Autor Tema: Algo sobre dinero  (Leído 155887 veces)

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1240 en: 15 de Septiembre de 2021, 17:44:18 pm »

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1241 en: 16 de Septiembre de 2021, 01:27:23 am »
Matria...y más.

https://twitter.com/ElHuffPost/status/1438048493583704069?s=19

Claro, claro, los podemitas lo comprendían muy bien cuando ladraban gobernando Rajoy, es que no dan para más.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1242 en: 16 de Septiembre de 2021, 01:29:27 am »
Lo entendían muy bien...

Podemos pedía minutos de silencio cuando la luz subía un 20%. Cuando sube un 200% dice matria.

https://mobile.twitter.com/pablocast13/status/1438051471396900867

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1243 en: 16 de Septiembre de 2021, 09:16:36 am »
Las eléctricas preparan la ofensiva contra el Gobierno con recursos, pleitos y arbitrajes

El plan de Ribera para abaratar la luz ha generado una escenario de inseguridad jurídica en el mercado que las empresas responderán de forma inmediata, con Bruselas al acecho

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/factura-luz-gobierno-recursos.html

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1244 en: 16 de Septiembre de 2021, 09:23:48 am »
Las eléctricas tienen dinero, así que se pueden permitir el lujo de pleitear. . .

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1245 en: 16 de Septiembre de 2021, 10:32:49 am »

Las nucleares pactaron en 2019 operar 15 años más con los mismos ingresos por CO2 que ahora les garantiza Ribera


    Las eléctricas aseguran que el fin de los "beneficios caídos del cielo" las aboca al cierre. Sin embargo, cobrarán como mínimo los mismos 20 euros por tonelada que percibían hace dos años
    Otros ingresos pueden variar, dependiendo de la carga impositiva o el resultado del pool: las compañías temen que el avance renovable las perjudique
    Solo dos centrales nucleares, Ascó I y Ascó II, pueden bajar la persiana sin autorización expresa del Gobierno, dado que caduca su licencia
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Javier Martínez
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Publicada el 16/09/2021 a las 06:00
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2021, 10:48:37 am por 47ronin »

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1246 en: 16 de Septiembre de 2021, 10:49:52 am »
Que no tiemble el pulso...



El 128 de la Constitución: el artículo que permite al Gobierno poner a las eléctricas al servicio del interés general

    El artículo 128 señala que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", lo que avala las medidas para rebajar la tarifa eléctrica aprobadas por el Gobierno, y algunos expertos ven como una vía para nacionalizar el sector eléctrico, aunque chocaría con la UE
    — El Gobierno cuenta con el apoyo de Bruselas para controlar los precios de la luz y el gas


David Noriega
15 de septiembre de 2021 21:58h

11
@david_noriega

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general."

El artículo 128 de la Constitución Española ha vuelto a la actualidad política tras la amenaza de las eléctricas de adelantar el apagón de las centrales nucleares por las medidas del Gobierno para intentar contener la subida del recibo de la luz. Un artículo que situó en el debate el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este martes a través de su cuenta de la red social Twitter y que muchos leen como la posibilidad del Gobierno de poner a estas empresas al servicio del interés general. 

    Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

    Artículo 128 de la Constitución.
    — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 14 de septiembre de 2021

Fuentes expertas en derecho administrativo indican que la amenaza de las eléctricas de adelantar el apagón de las nucleares, que aportan un 20% de la electricidad en España, es "más política que jurídica". "No pueden hacerlo", insisten, porque se trata de un sector "sometido a una densa reglamentación y supervisión". Una idea en línea con la que trasladó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al afirmar que ese parón no recibiría el visto bueno de Red Eléctrica, que tiene que elaborar un informe para autorizar el cierre de una instalación de estas características. "Me imagino que el operador del sistema lo evaluaría pero es muy probable que llegara a la conclusión de que no es posible", dijo en una entrevista en la Cadena SER. 
"Cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado era una aplicación del 128"

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías explica que el artículo 128 encaja en el supuesto actual porque "lo que exige es que haya una confrontación entre el interés general y un interés particular de cualquier tipo". "El interés de toda la sociedad choca con el interés de unos señores que quieren obtener unos beneficios con unos precios tan altos que dificultan la vida en común", señala. No obstante, este experto indica que esta norma no se aplica de un día para otro, sino que es un principio general que permite la existencia de empresas públicas en determinados sectores. "Cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado, eso era una aplicación del 128", ejemplifica.

En la misma línea se manifiesta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González, que explica que este artículo reconoce al Estado la capacidad tanto de crear y tener empresas públicas, como de reservar para lo público determinados sectores, "especialmente aquellos que se den en recursos esenciales u operen en régimen de monopolio u oligopolio, como es el caso de las eléctricas" que, además "son un recurso estratégico". "Haría falta una ley, que no requeriría ni mayoría absoluta", señala. "A partir del momento en el que opera esa reserva, ya no podría entrar en ese mercado ninguna empresa privada, solo podría tener el monopolio el Estado", apunta. Esto implicaría también la subsiguiente expropiación de las empresas que ya estén operando en ese sector, mediante el artículo 33 de la Constitución.

Según indica Urías, el 33 reconoce el derecho a la propiedad privada, pero aclara que "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo a las leyes". Es decir, "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social", reza el texto. "Lo razonable en este caso es ir al artículo 33, decir que hay un interés general y a esas personas se les va a privar de su propiedad privada", avanza. "No es necesario que sea para siempre. Se puede decir que durante los próximos equis años la empresa va a estar gestionada por el Estado o puede ser parcial. Se puede intervenir solo la red eléctrica, o las centrales nucleares, por ejemplo, o se puede intervenir todo".

¿Cuál es el mecanismo? Mediante un acto administrativo, con una declaración de utilidad pública, o mediante decreto ley, como ocurrió con Rumasa en 1983, cuando el Gobierno decretó su expropiación forzosa, aunque en ese caso sin recurrir al 128. Lo más complicado de determinar en operaciones de este calibre es su justiprecio. "En primera instancia, el Estado pone una indemnización, que luego los tribunales pueden corregir", señala Urías. Y aquí es donde este experto ve uno de los principales escollos para la nacionalización del sector eléctrico: "Si expropias, les tienes que pagar el precio de las empresas. ¿Cuánto valen las eléctricas? Miles de millones". Para Moreno, "el Estado puede afrontarlo todo, pero sería una cantidad astronómica". Este miércoles, y pese a liderar las caídas en el Ibex 35 tras las medidas adoptadas por el Gobierno, las dos principales eléctricas, Iberdrola y Endesa sumaban una capitalización cercana a los 80.000 millones de euros.

Otras fuentes consultadas por este medio añaden que la propia ley del Sector Eléctrico ya declara en su preámbulo que se trata de un servicio de interés general y coinciden en que el artículo 128 de la Constitución permite nacionalizar un sector. Sin embargo, no creen que esto pueda aplicarse en este caso porque la directiva europea referente al sector eléctrico aboga por la liberalización y la introducción de competencia. En este caso, la nacionalización de las empresas eléctricas supondría el monopolio estatal y contravendría las normas europeas. "Esto tendría sentido en un sector no sometido a la legislación europea", explican.
Prevalencia del derecho de la Unión Europea

Coincide Moreno en que "el derecho de la Unión Europea, sobre todo el de competencia, ha vaciado de contenido las previsiones de la Constitución, incluida, y de manera muy notoria, la previsión del 128". "En teoría, no hay ningún obstáculo para que se pudiera incluir esa reserva, pero la gestión por parte del Estado tendría que respetar en derecho de la competencia. A nivel comparado, son bastantes los países europeos que tienen empresas públicas, como Italia o los países escandinavos del norte, que operan bajo régimen de reserva", señala. "Existen cláusulas de salvaguarda que el Estado podría blandir", continúa este experto, que considera que sí "podría haber una empresa pública, que podría ser la única, pero no podría tener ninguna posición de dominio sobre otras empresas que pudieran entrar en esos sectores".

En cualquier caso, defiende que "en la práctica esa posibilidad ha quedado muy reducida" con estas normativas, pero "el Estado tiene capacidad, otra cosa es que haya voluntad y ánimo de enfrentarse no solo a las empresas del sector, sino también al ideario de la Unión Europea".

Las mismas fuentes señalan, no obstante, que aunque la nacionalización del sector no estaría contemplada, si cabría la posibilidad de crear una empresa pública, que debería "operar en el mismo régimen que las otras". Esta ha sido una de las reivindicaciones de Unidas Podemos, que a principios de septiembre presentó en el Congreso una propuesta para crear una compañía estatal que asuma las concesiones de las centrales hidroeléctricas que vayan caducando. Una idea a la que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha dejado la puerta abierta. En una entrevista en elDiario.es afirmaba que siempre se ha "mostrado abierta" a esa posibilidad, aunque reconocía que otras empresas públicas en países de nuestro entorno, como en Italia o Francia, ya tienen que "aplicar el mismo régimen que el resto".

No obstante, Urías aclara que la expropiación es "algo habitual". "Cada día se expropian en España terrenos y casas. Es una figura jurídica que ese aplicada cada día", señala. Pone como ejemplo las expropiaciones de edificios aledaños al Parlamento canario en 1992 para construir un nuevo anexo; o las expropiaciones de construcciones tras la aprobación de la ley de costas.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1247 en: 16 de Septiembre de 2021, 12:57:36 pm »
Le repito, me parece a mí que a  Pedrito le faltan huevos para hacer eso.

Que no tiemble el pulso...



El 128 de la Constitución: el artículo que permite al Gobierno poner a las eléctricas al servicio del interés general

    El artículo 128 señala que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general", lo que avala las medidas para rebajar la tarifa eléctrica aprobadas por el Gobierno, y algunos expertos ven como una vía para nacionalizar el sector eléctrico, aunque chocaría con la UE
    — El Gobierno cuenta con el apoyo de Bruselas para controlar los precios de la luz y el gas


David Noriega
15 de septiembre de 2021 21:58h

11
@david_noriega

"Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general."

El artículo 128 de la Constitución Española ha vuelto a la actualidad política tras la amenaza de las eléctricas de adelantar el apagón de las centrales nucleares por las medidas del Gobierno para intentar contener la subida del recibo de la luz. Un artículo que situó en el debate el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, este martes a través de su cuenta de la red social Twitter y que muchos leen como la posibilidad del Gobierno de poner a estas empresas al servicio del interés general. 

    Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

    Artículo 128 de la Constitución.
    — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) 14 de septiembre de 2021

Fuentes expertas en derecho administrativo indican que la amenaza de las eléctricas de adelantar el apagón de las nucleares, que aportan un 20% de la electricidad en España, es "más política que jurídica". "No pueden hacerlo", insisten, porque se trata de un sector "sometido a una densa reglamentación y supervisión". Una idea en línea con la que trasladó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al afirmar que ese parón no recibiría el visto bueno de Red Eléctrica, que tiene que elaborar un informe para autorizar el cierre de una instalación de estas características. "Me imagino que el operador del sistema lo evaluaría pero es muy probable que llegara a la conclusión de que no es posible", dijo en una entrevista en la Cadena SER. 
"Cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado era una aplicación del 128"

El profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías explica que el artículo 128 encaja en el supuesto actual porque "lo que exige es que haya una confrontación entre el interés general y un interés particular de cualquier tipo". "El interés de toda la sociedad choca con el interés de unos señores que quieren obtener unos beneficios con unos precios tan altos que dificultan la vida en común", señala. No obstante, este experto indica que esta norma no se aplica de un día para otro, sino que es un principio general que permite la existencia de empresas públicas en determinados sectores. "Cuando las eléctricas o Iberia eran del Estado, eso era una aplicación del 128", ejemplifica.

En la misma línea se manifiesta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura, Gabriel Moreno González, que explica que este artículo reconoce al Estado la capacidad tanto de crear y tener empresas públicas, como de reservar para lo público determinados sectores, "especialmente aquellos que se den en recursos esenciales u operen en régimen de monopolio u oligopolio, como es el caso de las eléctricas" que, además "son un recurso estratégico". "Haría falta una ley, que no requeriría ni mayoría absoluta", señala. "A partir del momento en el que opera esa reserva, ya no podría entrar en ese mercado ninguna empresa privada, solo podría tener el monopolio el Estado", apunta. Esto implicaría también la subsiguiente expropiación de las empresas que ya estén operando en ese sector, mediante el artículo 33 de la Constitución.

Según indica Urías, el 33 reconoce el derecho a la propiedad privada, pero aclara que "la función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo a las leyes". Es decir, "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social", reza el texto. "Lo razonable en este caso es ir al artículo 33, decir que hay un interés general y a esas personas se les va a privar de su propiedad privada", avanza. "No es necesario que sea para siempre. Se puede decir que durante los próximos equis años la empresa va a estar gestionada por el Estado o puede ser parcial. Se puede intervenir solo la red eléctrica, o las centrales nucleares, por ejemplo, o se puede intervenir todo".

¿Cuál es el mecanismo? Mediante un acto administrativo, con una declaración de utilidad pública, o mediante decreto ley, como ocurrió con Rumasa en 1983, cuando el Gobierno decretó su expropiación forzosa, aunque en ese caso sin recurrir al 128. Lo más complicado de determinar en operaciones de este calibre es su justiprecio. "En primera instancia, el Estado pone una indemnización, que luego los tribunales pueden corregir", señala Urías. Y aquí es donde este experto ve uno de los principales escollos para la nacionalización del sector eléctrico: "Si expropias, les tienes que pagar el precio de las empresas. ¿Cuánto valen las eléctricas? Miles de millones". Para Moreno, "el Estado puede afrontarlo todo, pero sería una cantidad astronómica". Este miércoles, y pese a liderar las caídas en el Ibex 35 tras las medidas adoptadas por el Gobierno, las dos principales eléctricas, Iberdrola y Endesa sumaban una capitalización cercana a los 80.000 millones de euros.

Otras fuentes consultadas por este medio añaden que la propia ley del Sector Eléctrico ya declara en su preámbulo que se trata de un servicio de interés general y coinciden en que el artículo 128 de la Constitución permite nacionalizar un sector. Sin embargo, no creen que esto pueda aplicarse en este caso porque la directiva europea referente al sector eléctrico aboga por la liberalización y la introducción de competencia. En este caso, la nacionalización de las empresas eléctricas supondría el monopolio estatal y contravendría las normas europeas. "Esto tendría sentido en un sector no sometido a la legislación europea", explican.
Prevalencia del derecho de la Unión Europea

Coincide Moreno en que "el derecho de la Unión Europea, sobre todo el de competencia, ha vaciado de contenido las previsiones de la Constitución, incluida, y de manera muy notoria, la previsión del 128". "En teoría, no hay ningún obstáculo para que se pudiera incluir esa reserva, pero la gestión por parte del Estado tendría que respetar en derecho de la competencia. A nivel comparado, son bastantes los países europeos que tienen empresas públicas, como Italia o los países escandinavos del norte, que operan bajo régimen de reserva", señala. "Existen cláusulas de salvaguarda que el Estado podría blandir", continúa este experto, que considera que sí "podría haber una empresa pública, que podría ser la única, pero no podría tener ninguna posición de dominio sobre otras empresas que pudieran entrar en esos sectores".

En cualquier caso, defiende que "en la práctica esa posibilidad ha quedado muy reducida" con estas normativas, pero "el Estado tiene capacidad, otra cosa es que haya voluntad y ánimo de enfrentarse no solo a las empresas del sector, sino también al ideario de la Unión Europea".

Las mismas fuentes señalan, no obstante, que aunque la nacionalización del sector no estaría contemplada, si cabría la posibilidad de crear una empresa pública, que debería "operar en el mismo régimen que las otras". Esta ha sido una de las reivindicaciones de Unidas Podemos, que a principios de septiembre presentó en el Congreso una propuesta para crear una compañía estatal que asuma las concesiones de las centrales hidroeléctricas que vayan caducando. Una idea a la que la vicepresidenta tercera Teresa Ribera ha dejado la puerta abierta. En una entrevista en elDiario.es afirmaba que siempre se ha "mostrado abierta" a esa posibilidad, aunque reconocía que otras empresas públicas en países de nuestro entorno, como en Italia o Francia, ya tienen que "aplicar el mismo régimen que el resto".

No obstante, Urías aclara que la expropiación es "algo habitual". "Cada día se expropian en España terrenos y casas. Es una figura jurídica que ese aplicada cada día", señala. Pone como ejemplo las expropiaciones de edificios aledaños al Parlamento canario en 1992 para construir un nuevo anexo; o las expropiaciones de construcciones tras la aprobación de la ley de costas.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1248 en: 16 de Septiembre de 2021, 14:39:12 pm »
Huevos o no, el decreto está en vigor y las nucleares no han parado.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1249 en: 16 de Septiembre de 2021, 17:08:11 pm »
¿Se refiere a este decreto? pues menudos huevos, si, los tiene bien gordos...

Citar
El Gobierno limitará la subida del gas, pero repercutirá en diferido lo no cobrado

Así, las comercializadoras financiarían transitoriamente la medida en un invierno en el que se espera escasez de gas y precios por las nubes, pero nunca perderían el dinero. Tampoco lo pondría el Gobierno: lo pagarían, más adelante, los ciudadanos.

https://www.elconfidencial.com/economia/2021-09-14/gobierno-limita-subida-gas-repercute-en-diferido_3289047/

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1250 en: 16 de Septiembre de 2021, 17:12:00 pm »
La letra pequeña de la reforma

¿Qué impacto tendrá en la factura el hachazo de 2.600 millones a las eléctricas?

El veto a los denominados ‘beneficios caídos del cielo’ , que se extenderá hasta marzo, causará un gran revuelo en el sector. Esa devolución servirá para reducir la factura eléctrica en el apartado de “cargos” del sistema, tal y como destacan organizaciones de consumidores como OCU.

Pero su impacto en la factura será limitado, tal y como explican fuentes del sector energético. «Si los precios del gas natural siguen disparados como hasta ahora el precio establecido en el mercado mayorista seguirá siendo alto. Es una medida más cosmética que efectiva», explican estas fuentes. Es decir, aunque se controle las retribuciones que obtienen las compañías eléctricas por vender ‘cara’ energía que han producido de forma ‘barata’, el mercado seguirá funcionando como hasta ahora. La energía que entre la última en la subasta, y por tanto la más cara, seguirá marcando el precio en el mercado mayorista. Y esta seguirá siendo el gas natural.


https://www.abc.es/economia/abci-letra-pequena-decreto-gobierno-para-abaratar-202109150054_noticia.html

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1251 en: 16 de Septiembre de 2021, 18:40:14 pm »

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1252 en: 16 de Septiembre de 2021, 19:27:56 pm »
Lo veremos el día 30.09...eso sí, la mitad ya que el decreto entri en vigor ayer.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1253 en: 17 de Septiembre de 2021, 00:46:47 am »
Lo veremos a partir de abril, en diferido...

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1254 en: 22 de Septiembre de 2021, 12:10:44 pm »
Estos rojos bolivarianos ..

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1255 en: 30 de Septiembre de 2021, 15:09:39 pm »


Organizaciones de ultraderecha de EEUU y Europa recaudan millones de euros a través de criptomonedas


Entre enero de 2017 y abril de 2021, 12 entidades de extrema derecha, que pidieron dinero públicamente, ingresaron 7,7 millones de euros, según una investigación de AP y PBS
China declara ilegales todas las operaciones con criptomonedas
Miembros de Proud Boys durante la marcha del sábado pasado celebrada en Portland.
Miembros de Proud Boys durante la marcha del sábado pasado celebrada en Portland. Associated Press
Lara Lema

29 de septiembre de 2021 13:41 h
0

 @laralemaperez
Organizaciones de ultraderecha de Estados Unidos y Europa están usando las criptomonedas para recaudar importantes cantidades de dinero, según una investigación de la agencia AP y la televisión PBS. Entre enero de 2017 y abril de 2021, 12 entidades de extrema derecha, que pidieron dinero públicamente, ingresaron 213 Bitcoin -7,7 millones de euros al valor actual- según un muestreo realizado por Chainalysis.

20 años desde el 11-S, el terrorismo de extrema derecha es ahora la principal amenaza en EEUU

SABER MÁS
"Estas personas tienen activos reales. Las personas con acceso a cientos de miles de dólares pueden empezar a hacer un daño real", ha dicho a AP John Bambenek, un experto en ciberseguridad que ha estado rastreando el uso de criptomonedas por parte de la extrema derecha desde 2017.


Entre las entidades investigadas se encuentran varias europeas como el Movimiento de Resistencia Nórdico, una organización neonazi fundada en Suecia, y Génération Identitaire, un movimiento de extrema derecha francés disuelto el pasado marzo por el Gobierno galo.

Según la investigación, están recaudando importantes cantidades de dinero en todo el mundo a través de las criptodivisas, a pesar de su volatilidad, y cada vez ocultándose más para evitar la supervisión de bancos, reguladores y tribunales.

Transacciones ocultas
En junio, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organización que establece directrices mundiales de protección contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, destacó en un informe el uso de criptomonedas por parte de grupos de ultraderecha y advirtió de que los vínculos transnacionales entre estos actores son cada vez mayores. El GAFI también dijo que hay una escasez de información sobre la recaudación de fondos transfronteriza y la escala del uso de criptomonedas.

"Al igual que sus homólogos yihadistas, muchos de estos grupos han utilizado Internet y las redes sociales para compartir propaganda y reclutar partidarios ideológicamente alineados de todo el mundo. También pueden estar buscando forjar vínculos financieros", dice el informe. "Esta tendencia ha supuesto un reto para las fuerzas del orden o los servicios de seguridad que están acostumbrados a combatir el terrorismo de extrema derecha como una amenaza interna con pocos vínculos transnacionales".

Con Bitcoin, la criptomoneda más conocida, los usuarios pueden ocultar sus identidades no vinculándolas públicamente a sus cuentas de criptodivisas, pero no pueden ocultar las propias transacciones. Es por ello que Andrew Anglin, un neonazi estadounidense, fundador y editor de la web The Daily Stormer, abandonó Bitcoin el pasado noviembre y pidió a sus seguidores que le enviaran dinero solo en Monero.

Monero es una criptomoneda diseñada para el anonimato total, oculta tanto los datos de los usuarios como las transacciones. En febrero, Anglin publicó una guía sobre cómo utilizar esta criptodivisa, incluyó información para donantes de fuera de Estados Unidos y explicó cada uno de los métodos posibles para enviar dinero en Monero . "Seguro que hay uno que se adapta a ti", escribió, "para que puedas apoyar lo que hacemos aquí en lugar de ser un COMUNISTA gorrón."

Convertido en millonario
Anglin ha recaudado al menos 112 Bitcoin desde enero de 2017 -con un valor de 4,1 millones de euros al cambio actual-, según los datos de AP, que dice que es probable que la cifra sea mayor. Los donantes de Anglin proceden de todo el mundo y, además de a él, enviaron dinero a otras 32 personas y grupos de ultraderecha en al menos cinco países diferentes, según los datos de Chainalysis y Blockchain.

Anglin, que debe más de 18 millones de dólares en sentencias judiciales en Estados Unidos a personas a las que él y sus seguidores acosaron y amenazaron, no tiene cuentas bancarias ni propiedades inmobiliarias evidentes en el país. De momento, su fortuna en Bitcoin sigue estando fuera del alcance de las autoridades.

No es el único que se ha pasado a Monero. Jaz Searby, antiguo director de la sección australiana de los Proud Boys, pide donaciones solo en Monero para ayudar a "difundir nuestro mensaje a una generación de jóvenes arios que pueden sentirse solos o no entender las fuerzas que están trabajando contra nosotros."

Durante la investigación, AP se puso en contacto con todos los grupos e individuos y la mayoría no respondió a las solicitudes de comentarios, algunos no fueron localizados y otros contestaron anónimamente. Enviaron contenido antisemita y pornográfico, dice AP, que pone de ejemplo uno de los correos electrónicos recibidos: "No te metas en nuestras criptomonedas, maldito... MUERE!!!!!!!!!!!!!!!!!".

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1256 en: 07 de Octubre de 2021, 16:55:13 pm »
Faltan guillotinas...



Cobrar por retirar dinero en ventanilla, la nueva comisión bancaria que causa sorpresa entre los clientes


En una publicación del Portal del Cliente Bancario del Banco de España, el supervisor explica que estos recargos no son una práctica generalizada, aunque algunas entidades ya la están aplicando
Teresa Sánchez Vicente
Teresa Sánchez Vicente
@TeresaSV
Actualizado:
06/10/2021 11:02h

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Algunos bancos han empezado a cobrar comisiones por operaciones de retirada de dinero en las ventanillas de las sucursales. En una publicación del Portal del Cliente Bancario del Banco de España, el supervisor explica que este tipo de recargos no son una práctica generalizada, aunque algunas entidades ya los están aplicando en diferentes oficinas. «Las comisiones por sacar dinero en cajeros de otras entidades sí son habituales, pero el pago por este servicio de ventanilla es una práctica novedosa que causa sorpresa en los clientes», señalan en la nota del Banco de España (BdE).


Desde el BdE expresan su precupación porque la generalización de esta práctica puede llegar a suponer una traba para algunos sectores de la población, como, por ejemplo, las personas mayores o poco familiarizadas con las tecnologías. Para evitar que estos colectivos se queden sin acceso a efectivo de forma gratuita, el Banco de España ha establecido un criterio de buenas prácticas por el cual las entidades deben facilitar al menos un medio gratuito, accesible y seguro para que todos los colectivos puedan disponer de efectivo de su cuenta.

De hecho, este cargo no puede aplicarse en las cuentas de pago básicas en las que está limitada la comisión máxima mensual que se puede cobrar por el uso de determinados servicios, entre ellos, el de retirada de efectivo de los cajeros o en las oficinas. Es decir, se establece que estos recargos sean gratuitos cuando los titulares sean personas en especial situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión financiera.


Libertad para fijar cargos
Pero, como norma general, las entidades sí pueden obligar al abono de esta comisión. Salvo en determinados casos, los bancos pueden dedicir las comisiones que cobran a sus clientes. Si se cumplen determinados requisitos, como que grave un servicio efectivamente prestado, las entidades tienen libertad para establecer el precio de los servicios que prestan, de manera similar a lo que ocurren en cualquier otro negocio.

En todo caso, antes de cargar una comisión la entidad debe comunicar de forma clara y gratuita las condiciones del servicio al que corresponde, su importe y cualquier otro detalle relevante. En los servicios relacionados con la cuenta corriente, el banco debe ofrecer el detalle de cada una de las comisiones de forma individual e incluir esta información en el contrato de apertura de la cuenta. Por ejemplo, si una comisión de mantenimiento se carga en la cuenta sin cumplir los plazos de aviso al cliente, éste podrá exigir el reembolso de este dinero.


Por otra parte, como estos contratos se firman sin vencimiento, las entidades pueden modificar las condiciones iniciales, según avisan en el Banco de España. De hecho, es legal el cambio del importe de un determinado recargo o las condiciones de su aplicación. Sin embargo, los bancos están obligados a informar de forma individualizada y con al menos dos meses de antelación de estas modificaciones. Este periodo permitirá al cliente valorar las nuevas condiciones y optar por aceptarlas o dar el paso para cambiar la cuenta a otro banco.

Recargos ilegales
Además, hay otros escenarios en los que las comisiones se consideran ilegales y, en consecuenciam los usuarios pueden reclamarlas. Desde la OCU advierten que los clientes pueden exigir el reembolso si se aplica una comisión cuando la entidad no presta el servicio cobrado, si el cliente no solicitó el servicio o renunció a él y también en caso de que se cargue una cantidad que supera las tarifas firmadas el contrato.


Por otro lado, si se suprime el contrato de una tarjeta, los recargos vinculados a ella deben desaparecer. Por ejemplo, si se cancela una tarjeta de débito a los ocho meses de uso y tras haber abonado una comisión anual de forma anticipada, el cliente tienen derecho a reclamar la devolución del importe correspondiente a los cuatro meses restantes. Asimismo, el banco no puede cobrar por los descubiertos en cuentas inactivas cuando se aplican tasas de mantenimiento. Si en este caso la cuenta se queda en número rojos, una comisión no podrá derivar en la aplicación de otra comisión.

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1257 en: 09 de Octubre de 2021, 17:05:36 pm »
Motivo?...



Iberdrola anuncia cortes de luz en Valencia ciudad y otros 22 municipios la próxima semana


La compañía eléctrica interrumpirá temporalmente el suministro tanto de día como de madrugada
LAS PROVINCIAS
LAS PROVINCIAS
Viernes, 8 octubre 2021, 22:27
Iberdrola ha anunciado cortes de luz entre el 11 y el 15 de octubre de 2021. La compañía eléctrica se verá obligada a cortar temporalmente el servicio eléctrico en numerosas localidades de la provincia de Valencia a partir del lunes a las 7 de la mañana, cortes que se extenderán hasta el viernes a las 13.30 horas.


Entre los municipios afectados están Valencia, Alaquàs, Alfarp, Algemesí, Anna, Bétera, Canals, Carlet, Fontanars dels Aforins, Genovés, l'Alcúdia, l'olleria, Marchuquera-Gandia, Náquera, Oliva, Olocau, Ontinyent, Palma de Gandia, Quart de Poblet, Serra, Torrent, Turís y Xàtiva.

En Valencia ciudad habrá cortes de luz en hasta 24 calles, entre ellas muchas del centro de Valencia y de barrios como Campanar, Tres Forques o el Ensanche.

Iberdrola también anuncia cortes de luz en Alicante y Castellón.

El subidón de Iberdrola acerca al Ibex a los 9.000 puntos
El subidón de Iberdrola acerca al Ibex a los 9.000 puntos
CLARA ALBA
En este PDF puedes ver los horarios de los cortes de luz y las poblaciones y calles afectadas. Los cortes de luz se realizarán durante el día y en algunos casos de madrugada. Iberdrola anuncia que si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, reestablecerán el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Si no puedes visualizar correctamente el documento, recarga la página, por favor. El PDF

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1258 en: 12 de Octubre de 2021, 08:25:36 am »


Contra el despilfarro de alimentos
El Gobierno quiere fomentar la venta de alimentos "feos" para evitar su desperdicio
El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a vender productos "feos" en condiciones óptimas de consumo

Por Europa Press
11/10/2021 - 19:06 Actualizado: 12/10/2021 - 00:13

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el anteproyecto de ley para combatir el desperdicio alimentario que obligará a las tiendas a fomentar la venta de productos "feos, imperfectos o poco estéticos" que estén en condiciones óptimas de consumo, así como a incentivar la venta de alimentos de proximidad, ecológicos y a granel. "No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura, que aquel que se despilfarra", ha señalado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario consta de 15 artículos, cuatro disposiciones finales y una adicional, según ha insistido Planas, que añade que la norma busca producir una drástica reducción del desecho de alimentos sin consumir que acaban en la basura y fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos.

El ministro ha destacado que en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 M de kilos de alimentos sin consumir

El ministro ha destacado ante los medios que en 2020 los hogares españoles tiraron a la basura más de 1.300 millones de kilos de alimentos sin consumir, 31 kilogramos per cápita. En otra perspectiva: "Tres de cada cuatro hogares españoles desperdician comida". Planas ha recordado también que en el despilfarro de comida y bebida hay un punto de vista "ético" y "moral", teniendo en cuanta que una parte del planeta pasa hambre y 1.600 millones están "malnutridos".

A su juicio, esta es una situación que, "sin duda", hay que "rechazar" y considera un "imperativo ético" el que la sociedad se implique en esta cuestión que, ha indicado, perjudica al conjunto de la misma, porque encarece el acceso a bienes de primera necesidad, malgasta recursos naturales escasos, aumenta los residuos y el impacto ambiental, y lastra la eficiencia del sector productivo y su competitividad.
Foto: Una persona hurga en los desperdicios de un mercado de abastos. (EFE) Opinión
La insostenible (e inmoral) lacra del desperdicio de alimentos
Jose Luis Gallego

La iniciativa legislativa pretende establecer una "perspectiva nueva" de buenas prácticas para evitar el desperdicio de alimentos con actuaciones en toda la cadena alimentaria, desde el origen en el propio proceso de cosecha hasta los hábitos de consumo en los hogares y en la restauración.

Así, establece que "todos" los agentes de la cadena alimentaria deben contar con un plan de prevención para evitar el desperdicio, y fija una jerarquía de prioridades de obligado cumplimiento, la primera de las cuales es la utilización para la alimentación humana, a través de donaciones a empresas sin ánimo de lucro o bancos de alimentos.
Donar alimentos

Para la donación de alimentos, las industrias alimentarias, establecimientos comerciales y de hostelería y restauración deberán suscribir convenios con las organizaciones receptoras en los que se deben recoger específicamente las condiciones de recogida, almacenamiento y transporte y la selección de alimentos, entre otros aspectos.

Los alimentos que se donen deberán tener suficiente vida útil de almacenamiento para hacer posible su distribución y uso seguro a sus destinatarios finales. Tanto las empresas agroalimentarias donantes como las organizaciones receptoras están obligadas a garantizar la trazabilidad de los productos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida de los mismos.
Foto: Foto: iStock.
Guía para saber de verdad cómo reducir los desperdicios y aprovechar tu comida
Cristina Román

En el segundo orden de jerarquía, los alimentos no vendidos, pero que estén en condiciones óptimas de consumo, deberán ser transformados (zumos, mermelada, cremas).

Y ha explicado Planas que, cuando los alimentos no sean aptos para el consumo humano, deberán ser utilizados como subproductos para la alimentación animal o para "otros sectores". Como ejemplo, ha señalado la posibilidad de ser usados como "compostaje en la agricultura" o como "materia energética" para la fabricación de biogás u otros combustibles, entre otras posibilidades.
Productos con fecha de consumo vencida

Otra de las nuevas obligaciones para los agentes de la cadena agroalimentaria pasa por que estos tendrán que impedir el desecho de alimentos en la basura. Entre otras medidas, el Gobierno recoge en esta norma que los productos con fecha de consumo preferente vencida se presenten al consumidor de forma separada y claramente diferenciados del resto, con precios inferiores, o se destinen a la donación.

"Queremos generalizar que por parte de quien efectúa la venta se realicen promociones específicas de los alimentos y bebidas próximos a la caducidad o a la fecha de consumo preferente", ha explicado Planas, quien ha puntualizado, de nuevo, que esto se debe realizar siempre que el producto esté en buenas condiciones para el consumo.
Foto: Fotografía de archivo de un supermercado en España. (EFE)
Los supermercados podrán bajar el precio de los productos perecederos
Europa Press

Además, ha señalado que la ley incluye como medida que las tiendas de más de 400 metros cuadrados deberán disponer de un lineal o 'corner' específico donde se presenten determinados productos que, aunque están en perfectas condiciones para el consumo, presenten una "apariencia rechazable por parte del consumidor".

En esa línea, tendrán que incentivar la venta de alimentos de temporada, de proximidad, ecológicos y ambientalmente sostenibles y a granel, y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los mismos.
Del restaurante a casa con envases reutilizables

Los establecimientos de hostelería y otros servicios alimentarios tendrán que ofrecer a sus clientes la posibilidad de que se lleven, sin coste adicional, lo que no han consumido y tendrán que informar de ello de forma visible, preferentemente en la carta o menú. Para ello, deberán disponer de envases aptos reutilizables.

Los agentes de la cadena alimentaria deberán informar de las pérdidas alimentarias y del cumplimiento de sus planes de prevención

Además, todos los agentes de la cadena alimentaria deberán informar anualmente de las pérdidas alimentarias, así como del cumplimiento de sus planes de prevención. Por otro lado, el proyecto de ley estipula que el Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y, en su caso, la posibilidad de poner en el mercado los productos con fecha de consumo preferente sobrepasada, para lo que se tendrán en cuenta los criterios establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas en la materia.
Debate sobre la adquisición de alimentos

Otra de las novedades es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación deberá elaborar un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que contendrá los objetivos generales y prioridades a seguir y que se integrará en el plan estratégico.

Igualmente, las administraciones públicas estarán obligadas a realizar campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario, así como elaborar guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria.

La ley contempla cuatro tipos de sanciones en materia de donación de alimentos con multas de hasta 150.000 euros

La ley contempla cuatro tipos de sanciones en materia de donación de alimentos con multas que van de 6.001 a 150.000 euros. Con esta norma, ha explicado el ministro, España se convierte en el tercer país de la UE en legislar en esta materia, tras Francia e Italia. Aun así, ha señalado que el texto no ha partido de cero y ha recordado otras campañas e iniciativas del Ejecutivo para evitar el desperdicio alimentario.

Este proyecto de ley comienza, tras su aprobación en el Consejo de Ministros, su tramitación, cuya primera fase es la consulta pública y su discusión con las CCAA. Planas ha llamado a la implicación ciudadana y ha apuntado que la intención del Gobierno con esta ley es iniciar un "debate social" sobre la alimentación y la adquisición de alimentos.


   

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Re: Algo sobre dinero
« Respuesta #1259 en: 19 de Octubre de 2021, 16:25:37 pm »


El Gobierno confirma que se pagará por las autovías aunque rechaza llamarle peaje


El Secretario General de Infraestructuras ha rechazado llamar al cobro que se hará sobre las autovías peajes porque dice será "un sistema de tarificación".

Miriam Vázquez
Publicado: 19.10.2021 12:20
Actualizado: 19.10.2021 12:20

Las autovías serán de pago en España, el primero en confirmarlo fue el el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, quien a posteriori fue respaldado por las palabras de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sánchez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Sánchez aseguró que actualmente se están realizando los "análisis que nos permitan establecer una tarificación que no genere agravios territoriales, que suponga un sistema justo y que esté sujeto al consenso" con los diferentes agentes implicados entre los que se ha nombrado al sector del transporte y el político.

Sánchez ha evitado dar una fecha concreta para comenzar a poner en práctica este "sistema de tarificación" aunque ha manifestado que "la previsión es poderlo presentar en unos meses. Hay un compromiso con la CE que nos sitúa en un plazo máximo de 2024. No queremos demorar la aplicación de este sistema pero tenemos ese margen".

Vázquez rechazó llamarlo peaje: "No le llamaría en el primer lugar peaje. Hablamos de que vamos a implantar un sistema de tarificación. Y no le llamaría peaje porque la gente cuando habla de peaje piensa en unas tarifas similares a las que de las autopistas con las que se paguen hoy. Pagamos por utilizar las infraestructuras de comunicaciones, las infraestructuras ferroviarias ... No tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles que tiene necesidades más urgentes como son las políticas sociales" ha afirmado Vázquez en un foro en Galicia.

La posibilidad de cobrar por las autovías ya se puso sobre la mesa el pasado mes de mayo. El Ejecutivo estudiaba en ese momento cobrar 1 céntimo por kilómetros a los vehículos que circulen por vías de alta velocidad.

En el debate se enfrentaron dos modelos, el suizo o el alemán que cobra una tarifa plana a todos los conductores y que a priori habría sido descartado o otro como el modelo portugués en el que los conductores pagan en función de los kilómetros que cada uno circula.

El Gobierno aseguró entonces que buscará el acuerdo social y político para implementar esta medida, para lo que consultará con transportistas profesionales, así como con las comunidades autónomas y otras administraciones.

El director de la DGT estableció en su momento 3 exenciones en las que no se pagaría por su uso: "los trayectos por temas laborales, académicos o médicos".

Se abre ahora la posibilidad a que las comunidades autónomas puedan fijar el cobro en todas sus carreteras para tener así unos fondos con los que financiarse