Cualquier tipo de hechos o acciones que agravien a un funcionario o al colectivo casi en su totalidad, ha de ser puesto en conocimiento del mando encargado de la unidad y servicio. Éste dispondrá de tres meses para optar por una solución y de omitir dicha obligación, se podrá optar por denunciarlo a personal.
En el caso de hechos ilicitos de caracter delictivo o en su defecto catalogadas de faltas, será la vía penal la adecuada para su subsanación. No obstante insisto en que los cauces internos son de magna relevancia para depurar responsabilidades y en el caso de ser protagonizados por funcionarios con rango, se agraba.
Todo funcionario que voluntariamente pretenda acudir a las aras penales, debe de ponerlo en conocimiento del jefe encargado de turno o de sección, cuando las causas objeto del litigio, deriben de conductas relacionadas con las funciones encomendadas al mismo y sea víctima de preceptos delictivos, por otro u otros funcionarios, con independencia del rango y cargos que ostente.