Recientemente, y en el tema compañeros heridos, os inserté una noticia sobre lo que había hecho el Ayuntamiento de Bilbao tras conocer que los agresores a PM cobraban ayudas sociales y además eran titulares de 12 vehículos...y ello no ha producido debate alguno, sin embargo, la reiteración de tus mensajes si...pero ellos no nos conducen a ninguna parte, o más bien nos conducen al aburrimiento.
Agresión en rekalde
'Apoyo judicial. Respeto a la labor policial'. Con este lema, más de dos centenares de policías de distintos cuerpos desafiaron a la nieve y al intenso frío para concentrarse a mediodía de ayer frente al Palacio de Justicia de Bilbao, junto a los Jardines de Albia. «Concienciados» por la brutal agresión sufrida por dos agentes de la Policía Municipal el pasado 12 de enero en el barrio de Rekalde
SUCESO EN REKALDE
Lanbide retira las ayudas a los agresores de los policías al detectar «irregularidades»
Entre los cuatro implicados y cinco de sus familiares, perceptores de la RGI, tienen a su nombre una docena de vehículos
25.02.12 - 02:34 -
A. H. | BILBAO.
INCUMPLIMIENTOS
Residencia efectiva. Algunos perceptores no viven en el domicilio donde están empadronados.
Actividad económica. Ocultaron que se dedican a la venta ambulante.
Bienes. Entre los cuatro implicados y sus familiares tienen doce vehículos a su nombre.
Dos perceptores. Había más de dos personas cobrando la ayuda en un mismo domicilio.
El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), que desde el pasado 13 de diciembre se encarga de gestionar y controlar las ayudas sociales, ha suspendido de forma cautelar la Renta de Garantía de Ingresos que cobraban los cuatro agresores de los policías municipales de Bilbao, o sus familiares (cónyuges o padres), al detectar «irregularidades», según ha podido saber este periódico. En total, se retirará la RGI a nueve personas, todos miembros de la misma familia; entre ellos, los cuatro implicados. Dejarán de recibir la nómina este mismo mes de febrero.
Los nueve, algunos de ellos titulares de la ayuda y otros beneficiarios, llevaban años cobrando esta prestación, de entre 600 y 900 euros. La RGI, que se otorga a personas con dificultades económicas y en riesgo de exclusión, asciende a unos 640 euros. Algunos de ellos cobraban además la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) de 250 euros.
¿Por qué se han suspendido estas ayudas? A raíz de que este periódico revelara que los cuatro agresores cobraban la Renta de Garantía de Ingresos, Lanbide inició una investigación de oficio. Gracias a la colaboración interinstitucional, especialmente del Ayuntamiento de Bilbao, se descubrió que los implicados en el ataque a dos patrulleros en el barrio de Rekalde el pasado 12 de enero o sus familiares incumplían alguno o varios de los requisitos exigibles para recibir la RGI en cuatro puntos concretos. Por ejemplo, la condición lógica de carecer de bienes. Entre los nueve familiares, sin embargo, tienen a su nombre doce vehículos. En un caso concreto, un perceptor es titular de dos turismos y una motocicleta, algo incompatible con poder acceder a una ayuda social.
Los presuntos agresores desarrollaban además una actividad económica que no habían comunicado, como la venta ambulante. Según se ha podido averiguar, tienen puestos de mercadillo que llevan de unas localidades a otras durante la mayoría de los días de la semana.
Escuchar sus testimonios
Por otro lado, algunos de ellos tampoco residen en el mismo domicilio en el que están empadronados e incumplen también la norma de que no puede haber más de dos perceptores conviviendo en un mismo domicilio. Esta medida de control se empezó a aplicar para evitar la proliferación de los llamados 'pisos patera', en los que había numerosas personas empadronadas para cobrar la ayuda social.
Una vez constatada esta serie de irregularidades, Lanbide ha suspendido de forma cautelar la Renta de Garantía de Ingresos a los implicados en la paliza a los policías y sus allegados. Ahora, los afectados tienen la opción de recurrir. Una vez escuchados sus testimonios, si las explicaciones no resultan convincentes, se podría iniciar el proceso para la suspensión definitiva de las ayudas, indicaron las mismas fuentes. Lanbide ha iniciado una campaña contra el fraude para descubrir entre los 56.000 perceptores de ayudas sociales a quienes las cobran sin cumplir los requisitos, como las decenas de personas fallecidas cuyas familias seguían percibiendo la RGI.
Los dos agentes de la Policía Municipal de Bilbao recriminaron a un conductor en dos ocasiones que estacionara su coche en zonas prohibidas, una de carga y descarga y en medio de un carril. Acompañado de dos hermanos y otro familiar, el individuo comenzó a propinar puñetazos a un guardia, al que dejaron un ojo morado y heridas por toda la cabeza. Cuando su compañero trató de defenderle, le derribaron y le asestaron patadas y puñetazos, según se recoge en el atestado policial. El primer agente esgrimió su arma y los agresores depusieron su actitud. Tres de ellos fueron detenidos en el lugar y el cuarto se presentó al día siguiente en el juzgado. Los cuatro quedaron libres a la espera de juicio, acusados de atentado contra la autoridad en concurso con otro delito de lesiones. Los dos policías aún siguen incapacitados para su trabajo.
Nunca es tarde si la dicha es buena...
QUE SE JODAN.
Incidente ocurrido en enero de 2012
Acuerdan una pena mínima para los agresores de dos policías en Rekalde
Los cuatro acusados serán condenados a un año y medio por atentado contra la autoridad y lesiones, aunque evitarán la cárcel25.06.13 - 00:43 - AINHOA DE LAS HERAS | BILBAO.
La defensa y la acusación particular han acordado una pena mínima, que evitará la cárcel, para los agresores de dos policías municipales en el barrio de Rekalde en enero de 2012. Según ha podido saber este periódico, el acuerdo fija la condena en un año y medio de cárcel para los cuatro acusados, por los delitos de atentado contra la autoridad (un año) y lesiones (medio año). Además, indemnizarán a los agentes heridos con 1.800 euros al más grave, y 1.500 a su compañero, y tendrán que hacer frente también a los honorarios de abogado y procurador de la acusación particular.
El juicio tenía previsto celebrarse ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao, justo cuando trascendió el acuerdo que alcanzaron las partes. Previamente, y a instancias del juez, se había intentado una conciliación que los policías rechazaron, indicaron las mismas fuentes. En sus calificaciones provisionales, la Fiscalía solicitaba tres años de prisión por los delitos de atentado y lesiones para los cuatro acusados, petición a la que se unió la acusación particular. El Ayuntamiento bilbaíno no pudo presentarse como parte, medida que fue recurrida ante la Audiencia provincial.
El suceso se produjo el 12 de enero de 2012, sobre las nueve y cuarto de la mañana, en el barrio de Rekalde. Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Municipal recriminó en dos ocasiones a un conductor que estacionara su vehículo en prohibido en las inmediaciones de la calle Esperanto. En la segunda ocasión, el infractor estaba acompañado de varios familiares. Se produjo un enfrentamiento que terminó con los dos agentes heridos. Según su testimonio, los agresores comenzaron a darles golpes hasta que cayeron al suelo e incluso les quitaron la porra. Los policías pidieron refuerzos y, finalmente, pudieron arrestar a tres de los atacantes, que fueron identificados como J.M.C.M., de 29 años, el conductor que desencadenó la refriega; y dos de sus hermanos, B.C.M., de 26, y P.C.M., de 24. El cuarto se presentó al día siguiente en el Juzgado.
Conmoción ciudadana
El ataque a los dos policías, jóvenes de unos 30 años con cinco de experiencia en la guardia urbana, conmocionó a la ciudadanía y generó una oleada de críticas de los sindicatos policiales, que se quejaban de la falta de apoyo por parte del poder judicial. El juez dejó en libertad con cargos a los detenidos al entender que ni la pena prevista para este delito ni las circunstancias del caso justificaban una prisión provisional.
El juez decano, Alfonso Guija, afirmó en una entrevista que los agresores no quedarían impunes. Tras el suceso se supo que algunos de los detenidos cobraban ayudas sociales sin cumplir los requisitos y se las retiraron.
