El Gobierno indulta a un capitán de corbeta condenado por facturas falsas en un cazaminas de la Armada
Sustituye la pena de un año y 11 meses de cárcel por trabajos en beneficio de la comunidad. Ha tenido en cuenta que el oficial es el único sustento de su familia
FECHA
15/02/23access_time 1:00
Aurelio Ruiz Enebral
“Vengo en conmutar al Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la Armada don [...] la pena privativa de libertad impuesta por la que ha sido condenado por otra de un año de trabajos en beneficio de la comunidad, con efectos del día siguiente al de la publicación de este real decreto”.
El rey Felipe VI y la ministra de Defensa, Margarita Robles, firmaron el 8 de febrero ese real decreto que indultó a un oficial de la Armada que fue condenado como autor de un delito consumado contra el patrimonio en el ámbito militar.
El capitán de corbeta había sido condenado por el Tribunal Militar Territorial Primero a la pena de un año y once meses de prisión, con las accesorias de suspensión militar de empleo y suspensión de cargo público.
Se le aplicaron las circunstancias atenuantes de “reparación del daño causado” y la muy cualificada de “dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento”.
El Consejo de Ministros tuvo en cuenta los informes del fiscal jurídico militar, del tribunal sentenciador (el Tribunal Militar Territorial Primero) y del asesor jurídico general del Ministerio de Defensa.
Estimó que concurrían en este caso “razones de justicia y equidad”, en atención a las circunstancias del condenado “relativas al tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, la no comisión de delitos desde esa fecha y ser el sustento de su familia”.
El indulto conmuta la pena de un año y once meses de cárcel, por un año de trabajos en beneficio de la comunidad.
Buque cazaminas ‘Segura’
La sentencia del Tribunal Militar Territorial Primero declaró en julio de 2021 que este capitán de corbeta (equivalente a comandante), cuando era alférez de Navío (teniente), desempeñaba funciones de “oficial de cuenta y razón” en el buque cazaminas ‘Segura’.
Los oficiales de cuenta y razón se encargan en la Armada del aprovisionamiento, la habitabilidad y el servicio económico-administrativo en un buque o en una unidad.
En este caso, ejerció esa función en el cazaminas ‘Segura’, con base en Cartagena, desde septiembre de 2003 hasta septiembre de 2010.
Despliegue de la OTAN
En 2010, el cazaminas de la Armada se integró en el Grupo Naval Permanente Contraminas SNMCMG 2 de la OTAN, una fuerza multinacional que se dedica principalmente a operaciones de búsqueda y eliminación de artefactos explosivos. España aporta periódicamente buques cazaminas a este grupo naval, que suele navegar por el Mediterráneo u otros mares de la zona de interés de la OTAN.
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El ‘Segura’ iba a estar navegando entre el 18 de abril y el 12 de agosto de 2010.
32.000 euros en la caja de caudales
En la sentencia se indicó que el buque “disponía de 1.000 euros, pero con motivo de que el despliegue iba a tener una duración de aproximadamente cuatro meses, se solicitó un auxilio a los Servicios de Intendencia para atender a las posibles necesidades económicas que pudieran surgir”.
Intendencia autorizó “un auxilio de 32.000,00 euros”. El alférez de navío retiró ese dinero de un banco y lo guardó en una caja de caudales que tenía en la taquilla de su camarote, de la que sólo él y el comandante del buque tenían llave.
“En esa misma caja de caudales, en un sobre, el acusado custodiaba el dinero correspondiente al entrepot que el cazaminas tenía autorizado conforme a la legislación vigente, y cuyo importe era de 13.419,18 euros”, señaló la sentencia. Un entrepot es un puerto en el que se pueden adquirir productos.
No rindió cuentas cada mes
El alférez de navío, como depositario y administrador del dinero, durante la navegación debía rendir cuentas al Servicio Económico Administrativo, con una periodicidad mensual.
El problema, según declaró probado el Tribunal Militar Territorial Primero, fue que “no realizó tal rendición durante el tiempo que duró la navegación, a pesar de que fue requerido para ello en reiteradas ocasiones, especialmente mediante el correo electrónico” por una capitán de Intendencia de la Armada, “quien puso estos hechos, dada su transcendencia, en conocimiento del comandante del cazaminas”.
El comandante del buque ordenó el 8 de agosto al alférez de navío que diera novedad del estado de cuentas correspondientes a los gastos de vida y funcionamiento, suministros menores, racionamiento y víveres, y que preparase toda la documentación relativa al despliegue, para firmarla antes de llegar a puerto. Hay que recordar que la travesía terminaba el 12 de agosto.
Durante los días 9, 10 y 11 de agosto, el alférez de navío que ejercía de oficial de cuenta y razón presentó la documentación. Cuando el comandante le preguntó detalles sobre las cuentas, el alférez de navío “mostraba un extraordinario nerviosismo que achacaba a que estaba muy agobiado con todo el papeleo de la liquidación”.
El comandante del cazaminas ‘Segura’ no encontró nada irregular, así que el día 12 de agosto de 2010 dejó firmada la documentación y partió a Ferrol. Pero la actitud del alférez de navío le había hecho sospechar.
Se echó a llorar: faltaban 8.000 euros
El día 13, el comandante ordenó a su segundo en el mando, un teniente de navío, que repasara nuevamente las cuentas con el alférez de navío.
Cuando el segundo comandante le comunicó al oficial de cuenta y razón que iban a volver a revisar las cuentas y le pidió la documentación, el alférez de navío se vino abajo: llorando y nervioso le confesó que faltaba mucho dinero en la caja, entre 6.000 y 8.000 euros.
El responsable de las cuentas del cazaminas se justificó diciendo que “no había comunicado ese hecho con anterioridad por miedo a decir la verdad al comandante y que la única explicación que encuentra es que le hubieran robado, aunque la caja de caudales no estaba forzada, o se hubiera perdido o caído por algún sitio y que estuvo buscando dicho dinero por su camarote”.
Repuso el dinero por su cuenta
El teniente de navío, segundo comandante del ‘Segura’, le dio la noticia al comandante del cazaminas. Éste le ordenó que junto al jefe de máquinas (un alférez de fragata) hiciera un recuento del dinero que custodiaba el oficial de cuenta y razón, y que comprobara las carpetas y tesorería que manejaba.
La revisión confirmó que faltaban de la caja 8.659,78 euros, de los que 5.956,49 euros correspondían al dinero del despliegue y 2.703,29 euros al importe del entrepot. Los tres oficiales firmaron un acta con el recuento.
El segundo comandante le recomendó al alférez de navío que repusiera el dinero que faltaba. Así lo hizo: el 19 de agosto, el oficial de cuenta y razón le entregó 8.659,78 euros.
Parte ante el juzgado togado
Pero el asunto no quedó ahí. El comandante del cazaminas ‘Segura’ dio parte de estos hechos ante el Juzgado Togado Militar Territorial nº 14 de Cartagena, que el 27 de agosto de 2010 abrió un sumario.
De acuerdo con la sentencia, debido a “los recelos generados por la actitud del alférez de navío se procede a realizar la comprobación de las carpetas justificativas de racionamiento del despliegue SNMCMG-2”.
En las carpetas correspondientes a los meses de mayo, junio y julio se encontraron varias facturas, “cuya falsedad ha quedado acreditada”. Fueron cuatro facturas de 1.037,16; 300,02; 2.172,86 euros; y 781,44 euros.
Según el tribunal que condenó a este oficial, estas cuatro facturas falsas “fueron empleadas por el alférez de navío para justificar las compras de unos víveresque no tuvieron entrada en el cazaminas ‘Segura’ y cuyo importe asciende a 4.291,48 euros”.
Se encontraron irregularidades
Al salir a la luz esas facturas, la Armada realizó “una Revista de Inspección Administrativa (RIA) y una Revista de Inspección de los Servicios de aprovisionamiento del Arsenal de Cartagena”.
Las revisiones confirmaron “la existencia de varias irregularidades”. Se constató que “el importe de los víveres que debía haber en el cazaminas ‘Segura’, tras su recuento y valoración debía de ser de 5.517,41 euros”, y sin embargo el alférez de navío sospechoso “había rendido cuentas por un importe de 9.669,78 euros, siendo la diferencia de 4.152,37 euros que no existían a bordo”.
Delito contra el patrimonio militar
El Tribunal Militar Territorial Primero condenó al entonces alférez de navío (teniente), ahora capitán de corbeta (comandante) de la Armada, como autor responsable de un delito consumado contra el patrimonio en el ámbito militar previsto y penado en el artículo 82, apartado 1, del Código Penal Militar vigente, en concurso medial con el artículo 55.
El artículo 82.1 castiga al “militar que cometiere los delitos de hurto, robo, apropiación indebida o daños previstos en el Código Penal en relación con el equipo reglamentario, materiales o efectos que tenga bajo su custodia o responsabilidad por razón de su cargo o destino”, a “las penas establecidas en el Código Penal para tales delitos impuestas en su mitad superior”.
El artículo 55 establece que “el militar que sobre asuntos del servicio diere a sabiendas información falsa o expidiere certificado en sentido distinto al que le constare será castigado con la pena de seis meses a cuatro años de prisión”.
Se le impuso una pena de un año y 11 meses de prisión tras aplicarle las atenuantes ya señaladas.
Además, la sentencia ordenó que pagara a la Hacienda militar 4.291,48 euros en concepto de responsabilidad civil.
El Supremo confirmó la condena
El oficial condenado presentó un recurso de casación penal ante el Tribunal Supremo, para tratar de anular la condena. Pero la Sala Quinta, de lo Militar, del Supremo desestimó el recurso en una sentencia de marzo de 2022.
Entre otros motivos, alegó que se había visto forzado a reponer los 9.000 euros (los tuvo que pedir prestados) que faltaban en el buque: que le encerraron en la cámara de oficiales, y que el segundo comandante “le pedía con insistencia que devolviera el dinero, que en la Armada las cosas se arreglaban así, poniendo dinero. El procesado dice que tuvo que pedir el dinero prestado, y que se lo entregó al segundo comandante, en concreto 9.000,00 euros y que no le dieron justificante. Que cuando entregó el dinero, le enseñaron unas facturas, y le dijeron que eran falsas”.
El Supremo consideró que no se había acreditado “que se produjera cualquier tipo de coacción o amenaza” sobre el oficial. Desestimó todos sus motivos de casación, y por ello confirmó la condena de un año y once meses de cárcel.
Ahora, el indulto concedido por el Consejo de Ministros cambiar la pena de prisión por un año de trabajos en servicio de la comunidad.
