta #1141 en: 06 de Mayo de 2019, 10:22:30 am »


Cómo rescatar un plan de pensiones sin que nos pase factura a nivel fiscal


Se habla mucho de la desgravación de los planes de pensiones, pero muy poco de qué pasa cuando hay que rescatarlos. Si te ves en esa situación, estas son tus opciones
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Inversiones
Bestinver. Ahorro e inversión
06/05/2019 05:00
Desde el punto de vista fiscal, los planes de pensiones tienen una de cal y otra de arena. La parte positiva y más conocida por los contribuyentes es que desgravan en la declaración de la Renta mientras se está aportando ahorro al plan; la negativa, cuando realizamos el rescate. Si no lo hacemos de forma planificada puede ocurrir que la mitad se lo quede Hacienda. Conviene, por tanto, saber cómo se rescata un plan de pensiones para evitar cometer errores que nos pasen factura.


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Si tienes claro que quieres depositar tu dinero en renta variable, te damos las claves para elegir mejor entre las opciones disponibles
Existen tres modelos para solicitar el reembolso del plan de rescate: en forma de capital (todo de golpe), de renta (pagos periódicos) y mixta (combinando las dos anteriores). En función de la cantidad, la primera opción es la que más puede perjudicarnos en el bolsillo porque el dinero aportado tributa como renta del trabajo, lo que significa que está sujeto a los tramos del IRPF en la declaración de la Renta. A mayor base imponible (ingresos a declarar), mayor será el tipo por el que tributamos.


Por ejemplo, si rescatamos un plan por un importe de 150.000 euros, tributaremos por el tipo máximo, el 45%; en cambio, si optamos por percibir una renta periódica (mensual, trimestral, semestral o anual) por un total de 20.000 euros al año, pagaremos como mucho un 24%. “Una buena planificación puede evitar que el tipo efectivo de gravamen se incremente de forma significativa”, señalan desde Baker McKenzie. Por ello resulta fundamental realizar una estimación o análisis de las rentas que se van a percibir.

Tabla de tramos del IRPF

Ingresos   Retención
0€ - 12.450€   19%
12.450€ - 20.200€   24%
20.200€ - 35.200€   30%
35.200€ - 60.000€   37%
+ 60.000€   45%
Si se opta por el modelo mixto, desde la firma se recomienda calcular en qué año ingresar la prestación en forma de capital y cuándo en forma de pagos periódicos, “controlando así la progresividad del impuesto y minimizando en última instancia la factura fiscal”.

Conviene recordar que, a diferencia de los fondos de inversión, donde únicamente se declaran las ganancias generadas, en los planes de pensiones se tributa por los llamados derechos consolidados, es decir, el beneficio obtenido por el producto en sí mismo más las aportaciones.

 

Un supuesto en el que el rescate en forma de capital es más apropiado es para aquellos que realizaron aportaciones antes de 2006. Hasta entonces, la normativa fiscal recoge una reducción del 40% en un régimen transitorio, que solo se puede aplicar durante el año de jubilación o en los dos siguientes ejercicios.

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De este modo, imagina que decides rescatar un plan de pensiones por un importe total de 100.000 euros y debes asumir que, de esa cifra, 40.000 euros son aportaciones realizadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2006. Si optas por percibir en forma de capital esa cuantía en el actual ejercicio y el resto en forma de renta temporal o vitalicia, puedes beneficiarte de la reducción del 40% correspondiente sobre esos 40.000 euros, lo que supone un ahorro fiscal en base de 16.000 euros.


Elección del momento del rescate
Otra cuestión importante es cuándo solicitar el reembolso del plan. Es decir, si lo hacemos el mismo año en el que nos jubilamos hay que tener en cuenta todos los ingresos que vamos a percibir (sueldo, pensión pública y plan de pensiones) para que no eleven demasiado la base imponible de la declaración de la renta.

“Siempre y cuando la planificación se adapte a nuestras circunstancias y necesidades financieras, podría resultar interesante rescatar el plan de pensiones el año siguiente al de la jubilación, puesto que de, lo contrario, las prestaciones percibidas podrían tributar a un tipo de gravamen efectivo superior”, aconsejan desde Baker McKenzie.


Desde 2015 es posible rescatar el plan de pensiones a los 10 años de las aportaciones, de tal manera que en 2025 se podría solicitar el reembolso de las cantidades ingresadas una década antes, y así sucesivamente. Es más, ni siquiera es necesario alegar los supuestos para los que está concebida la prestación (jubilación, paro de larga duración o enfermedad). Sin embargo, hay que evaluar bien los riesgos de recuperar un ahorro para un fin para el que no está pensado, máxime en un momento en el que cada vez somos más longevos y nos esperan más de dos décadas de retiro laboral.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1142 en: 14 de Mayo de 2019, 08:32:25 am »


Bonnie antes y después del accidente que sufrió en Magaluf en 2017.

La turista que se quedó tetrapléjica en la piscina de olas de un hotel de Magaluf pide 10 millones
Bonnie Lackey estaba de despedida soltera en Mallorca cuando sufrió un accidente que le dejó sin movilidad.
13 mayo, 2019 14:47



Lucía Vinaixa

A Bonnie Lackey, de 41 años, le esperaban unos días de absoluta diversión en Magaluf, lugar famoso en Mallorca por su turismo desenfrenado. La británica había dejado a sus dos pequeños, Freddie y Tommy, en manos de su padre en la ciudad inglesa de Crawley. Ellos seguirían con su rutina y ella se olvidaría de todo para disfrutar con sus amigas en la despedida de soltera de su prima. Una mañana el grupo de inglesas estaba divirtiéndose en la piscina de olas del hotel BH Mallorca cuando Bonnie, que iba sentada en un flotador, se dio un brutal golpe contra el suelo de la piscina. La alegría llegó a su fin cuando se dio cuenta que no podía mover ni las brazos ni las piernas. El accidente le había dejado tetrapléjica. Dos años después, después de recuperar fuerzas, la inglesa pide una indemnización de 10,4 millones de euros. 

Los hechos ocurrieron en mayo de 2017. El grupo de amigas llevaba meses esperando el viaje y se estaban quedando en un establecimiento turístico en la localidad mallorquina. El BH Hotel Mallorca es famoso por tener un parque acuático para adultos y por sus fiestas de música electrónica. Además, está ubicado en lo que ellos, desde su página web, denominan "la capital mundial de la fiesta". Pertenece al grupo Cursach, propiedad del magnate Tolo Cursach, rey de la noche mallorquina relacionado con varios delitos de homicidio, corrupción de menores y narcotráfico.

El empresario mallorquín Bartolomé Cursach Mas

El empresario mallorquín Bartolomé Cursach Mas EFE

"Caí boca abajo en el agua. No podía entender por qué mis brazos y mis piernas no estaban haciendo lo que yo quería que hicieran. Intenté levantar mi cabeza fuera del agua, pero tampoco pude. Aguanté la respiración y esperé de forma desesperada que alguien se diese cuenta de lo que me estaba pasando", contó Bonnie meses después de la tragedia al periódico británico The Sun.
Así fue la fuerte discusión entre Carlos Falcó y Esther Doña por la que él acabó en comisaría
Marina EsnalEl pasado mes de febrero la pareja protagonizó un altercado en un conocido hotel, lo que provocó que la Policía tuviese que intervenir.

"Sentí que esperé durante una eternidad, pero probablemente pasó menos de un minuto hasta que alguien me sacó del agua. Les dije que no sentía nada y todos supimos que la cosa era seria", expresó.
Imagen de la piscina de olas del establecimiento hotelero BH Mallorca

Imagen de la piscina de olas del establecimiento hotelero BH Mallorca
"Quería abrazar a mis seres queridos, pero no podía"

Mientras algunas de sus amigas corrieron a llamar a una ambulancia, otras gritaban de forma desesperada a los socorristas que no moviesen a Bonnie. Los facultativos llevaron a la herida a un habitación habilitada para este tipo de situaciones, pero la ambulancia no tardó en llegar. "La diferencia de idiomas supuso un gran problema", declaró la inglesa. Sus primas fueron a visitarla a cuidados intensivos. "Estaban pálidas y no paraba de llorar", añadió.

Bonnie ya no podía seguir la fiesta con sus primas. Eso le hizo sentir aún peor. "Les dije que tendrían que continuar sin mi. No querían, pero insistí. No nos habíamos pasado durante meses organizando estas vacaciones para quedarnos en el hotel y sentirnos miserables", contó Bonnie. Su marido, Terry, no tardó en llegar. Dejó a sus hijos con unos familiares y cogió el primer vuelo con destino al aeropuerto de Son Sant Joan. "Me sentía tan sola e insegura en el hospital pensando en el futuro. Quería abrazar a mis seres queridos, pero no podía".

La británica se había roto tres huesos en el cuello y los daños que tenía en la médula espinal eran muy serios. Fue sometida a una operación bajo el cráneo donde le pusieron una pieza metálica con la intención de facilitar su movimiento. Tuvo que esperar durante una semana en el hospital mallorquín hasta que fue transferida sobre una ambulancia aérea privada hasta otro hospital en el condado de Surrey (Inglaterra). Allí entendieron la gravedad del asunto. Su parálisis sería permanente.

Ocho meses después del accidente, la mujer pudo volver a casa. Sin embargo, su vida jamás volvió a ser la misma. Su vivienda necesita una obra para habilitar el edificio a su parálisis de un valor cerca de los 70.000 euros.
El gran día

Las amigas británicas que poco tiempo atrás se estaban divirtiendo en Magaluf estaban convencidas de que Bonnie no iba a poder asistir a la boda. Las posibilidades eran ínfimas. Pero la madre de familia no entiende de imposible. "En vez de centrarme en lo que no iba a poder hacer más, me enfoqué en lo que podría hacer", explicó.

Semanas antes de la boda Bonnie pasó por un intenso proceso de rehabilitación. Y lo consiguió. El gran día un grupo de enfermeras la ayudaron a ponerse el vestido de dama de honor y apareció en la iglesia por sorpresa. Cuando se abrieron las puertas, los 70 invitados se dieron la vuelta sin dar crédito a lo que estaban viendo. "No había ni un ojo seco en la iglesia", dijo.

Dos años después del accidente, Bonnie se dedica a pintar cuadros con la boca. Es lo único que puede hacer. Lo que recauda lo dona a la caridad. Sin embargo, la mujer espera que al final pueda conseguir los 10 millones de euros que le ha exigido a la empresa del mafioso mallorquín.




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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1143 en: 19 de Mayo de 2019, 07:07:51 am »

Lo consideran "causa justa"
El TS avala que una mujer desherede a dos de sus hijos por maltrato psicológico

El alto tribunal rechaza el recurso de los dos vástagos afectados contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya.
La Información
sábado, 18 mayo 2019, 12:11
      

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de una mujer de desheredar a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico en una sentencia en la que considera que el mismo constituye una "causa justa" para que la madre tomara tal decisión en su testamento.

En una sentencia el alto tribunal rechaza el recurso de los dos hijos desheredados contra la resolución dictada por la Audiencia Provincial de Vizcaya, que confirmó la del Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao.

El tribunal explica que el testamento de la madre, fechado el 3 de agosto de 2009, señala "que su hijo Francisco Javier le ha manifestado reiteradamente que está llena de maldades y brujerías y que la casa, igual que ella, está también embrujada y llena de maldades".
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El testamento añade que la dejó "sola y abandonada a pesar de estar grave como consecuencia de una enfermedad crónica que padece desde hace más de diez años, que se ha ido agravando paulatinamente causándole una movilidad muy reducida y obligándola a desplazarse en una silla de ruedas".

Agrega que "su hijo Jorge le atribuye la responsabilidad de todos los males que, según él, ha padecido en la vida y le niega formal y expresamente su condición de madre, careciendo de interlocución alguna con él, hasta el punto de haber intentado la testadora felicitarle el día de su cumpleaños y sufrir el desplante de que le colgara el teléfono".

La testamentaria señala que "como consecuencia de todo lo expuesto deshereda a sus hijos Jorge y Francisco Javier e instituye heredero a su hijo Ignacio".

Petición  de nulidad

Jorge y Francisco Javier presentaron una demanda en la que solicitaban que se declarase la nulidad de la cláusula de desheredación contenida en el testamento y la institución de heredero único y universal a favor de su hermano Ignacio, para incluirles como herederos, a lo que se opuso este último.

El Supremo recuerda que el Juzgado consideró acreditado que "los demandantes habían incurrido en un maltrato psíquico contra su madre a lo largo de los años, particularmente en los últimos de su vida cuando ya estaba enferma, con una conducta de menosprecio y abandono".

También estimó probado que "no hubo una reconciliación con su hijo Javier, que residió en casa de su madre durante sus últimos meses de vida por razones económicas y no de cuidados y asistencia".

El Tribunal Supremo fundamenta que "el maltrato psicológico se configura como una injustificada actuación del heredero que determina un menoscabo o lesión de la salud mental del testador de forma que debe considerarse comprendida en la expresión que encierra el maltrato de obra en el artículo 853.2 del Código Civil".

"En el presente caso la sentencia recurrida considera acreditado que ambos hermanos incurrieron en una conducta de menosprecio y abandono familiar respecto de su madre sin justificación alguna y solo imputable a los mismos", apostilla.




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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1144 en: 07 de Junio de 2019, 08:13:00 am »
El Tribunal Supremo fija el reparto de indemnizaciones por los daños causados en colisiones recíprocas de tráfico
En los casos en los que no exista prueba del grado de culpa de cada conductor

Autor
    Comunicación Poder Judicial

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha fijado doctrina sobre la solución aplicable a los casos de daños en los bienes causados por la colisión recíproca de vehículos sin determinación del grado de culpa de cada conductor.

Para ello, tiene en cuenta que el régimen legal de la responsabilidad civil en el ámbito de la circulación de vehículos a motor se funda en su origen en principios de solidaridad social con las víctimas de los accidentes de tráfico, más que en los principios tradicionales de la responsabilidad civil extracontractual.

Se adjunta nota informativa de la Sala y sentencia.

http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/Nota%20informativa%20y%20sentencia%20TS%2027%20mayo%202019.pdf

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1145 en: 11 de Junio de 2019, 07:34:44 am »

la abogada defendió que no fue "voluntario"
Una aseguradora indemniza como accidente el suicidio de un hombre que saltó al vacío

Una aseguradora acaba de indemnizar la muerte de un hombre que una mañana después de desayunar saltó al vacío en Alicante

Autor
Braulio García Jaén
Contacta al autor
@Bgarciajaen


11/06/2019 05:00

Los suicidios no siempre son voluntarios. Una aseguradora acaba de indemnizar la muerte de un hombre que una mañana después de desayunar saltó al vacío en Alicante. En un principio, la compañía se negó, como suele ser habitual, a abonar la prima del seguro alegando que el suicidio estaba excluido de la cobertura por accidentes. Pero la abogada de la viuda defendió que no había sido “voluntario y consciente”, sino que una serie de factores, casi todos derivados de un erróneo tratamiento antidepresivo, habían precipitado la muerte. La compañía ha indemnizado con 40.000 euros a la viuda y evita así una sentencia que habría recaído en un asunto crucial, aunque apenas explorado jurisprudencialmente. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en España.

Aparentemente, la conclusión de la autopsia no dejaba lugar a dudas: “La muerte es de origen violento y de etiología legal suicida”. Pero la historia de cómo José, una persona vital y sin antecedentes depresivos, había acabado defenestrado desde la octava planta de un edificio con vistas al mar difería diametralmente si la versión era de la familia o de la compañía con la que él mismo había contratado el seguro seis años antes. La ley solo exime automáticamente a las compañías de indemnizar las muertes por suicidio durante el primer año tras la contratación. Aun así, la aseguradora, Chubb European Group Limited, defendía que “se trató de una precipitación voluntaria” y, por tanto, excluida de la cobertura.

Entre las pruebas, destaca un informe forense sobre el perfil biográfico del difunto que subraya la falta de “antecedentes de patología psiquiátrica”

Todo lo contrario a lo que sostuvo la abogada de la familia, Celia Carbonell: “No estamos ante un suicidio voluntario y consciente”, afirmaba su demanda. Después de que la abogada anunciara los medios de prueba en la audiencia previa, la compañía ofreció indemnizar el 80% de la prima para evitar el juicio. Entre las pruebas, destaca un informe forense sobre el perfil biográfico del difunto que subraya la falta de “antecedentes de patología psiquiátrica”, la muy cuestionable atención sanitaria que acompañó al tratamiento e incluso los potenciales efectos adversos del antidepresivo que le recetaron. Según la abogada, fueron esas circunstancias, y no la voluntad del paciente, lo que precipitó su muerte.

José, casado y padre de cuatro hijos, tenía 67 años y se acababa de jubilar en la primavera de 2017. La jubilación le había despertado algunas preocupaciones. Al fin y al cabo, dejaba una pequeña empresa que él había creado y en la que seguían trabajando algunos familiares. La situación económica general no le parecía tan boyante como la 'salida de la crisis' rotula oficialmente. Pero nada excesivamente grave, si acaso el insomnio. Y por eso fue al médico de cabecera: porque quería dormir mejor. Su médico no estaba. Y un sustituto le recetó un antidepresivo (Paroxetina) y un ansiolítico (Lormetazepan). El insomnio se agravó.

Sin “antecedentes de patología psiquiátrica”, empezó a experimentar un deterioro mental y físico que inquietó a su familia tanto como a él

Y aparecieron otros síntomas: el peor de todos, los temblores. José, “una persona vital”, según el informe forense, sin “antecedentes de patología psiquiátrica”, empezó a experimentar un deterioro mental y físico —perdió “15 kilos en apenas semanas”— que inquietó a su familia tanto como a él. “Empezaron a venirle problemas que no existían, pero que para él sí eran reales”, cuenta su viuda, María, dos años después, en casa de una amiga en Alicante.

Aparecieron las ideas suicidas. “Me decía, a mí las pastillas no me están haciendo bien. Había dejado de trabajar, pero entonces no se le quitaba de la cabeza que el negocio iba a ir mal”, añade su viuda. De vuelta al centro de salud, esta vez su médico de cabecera le sustituyó el Lormetazepan por Orfidal, otro ansiolítico, y le conminó a esperar unas semanas a que el tratamiento hiciera efecto.

Pero no mejoró. Coincidiendo con un viaje de su mujer, un viernes por la noche José ingirió de golpe más de 30 pastillas de Orfidal y se acostó a dormir. El domingo, cuando llegó su hijo a la casa, el perro estaba junto a la cancela. La casa estaba cerrada a cal y canto. Con ayuda de los bomberos y la policía, consiguió entrar: uno de los armarios estaba caído y su padre inconsciente. En el hospital lo reanimaron y le dieron el alta a las pocas horas, sin indicar a la familia la posibilidad, habitual, de que volviera a intentarlo. Tampoco le indicaron “terapia ni abordaje para ideación suicida”, según el informe forense.

María, la viuda de José. (Braulio García Jaén)
María, la viuda de José. (Braulio García Jaén)

A su vuelta, María lo encontró deteriorado. Atrás habían quedado las ganas de vivir de las que había hecho gala toda su vida. La idea de cambiar de coche, los planes para viajar... Todo se interrumpió un día de principios de verano de 2017. Después de desayunar juntos en el apartamento de la playa, él le dijo que iba a salir al rellano —“el piso era muy pequeñito”— para estirar las piernas, que le temblaban. No quiso que su mujer cerrara la puerta: “Voy y vengo”, le dijo. Cuando ella salió al rellano, se asomó a la ventana que da a la escalera exterior y lo vio “abajo”.

En 2017 murieron en España 3.679 personas por suicidio, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En los casos en los que el fallecido tiene contratado un seguro de vida o de accidentes, las compañías a menudo tratan de ahorrarse el abono de la prima alegando que se trata de una muerte voluntaria. Sin embargo, “no está nada claro que la voluntad sea una voluntad plena”, asegura un abogado y catedrático experto en el sector de los seguros. “Es una voluntad que, digamos, está ética, biológica y psicológicamente muy debatida”, añade.

“Las aseguradoras suelen recurrir a la omisión dolosa de enfermedades preexistentes”, explica el abogado, que prefiere el anonimato. En el caso de José, la exclusión del suicidio de la cobertura aparecía en una cláusula. Pero, según la demanda, su inclusión no respetaba las condiciones legales exigibles en estos casos: que aparezca destacada y expresamente aceptada por el asegurado.

"Fue a raíz de empezar a tomar la medicación cuando perdió el brillo en la mirada. A veces lo mirabas y era como que no estaba él dentro"

La aseguradora, que no ha querido comentar esta información, siguió cobrando los recibos a la viuda, advirtiéndole de que sería incluida en un listado de morosos si no los pagaba. Finalmente, el seguro, comercializado por Endesa SA, pero propiedad de Chubb European Group Limited, ha abonado el 80% del total de los 50.000 euros de la prima contratada.

María tiene como fondo de pantalla del móvil una foto de su marido. José aparece en primer plano, sonriente, con media melena y barba canosa, aparentando bastantes años menos de los sesenta y tantos que ya tenía, y su gesto recuerda al actor Jeff Bridges, el Nota de 'El gran Lebowski'. “Mi marido fue a raíz de empezar a tomar la medicación cuando perdió el brillo en la mirada. A veces lo mirabas y era como que no estaba él dentro. Había desaparecido”, dice. De momento, María ha querido contar su historia sin apellidos. Eso queda para “cuando recupere fuerzas”.



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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1146 en: 27 de Junio de 2019, 14:37:41 pm »

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« Respuesta #1147 en: 13 de Julio de 2019, 13:52:34 pm »


Dos años y medio esperando al Ayuntamiento tras una caída en la vía pública


LUIS NÚÑEZ-VILLAVEIRÁN
@LNvillaveiran
Madrid
Sábado, 13 julio 2019 - 12:35

Socavón y estado de María tras la caída.
E. M.
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María G., una mujer de 84 años, se dirigía junto a su marido al Centro Deportivo Municipal Alfredo Goyeneche de Aravaca a dar su habitual clase de gimnasia para mayores. Esta anciana, con un estado físico normal para su edad, caminaba por la acera el 31 de enero de 2017 cuando un socavón la hizo perder pie y la conciencia por unos instantes tras una fuerte caída. La mujer fue atendida por el Samur por un traumatismo craneoencefálico y resultó ingresada en la Fundación Jiménez Díaz.

Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una cirugía maxilofacial, sufrió cortes en la cara tras romperse las gafas que llevaba puestas y golpes en muñeca y rodilla izquierdas. En total pasó 90 días de convalecencia con el perjuicio que le supone a una persona de avanzada edad estar un periodo prolongado sin actividad. Su familia, preocupada no sólo por el golpe sino por las consecuencias futuras que pueda acarrear el mismo a una mujer activa pese a su edad.

Así, la mujer y sus familiares decidieron demandar al Ayuntamiento de Madrid como responsable del mal estado del pavimento. Explican que el proceso de reclamación fue largo y tedioso, lleno de trámites y de documentos y de plazos para presentar toda la documentación requerida por el Consistorio. El ente público solicitó los informes a los servicios participantes en el accidente de María, desde el Samur a la Policía Municipal que levantó acta de las actuaciones.


Dos años y medio después, Irene Cabrero la directora general de Organización, Régimen Jurídico y Formación resolvió que "concurren los requisitos para la procedencia de la indemnización solicitada". En el escrito, la aseguradora del Ayuntamiento valora en 4.766 euros, los 90 días de perjuicio moderado; en 551 euros, la cirugía maxilofacial; concede 2 puntos de perjuicio psicofísico y los valora en 1.302 euros y por último califica de moderado el perjuicio estético pero lo cuantifica en 7 puntos y valora en 4.897 euros. La resolución recoge también el coste de las gafas que se rompieron en la caída y la férula que necesitó la anciana pero no incluye los 350 euros que la familia gastó en sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad de las extremidades dañadas.

En total 11.517 euros. No obstante, pese al tiempo transcurrido y pese a la resolución favorable, la accidentada y su familia no han cobrado un euro puesto que la responsabilidad es para una empresa privada, la constructora Dragados, que es la concesionaria de la Gestión Integral de Infraestructuras Viarias de la Ciudad de Madrid. Empresa que tenía un mes para recurrir ante el órgano que dictó la resolución, cosa que hizo poco antes de que expirara el plazo, recurso que inexplicablemente no se le comunicó a la parte reclamante.


Dragados, desde un primer momento presentó alegaciones a la reclamación de la familia de María porque "no considera acreditados los hechos". Rechaza asumir cualquier tipo de responsabilidad en la "producción de los daños" y asevera "cumplir con diligencia las obligaciones contractualmente asumidas". Para la compañía, la "escasa entidad del desperfecto" no es suficiente para ser el responsable la caída de una anciana que con una "mínima diligencia" por parte de una mujer de 84 años "hubiera podido ser evitado".
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Ahora la familia teme que el Ayuntamiento estime el recurso de la compañía "tras un año y medio" de lucha y que el conflicto termine en la justicia Contencioso Administrativa para la que tendrán que contratar a un abogado, con el gasto y la prolongación de la disputa que conllevaría. No comprenden "cómo una caída en la vía pública termina en un conflicto con una compañía privada".

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« Respuesta #1148 en: 29 de Julio de 2019, 07:32:16 am »

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« Respuesta #1149 en: 31 de Julio de 2019, 06:35:33 am »

'Encerrados' sin ascensor: "Cinco años sin salir de casa por culpa de 39 escalones"

Ancianos, personas con movilidad reducida, enfermos... Hasta 100.000 personas nunca salen de sus casas por falta de accesibilidad en sus edificios


Javier Corbacho

29/06/2019 05:00 - Actualizado: 29/06/2019 12:45

"Me he sentido encarcelada en mi propia casa", relata Nuria. Esta madrileña de 38 años vive en el cuarto piso de un bloque de edificios de Parla (Madrid) que no cuenta con ascensor. 68 escalones "aprisionan" a esta enferma de síndrome de Sudeck —una hinchazón de las piernas, derivada en su caso de una operación de rodilla— que desde 2013 le impide subir y bajar escalones y, por tanto, salir a la calle.

Sin ascensor, "escapar" de su domicilio depende únicamente de su enfermedad. "Cuando tengo más dolor, he llegado a bajar los cuatro tramos de escaleras sentada, impulsándome con los brazos, y tardo casi media hora en llegar al portal", cuenta. "Y esto me ha provocado molestias en los hombros y las muñecas".

A pesar de las complicaciones, Nuria no ha dejado de trabajar. "No he querido hacerlo", asegura. Cada día, sus padres, con los que vive, tienen que ayudarla a bajar, como sea, las escaleras. "En los días buenos, agarro con una mano la muleta y mi madre me coge del otro brazo".

"Hace poco, me he obligado a mí misma a pedir 10 días de vacaciones aunque los he pasado sin salir de casa", prosigue.

Su enfermedad no solo tiene consecuencias físicas. "Cuando estoy sentada, tengo dolor aunque lo controlo, en parte, con parches de lidocaína. Pero también está el agobio de preguntarme si ese día podré ir o no a trabajar, si esta vez tendré fuerzas para salir de mi casa y quedar con amigos o si funcionará el ascensor de las estaciones de metro…", añade. "Además del malestar físico, que se agrava con el tiempo, te sientes bloqueado por la ansiedad, que en mi caso se ha convertido en depresión".

"He llegado a bajar las escaleras sentada y así tardo media hora en alcanzar el portal"

En un principio, según relata Nuria, sus vecinos comprendieron su drama y no se negaron a instalar un ascensor en el bloque, pero luego cambiaron de idea. "Algunos no se lo pueden permitir y otros no empatizan y se echaron para atrás", explica. "Y tampoco tenemos dinero para irnos a otro piso que sí cuente con elevador o a un bajo", apunta su madre.

El bloque contiguo, de las mismas proporciones que el de Nuria, sí tiene instalado un pequeño ascensor en el hueco de las escaleras, en el que caben una o dos personas.

El Ayuntamiento de Parla no concede ayudas para la instalación de estos aparatos, por lo que Nuria no cree que su situación vaya a mejorar en el corto o medio plazo. Tiene concedido un grado de discapacidad del 33%, pero debido a su sordera —no oye nada por el oído derecho—, no por su enfermedad; y va a volver a presentar una solicitud de movilidad reducida, que ya le fue denegada en una ocasión. "No voy en silla de ruedas. Como lo que tengo provoca principalmente dolor, es más difícil demostrar, tanto en el vecindario como en el trabajo, lo que sufro", añade.

Sus padres tienen que ayudarle a salir de casa y a bajar las escaleras

Nuria forma parte de los 2,5 millones de personas con movilidad reducida que hay en España, de las cuales 100.000 nunca o casi nunca salen de sus domicilios debido a la falta de acondicionamiento de los inmuebles en los que viven. Son, en su mayoría, enfermos, usuarios de sillas de ruedas o ancianos con alguna dolencia.

Nuria, durante la entrevista. (A. R.)
Nuria, durante la entrevista. (A. R.)

Estos datos han sido publicados recientemente en un informe realizado por la Fundación Mutua de Propietarios en colaboración con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), que también cifra en un 22% el porcentaje de personas con movilidad reducida que ha tenido que cambiar de domicilio por culpa de esta problemática. Los principales obstáculos que encuentran son las escaleras junto a determinados elementos del portal o las zonas comunes. Además, según el informe, más de 4 de cada 10 personas con movilidad reducida pasan muchos días seguidos sin salir de casa.
Límite: 12 cuotas

En su artículo 10.1 b), la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) impide que se pueda realizar una reforma en un inmueble cuyo coste supere el valor de doce cuotas ordinarias si la mayoría de los propietarios se oponen a sufragarla.

El 33% de los afectados saldría más a la calle si su edificio fuera más accesible

Si un anciano o una persona con movilidad reducida lo solicitan, siempre que el precio de la instalación no supere este límite, la reforma no requiere el acuerdo de la Junta de propietarios. Si lo sobrepasa, la obra sí necesita del apoyo de, al menos, la mitad más uno de los vecinos.

Hablan las víctimas de los cortes de luz de Endesa en los ascensores... "sin preaviso"
Agustín Rivera. Málaga
Los administradores de fincas están recibiendo continuas quejas de propietarios de viviendas de más de 30 años ante la interrupción del servicio de electricidad de los elevadores

"Llevamos más de 20 años reclamando que se modifique la LPH, que ha sufrido algunos cambios pero que no son suficientes", explica Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). "Pedimos que se elimine esta limitación de las doce cuotas", explica, de forma que una instalación que mejore la accesibilidad de un edificio, aun superando el valor de 12 cuotas, sería también obligatoria.

"No es aceptable que las personas con problemas de movilidad estén encerradas en sus casas; es una injusticia social, no es vida", añade Queiruga. Y remata: "No es algo individual, la accesibilidad favorece a la sociedad en su conjunto".
Los 'encerrados' de Aluche

Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)
Abel, presidente de la Asociación. (A. R.)

España es el país del mundo con un mayor número de ascensores por habitante, según un estudio publicado en 2014 por el banco Credit Suisse. Pero en determinadas zonas de la periferia madrileña, como el barrio de Aluche, en el distrito de La Latina, estos aparatos, elemento habitual en cualquier edificio del centro de la capital, son casi un lujo.

A Abel Montalvo le entregaron su piso en el barrio poco después de casarse. "Me lo dieron el 19 de noviembre de 1967", una fecha que recuerda a la perfección y que define como "uno de los días más felices de su vida". Hoy, ya jubilado, preside la Asociación de Vecinos de Puerto Chico, impulsora de la plataforma "Puerto Chico se mueve", que lleva casi una década "luchando para que instalen ascensores que permitan a la gente mayor salir de sus casas y mejore la vida de los vecinos".

14 comunidades de vecinos de la zona se han beneficiado de las ayudas municipales y cuentan —ya instalados o en proceso— con ascensores en sus bloques. Otros 40 edificios tienen previsto hacerlo pronto. El estudio de arquitectos Q-21, un colectivo dedicado a la rehabilitación urbana de carácter sostenible, lleva colaborando con la Asociación de Vecinos —en un primer momento, para realizar las inspecciones técnicas de los edificios previas a la instalación— desde 2006 y 'firma' parte de estas obras.

Al tratarse de un Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), el Ayuntamiento de Madrid puede llegar a sufragar en Aluche hasta el 70% del coste de la instalación de ascensores, que suele rondar los 100.000 euros, ya que, en la mayor parte de los casos, es necesario construir desde cero la estructura del elevador en el patio interior de los edificios. Desde 2019, estas ayudas municipales se conceden por adelantado, antes del inicio de la obra y tras presentar una licencia.

Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)
Patio de un bloque de Aluche. (A. R.)

Por su parte, la Comunidad de Madrid llega a subvencionar a posteriori —ya con el ascensor en marcha— hasta el 40% de la instalación, con un máximo de 8.000 euros por vivienda. Para obtener la subvención, las comunidades de vecinos deben presentar tres presupuestos, lograr una mayoría simple favorable a la remodelación y pedir una licencia de obra, "que está tardando en llegar entre seis meses y un año", según explica Juan, otro miembro de la asociación.

Pero no todo es tan sencillo como parece: algunos vecinos, que podrían beneficiarse de estas subvenciones, desconocen su existencia; otros "no tienen ganas de andar 3 o 4 meses de obras en sus portales y domicilios".

Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)
Abel muestra sobre un plano cómo afecta la instalación a los edificios. (A. R.)

Además, gran parte de los bloques de edificios de Aluche tienen más de medio siglo, e instalar elevadores en ellos supone, en ocasiones, alterar la estructura de las viviendas de parte del bloque, por lo que ciertos residentes se niegan. "Ha habido juicios en algunas comunidades. Algunos se oponen porque poner un ascensor le quita a la mitad de los vecinos parte del espacio en el que se ubican los tendederos que dan al patio", donde se coloca el aparato. "Pero tras la obra, se les devuelve esa misma superficie y nadie pierde espacio en sus viviendas", coinciden en detallar tanto Lucía Martí, arquitecta de Q21, como Abel.

El barrio de Aluche, perteneciente al distrito de La Latina, es una de las áreas más envejecidas de su zona, con un porcentaje de población dependiente superior a la media madrileña. Según el censo municipal, más del 35% de sus casi 66.000 vecinos tiene más de 60 años y el grupo de habitantes de entre 70 y 74 años es el más numeroso en el barrio. "Aquí, a los que no nos falla la pierna derecha, nos falla la izquierda", bromea Abel al preguntarle por las necesidades de los residentes.
Sin pisar la calle en 5 años

Entre los cincuenta y los setenta, la Meseta de Orcasitas (distrito de Usera, Madrid) era un amasijo de chabolas y viviendas bajas construidas por trabajadores —en su mayoría, extremeños y castellanomanchegos— que habían acudido a la capital en busca de empleo. A partir de 1976, comienza la remodelación de la zona, a partir de un proyecto de ordenación gubernamental, que culmina con la construcción, en un primer momento, de más de 1.500 viviendas equipadas.

Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)
Margarita en el rellano de su vivienda. (A. R.)

Gracias a la labor de la Asociación de Vecinos de Orcasitas —que redactaron un plan urbanístico propio que el Tribunal Supremo obligó a cumplir a la Administración— todos los habitantes de la Meseta, incluso los inquilinos y los que vivían en chabolas, fueron realojados en los pisos de nueva construcción.

Algunos vecinos no pueden afrontar los gastos previos a solicitar la subvención del ascensor

La familia de Margarita era propietaria de una casa de planta baja en el barrio y pudo elegir una vivienda "de las nuevas" en 1980. Con la compensación de la expropiación pagó la entrada del recién estrenado domicilio. Pero casi 40 años después, la "casa nueva" no es tan nueva; es un cuarto piso sin ascensor. Margarita tiene 96 años y lleva 5 sin pisar la calle. En todo un lustro, "ha salido de casa solo cuando se ha roto las dos caderas y al cumpleaños de su nieta, que vive en el bloque de enfrente", cuenta la hija de la anciana, que también se llama Margarita.

Margarita, en su sofá. (A. R.)
Margarita, en su sofá. (A. R.)

"La última vez que se rompió la cadera, para bajarla, tuvimos que tumbarla en una sábana cogida por 3 personas; no había otra forma", relata. "Si pudiésemos, claro que saldríamos de casa con ella", indica señalando a su madre, a la que transportan en una silla de oficina, porque la silla de ruedas que guardan en el sótano apenas cabe por uno de los pasillos y roza las paredes.

"Una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle"

"En el barrio, todo el mundo la conoce. Esta misma mañana me ha pasado algo que me sucede muy a menudo: una vecina me ha preguntado si mi madre había muerto, porque ya no la ve por la calle", explica Margarita (hija). "Estamos enclaustrados por 39 escalones".

La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)
La hija y el yerno de Margarita colocan a la anciana en su silla. (A. R.)

En el bloque, no obstante, sí sería posible instalar un elevador, a través de las dispensas, unos pequeños habitáculos situados en los rellanos de cada planta y a los que se accede desde el interior de cada domicilio. No pertenecen a las viviendas, sino a la comunidad, según explica Margarita. "Tenemos buhardillas, en las que podrían ir las poleas, y sótanos, así que sería cuestión de ceder estas dispensas para colocar el ascensor", explica. "Pero no nos lo podemos permitir", añade.

Margarita en su sofá. (A. R.)
Margarita en su sofá. (A. R.)

Según la Ley de la Propiedad Horizontal, si la familia de Margarita lo solicita, sería obligatorio realizar estas obras cuando las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas. Al igual que Aluche, Orcasitas es otra Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana (APIRU), por lo que el edificio podría contar con generosas subvenciones por parte del Ayuntamiento para reformas que mejoren la accesibilidad. Pero afrontar los gastos previos a solicitar la ayuda —como el primer pago al arquitecto o la licencia de obra— es imposible para esta comunidad de vecinos. "En este bloque viven dos mujeres viudas, una separada, una divorciada y un jubilado. Y mi marido está en paro. Yo no puedo obligar a nadie a que ponga un dinero que no tiene", relata.

Además, la dotación se limita a 10.000 euros por piso, lo que perjudica a los bloques con menos vecinos. "Si te conceden la subvención, recuperas este dinero pero hay quienes no podemos permitirnos pagar estos gastos por adelantado", explica Margarita. "Para quitar el amianto de los tejados, que también está subvencionado municipalmente, hemos tenido que aumentar la cuota de la comunidad, porque había que pagar en gastos previos una derrama de más de 5.000 euros".

Según afirma Anxo Queiruga, presidente de Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), desde su asociación solicitan que "además de las ayudas para instalar ascensores, haya fondos de compensación económica para las personas que vivan en una comunidad de vecinos y demuestren que no tienen recursos suficientes para sufragar las cuotas de esas obras". Lucía Martí, del estudio Q-21, relata que los arquitectos suelen cobrar de forma fraccionada: una parte al finalizar el proyecto y solicitar la licencia y la otra al poner en marcha el ascensor.

Margarita en su domicilio. (A. R.)
Margarita en su domicilio. (A. R.)

El informe de COCEMFE indica que casi el 58% de los edificios donde viven personas con movilidad reducida no ha recibido ninguna ayuda y que el 33% de los afectados, como Margarita, saldrían a la calle más a menudo si la accesibilidad de las viviendas fuera mejor. "Y ya no es solo el caso de mi madre", explica Margarita. "A mi marido y a mi hija les han operado las rodillas; y son cuatro pisos de escaleras los que hay que bajar para salir de casa o subir con la compra del mes", añade. "Somos un país de viejos; nosotros vamos a estar dentro de nada como ellos", añade.
El ascensor, un lujo

"Antes de mi enfermedad, me preocupaba por cosas insignificantes, a las que ahora no doy importancia", relata Nuria sentada en el salón de su casa en Parla mientras muestra informes médicos sobre su dolencia. "Ahora me preocupan cosas como poder acceder al restaurante al que quiero ir a cenar una noche, que el transporte público esté adaptado o poder quedar con mis amigos".

Así envejece España: 10 años más de media de edad en 4 décadas
Europa Press
Hace 40 años uno de cada diez habitantes tenía más de 65 años, mientras que en la actualidad es casi uno de cada cinco

"Cuando ingresaron en el hospital a mi madre durante dos meses, cuando se rompió una de las caderas, estuvo en varias plantas: en la sexta, en la novena y en la número trece", relata Margarita en su domicilio de Orcasitas, mientras la anciana, en silencio, atiende a la entrevista. "Cada vez que yo iba a visitarla, por inercia pura, me dirigía hacia las escaleras. Llevamos toda la vida en esta casa y no me acostumbraba a tener un ascensor tan a mano", añade. "Si ya molesta tener el ascensor estropeado un par de días, aquí, en mi bloque, es como si siempre estuviera roto", apunta.


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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1150 en: 13 de Agosto de 2019, 15:22:11 pm »
Se supone que pagamos impuestos para su construcción y su mantenimiento, pues sino sería pagar doblemente por ello......así que NOOOOOOOOOO.


El Gobierno se plantea poner un pago “simbólico” en las autovías gratuitas


El coste para el usuario, si se aplica, sería unas diez veces inferior al de los actuales peajes de las autopistas de pago, que Fomento seguirá eliminando conforme acaben las concesiones
   
. I. ALECSANDERGETTY
RAMÓN MUÑOZ
Madrid  13 AGO 2019 - 12:14 CEST
El Gobierno sigue perfilando un modelo para asegurar la viabilidad de la extensa red de autovías del Estado. Aunque la decisión no está tomada, el Ministerio de Fomento baraja el pago por uso de las autovías actualmente gratuitas, aunque el coste para el usuario sería “simbólico”, en torno a la décima parte de lo que ahora paga de media en las autopistas de peaje, informaron a EL PAÍS fuentes del Ministerio. Parte de esa recaudación se dedicaría a reducir el peaje de las autopistas que aún están en manos privadas. El modelo, que quiere consensuarse en el Congreso y con las comunidades autónomas, se complementaría liberando de peaje las autopistas en las que venza la concesión.

El Gobierno se plantea un pago “simbólico” en las autovías gratuitas

EL GOBIERNO SE PLANTEA UN PAGO “SIMBÓLICO” EN LAS AUTOVÍAS GRATUITAS

Este 13 de agosto también es noticia que Isabel Díaz Ayuso se somete desde hoy a la investidura como presidenta de la Comunidad de Madrid

El departamento que dirige José Luis Ábalos sigue dándole vueltas al modelo de financiación de las autovías. El ministro ya aseguró en el Congreso en la legislatura pasada que buscaría un consenso político para establecer una fórmula con la que garantizar financieramente el mantenimiento de las autovías, que tiene un coste anual para el Estado de 1.100 millones de euros.


Entre esas alternativas cobra fuerza la del pago por uso, con la novedad de que ese pago sería muy inferior -en torno al 10%- al que ahora se abona en las autopistas de peaje de concesionarias privadas porque solo iría destinado a costear el mantenimiento de la infraestructura y su impacto medioambiental, mientras que el peaje de las autopistas también sufraga la construcción.

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El pago por uso de las autovías iría acompañado de otras medidas, como destinar parte de la recaudación para rebajar los peajes tradicionales de los territorios que tienen autopistas en los que aún está vigente una concesión, informaron las mismas fuentes.

Fomento defiende que si finalmente la alternativa fuese el pago por uso, globalmente el usuario no va a pagar más que ahora por la utilización de vías de gran capacidad, ya que las autopistas cuya concesión finalice se van a liberar del actual peaje. Una práctica que ha inaugurado el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que los anteriores Ejecutivos preferían prorrogar las concesiones a las empresas privadas a que la titularidad volviera al Estado.

“El pago sería más uniforme en todo el territorio y no pasará como ahora, que unos territorios soportan mucho peaje y otros prácticamente nada”, precisan fuentes ministeriales.


Supresión de peajes
El Gobierno ya suprimió el peaje de la AP-1 de Burgos-Armiñón, que venció en diciembre de 2018, tras concluir su contrato de explotación con Itínere. Además, el próximo 1 de enero de 2020 se suprimirá el cobro de peaje en dos autopistas, el tramo de la AP-7 comprendido entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, al concluir en esa fecha el contrato de concesión que tienen con Abertis y revertir también la titularidad al Estado.

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El mismo camino podrían seguir en 2021 el trazado de la AP-7 que une Barcelona con La Junquera y Tarragona, y el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. En total, más de 1.000 kilómetros a los que hay que sumar las ocho autopistas quebradas (entre ellas las radiales de Madrid) que han tenido que ser rescatadas por el Estado y que suman otros 500 kilómetros.

No obstante, las mismas fuentes insisten en que no hay ninguna decisión tomada y aún se está lejos de la fase ejecutiva. Antes se quiere articular un consenso político amplio, que formaría parte de un pacto de estado por la movilidad. Además, se quiere incluir en ese pacto a las comunidades autónomas y a las diputaciones forales que también tienen vías de alta capacidad y que podrían sumarse al modelo.

Para el Gobierno, la posible elección del pago por uso en lugar de otros modelos, como el peaje en la sombra (no se cobra directamente al usuario sino a la Administración en función del tráfico), cuenta a su favor con que es un modelo que ya se emplea en otros países europeos, libera presión fiscal, internaliza costes, facilita la transición ecológica y mejora la cohesión territorial.

De la red de carreteras, 17.163 kilómetros son vías de gran capacidad (autopistas de peaje, autopistas libres, autovías y carreteras multicarril), de las cuales más de 12.000 kilómetros pertenecen a la red de carreteras del Estado.

De los 2.759 kilómetros de autopistas de peaje que son titularidad de la Administración General de Estado, sujetos a concesión administrativa, 1.533 kilómetros han dejado o dejarán de estar sujetos a contrato de aquí a 2021, un 56% del total, cuyos costes de gestión y conservación habrá de asumir el Estado a cargo de los Presupuestos Generales.

El fin de los peajes también tiene implicaciones en el empleo. El sindicato UGT cifró el pasado mes de julio en 1.500 los puestos de trabajo que se podían perder por la liberalización de varios peajes de aquí a 2021, ya que, como ocurrió con la AP-1, la sociedad estatal Seitssa, que asume la gestión de las autopistas cuando vence su concesión, no puede subrrogar todos los empleos, en particular los que tienen que ver con el pago.

ÁBALOS: “NO PUEDE HABER TERRITORIOS QUE PAGUEN Y OTROS QUE NO”


El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado, en declaraciones a EL PAÍS, que hay que abordar urgentemente la financiación de la red de carreteras de alta capacidad y que para ello “se deben tener en cuenta dos principios comunitarios: uno, el que contamina paga; y dos: el pago por uso”. Además, enfatiza que en unos territorios las infraestructuras son de pago y en otros no.

“Nos tenemos que plantear el modelo de financiación de la red de alta capacidad. Eso es uno de los retos del nuevo Gobierno. Mi idea es que hay que aplicar esos dos principios. Tenemos una infraestructura que en el ámbito ferroviario es indiscutible, todo el mundo la paga; en el aeropuerto, todos pagamos las tasas. Pero no sé qué pasa cuando se trata de una autopista. Porque sobre la misma descansa también mucha actividad comercial y hay que planteárselo como una infraestructura más. Las infraestructuras las usa la gente que las usa. Los abuelos que dejan de conducir no las usan, ni los niños y los trabajadores, como mucho del domicilio al trabajo. ¿Pero y el resto? Cuando viajamos, de vez en cuando”, señala el ministro.

El titular de Fomento defiende la política de su departamento en esta materia desde que accedió al poder tras la moción de censura en junio de 2018, con decisiones como la de no relicitar las concesiones finalizadas y liberar de peaje las que van venciendo.

“Solo el PP rescató autopistas”
“Nosotros no hemos rescatado ninguna autopista. El PP rescató las radiales. Lo que hemos hecho es no prorrogar ni relicitar concesiones finalizadas. La política va a ser esa porque partimos de un principio de igualdad de todos los territorios. No puede haber territorios que tengan que pagar por el uso de sus infraestructuras y otros que no paguen nada. Hay que extender el principio de la igualdad de todos los territorios”, precisa.

No obstante, Ábalos admite que en el debate habrá que tener en cuenta casos particulares, como las autopistas en Galicia o Asturias, cuyo coste es más elevado. Además, recalca la necesidad de abordar la financiación de vías de alta capacidad, cuyo mantenimiento se ha disparado y con la actual dotación presupuestaria no está garantizado.


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« Respuesta #1151 en: 22 de Agosto de 2019, 07:23:10 am »


Toledo, el hogar asequible de los ancianos madrileños


La provincia, quinta con más plazas en residencias de España, es destino asequible para los mayores de Madrid, donde el precio es casi el doble y las ayudas tardan
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FERNANDO PEINADO
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Santa Cruz de Retamar (Toledo) 22 AGO 2019 - 00:35 CEST
Angelines Valera y su padre Francisco en el patio de la residencia de Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo.
Angelines Valera y su padre Francisco en el patio de la residencia de Santa Cruz de Retamar, en la provincia de Toledo. INMA FLORES
Cuando María Antonia Domínguez y sus dos hermanos se pusieron a buscar residencia en Madrid para su madre anciana de 92 años se echaron las manos a la cabeza. Estaba claro que con los poco más de 600 euros de pensión no les daba ni para las más baratas que encontraron en toda la región, donde la media de precios roza los 1.900 euros al mes. Preguntaron a la Comunidad de Madrid por las ayudas de la Ley de Dependencia pero las trabajadoras sociales les dijeron que “tardarían meses, si no años”, narra Domínguez, una funcionaria jubilada de 65 años y residente en Vallecas.



Por suerte surgió la alternativa de Toledo, la provincia del sur donde encontraron “precios para gente normal”. Su madre, Martina Hernández, hoy con 95 años, se mudó hace tres desde su piso en el humilde barrio madrileño de El Pozo del Tío Raimundo a la residencia Servitrés, en el pueblo toledano de Santa Cruz de Retamar. Paga algo menos de 1.100 euros al mes, un precio que costea con su pensión más una ayuda de 300 euros de la Comunidad de Castilla La Mancha.
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Toledo se ha convertido en el último hogar de los ancianos madrileños con menos recursos. El sector de las residencias prolifera en la provincia, la quinta de España por número de plazas,con 9.599. Son más que las 8.245 de Sevilla, que tiene el triple de población que Toledo. En total hay 152 centros en Toledo, muchos en el cinturón que bordea Madrid. Su precio medio al mes es de 1.199 euros, según el portal más consultado del sector, Inforesidencias.

 Martina Hernández, de 95 años, asistida por dos auxiliares en la residencia Servitrés de Santa Cruz de Retamar, Toledo.
Martina Hernández, de 95 años, asistida por dos auxiliares en la residencia Servitrés de Santa Cruz de Retamar, Toledo. INMA FLORES
En Santa Cruz de Retamar, un pequeño municipio de 2.946 habitantes a 65 kilómetros de Madrid operan tres residencias. Alrededor de la mitad de los 47 internados en el centro de Servitrés provienen de Madrid, según la dirección del centro.

El paisaje que rodea a la residencia es bucólico y se respira tranquilidad. "Es muy sano", dice una auxiliar delante de un pareja de Madrid que visita a su familiar, Francisco Gámez, de 87 años. Su yerno Antonio Valera asiente, pero se ve en la necesidad de precisar el motivo por el que están ahí. “Venimos todos porque es más barato”. Su suegro vivía en Orcasitas, un barrio de clase obrera en el sur de la capital y había trabajado en una fábrica de automóviles. Su pensión asciende a algo más de 800 euros.


Las asociaciones de familiares de Madrid ven esta migración a Toledo como consecuencia de la apuesta por el sector privado que ha hecho desde hace años el gobierno regional del PP, con competencias en la materia. Dicen que hacen falta muchas más plazas públicas y concertadas para dar respuesta al envejecimiento de la población madrileña, una demanda respaldada por el Defensor del Pueblo en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid el año pasado. El estancamiento de las pensiones no ha ayudado.

“Las familias están vendiendo su patrimonio para pagar la residencia del abuelo”, dice Miguel Vázquez, presidente de la asociación madrileña de familias Pladigmare.

La mayoría de las plazas en geriátricos de Madrid son privadas. De las 51.488 plazas existentes a final de 2015, 29.799 eran de centros privados, según datos del Imserso. Las plazas de financiación pública eran 21.689 (bien sea en centros públicos o bien en centros privados con plazas subvencionadas por la Comunidad de Madrid).

Los altos precios de Madrid son también en parte consecuencia del mercado inmobiliario. Como pasa con la vivienda, los precios de un geriátrico crecen cuanto más cerca se ubique del centro de Madrid o en zonas exclusivas como La Moraleja. Las más caras cuestan más de 4.500 euros al mes e incluyen suites con terraza y terapias con gafas de realidad virtual.

Algunos empresarios no tienen interés en suscribir convenios de plazas concertadas con la Comunidad porque les sale más rentable tener precios en el mercado libre, según fuentes del sector. En 2017 varios centros de Madrid se salieron del acuerdo y cientos de ancianos de esas residencias tuvieron que ser reubicados. Las residencias privadas no tienen problemas para encontrar clientes gracias a que la creciente demanda en el país con la mayor esperanza de vida de Europa.


Atraídos por las buenas perspectivas del sector, los grandes fondos de inversión están comprando inmuebles de residencias en Madrid que luego alquilan a las compañías gestoras. Esta “burbuja” puede encarecer aún más los precios que pagan las familias, advierte el director de la consultora vasca Gerokon, Aitor Pérez Artetxe.

Pero Toledo es barato por otro motivo: las normas que regulan las residencias en Castilla La Mancha son menos exigentes que las de la Comunidad de Madrid. Las residencias de Madrid deben tener un auxiliar por cada cuatro ancianos no dependientes y en Castilla La Mancha el mínimo legal es de uno por cada 15. Esto hace que sea mucho menor en Toledo el pago de personal, con diferencia el mayor coste para el empresario de este sector. Con todo, eso es un mínimo exigido por ley y en la práctica centros como el de Servitrés en Santa Cruz de Retamar tienen más personal.

El puzzle normativo en España ha hecho que surjan otros refugios asequibles por el mapa como es el caso de Burgos, en Castilla y León, que atiende a pacientes del País Vasco. Si en Guipúzcoa el precio medio de una residencia son 2.566 euros al mes, en Burgos baja a 1.728 euros, según datos del portal de Internet con más tráfico, Inforesidencias. La consultora Gerokon ha denunciado la disparidad en la atención a los ancianos en un informe reciente elaborado para la patronal CEAPs.y titulado “El caos en la atención a la dependencia”.

En él señalan que el desarrollo que se ha hecho de la Ley de Dependencia de 2006 ha provocado que en la práctica surjan 19 sistemas de dependencia (las 16 comunidades autónomas y los tres territorios históricos vascos), con diferencias en las atenciones, los tiempos de espera o las condiciones económicas.

Morir esperando la ayuda
En general el sistema de dependencia en España vive una situación de “alta incertidumbre y peligro” a causa de los recortes desde 2012, según la dirección estatal de directoras y gerentes de servicios sociales. Durante 2018 más de 30.000 personas fallecieron en España sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia (media de 80 personas al día), según esta asociación. Madrid tiene una "elevada" lista de espera para la asignación de plaza residencial, según ha denunciado el Defensor del Pueblo. En julio de 2017 la lista ascendía a 6.839 ancianos en situación de dependencia.

Los madrileños son numerosos en residencias de toda la provincia de Toledo. En Las Amapolas en el municipio de Magán, cerca de Toledo capital, son un 36% de sus 94 residentes. “Cada vez vienen más, buscando un precio más económico”, dice la directora, Elena Cervilla. Los clientes madrileños deben empadronarse en el nuevo municipio toledano y solicitar una tarjeta sanitaria de Castilla y la Mancha, de modo que dejan de ser atendidos por sus médicos y hospitales habituales.

Hay ancianos que llegan a Toledo aconsejados por los propios trabajadores sociales madrileños, según fuentes del sector. Los tiempos de espera para ayudas de la Ley de Dependencia son menores, dicen estas fuentes, y muchas veces las familias no pueden darse el lujo de esperar. Deben internar con urgencia a sus mayores.


Fue el caso de Francisco Gámez, el anciano de Orcasitas. Cuando le dieron el alta hospitalaria tras una rotura de cadera sus familiares buscaron en Internet una residencia asequible. Fue una experiencia frustrante. A Gámez le reconocieron un grado III de dependencia, el mayor, que supone una pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. “Nos dijeron que tendría entre seis meses y una año de espera, pero él necesitaba la ayuda ya sí o sí”, dice su yerno.

Ahora sus familiares respiran aliviados. Durante una visita reciente a la residencia de Santa Cruz de Retamar la auxiliar Felisa Guerra paseaba a Francisco en silla de ruedas por un pequeño patio con banquitos, una fuente y una higuera. Alrededor en el silencio de los campos de La Mancha solo se escuchaba el zumbido de los coches de la autopista A-5, que conecta con Madrid.

“Le cambió la cara tras llegar aquí desde el hospital”, dice su hija Angelines. “Está como en casa”.

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1152 en: 06 de Septiembre de 2019, 06:49:56 am »

El negocio de las residencias de ancianos crece cuatro años sin parar por la saturación del sistema público

El sector privado proporciona un 75% del total de plazas disponibles en residencias para ancianos en España

Diana Fresno


La población española no hace más que envejecer, mientras que el número de nacimientos en nuestro país continúa en mínimos. Para los más de ocho millones de personas mayores de 65 años que viven en España, el número de plazas públicas disponibles en residencias para la tercera edad apenas corresponden a un 35% de la oferta disponible, lo que excluye a cientos de potenciales usuarios que no pueden acceder a una plaza privada.

Este porcentaje incluye tanto plazas disponibles con cobertura pública en centros privados como las que se encuentran en centros propiedad del Estado. Si sumamos las plazas públicas en residencias privadas, el porcentaje que ocupa el sector privado asciende a un 75% del total.

Es decir, que de todas las plazas en residencias para ancianos que hay en España -más de 381.000- un total de 285.442 corresponden a la oferta privada, una cifra que también continúa creciendo sin parar, debido al aumento de la inversión en el sector.
Saturación del sistema público

Los recortes sanitarios, el aumento de la esperanza de vida y las enormes listas de espera que sufren los usuarios en el sistema público debido a la falta de plazas han convertido a las residencias de ancianos en toda una oportunidad de negocio.

Un negocio que mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de crecer. Según el Observatorio Sectorial de la consultora DBK Informa, el mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años sin parar de crecer, a un ritmo superior al 4% interanual.

Las previsiones de evolución del sector para el bienio 2019-2020 apuntan al mantenimiento de tasas de crecimiento positivas, en un contexto de buen comportamiento de la actividad económica. Así, se esperan variaciones anuales situadas entre el 3% y el 4% en los dos próximos ejercicios, llegando a alcanzar 4.850 millones de euros en 2020.
Los precios se disparan un 50%

Como consecuencia, la inversión -sobre todo inmobiliaria- se ha disparado hasta provocar una subida descomunal de los precios de este tipo de centros. De acuerdo con la consultora CBRE, las residencias para ancianos en España han atraído más de 2.000 millones de euros en operaciones inmobiliarias entre 2015 y 2017. La necesidad de generar nuevas plazas implica la construcción o ampliación de centros ante una demanda cuyo crecimiento es imparable.

El desajuste entre la demanda y el número de plazas es tal que sólo hay 4,3 camas disponibles por cada 100 personas mayores de 65 años. Una tasa que está muy por debajo del ratio de 5 recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según apuntaba CBRE, el déficit a finales de 2018 era de 100.000 camas.

Las empresas del sector han tomado nota, sin duda. El interés empresarial por el sector ha sido tal en los últimos años que de acuerdo con datos de Angomed, en el último año, las residencias disponibles para los compradores se han agotado y las pocas que quedan han disparado su precio hasta un 50%.
Industria fragmentada

Se trata de una industria muy fragmentada, con muchos actores. Los cinco primeros grupos - DomusVi, Adavir, Ballesol, Sanitas y Orpea- apenas reúnen una cuota del 23% del valor total del mercado. Durante este año, el número de operaciones y de nuevos actores en aparecer no ha hecho más que crecer: tanto, que los precios de Una de las grandes irrupciones ha sido por parte de los fondos Portobello y CVC, que han dado un enorme empujón a su negocio geriátrico, Vitalia.

Con el objetivo de convertirse en el segundo operador por detrás de DomusVi, han planteado duplicar su número de plazas con un plan de inversión que según las gestoras, podrías ascender a los 141 millones de euros. Tras su última adquisición en Córdoba, Vitalia Home, empresa española dedicada a la gestión de centros para personas mayores controlada por CVC Capital Partners, alcanza los 52 centros en toda España.


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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1153 en: 06 de Septiembre de 2019, 06:53:18 am »

Las 25 residencias de la Comunidad de Madrid tienen 215 empleos vacantes pese a las quejas por escaso cuidado

Los geriátricos del Gobierno regional operan con carencias de personal que afectan a la atención de los ancianos, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS

Fernando Peinado


Juan José Mateo

Madrid 6 SEP 2019 - 03:25 CEST   

Las 25 residencias públicas de la Comunidad de Madrid tienen 215 empleados menos de lo que el propio Gobierno regional estima necesario para el servicio, según datos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La insuficiencia de personal es una queja común de familias y trabajadores en las 473 residencias de ancianos en la región, tanto en las públicas como en las privadas. Se trata de una de las carencias más sensibles en un sector en expansión por el envejecimiento, y que genera preocupación por la calidad de la atención a personas en condiciones muy vulnerables.

Las 215 plazas vacantes afectan a 26 categorías de trabajadores, desde enfermeros hasta cocineros y conductores, según los datos contenidos en una respuesta del Gobierno regional a una petición de información hecha por el grupo parlamentario del PSOE. Alrededor de un tercio es personal encargado de cuidados de salud.

Faltan 54 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, 47 auxiliares de servicio y 19 diplomados en enfermería, entre otros puestos de atención directa a los residentes. Se trata de vacantes en los 25 centros de gestión directa de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), 10 en la ciudad de Madrid y 15 en municipios de la región.

La respuesta a la solicitud de información tiene en cuenta las vacantes con respecto a la Relación de Puestos de Trabajo, un documento que cada año establece las necesidades de servicio público. La respuesta parlamentaria, que data del 14 de agosto, no especifica qué carencias sufre cada residencia pública. De media, cada centro de la Administración regional tiene nueve plazas menos por debajo de sus necesidades.

La Consejería de Política Social y Familia, controlada desde hace dos semanas por Ciudadanos tras el pacto con el Partido Popular, responde que desconocen el motivo de las numerosas vacantes, que se generaron durante la pasada legislatura, cuando la región de Madrid era gobernada en solitario por el PP. “Estamos en un período inicial de evaluación de las necesidades reales de cada centro y pronto nos ocuparemos de dar una respuesta”. El diputado regional del PSOE José Ángel Chamorro atribuye las carencias a falta de voluntad y lentitud burocrática.

La falta de personal en las residencias de Madrid es un motivo de frecuentes reclamaciones, según expuso el Defensor del Pueblo en marzo de 2018 en una comparecencia ante la Asamblea de Madrid. “En todas estas quejas se trasluce una pérdida de calidad en la atención residencial a los mayores, percibida así por los propios usuarios y familiares y las personas que trabajan en los centros”, dijo el defensor, Francisco Fernández Marugán.

Uno de los problemas son las condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de los centros de la AMAS. El sindicato de enfermería madrileño SATSE ha denunciado que muchos enfermeros se niegan a trabajar en las residencias de la AMAS debido al estrés y a que se les niegan otros derechos que sí tienen otros profesionales dependientes de la Comunidad de Madrid.  “Muchas profesionales de enfermería ven en el AMAS el último destino a elegir”, ha advertido este sindicato.
Muertes "por escaso personal"

En 2017 se produjeron tres muertes en dos centros de la AMAS que los familiares de los fallecidos denunciaron por supuestas negligencias vinculadas a la falta de personal. En la residencia de AMAS en Arganda del Rey, una anciana de 93 años que no estaba supervisada falleció en mayo de ese año desangrada al amputarse la pierna con la barandilla de la cama. Cuando trató de levantarse quedó atrapada.

Las otras dos muertes se produjeron en la residencia de Alcorcón. En febrero, una residente de 93 años murió tras sufrir una obstrucción intestinal a consecuencia de la falta de atención médica, según su hijo. En abril, un residente de 82 años fue hallado muerto en un banco sin que nadie le buscara durante 12 horas.

En medio de las críticas, el entonces consejero de Política Social y Familia, Carlos Izquierdo, presentó en rueda de prensa en octubre de ese año un ambicioso plan de expansión de 1.000 nuevos empleados para las 25 residencias de la AMAS. (Según los sindicatos, las 215 vacantes se refieren a puestos ya existentes anteriormente y no a esa ampliación prometida en 2017).

Los refuerzos de ese plan de expansión comenzaron a llegar recientemente. Más de 430 trabajadores del plan se incorporaron en 2018, según los sindicatos. En 2019 se espera que entren en sus puestos más de 400 nuevos trabajadores. La incorporación se producirá en el último trimestre del año de acuerdo con la negociación entre sindicatos y Comunidad.

Pero a pesar de esas promesas de ampliación, las familias siguen percibiendo una grave escasez. En Alcorcón “la cosa sigue igual o peor”, afirma Luis de Miguel, portavoz de los familiares. “No hay médico los fines de semana, festivos y noches. En estos periodos si ocurre algo, aún siendo lo mínimo, mandan a los residentes a urgencias, colapsando las mismas, a veces sin necesidad”, añade. “A veces los residentes están solos en los comedores sin supervisión”.
Bajas en verano

En otros centros de la AMAS se quejan de la lentitud en la incorporación del nuevo personal. Es el caso de la Gran Residencia, un centro de 460 plazas en el distrito madrileño de Carabanchel, que ha denunciado ante los medios el retraso. En 2018 los empleados del nuevo plan no llegaron hasta noviembre y diciembre. Uno de los trabajadores prometidos ese año, un terapeuta ocupacional adicional, aún no se ha incorporado, y como el resto de residencias públicas de Madrid siguen esperando el refuerzo de 2019.

“(Los nuevos trabajadores) deberían estar en los centros inmediatamente después de firmar la distribución de categorías por centro”, le dice el comité de empresa de esa residencia a este periódico en un escrito. “No queremos esperar nuevamente hasta el mes de noviembre/diciembre”.

Las residencias en Madrid están obligadas a cumplir con unos ratios de personal fijados por ley, pero las familias denuncian que en la práctica no se cumplen. La presencia efectiva de cuidadores parece claramente insuficiente en turnos de tarde, noche, o fines de semana, especialmente en las grandes residencias, denuncian.

El problema ha sido patente este verano ya que muchos trabajadores toman vacaciones y los centros no tienen personal para reemplazarlos, según la madrileña Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias, Pladigmare.

“Las inspecciones pasan olímpicamente de estas obligaciones”, dice Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare. “Ha habido residencias que han cerrado durante días la sala de fisioterapia y terapia ocupacional, otras no han cubierto a los enfermeros que se iban de vacaciones, y otras se han pasado todo el mes de agosto sin médico”, asegura Vázquez.
Un plan para prevenir los malos tratos en los centros

El acuerdo de 155 medidas que une al PP y a Ciudadanos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid recoge dos puntos centrados en las condiciones de vida de las personas mayores: un plan para prevenir la violencia que incluye a las residencias públicas de la región y otro para luchar contra la soledad.
“Desarrollaremos un plan para la prevención y detección de la violencia contra las personas mayores, tanto en el ámbito doméstico, como en el de las residencias de la Comunidad de Madrid”, resume el pacto gubernamental.

“Reforzaremos los medios de vigilancia e inspección sobre las residencias, centros de día, centros de mayores, viviendas tuteladas y viviendas comunitarias, tanto públicas como concertadas, para asegurar un servicio de calidad y un trato digno para todas las personas mayores”, añade. Y promete: “Eliminaremos de forma progresiva las sujeciones mecánicas y químicas en las residencias de mayores y de personas con discapacidad”.

Además, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, hizo una mención expresa de la lucha contra la soledad en su discurso de investidura, reflejando así el contenido del acuerdo.

“Fomentaremos programas de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores, a través de distintos recursos: viviendas compartidas, fomento del voluntariado, etcétera”, recoge el texto. “Además, aplicaremos las tecnologías existentes para mejorar la calidad de vida y la atención en el hogar a las personas que vivan solas”.

Alberto Reyero, el nuevo consejero de políticas sociales, procedente de Cs, será el encargado de poner en marcha ambos planes, y ya ha pedido información para hacer una radiografía del estado de las residencias en la Comunidad.



 

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1154 en: 06 de Septiembre de 2019, 11:29:19 am »


Por qué no podrás acceder a la banca online como antes: así te afectará



En el marco de PSD2

La Información
jueves, 05 septiembre 2019, 11:41
A partir del sábado 14 de septiembre, entrará en vigor la normativa para crear un mercado único de pagos en la Unión Europea.

La gran banca gana más de doce millones de clientes digitales en un año
En poco más de una semana, entrará en vigor la regulación en los servicios de pagos digitales decretada por parte de la Unión Europea. Es la conocida como Payment Service Providers (PSD2), que llega con el objetivo de crear un mercado único de pagos en la UE.

Así pues, a partir del próximo sábado, 14 de septiembre, acceder a la banca online cambiará de forma que los pagos electrónicos serán más seguros con el nuevo sistema de  autenticación reforzada (strong customer authentication, abreviado como SCA).

Hasta ahora, para acceder a una cuenta corriente por Internet simplemente era necesario un usuario y una contraseña o, en su lugar, algún tipo de información biométrica (lectura de huella o facial),

Una vez entre en vigor la normativa, también será  necesario: un smartphone y, en algunos casos, tener instalada la app de tu banco. Así lo explican los expertos del comprador bancario HelpMyCash.


Objetivo: reducir el fraude
El objetivo de la PSD2 es "reducir el fraude". La idea es combinar dos elementos independientes para verificar la identidad del cliente a una cuenta o bien a pagos electrónicos.

La normativa obligará a usar dos factores que pueden ser algo que solo conozca el usuario (una contraseña), algo que sea solo de su propiedad (móvil o tarjeta) y que forme parte de el (reconocimiento dactilar o facial).

A escasos días de que entre en vigor la norma, algunos bancos ya han informado sobre cómo se pondrá en práctica. Desde HelpMCash han hecho un repaso sobre cómo acceder a la banca online según cada entidad.


Banco Santander y Openbank
El Banco Santander y Openbank seguirán la misma práctica, por lo que los clientes de ambas entidades necesitarán una clave de acceso más: será un código recibido por SMS para acceder a la banca online de la compañía.

BBVA
El BBVA ha optado por la misma opción de la clave. Ya lo ha notificado a sus clientes, por lo que, según explica la entidad, "el móvil será imprescindible para acceder" a sus canales digitales.

Colonya y Cajas rurales
Estas entidades combinarán los datos de acceso habituales  (usuario, NIF, contraseña y reconocimiento dactilar o facial) con un código recibido por SMS.

Laboral Kutxa
Algunas entidades están aprovechando la entrada en vigor de la normativa PSD2 para eliminar la tarjeta de coordenadas. Así, Laboral Kutxa ha avisado que "la tarjeta actual de firmas para operar en banca online será sustituida por claves que recibirás por SMS".


ING
ING ya ha informado que enviará notificaciones a través de su app. Esto supone que todos sus clientes deberán tenerla instalada en su móvil si quieren operar con normalidad a través de la web.

La entidad enumera los siguientes requisitos que serán necesarios: descargar la app y tenerla actualizada, activar las notificaciones y dar de alta la validación móvil.

A la hora de acceder a una cuenta de ING a través del ordenador (se podrá seguir operando por la web, aunque la app sea obligatoria), el cliente recibirá una notificación en su móvil para verificar su identidad. La app también será necesaria para validar operaciones realizadas desde el ordenador. En esos casos, el cliente recibirá una notificación en su smartphone que deberá aceptar y luego introducir una contraseña.

Targobank

Targobank quiere sustituir los mensajes de texto. “El servicio de Confirmación Móvil reemplaza el envío del SMS por una validación realizada directamente desde su smartphone y totalmente integrada en la aplicación de Targobank".

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1155 en: 10 de Septiembre de 2019, 07:20:35 am »

El gasto social de las comunidades sigue por debajo de 2009

    Los presupuestos autonómicos para sanidad, educación y servicios sociales suman 4.190,2 millones menos que antes de la crisis
    Un informe de la Asociación de Directores en Servicios Sociales alerta del deterioro del Estado del bienestar
    Las tres comunidades con mayor gasto social por habitante son País Vasco, Navarra y Extremadura; las tres con menos son Madrid, Cataluña y Andalucía

Ángel Munárriz
amunarriz@infolibre.es @angel_munarriz
Publicada el 09/09/2019 a las 13:00 09/09/2019 a las 13:00

Pese a la recuperación macroeconómica, los números del gasto social en España siguen por debajo del umbral precrisis. Los presupuestos autonómicos de 2018 dedicaron a sanidad, educación y servicios sociales 112.661,5 millones. Aunque la línea es ascendente a partir de 2013, el año con menor gasto social (100.000 millones), el montante de 2018 sigue por debajo de 2009, cuando casi alcanzaron los 117.000 millones, según un análisis de las cuentas de las comunidades realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales a partir de datos oficiales de las autonomías, Hacienda y el Banco de España. Dicho informe señala que los servicios esenciales, tras un periodo de mejoría vinculado a la recuperación económica, se encuentran de nuevo “en peligro”.

Una década después del estallido de la crisis, y cuando ya circulan advertencias de una posible recaída, no se ha recuperado el presupuesto social. Tomando como referencia los años 2009 y 2018, el gasto en sanidad, educación y servicios sociales ha caído en 4.190,2 millones, un 3,4%.

En 2018 las comunidades gastaron menos por habitante que en 2009 en las dos áreas fundamentales del Estado del bienestar: en sanidad la inversión ha pasado de 1.392,7 a 1.295,8 euros (-6,95%); en educación, de 884,8 a 840,6 euros (-4,99%). En servicios sociales se ha producido una subida desde 257,9 a 283,7 euros (+10%).

El informe también incluye los presupuestos iniciales de las comunidades de 2019, si bien no están trabajados en profundidad como el resto, ni pueden homogeneizarse con las liquidaciones presupuestarias o las cuentas definitivas de los demás años, lo cual invita a la prudencia. Dicho esto, la cuantía dedicada a gasto social por las comunidades en los presupuestos iniciales asciende a 116.100 millones de euros, aún por debajo de 2009.


Gasto por habitante

Hay nueve comunidades autónomas que en 2018 han dedicado más recursos a gasto social por habitante que en 2009: Baleares (+15,56%), Comunitat Valenciana (6,14%), Navarra (+5,94%), País Vasco (+4,86%), Cantabria (+4,77%), Murcia (+0,98%), La Rioja (+0,76%), Asturias (+0,74%) y Extremadura (+0,11%). Las otras ocho gastan menos: Cataluña (-19,91%), Castilla La Mancha (-15,46%), Galicia (-3,75%), Aragón (-2,97%), Comunidad de Madrid (-1,73%), Castilla y León (-0,98%), Canarias (-0,86%) y Andalucía (-0,22%).

Es decir, la comunidad que presenta un mejor comportamiento comparando 2009 y 2018 es Baleares. La que peor, Cataluña.
El mayor gasto social por habitante se da en el País Vasco (3.242,78 euros), Navarra (3.151,78) y Extremadura (2.896,83). El menor es en Madrid (2.109,47), Cataluña (2.181,92 euros) y Andalucía (2.311,94 euros). La diferencia de gasto social por habitante al año entre la que más hace, País Vasco, y la que menos, Madrid, asciende a 1.133,31 euros.

Las comunidades que más y menos dedican por habitante a sanidad son:
– Las que más: País Vasco, Navarra y Asturias.
– Las que menos: Cataluña, Madrid y Andalucía.

Las comunidades que más y menos dedican por habitante a educación son:
– Las que más: País Vasco, Navarra y Extremadura.
– Las que menos: Madrid, Asturias y Cataluña.

Las comunidades que más y menos dedican por habitante a servicios sociales son:
– Las que más: Navarra, Extremadura y La Rioja.
– Las que menos: Baleares, Canarias y Comunitat Valenciana.

Deuda pública

El informe se detiene en la deuda pública de las autonomías. “El impacto de la crisis se tradujo directamente en un incremento de los gastos derivados de la deuda pública que impactó reduciendo el gasto en las políticas sociales y sobre todo en el resto de funciones y servicios”, señala el estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. “Esta deuda –añade– asciende actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante”.

El gasto en deuda, que tocó techo en 2014 y empezó a bajar después, ha vuelto a repuntar, como indican los datos del Banco de España. En 2014 las comunidades llegaron a dedicar a deuda más de 32.000 millones, el máximo histórico. La cifra fue cayendo hasta 25.971,4 millones en 2016, y desde ahí ha subido en 2017 (27.004,4 millones) y 2018 (30.218,7 millones). Los presupuestos iniciales de 2019 consigan 32.113 millones para pagar la deuda. La subida desde la etapa precrisis es brutal. En 2007 y 2008 la partida de deuda no llegaba a 6.000 millones. Entre 2009 y 2018 la subida ha sido de más de 23.000 millones, casi un 340%.

"Riesgo de deterioro"

El informe señala que "es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales". "Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020”, añade.

Según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, "se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas urgentes que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios". Y concluye: "Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política”.


   



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« Respuesta #1156 en: 10 de Septiembre de 2019, 14:10:11 pm »
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« Respuesta #1157 en: 10 de Septiembre de 2019, 20:16:00 pm »
 

Los autónomos declaran 8.000 euros menos de ingresos que los asalariados


El sindicato de técnicos de Hacienda explica la situación en prácticas de evasión fiscal
Diego G. Tabaco 08.09.2019 | 19:18
Interior de las oficinas de la Agencia Tributaria.

Interior de las oficinas de la Agencia Tributaria. J. N.
Los trabajadores por cuenta propia declaran, como término medio, unos ingresos anuales de unos 8.000 euros menos que los asalariados. Así lo asegura un informe de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Los datos indican además que cerca de la mitad de los trabajadores autónomos declara unos ingresos de menos de 12.000 euros anuales, es decir, no se incluirían ni en el colectivo de los "mileuristas". En Zamora, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay unos 17.000 trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Autónomos. Más de ocho mil, según los datos del Gestha, declararían unos ingresos inferiores a los mil euros mensuales.


"Y si estos datos ya resultan de por sí llamativos, lo que hace saltar las alarmas es el hecho de que casi uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declare de media menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados. En concreto, de las estadísticas", estas últimas ya a nivel nacional, "se desprende que tres millones de empleados cobrarían más que sus propios jefes, como si ser un trabajador de perfil medio o un pensionista fuese más rentable que ejercer de empresario o profesional, entre los que se encuentran los arquitectos, notarios, abogados o médicos en consultas privadas, entre otras profesiones por cuenta propia y de alta cualificación".


Para ir reduciendo paulatinamente esa brecha y engrosar la recaudación del Estado, Gestha reclama a la Agencia Tributaria que, al igual que en el caso de las empresas, generalice el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de la media de su sector económico en el territorio y, a continuación, inicie las investigaciones pertinentes a aquellos que evidencien mayores señales de fraude y no hayan presentado declaraciones complementarias. Los técnicos de Hacienda solo son capaces de explicar esta situación amparándose en una supuesta evasión fiscal por parte de los implicados.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "una buena parte de la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por asalariados, pensionistas y autónomos reside en los altos niveles de fraude fiscal, cuyas cifras evidencian que la Agencia Tributaria es poco eficaz en la lucha contra la evasión y la economía sumergida, porque si no es eficaz en el control del fraude poco sofisticado de los autónomos, a pesar de centrar históricamente el control en las rentas del trabajo y las microempresas, cómo va a reducir la evasión de las grandes fortunas, los grupos empresariales y las multinacionales".

Cabe recordar que la Agencia Tributaria cifra los ingresos medios registrados en la provincia de Zamora en poco más de 16.000 euros, según los datos más actualizados. Los datos, que se elaboran con la base de las declaraciones de la renta presentadas por los contribuyentes, no diferencian entre asalariados y trabajadores por cuenta propia. Zamora es la provincia con un nivel de ingresos más bajo.


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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1158 en: 10 de Septiembre de 2019, 20:36:14 pm »
Luego se quejan de que cuando se jubilan cobran poco . . .

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Re:Algo sobre dinero
« Respuesta #1159 en: 11 de Septiembre de 2019, 10:20:49 am »


Los autónomos declaran 8.000 euros menos de ingresos que los asalariados


El sindicato de técnicos de Hacienda explica la situación en prácticas de evasión fiscal
Diego G. Tabaco 08.09.2019 | 19:18
Interior de las oficinas de la Agencia Tributaria.

Interior de las oficinas de la Agencia Tributaria. J. N.
Los trabajadores por cuenta propia declaran, como término medio, unos ingresos anuales de unos 8.000 euros menos que los asalariados. Así lo asegura un informe de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda. Los datos indican además que cerca de la mitad de los trabajadores autónomos declara unos ingresos de menos de 12.000 euros anuales, es decir, no se incluirían ni en el colectivo de los "mileuristas". En Zamora, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social, hay unos 17.000 trabajadores incluidos en el Régimen Especial de Autónomos. Más de ocho mil, según los datos del Gestha, declararían unos ingresos inferiores a los mil euros mensuales.


"Y si estos datos ya resultan de por sí llamativos, lo que hace saltar las alarmas es el hecho de que casi uno de cada cinco autónomos con trabajadores a cargo declare de media menos ganancias que por las que tributan sus propios empleados. En concreto, de las estadísticas", estas últimas ya a nivel nacional, "se desprende que tres millones de empleados cobrarían más que sus propios jefes, como si ser un trabajador de perfil medio o un pensionista fuese más rentable que ejercer de empresario o profesional, entre los que se encuentran los arquitectos, notarios, abogados o médicos en consultas privadas, entre otras profesiones por cuenta propia y de alta cualificación".


Para ir reduciendo paulatinamente esa brecha y engrosar la recaudación del Estado, Gestha reclama a la Agencia Tributaria que, al igual que en el caso de las empresas, generalice el envío de cartas informativas a los autónomos que estén por debajo de las ratios de la media de su sector económico en el territorio y, a continuación, inicie las investigaciones pertinentes a aquellos que evidencien mayores señales de fraude y no hayan presentado declaraciones complementarias. Los técnicos de Hacienda solo son capaces de explicar esta situación amparándose en una supuesta evasión fiscal por parte de los implicados.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "una buena parte de la explicación a este comportamiento tan dispar entre los ingresos declarados por asalariados, pensionistas y autónomos reside en los altos niveles de fraude fiscal, cuyas cifras evidencian que la Agencia Tributaria es poco eficaz en la lucha contra la evasión y la economía sumergida, porque si no es eficaz en el control del fraude poco sofisticado de los autónomos, a pesar de centrar históricamente el control en las rentas del trabajo y las microempresas, cómo va a reducir la evasión de las grandes fortunas, los grupos empresariales y las multinacionales".

Cabe recordar que la Agencia Tributaria cifra los ingresos medios registrados en la provincia de Zamora en poco más de 16.000 euros, según los datos más actualizados. Los datos, que se elaboran con la base de las declaraciones de la renta presentadas por los contribuyentes, no diferencian entre asalariados y trabajadores por cuenta propia. Zamora es la provincia con un nivel de ingresos más bajo.



Estoy cansado de oir historietas de autónomos, todo el día llorando.
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