Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 333032 veces)


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2783 en: 17 de Abril de 2024, 17:56:05 pm »
Y porque los actuantes no actúan?


REPETID CONMIGO:

• Si alguien entra en mi casa (o incluso en la de playa que mantengo, aunque vaya dos días al año), es un delito de allanamiento de morada y debo llamar a la Policía Nacional porque se actúa de inmediato. Debo hacer caso a esto, y no llamar a una empresa de desokupación porque no están habilitados para la acción policial.

• Si soy un banco y alguien entra en las cientos de casas que tengo, al no ser morada, se llama USURPACIÓN y sí, aquí hay burocracia, pero no es morada y por tanto NO afecta a ninguna persona en particular (no es el domicilio de "nadie"). Aquí debo comunicarme con Policía Nacional y saber que el trámite es largo. A este tipo de gran tenedores, les da igual que la casa se ocupe 1 o 6 meses. Dicho esto es DELITO, y sí, el banco etc, debe denunciar. Que sean grandes tenedores no implica que no sea delito.

• Debo dejar de creer todo lo que vea por redes sociales sobre la "ocupación" y hacer caso a quien sabe de normativa y de protocolos judiciales y policiales

https://twitter.com/GrupoHarris/status/1780615179803263004?t=GN2HPybQYEv4DolEU_edzQ&s=19

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2784 en: 22 de Abril de 2024, 07:53:42 am »

Guerra de okupas en Usera: perros envenenados y peleas con taladros


Una mujer se hace con el control de la mafia de un edificio lanza excrementos y orines a sus vecinos para echarlos
El novio de ella está fuera por una orden de alejamiento y ha dejado de ingresar dinero por el alquiler a los allanadores
Tres viviendas en dos años: el historial del okupa del piso de la anciana de Lavapiés que asegura «conocer la ley»
La pintada con el nombre de Constantino en la entrada del edificio okupado de Usera
La pintada con el nombre de Constantino en la entrada del edificio okupado de Usera DE SAN BERNARDO
CARLOS HIDALGO

Madrid


22/04/2024 a las 04:21h.


1

La entrada al número 32 de Marcelo Usera hay que hacerla casi de lado, de lo angosta que es. Por todo recibidor, una pintada con el nombre de «Constantino» y un teléfono móvil, supuestamente el suyo. Casi todos los okupas que residen en este edificio de viviendas abandonado por un banco hace más de cuatro años coinciden en que el firmante es quien les ha obligado a pagar cantidades de entre 50 y 250 euros (según si dormían allí de alquiler, por cama y por semana) o entre 1.000 y 3.000 euros si decidían allanar una pequeña vivienda de manera permanente.


Nada más acceder, hay unos escalones mellados, ideales para romperse los dientes en una caída; no existe ascensor, y los destrozos en las paredes, techos y demás zonas comunes decoran los tres pisos en altura. En la entreplanta, una inexistente ventana deja ver colchones de espuma tirados. En la segunda planta, con la puerta blanca de madera abierta (la única de estas características de todas estas infraviviendas), nos recibe Rosa Cotobal Martín, que confiesa 62 años con un purito colgando de sus dedos índice y anular, que va y viene de la boca. No para de fumar: «Y eso que tengo un enfisema pulmonar y una discapacidad del 65%», dice, mostrando un documento de la Comunidad de Madrid en la que solo se la cita para iniciar el trámite «para grado 1». Ni rastro del resultado de la evaluación.


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ABC
Rosa abre su discurso como una metralleta: «El padre de mi primera hija fue uno de los condenados por el incendio de la discoteca Alcalá 20; mi hermano es concejal en Pozuelo de Alarcón [con ese apellido quien existe es un empleado público del municipio], y el otro hermano es directivo de una prestigiosa clínica psiquiátrica [sí que existe en Madrid un facultativo con su nombre]».

Una vez centramos el tema por el que acudimos a Marcelo Usera, 32, relata que ella llegó hace un año y medio al bloque y que se hizo pareja de Constantin. Añade que sobre él pesa una orden de alejamiento hacia Rosa, pero ella niega que la maltratara, pese a la resolución judicial. «Mira, ahí tengo las dos mariposas, como si fuera una mujer maltratada», dice, señalando a los dos aparatos que controlan y alertan, llegado el caso, de la presencia allí de Constantin. Dice que él está trabajando por Castellón y Barcelona; «pero la orden la tiene sobre mí, así que si yo me voy del piso, él podría vivir aquí», dice retadora.


Entra una señora mayor que ella, dice que de 72 años, menuda y que apenas articula nada inteligible: es rumana y Rosa la llama su «suegra», «porque es como una madre para Constantin». La anciana va y viene al piso de Rosa durante la visita y la segunda dice que la tiene allí medio recogida, «porque el de arriba le ha quitado su casa». A quien se refieren es un dominicano conocido como el Italia, pero ella prefiere denominarle «el abrepuertas», pues asegura que las fuerza y echa de las viviendas superiores a sus okupas.

Imagen principal - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
Imagen secundaria 1 - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
Imagen secundaria 2 - El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado
CONTRASTES ENTRE EL EXTERIOR Y EL INTERIOR DEL BLOQUE El edificio de Marcelo Usera, por fuera, pasa por un pequeño bloque de viviendas normal. Dentro, como se ve en el resto de imágenes, la realidad es muy distinta. No hay nada que no esté destrozado DE SAN BERNARDO
Pronto, Rosa comienza a disparar, verbalmente, contra Bladimir, su vecino pared con pared, que no está en ese momento. «Es un colombiano sin papeles, que un día que me peleé en septiembre con Constantin bajó al portal y sentí cómo me pegaba en las costillas y me las rompía», le acusa. Pero el que acabó detenido, acusado de violencia de género y alejado es Constantin.

Luego, muestra una sentencia judicial en la que se absuelve a Rosa de agresión y se condena a Bladimir y a una amiga de él, Lina, a un mes de multa a razón de 3 euros al día por un delito de lesiones. Los hechos probados hablan de que ocurrió el 8 de enero, cuando los dos condenados se pelearon por la limpieza de las zonas comunes y Rosa fue la que terminó golpeada. «Mi pareja es muy celosa, pero ahora veo que llevaba razón, porque no se fiaba de la gente esta», remacha.

«¡Traficas con drogas!»
De repente, se oye la voz de un hombre al otro lado de la puerta de Rosa y ella se levanta del sofá como un resorte y sale pegando gritos. Ha llegado Bladimir y ella se lanza hacia él como una fiera, para pegarle. «¡Usted no pase a mi casa, esto es allanamiento de morada! ¡Que me fumo tres paquetes de tabaco al día por tu culpa! ¡Que traficas con drogas día y noche! ¡Te has quedado con el piso! ¡Que cada día vienes con una mujer, para venderles droga!», le grita.

Entramos en casa de Bladimir y la versión es totalmente distinta. El hombre, de 34 años y procedente de Cali, hará dos años el mes que viene en el bloque de los horrores. Está desesperado. Vive con cuatro compatriotas en las dos piezas con que cuenta el pequeño apartamento, que huele a limpio (ha fregado con lejía) y donde no se ve ninguna plantación de marihuana de la que habla Rosa. Todo es humilde pero está ordenado. Bladimir nos invita a sentarnos y oír su versión; está al borde de la lágrima: «Me ha dejado mi mujer porque no aguantaba a la vecina, que hasta ha envenenado a mi perra —dice, mientras muestra una foto del animal— y ¡hasta me estoy quedando calvo!», afirma, como si eso fuera una maldición.

Se acerca a un cajón y saca dos carpetas. Una, con toda su documentación, que muestra. En la otra, una retahíla de denuncias contra Rosa, entre las que destaca el robo del que la acusa de un patinete eléctrico, cuatro taladros, un televisor de 50 pulgadas, un portátil, una esclava de oro, un reloj de oro, dos cables de energía –dice que los dejó sin el enganche de la luz– y un motor de ventilador. También habla de un tal Daniel la denuncia, que le comenzó a amenazar: «¡Colombiano de mierda, te vamos a matar!».

Bladimir trabajaba en negro, en la obra. Reconoce que es okupa. Que empezó pagando 50 euros a la semana por una cama a Constantin, que luego fueron 150 al mes y que, al final, abonó a Rosa más de mil euros por poder quedarse con el apartamento: «El problema viene desde que su novio no puede estar aquí, porque ella ya no puede sacar dinero a la gente de aquí y quiere echarnos para meter a otra gente y volver a cobrarles por un edificio que ni siquiera es suyo».

Muestra vídeos en los que Rosa, entre amenazas, aparece con un taladro encendido y rompiendo la puerta de metal del colombiano, todo lo contrario de lo que ella afirmaba, el mundo al revés. «Yo lo único que quiero es limpiar mi nombre», dice Bladimir entre lágrimas. Tras la visita de ABC a Marcelo Usera, llega un mensaje del joven al teléfono móvil: «Esta mujer me acaba de lanzar excrementos y orina en la puerta de mi casa». Y adjunta un vídeo en el que se ven los deshechos. La puerta de Rosa, ahora sí, permanece cerrada a cal y canto.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2785 en: 24 de Abril de 2024, 08:04:13 am »


Orden de alejamiento para la okupa violenta de Usera, tras ser detenida


Fue arrestada y trasladada a comisaría, donde durmió en los calabozos. Solo pudo volver unos minutos al piso, escoltada por los agentes, para recoger la medicación que toma
Guerra de okupas en Usera: perros envenenados y peleas con taladros

Rosa y Bladivir, en una discusión DE SAN BERNARDO
CARLOS HIDALGO

Madrid


23/04/2024 a las 20:04h.



Rosa Cotobal, la mujer de 62 años a la que acusan otros okupas del mismo edificio que ella allanó de no dejarles vivir en paz, fue detenida el domingo por la Policía. Bladimir, el colombiano de 34 años que afirma que ha sido agredido por ella en varias ocasiones, avisó a los agentes después del último episodio de violencia.


Los hechos ocurrieron en el pequeño bloque de pisos que lleva usurpado desde hace un lustro, en la calle de Marcelo Usera, 32. Allí, de nuevo, Rosa comenzó este domingo a insultar a su vecino, pared con pared, hasta que llegó un momento en que, entre gritos, le amenazó con golpearle con una llave inglesa que portaba en la mano. «Antes, ya me había dado con un martillo», explica el joven, que muestra los arañazos que la okupa española le habría provocado en uno de sus brazos.



Fue arrestada y trasladada a comisaría, donde durmió en los calabozos. Solo pudo volver unos minutos al piso, escoltada por los agentes, para recoger la medicación que toma.

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Ayer, a primera hora de la tarde, se celebró en el juzgado número 1 de Madrid, en Plaza de Castilla, el juicio rápido contra la mujer, por un delito leve de amenazas y otro delito leve de daños contra el colombiano. Él pidió una orden de alejamiento sobre su persona, que le fue concedida por un periodo inicial de 3 meses y 100 metros de distancia.

La pareja de Rosa tiene una orden de alejamiento desde hace meses sobre ella, al haberla agredido. Hasta el punto de que, desde que él no está, la mujer no deja de hacer la vida imposible a los otros okupas.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2788 en: 14 de Mayo de 2024, 07:50:02 am »
Otro.que alquila y deja los suministros a su nombre, un error.


Las 'inquiokupas' que atormentan al pensionista Carmelo, cinco años ya y un pufo de casi 60.000 euros: "Les obligué a firmar con un aval, pero no ha servido de nada"




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Las 'inquiokupas' que atormentan al pensionista Carmelo, cinco años ya y un pufo de casi 60.000 euros: "Les obligué a firmar con un aval, pero no ha servido de nada"
Lo que más exasperó a este damnificado es que concedieran "la vulnerabilidad mediante una llamada telefónica"



10 comentarios
Edificio donde Carmelo tiene su vivienda.
Edificio donde Carmelo tiene su vivienda.E. M.
Daniel Somolinos
Daniel SomolinosMadrid
Madrid
Actualizado Martes, 14 mayo 2024 - 00:01

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"Estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, pero no a la mía". Carmelo, pensionista de 70 años, heredó una vivienda de sus padres en el año 2018: 116 metros cuadrados en el número 74 de la Carretera de Canillas, en el distrito de Hortaleza. Y tras reformarla ("me gasté unos 40.000 euros"), con el anhelo de ganarse un extra mensual, decidió ponerla en alquiler.

Se sirvió de una inmobiliaria para encontrar inquilinos. Y aunque varios fueron los interesados, se terminaron decantando por una pareja de primas, cada una con un hijo, nacidas en República Dominicana pero con nacionalidad española. "A priori parecían idóneas... Eran dos nóminas. Además, les obligué a que tuvieran un avalista, que era el padre de una de ellas. Éste tenía una vivienda en propiedad. Aquel aval fue fundamental para que yo aceptara".

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Aquel contrato de alquiler se firmó el 1 de diciembre de 2018, pero como suele ser habitual en estos casos, los problemas comenzaron "casi desde el principio". Concretamente a los dos meses. "En febrero de 2019 no recibí la mensualidad. Y los meses siguientes realizaban los pagos de manera intermitente... En mayo les mandé un burofax para meterles algo de presión, quería que se pusieran al día. Me mostraban su compromiso con buenas palabras, pero no con hechos. Hasta que en febrero de 2020 hablé con unos abogados y les dije: 'Esto me suena ya a tomadura de pelo'. Y decidí denunciarles".


Por entonces, el montante que debía la pareja de primas ascendía a 3.000 euros. Pero llegó la pandemia y, con ella, el real decreto ley 11/2020 que paralizaba los desahucios. "Para 2021 ya habían dejado de pagar definitivamente y una de ellas estaba embarazada... Llegó el juicio y no se presentaron, por lo que se decretó un primer lanzamiento para el 4 de octubre de 2021. Ellas recurrieron y una providencia judicial lo paralizó. Así hasta en tres ocasiones más".


Y pese a que esta situación llegó a irritar a Carmelo, lo que más le exasperó fue el informe firmado por una trabajadora social en noviembre de 2021 en el que certificaba a una de las inquiokupas como "persona vulnerable y en riesgo de exclusión social" únicamente mediante la realización de "una entrevista telefónica". "Cuando vi ese documento se me quedó cara de tonto. No analizaron nada... Nosotros recurrimos que no estaba desamparada, que su padre, el avalista, tenía una vivienda... Pero lo rechazaron. Pedirlo no ha servido para nada".

Este damnificado espera ahora que a la quinta vaya vencida. Aunque no es muy optimista. "La letrada que lleva mi caso está de baja desde hace seis meses... A mi procuradora le dijeron que sus asuntos no urgentes no se tramitan. Tal cual...".


Esta situación le ha generado a Carmelo, a nivel emocional, un shock terrible. "Esta vivienda les costó mucho sacrificio a mis padres. Yo ya no confío en la justicia, se creen que protegen al vulnerable, pero no es así. Que todo el mundo tenga un techo, sí, pero que se lo proporcionen las administraciones", apunta este vecino de Hortaleza.

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A esto hay que sumarle un grave perjuicio económico, un agujero de "casi 58.000 euros" que mes tras mes sigue aumentando. Y eso sólo de las mensualidades del alquiler. A eso, agrega, tiene que sumarle gastos de comunidad (150 euros al mes), el IBI, el seguro... y los suministros de sus inquiokupas, que según este afectado no se cortan. "Les pago el agua y la calefacción, pero hacen un gasto desmesurado, según me dicen desde la administración de la comunidad... 'Como si de dos familias se tratase', señalan. Además, pese a ser una vivienda con una orientación más cálida, es el inmueble en el que más consumo de calefacción hay de todo el edificio. Lo hacen sin ningún miramiento".

Mientras todo se soluciona, Carmelo ya no piensa ni en cómo le dejarán su piso cuando las dos primas dominicanas se vayan. Sólo en hacer borrón y cuenta nueva y, por qué no, volver a alquilarla el día de mañana. Eso sí, tomando medidas extras: "La próxima vez pediré un bloqueo de bienes, mediante escritura ante notario, para que dichos bienes sí avalen mi alquiler".



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2789 en: 17 de Mayo de 2024, 12:45:55 pm »

Desokupa pide un «escarmiento público legal» para la presunta estafadora de alquileres en Ibiza


El fundador Daniel Esteve adelanta que el abogado de la entidad solicitará este viernes el desalojo inmediato de Alazne Rodrigo por la vía civil

Un miembro de Desokupa ayer en la vivienda. | Moisés Copa

Vanessa Hernández | Ibiza | 2024-05-17 0:30
   
La empresa Desokupa está viviendo en Ibiza uno de sus desalojos extrajudiciales más «complicados» y «surrealistas» hasta ahora. Así lo destacó ayer el fundador de la organización Daniel Esteve, quien señaló a Periódico de Ibiza y Formentera que la entidad continúa con el sistema de control de acceso instalado en la vivienda porque la presunta estafadora de alquileres en Ibiza, Alazne Rodrigo, sigue sin abandonar este inmueble pese a haber sido denunciada, según esta organización, por los delitos de coacción, estafa por el impago de la renta y alquiler turístico ilegal. «Nuestros trabajos de desokupación llegan hasta un punto y el de los agentes también», señalaron desde esta entidad, destacando que ahora es la Justicia la que debe dar un «golpe sobre la mesa» y aplicar un «escarmiento público legal» para esta mujer.


En este sentido, Esteve explicó ayer que Beatriz, la propietaria de la vivienda, presentó una denuncia ante la Guardia Civil por dicha «coacción que impide el acceso al domicilio del otro inquilino que compartía piso con esta mujer». «La Justicia es la que debe trasmitir un mensaje contundente a la población para que estos personajes no actúen más en la isla», agregó e indicó que es necesario aplicar una condena ejemplar como la medida cautelar extraordinaria de desalojo y restitución del inmueble.


Al respecto, Esteve adelantó que este viernes el abogado de la organización solicitará este desalojo inmediato porque hay "pautas procesales suficientes para garantizar la adopción de medidas de desalojo". En esta misma línea lamentó que estos «delincuentes» sigan operando en la isla porque, como consecuencia de los alquileres turísticos ilegales, muchos propietarios de Ibiza «dejarán de alquilar sus pisos en invierno y esperarán a que llegue la temporada alta para arrendar sus viviendas a extranjeros con dinero». «Así nunca solucionaremos el problema de la okupación en Ibiza», subrayó Esteve mientras destacaba que la isla es el tercer punto de España donde más trabaja esta entidad.

«El mensaje que debemos trasladar a la sociedad es que no se permite ningún tipo de okupación en Ibiza y que estos delincuentes no tienen cabida. Luego la gente se echa las manos a la cabeza cuando los trabajadores de la isla y los funcionarios no tienen dónde dormir», lamentó. Además, según la propia entidad, durante estos dos días se han desplazado varias personas a esta vivienda ubicada en Sant Antoni «para comprar droga». «Hemos tenido que prohibir la entrada a personas que venían al inmueble porque todo parece indicar que también era punto de venta de drogas», puntualizaron.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2790 en: 19 de Mayo de 2024, 14:44:32 pm »

Desocupas fuera de la ley: así actuaba Antiokupa Tarraco para desalojar con violencia y amenazas en Catalunya


ORSOLYA GAZDAGI
Barcelona
19/05/2024 11:57
Actualizado 19/05/2024 14:35
4 minutos

   
Los Mossos d'Esquadra del Área de Información Territorial de Tarragona detuvieron la semana pasada a 16 personas acusadas de formar parte de una empresa que, bajo una apariencia de legalidad, escondidos tras un bufete de abogados, llevaba a cabo desahucios a cambio de importantes cantidades de dinero de los propietarios de los pisos que querían echar a sus inquilinos, algunos de ellos, con contratos de alquiler vigentes. En el marco de esta operación, bautizada Mediere, se hicieron entradas y registros en domicilios de L'Hospitalet de l'Infant, Salou, Reus, Sant Joan Despí, Rubí, Mataró y Barcelona, con más de una quincena de detenidos de nacionalidades española y rumana de entre 27 y 59 años.

La investigación empezó el pasado mes de septiembre a raíz de una actuación policial en Reus durante un enfrentamiento entre unos ocupas de origen magrebí y miembros de esta empresa, Antiokupa Tarraco, que acabó con seis detenidos, cuatro de ellos, empleados de la organización. Gracias a las pesquisas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la capital del Baix Camp, y estirando el hilo, se descubrió una serie de incidentes muy similares relacionados con esta compañía que hacía desocupaciones extrajudiciales. En esta primera fase se averiguó que los desahucios a menudo venían motivados por una cuestión de raza o pertenencia a un cierto colectivo étnico, y que los propietarios de los pisos afectados pagaban grandes cantidades de dinero para poder echar a la gente que vivía allí, algunas familias ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y otras con contratos vigentes, de manera ilegal y haciendo uso de la violencia.


 
De la mediación a una escalada de violencia
La empresa ofrecía un supuesto servicio de mediación entre propietarios e inquilinos para desocuparlos, pero se pudo comprobar que los encargados de llevar a cabo estas "mediaciones" cometían extorsiones, daños y violentos acosos hasta que conseguían que las familias abandonaran los pisos. El primer contacto, sin embargo, siempre era bajo la apariencia de ofrecerles un acuerdo para abandonar voluntariamente las viviendas. En caso de obtener una respuesta negativa era cuando empezaban las violencias y amenazas, con acoso telefónico y coacciones a través del corte de los suministros, o destrozando los inmuebles. Durante las entradas en los domicilios de los investigados se requisaron dos armas de fuego y varias armas prohibidas que utilizaban para amedrentar a las víctimas.


La empresa Antiokupa Tarraco no dudaba en utilizar la violencia para echar a los inquilinos / Cedida.
Si ni con eso conseguían echarlos, pasaban a cometer robos con fuerza que en alguna ocasión acabó con algunos de los inquilinos heridos gravemente. También presentaron denuncias falsas si los contratos de alquiler estaban en orden. Hay que destacar que los trabajadores de esta empresa eran especialmente violentos con personas de determinados orígenes étnicos. Todo eso generaba sensación de inseguridad a las familias que querían desahuciar, y muchas de ellas han tenido que acudir a profesionales de la salud mental por crisis de ansiedad.

Escudados por un despacho de abogados
Además, las indagaciones de los Mossos revelaron que Antiokupa Tarraco utilizaba como cobertura un despacho de abogados que daba una apariencia de legalidad a su manera de actuar. El propietario de este despacho, F.J.E., era socio de la empresa, y varios clientes del bufete participaban activamente de los desahucios y eran conocedores de los hechos ilegales, convirtiéndose en colaboradores necesarios de la banda. En total, se han descubierto más de 60 actuaciones por toda Catalunya y, aunque los agentes consideran que han podido detener completamente la actividad de esta empresa, la investigación continúa en marcha y no se descartan más detenciones.


Los miembros de Antiokupa Tarraco estaban en posesión de diferentes armas prohibidas / Mossos d'Esquadra
De los 16 detenidos, ocho han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de guardia de Reus, que ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos, Andrei G. S. i J. M. S., y libertad provisional con la obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos, para los otros seis. La causa está abierta por los delitos de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza, robo con violencia, amenazas, descubrimiento y revelación de secretos, falsificación de documento público, pertenencia a organización criminal y contra la integridad moral en el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas.

   
 

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2791 en: 25 de Mayo de 2024, 19:47:21 pm »

No, el Tribunal Constitucional no ha legalizado la okupación en España


Publicado
23/5/2024 13:05
Claves
Circulan mensajes que dicen que el Tribunal Constitucional (TC) ha legalizado la okupación en España y la ha reconocido como un derecho constitucional
Los contenidos incluyen un comunicado sobre un recurso contra la ley de vivienda: el TC ha anulado algunos aspectos como los relativos a la vivienda protegida, pero no cambia ningún derecho constitucional ni afecta a las okupaciones o desahucios
La ley de vivienda, en vigor desde 2023, no permite las okupaciones: introdujo algunos cambios para iniciar los trámites de desahucio, pero no los impide
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Categorías
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SOCIAL
Recursos utilizados
FUENTES OFICIALES (COMUNICADOS, BASES DE DATOS, BOE)
“El Tribunal Constitucional puesto a dedo por el Gobierno acaba de legalizar la okupación reconociéndola como un derecho constitucional”. Circulan contenidos sobre la decisión del TC del 22 de mayo de 2024 sobre un recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley de vivienda y dicen que España es el único país donde ocurre algo similar.

Es un bulo. La decisión del TC no ha modificado ningún aspecto relativo a los desahucios ni ha convertido la okupación en un derecho constitucional. El tribunal ha desestimado la mayor parte del recurso interpuesto por la Junta de Andalucía, aunque ha anulado algunos aspectos de la ley relativos a las viviendas protegidas en favor de las competencias autonómicas o sobre la información proporcionada por los grandes tenedores.

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La decisión del TC sobre el recurso no afecta a los desahucios ni a los derechos constitucionales ya vigentes
El 22 de mayo de 2024, el Constitucional ha estimado parcialmente un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Junta de Andalucía contra 16 artículos y tres disposiciones de la ley 12/2023 por el Derecho a la Vivienda.

Ha anulado totalmente el artículo 16 de la ley relativo a la regulación de la vivienda protegida en los aspectos no cubiertos por las leyes autonómicas. También ha anulado el apartado 9.3 sobre la información que deben proporcionar los grandes tenedores y otro más acerca de la inversión de dinero procedente de sanciones, entre otras cosas.

El recurso no afecta a la disposición final quinta, la parte de la ley que modifica los requisitos para que se efectúe un desahucio por el procedimiento civil, pero no los impide.

La Constitución Española reconoce en su artículo 47 el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, el cual también es citado en la ley de vivienda. Sin embargo, esta decisión del TC no introduce ningún cambio en el apartado de derechos y deberes de la Constitución [Título I - art. 10 a 55].


Fuente: Artículo 47 de la Constitución Española
¿Crees que te ha llegado un bulo? Verifica en nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319)

La ley de vivienda no permite las okupaciones: cambió algunas de las condiciones para iniciar un trámite de desahucio pero no los impide
La ley de vivienda introdujo unos cambios en la ley de enjuiciamiento civil que regula los procedimientos de desahucio, como ya os contamos en Maldita.es. Añadió unos cambios en los requisitos para iniciar un trámite:

La demanda debe especificar si el inmueble es la vivienda habitual de la persona ocupante.

También debe recoger si la parte demandante es una gran tenedora de vivienda. En caso contrario, el propietario deberá presentar un certificado de propiedad en el que conste su relación con el inmueble.

En el caso de que la parte demandante sea gran tenedora, debe especificar también si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica.

Los cambios no afectan al proceso de desahucio en sí y mantiene los plazos y procedimientos ya establecidos.

Aparte de los desahucios por lo civil, también existen desahucios por la vía penal, ya que el allanamiento de morada (entrar ilegalmente) y la usurpación de vivienda (ocupación ilegal) son delitos reflejados en el Código Penal.

La ley de vivienda también introdujo un cambio en el Código Penal relativo al delito de usurpación: la obligatoriedad de trasladar el caso a las administraciones autonómicas y locales cuando la persona demandada sea dependiente, víctima de violencia sobre la mujer o menor de edad, para que puedan adoptar medidas de protección para ellas.

Por lo tanto, es falso que el Tribunal Constitucional haya “legalizado” la okupación ni la haya reconocido como un derecho constitucional. Tan sólo ha anulado un artículo relativo a las viviendas protegidas y algunos otros aspectos, pero no ha cambiado nada respecto a la okupación o desahucios.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2792 en: 03 de Junio de 2024, 07:43:22 am »

Un okupa llama a la policía para quejarse de que el dueño lo molestó al pedirle que se vaya


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Coche de la Policía Nacional en Vigo
Coche de la Policía Nacional en Vigo
Tres patrullas acudieron a un céntrico piso de la calle Venezuela a mediar en la riña. El dueño acusa al intruso de montar un narcopiso y está dispuesto a «controlar y defender su propiedad»
02 Jun 2024. Actualizado a las 13:10 h.

La comisaría de Vigo envió ayer tres coches patrulla a un céntrico edificio de la calle Venezuela tras recibir la llamada de un okupa de alrededor de 30 años que pedía ayuda porque su casero acudió por la mañana a la vivienda a decirle que abandonase inmediatamente el inmueble porque le acusó de montar un narcopiso y de «amargar la vida» a todo el edificio. El dueño anuncia que se pasará más veces por el edificio e incrementará sus apariciones para «controlar y defender mi propiedad».

Los agentes acudieron al lugar tras la llamada del okupa a comisaría ayer, en torno a las diez y media de la mañana. El despliegue sorprendió a los viandantes, que no sabían lo que pasaba, aunque algunos comerciantes comentaron que en ese edificio se estaban perpetrando numerosos robos en viviendas en los últimos tiempos. Hasta tres coches patrulla de la Policía Nacional aparcaron frente al portal.


Los viandantes y comerciantes vieron cómo agentes de paisano entraban en el portal, examinaban la puerta y hablaron con ambas partes para recoger sus respectivas versiones. Finalmente, los policías nacionales le comunicaron al dueño del piso que no podían hacer nada más y tuvo que marcharse del inmueble mientras que el okupa siguió residiendo en su inmueble. El intruso estaría en la vivienda en situación de precario y una de las posibilidades es solicitar a los tribunales su desalojo a través de una orden de ejecución de desahucio.

Al salir del portal, el casero explicó la situación, que califica de «insostenible» y «delirante». «En este piso hay un chico que vende drogas, ha montado un narcopiso y es un okupa. Le dije: ‘Te tienes que ir' y él llamó a la policía, les dijo que yo estaba molestando», asegura.

Añade que, hace poco, unos delincuentes acudieron al narcopiso a cobrarle al okupa una deuda por las malas: «Le pusieron unas bridas al joven, que se dedica al menudeo, porque les debía dinero, creyó que lo iban a matar o secuestrar». Los gritos alertaron a un vecino que llamó a la policía para quejarse del ruido.


La convivencia se hizo más difícil en el edificio, resalta el casero, a causa del okupa: «Le hace la vida imposible a toda la comunidad de vecinos, han presentado una reclamación y hace poco hubo una intervención policial porque un residente se quejó de los gritos».

El dueño añade que el joven intruso se coló en el inmueble sin contrato de alquiler, que lleva «meses y meses» allí metido sin pagar ni un euro y que comparte piso con tres inquilinos, «muy buenas personas», uno de ellos mayor y con un trasplante. El casero lamenta que «la situación se haya ido agravando y que el problema no es el dinero, él amarga la vida a la comunidad de vecinos». Se quejó de que «la policía no hace nada» pese a que la comisaría «tiene constancia de que en ese piso se trapichea».

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« Respuesta #2793 en: 03 de Junio de 2024, 08:49:35 am »
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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2794 en: 07 de Junio de 2024, 07:16:14 am »

Decenas de jóvenes expulsan de Soraluze y Andoain a miembros de un grupo de Desokupa


Los propietarios habían contratado los servicios de esta empresa de extrema derecha en ambos municipios para sacar a personas a la fuerza de casas okupadas
A. A.

Jueves, 6 de junio 2024, 10:35 | Actualizado 15:08h.


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Varias decenas de personas han expulsado en los últimos días de las calles de Andoain y Soraluze a miembros de DesokupaCyL, compañía que se contrata para tratar de desajolar con amenazas y en ocasiones de forma violenta a inquilinos de casas okupadas. El último episodio tuvo lugar en Soraluze ayer miércoles, como muestran los vídeos publicados en redes y la información trasladada por el sindicato de vivienda de Deba Bailara.

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«Tal y como pasó anteayer en Andoain, ayer, una empresa de desokupación desahució a una persona en Soraluze. Concretamente, la empresa DesokupaCyL, la cual después de pasearse al mediodía por Bergara, se presentó a la tarde en Soraluze», explica el sindicato en un comunicado. «En respuesta a lo sucedido, la gente se agrupó delante del edificio», añaden. Fueron decenas de jóvenes los que se colocaron delante del edificio en protesta por la actuación y con el objetivo de expulsar a los miembros de DesokupaCyL de la localidad.



Imágenes muestran como los miembros de DesokupaCyL tuvieron que ser escoltados por la Ertzaintza para abandonar el lugar. El sindicato de Deba Bailara denuncia que en ese momento hubo «identificaciones y empujones» por parte de la Ertzaintza a los jóvenes, que marchaban tras los miembros de DesokupaCyL para comprobar que abandonaban la zona.



El sindicato ha denunciado las «practicas extrajudiciales» de DesokupaCyL y también el «blanqueamiento de organizaciones fascistas de este estilo». Piden que no haya «permisividad ni colaboración» con este tipo de actuaciones.




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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2796 en: 10 de Junio de 2024, 15:54:24 pm »

El juez que explica a los propietarios cómo echar a los okupas


El magistrado del Supremo Vicente Magro publica "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual "eminentemente práctico".
Sandra León
09/6/2024 - 12:26
00:00-16:57
A CONTRACORRIENTE. LA DEFENSA CONTRA LA OKUPACIÓN
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El magistrado del Supremo Vicente Magro publica "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble", un manual "eminentemente práctico".El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro | ICAIB

A pesar de que la izquierda mediática y política trate de minimizar el gran problema de la okupación que existe en España, lo cierto es que cada vez son más las víctimas de esta lacra. Al ya conocido como okupa de patada en la puerta, en los últimos años se ha sumado el inquiokupa, aquel que alquila una vivienda, pero deja de pagarla y se niega a abandonar el inmueble. A todas esas víctimas, pero también a sus abogados e incluso a las fuerzas de seguridad, va dirigido el manual que acaba de publicar Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, y que hasta incluye modelos específicos de denuncia o recurso ante circunstancias concretas.


Editado por La Ley, "Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble" se presenta como "un manual eminentemente práctico sobre uno de los más graves problemas que existen en la actualidad y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación y sensibilidad de la sociedad es que existe una absoluta impunidad".

La Ley de Vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo. En Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda o en Bélgica esto lo resuelven en 72 horas, como debe ser
Así lo ha defendido en La Trinchera de esRadio el propio magistrado, quien ha denunciado abiertamente que "la Ley de Vivienda ha perdido una tremenda oportunidad de resolver un problema que curiosamente solo tenemos en España dentro del entorno europeo", ya que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, "en Italia, en Francia, en Alemania, en Holanda o en Bélgica esto lo resuelven en 72 horas, como debe ser", remarca.

El resultado de las elecciones europeas en España en siete claves f...Comienza la legislatura catalana del regreso (o no) de Puigdemont c...Sánchez se borra de la foto del 9J tras no conseguir el empate técn...Shock en Sumar tras el desastre: "Es un antes y un después"...Alemania: la AfD en segunda posición con socialistas y verdes hundi...
Las cifras que hay y las que faltan
Frente a la expulsión inmediata que se produce en otros lugares, aquí los procesos se pueden alargar años lo que, a su vez, alienta el auge de un fenómeno que afecta a miles de personas cada año. "En España, hay 40 okupaciones al día, que llegan a totalizar 16.000 delitos de okupación al año", asegura Magro. "¿Cómo no puede ser grave que tú vuelvas a tu casa de un viaje, de haber salido un fin de semana, y te encuentras la cerradura cambiada y a unas personas en su interior?", se pregunta indignado. A todos estos casos habría que sumar, además, las inquiokupaciones que, por considerarse un mero impago de la renta e ir normalmente por la vía civil, no aparecen en dichas estadísticas.

Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa
El magistrado, sin embargo, abre la puerta a que los propietarios puedan denunciar estas últimas por la vía penal, lo que les permitiría solicitar medidas cautelares, como la expulsión inmediata. "Si yo a una persona le pago la fianza, le pago el primer mes y el segundo dejo de pagar, desde mi punto de vista es una estafa", defiende Magro, que asegura que el Tribunal Supremo ya está diferenciando este delito del mero incumplimiento contractual que se produciría por una circunstancia sobrevenida. "Cuando yo, al momento de contratar, tengo ya la intención de incumplir, es una estafa", sentencia.


La falsa vulnerabilidad
Capítulo aparte merecen los polémicos informes de vulnerabilidad que paralizan los desahucios durante años y que muchas veces son utilizados por personas que cobran en b. "La vulnerabilidad tiene que averiguarse", insiste Magro, que considera que "la Ley debería establecer un filtro de averiguación y no darla por supuesta", algo que, desgraciadamente, ocurre con frecuencia. No en vano, son muchos los propietarios que denuncian que los Servicios Sociales la conceden por teléfono y sin comprobar absolutamente nada.

Muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de Derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos
"Por eso, muchos juristas estamos reclamando una Ley Integral del fenómeno de la okupación que dé respuesta a todo esto, porque esto es lo que se hace en un Estado de derecho y lo que da seguridad jurídica a los ciudadanos y a los operadores jurídicos", advierte Magro. A su juicio, "devolver la confianza a los ciudadanos para volver a invertir en vivienda y que aquellos que quieran alquilarla con toda honradez también puedan hacerlo" es fundamental. "El problema es que, al final, si esto no se hace bien, los precios suben, porque los propietarios ponen precios mayores porque solo quieren alquilar a aquel que tenga solvencia acreditada", advierte.


Las claves de los informes de vulnerabilidad que legalizan de facto la okupación en España
Sandra León
Precisamente por eso, el magistrado del Tribunal Supremo cree que la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno es un error. "Establece un ámbito brutal de protección al inquilino, hasta el punto de que ya se está retrayendo la inversión, porque la gente ya no le ve rentabilidad a comprar un piso para alquilarlo si luego le dejan de pagar y puede estar hasta 3 años sin poder recuperar su posesión".

El problema es que actualmente no hay un plazo para encontrar alternativa habitacional y eso es lo que se debería hacer: si en un mes no se la han encontrado, yo cojo y lo echo
Con todo, insiste en que "hace falta una política de vivienda que proteja a los dos partes, al arrendatario y arrendador" y que, además, obligue a las administraciones a buscar una alternativa habitacional a los okupas que consideren vulnerables en un plazo determinado. "El problema es que actualmente no hay un plazo y eso es lo que se debería hacer: si en un mes no se la han encontrado, yo cojo y lo echo", defiende Magro, que, en no pocas ocasiones, denuncia en su manual la injusticia que supone convertir a los pequeños propietarios en el "escudo social" del Gobierno, como apuntan las víctimas.


Cómo desmontar las tretas de los okupas
Por lo que respecta al okupa de patada en la puerta, el magistrado también aporta soluciones: desde impulsar protocolos de autoprotección en las comunidades de vecinos, hasta clarificar la legislación para que la Policía sepa cómo actuar. Y para muestra, un botón: cuando se encuentran ante un delito flagrante, los agentes pueden echar a los okupas sin necesidad de autorización judicial, pero… "¿Cuál es el plazo de la flagrancia? —se pregunta Magro—. Si entran a las 8 de la mañana y yo voy a mi casa a las cuatro de la tarde, ¿es flagrancia? Yo entiendo que sí, pero la Policía lo tiene que tener claro con una ley integral que muchos juristas estamos recomendando".

¿Cuál es el plazo de la flagrancia? Si entran a las 8 de la mañana y yo voy a mi casa a las 4 de la tarde, ¿es flagrancia? Yo entiendo que sí, pero la Policía lo tiene que tener claro con una ley integral que muchos juristas estamos recomendando
En este tipo de casos, además, es importante que los agentes sepan también cómo sortear las tretas de los okupas para tratar de hacerles creer que llevan más de 72 horas en el inmueble y que, por tanto, no les pueden echar sin autorización del juez. Una de las técnicas más utilizadas es la conocida como "técnica del Telepizza". Días antes de okupar la vivienda, piden comida al domicilio y la recogen en el portal, pero como en el ticket viene la dirección completa, luego lo aportan como prueba para demostrar que llevan ya un tiempo y que, por tanto, no les están pillando in fraganti.


La impunidad okupa: la Policía se ve obligada a aceptar un ticket de Telepizza antes que las escrituras del propietario
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En situaciones como esta, Magro insiste en que los agentes deben esforzarse por encontrar una "contraprueba". "El sistema de alarmas es el más eficaz, porque si salta una alarma, la empresa llama la Policía y la hora queda registrada. Por lo tanto, da igual que enseñen un ticket o lo que sea: pueden echarlos perfectamente, porque se presenta una contraprueba de mayor relevancia, que es una empresa que certifica que ha saltado la alarma y que, por ejemplo, han entrado a las 3:15 horas", explica.

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Otra posibilidad es contar con el testimonio de otros vecinos. De ahí, la necesidad de esos protocolos de autoprotección que mencionaba Magro y que servirían para concienciar a la comunidad de la importancia de denunciar: "Si el que llama es el vecino, que es una persona neutra, y dice que acaba de ver entrar a unas personas en el piso, por muchos tickets que se presenten, la Policía tendrá un salvoconducto".
« Última modificación: 10 de Junio de 2024, 16:15:31 pm por 47ronin »

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« Respuesta #2797 en: 15 de Junio de 2024, 16:13:06 pm »

Un okupa llama a la Policía para denunciar que varias personas han entrado en su vivienda


Tras una noche en el calabozo de la Policía Local de Tudela, regresó a la vivienda okupada y se encontró que en ella había cuatro extraños

El Diario Vasco

Viernes, 14 de junio 2024, 12:40

En las informaciones sobre la ocupación de una vivienda hay casos variopintos como el ocurrido este jueves minutos después del mediodía en Tudela. Un individuo denunció a agentes de la Policía Local que varias personas se encontraban en su domicilio sin su autorización. Los policías se personaron en el lugar e identificaron a la persona que había dado el aviso y a otras cuatro personas que se encontraban en la vivienda. Cuál sería su sorpresa cuando descubrieron que el requirente se encontraba de okupa en esa casa.

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Según informa Diario de Navarra, el hombre había pasado la noche en el calabozo de la comisaría de la Policía Local de Tudela, y al volver al día siguiente se había encontrado a otras personas en la vivienda que él había okupado previamente, ante lo que decidió llamar a la Policía para que los echaran.

Los agentes que atendieron el aviso tuvieron que mediar entre los cinco okupas para calmar la situación. Finalmente, el primer okupa, quien había dado el aviso, se quedó solo en la vivienda.

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« Respuesta #2798 en: 16 de Junio de 2024, 07:01:37 am »

La juez ordena desalojar al okupa de Sevilla que alquila el piso a turistas tras un año de denuncias


El okupa se ha quedado el piso durante más de un año y medio hasta que se ha resuelto el caso
El okupa ya había sido desalojado de la vivienda anterior, justo enfrente de la que okupa ahora
okupa Sevilla


Ángel Moya
ÁNGEL MOYA
14/06/2024 18:46Actualizado: 14/06/2024 18:46
La Justicia ha hablado, pero ha tardado un año y medio en hacerlo. Durante todo este tiempo, un okupa le ha quitado su piso de Sevilla a una enferma de Parkinson y a su hermano desempleado. Ahora, la juez ha dictado que el okupa abandone de inmediato la vivienda bajo la advertencia de desalojarlo y que pague las costas de la demanda.


En todo este tiempo en que la Ley le ha permitido quedarse con la vivienda de la mujer enferma, el okupa ha tenido el valor de pedirle al juez que no le desaloje porque esa era su vivienda habitual y estaba en una situación de vulnerabilidad social.


Este okupa de Sevilla, llamado F.J., también aprovechó para alquilar el piso a turistas a través de plataformas inmobiliarias y lucrarse con su «okupación». En ocasiones alquilaba las habitaciones a 40 euros al día, tal y como adelantó OKDIARIO, en otras el okupa se mudaba al ático del edificio con un colchón y alquilaba el piso entero por un buena cantidad de dinero.

Habla la víctima
Así relataba la situación Laura, la víctima, a OKDIARIO: «Ahora resulta que ha empezado a alquilarlo por una plataforma y los vecinos me avisan que lo tuvo alquilado para toda la Feria de Sevilla. Además, también me advierten que está alquilando la plaza de garaje, así que tuve que ponerle un cepo».


Laura le llama a las cosas por su nombre: «Bueno, este señor tiene varios anuncios puestos en la plataforma, todos ellos anunciando mi piso. O sea que no sólo está ocupando mi piso sino que además se está lucrando. Además, por lo que veo en las fotos me faltan muebles y no sé si los habrá vendido o qué es lo que habrá hecho».


Contrato falso
El letrado de la víctima, Manuel Huertas, apunta también que el mismo juzgado que lleva el caso, ya desalojó al mismo okupa de Sevilla cuando estaba en la misma situación, okupando el piso de enfrente al de la víctima. De hecho, lo hizo constar en sus escritos, como una larga serie de argumentos que han hecho inclinarse a la juez por dictar el desalojo inmediato del okupa

Entre esos argumentos se encuentra, que cuando la mujer enferma de Parkinson y su hermano pusieron la primera denuncia al okupa, éste esgrimió un contrato de alquiler falso para detener el desahucio inminente.

Durante todo el proceso judicial, el letrado Manuel Huertas también ha insistido en recordar que: «La situación de vulnerabilidad que no acredita el demandado, sí que la padecen mis mandantes, agravada además por la ilegal “okupación de su vivienda que viene perpetrando aquél desde hace año y medio».

Y lo ha argumenta acreditando que las víctimas  y propietarios de la vivienda okupada reciben ayudas en forma del Bono Social Eléctrico por vulnerabilidad social, que además han tenido que pagar un alquiler durante todo este tiempo que el okupa se ha quedado con su piso y además los propietarios sí están desempleados y reciben la prestación de desempleo.

Todo esto además de que la propietaria sufre un estado avanzado de enfermedad de Parkinson y su hermano, el otro propietario de la vivienda está discapacitado por culpa de haber sufrido un ictus.

Ahora, por fin, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha decretado lo siguiente: «Condeno a la parte demandada a dejar libre, expedita y a disposición de los demandantes la vivienda sita en calle Monsalves de Sevilla, con apercibimiento de lanzamiento para el caso de no verificarlo y con expresa condena en costas».