Nueve sindicatos inician una campaña internacional para pedir el indulto de las Seis de la Suiza
El indulto es la única posibilidad que ahora mismo hay abierta para conseguir la libertad de estas sindicalistas
El Tribunal Supremo ratificó hace más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones
infoLibre
28 de septiembre de 2025 16:52h
@_infolibre
Nueve sindicatos asturianos iniciarán mañana, lunes, una campaña internacional de recogida de firmas en defensa del indulto y la libertad plena de las conocidas como las Seis de la Suiza, sindicalistas que cumplen en tercer grado penas individuales de tres años y medio de prisión por coacciones al dueño de una pastelería de Gijón.
El magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, ha asumido ser el primer firmante de esta campaña internacional y ha grabado un vídeo en el que explica las razones por las que Las 6 de La Suiza nunca deberían de haber ingresado en prisión.
Según informan los sindicatos convocantes - CCOO, UGT, USO, CGT, CNT, CT, CSI, INAST y SINDICATU ASTURIANU LCT-, el objetivo es recoger campañas por el mundo para exigir al Gobierno español un indulto, la única posibilidad que ahora mismo hay abierta para conseguir la libertad de estas sindicalistas, y para conseguirlo han habilitado una página web en la plataforma de movilización digital Avaas.
En su opinión, "nada justifica que un Estado, pretendidamente moderno y democrático, tenga encarceladas a seis personas por defender los derechos laborales de una trabajadora, su embarazo y su derecho a la salud".
Petición de indulto
Tras su ingreso en prisión el pasado 10 de julio, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que ya trabajaba "dentro del Gobierno para que el indulto llegue cuanto antes" e insistió en que "el sindicalismo es un derecho, no un delito", de modo que "en una democracia nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales".
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Además, Podemos, ERC, EH Bildu y BNG registraron juntos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir al Gobierno el indulto, una medida que también apoya el Gobierno del Principado, además más de una veintena de organizaciones sindicales de todo el país y Amnistía Internacional
El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el pasado 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para las Seis de la Suiza, que al día siguiente se presentaron de forma voluntaria en el centro penitenciario asturiano.
Sentencia del Supremo
El Tribunal Supremo ratificó hace poco más de un año las penas individuales de dos años de prisión por obstrucción a la justicia y un año y medio por coacciones, y al pago de cerca de 150.000 euros como indemnización al propietario de la pastelería La Suiza, en Gijón, que cerró el local como consecuencia de las protestas continuadas a las puertas del establecimiento por un conflicto con una trabajadora.
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Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de una trabajadora de la pastelería se presentó en el lugar de trabajo y mantuvo un altercado con el empresario, que culminó con una denuncia del hostelero por amenazas y daños en su local.
Según detalla la sentencia, la empleada, a raíz de la apertura de juicio oral contra su pareja, dejó su empleo, entró en contacto con el sindicato CNT y se concertó con los acusados para iniciar una "campaña de presión sobre el empleador y su familia".
Multitudinaria manifestación en Gijón para pedir la libertad de las Seis de La Suiza
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Entre otros actos, la sentencia detalla la convocatoria a través de las redes sociales de concentraciones delante del establecimiento con pancartas, la entrega de pasquines contra el empresario, así como la difusión de un vídeo en el que le denunciaban por acoso laboral y sexual.
Las condenadas, según el relato de hechos, "incrementaron durante varios meses las acciones de boicot y presión" hacia el empresario y su familia porque éste se negó a indemnizar a la empleada por despido improcedente y a retirar la acusación contra la pareja de ésta.
Las concentraciones delante del local terminaron cuando el empresario decidió cerrar su negocio, lo que, según el Supremo, fue "la consecuencia directa de la presión, constante, reiterada y desproporcionada derivada del número de concentraciones realizadas como respuesta por no acceder a las pretensiones económicas de los acusados".
