Acoso policial, administrativo, judicial y político a inmigrantes
Colectivos sociales denuncian identificaciones masivas, trabajas en la Oficina de Extranjería, palizas por parte de vigilantes de seguridad contratados por agricultores, archivo de denuncias por agresión y que la delegada del Gobierno andaluz “se ríe” de ellos
La Asociación Pro Derechos Humanos o la Plataforma por los Derechos y la Justicia Social (PDJS) de Almería encabeza la denuncia pública de “acoso” contra el colectivo de inmigrantes en la provincia, “acoso” que se produciría desde el ámbito policial, el administrativo y el social.
Fernando Plaza, en nombre de las distintas organizaciones que han comparecido en rueda de prensa, ha vinculado la muerte de Max -un joven senegales que fue encontrado muerto tras doce días desaparecido cuando huía para evitar ser identificado- a esa situación a la que están siendo sometidos.
Marga Mora se ha referido a que es “ilegal” que la Policía Nacional o la Guardia Civil identifiquen masivamente a personas por el mero hecho de tener aspecto extranjero. Reconoce que eso ha sido negado siempre por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y que incluso emitieron una circular interna recordando que eso no puede hacerse, pero lo cierto -según indica- es que sigue ocurriendo en Almería, y pone como ejemplo lo ocurrido esta misma semana en San Agustín (El Ejido) donde agentes de la Guardia Civil identificaron sin razón a todos los extranjeros que había en la plaza.
Por su parte, Paco Sánchez ha dicho que la delegada del Gobierno andaluz en Almería, Sonia Ferrer, “se está riendo de nosotros” por que no ha hecho “nada” de todo aquello a lo que se comprometió para solucionar el problema de las chabolas en una reunión con distintos ayuntamientos afectados, el subdelegado del Gobierno central, Andrés García Lorca, y diversas organizaciones como Almería Acoge. En ese sentido ha asegurado que no ha convocado más reuniones y que el problema ha ido creciendo.
Sánchez ha señalado que del acuerdo tomado en octubre de 2012, el único ayuntamiento que ha cumplido ha sido el de Nijar, que ha llevado agua hasta el asentamiento y hace la recogida de basura, en tanto que el resto ha empeorado. Asegura que en el de Tierras de Almería, en El Ejido, los agricultores han vallado “ilegalmente” el lugar, lo que impide entrar a las ONG y el acceso incluso de ambulancias si hiciera falta. A eso ha añadido que “vigilantes de seguridad contratados por agricultores dan palizas al que se pone por delante”.
También ha tenido palabras contra la Justicia, ya que ha criticado el archivo del caso en que él y doce personas más denuncian las agresiones sufridas en el desalojo de Tierras de Almería. La juez de El Ejido no ha atendido a las lesiones presentadas por algunos de los inmigrantes por parte de los agentes que actuaron, indicó.
El “acoso” administrativo también es motivo de queja, ya que según otros miembros de la Plataforma, ella que el Ayuntamiento de Almería tarda hasta tres o cuatro meses en facilitar el informe para lograr el arraigo -permite traer a la familia- cuando otros consistorios como El Ejido, Roquetas, Vícar o Níjar lo entregan en un par de semanas.
Lo mismo pasa con otros documentos que dependen de la Oficina de Extranjería, donde -aseguran- cada día le complican más la renovación de los permisos o la consecución de la tarjeta azul para trabajar en otros países europeos. Las exigencias cada vez mayores, y la burocracia excesiva convierten el proceso en un laberinto insufrible, tanto para el inmigrante como para quien le da trabajo legalmente.
Precisamente sobre esto último, denuncian que no puede ser que bajo el paraguas de lo estratégico de la agricultura para nuestra economía se amparen situaciones inhumanas o ilegales.
Según Plaza, trece años después de los “sucesos racistas de El Ejido estamos peor que en el año 2000”. En ese sentido ha reclamado al subdelegado del Gobierno central que cese el acoso policial, ya que contribuye a “criminalizar a los inmigrantes” y ha pedido a la delegada del Gobierno andaluz que “cumpla” porque “fue ella quien se ofreció”.
En respuesta el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha defendido la labor del Cuerpo Nacional de Policía en el sentido de que "hay controles policiales que responden a criterios de seguridad ciudadana y de la lucha contra la delincuencia, nunca dirigido al extranjero".
Respecto a las críticas administrativas sobre la Oficina de Extranjería de Almería, García Lorca ha explicado que las tramitaciones se rigen según la normativa vigente y que los permisos de trabajo se conceden siempre que cumplan la legislación actual.
