Las residencias se topan con un frente inesperado: trabajadores que no quieren vacunarse
Algunas patronales hablan de un 10% del personal que rechaza inmunizarse; hay comunidades que han contactado con empresas del sector para advertir que la no vacunación generaría incompatibilidad para desarrollar determinadas actividades
Nieves Salinas
Publicado 31/12/2020 04:45
Actualizado31/12/2020 4:50
Con España pletórica por el inicio de la campaña de vacunación que puede suponer el principio del fin de la pandemia del coronavirus, las residencias admiten que se están encontrando con un frente inesperado: trabajadores de los centros sociosanitariosque no quieren recibir las dosis de la inmunización. Algunas patronales, hablan de un porcentaje del 10% de trabajadores que rechazan la vacuna. Los servicios de salud pública de las comunidades ya han comenzado a ponerse en contacto con empresas del sector para advertir que la no vacunación generaría incompatibilidad para desarrollar determinadas actividades.
Cerca del 90% de personas mayores y profesionales de residencias de toda España ha dado su consentimiento para recibir la vacuna, según datos difundidos por el Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (Ceaps) con motivo del arranque de la campaña iniciada el pasado domingo en toda España. El 10% restante rechaza esa vacunación y, desde el sector de la dependencia, admiten que les preocupa. Sobre todo porque, en comunidades como La Rioja, según ha publicado 'El Correo', el porcentaje se eleva hasta un 20%.
Recientemente, grupos sociosanitarios del sector privado, como DomusVi, con 23.000 trabajadores en sus centros, hacían públicas una serie de "directrices éticas" para regular la administración de la vacuna y señalaban que si un trabajador decide no recibir las dosis "se expone él y su entorno, los usuarios, los familiares y los otros profesionales, a una situación de riesgo completamente innecesaria". Esa negativa, apuntan, "puede suscitar en los usuarios y familiares cautelas o suspicacias innecesarias".
De hecho, según ha podido conocer Vozpópuli, los servicios de Salud Pública de algunas comunidades autónomas ya estarían poniéndose en contacto con empresas del sector sociosanitario solicitando un listado de trabajadores pertenecientes a los grupos prioritarios para el suministro de las vacunas y, en algunos casos, avisando que la no vacunación generaría incompatibilidad para desarrollar determinadas actividades.
Campaña entre los trabajadores
Desde patronales como la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), que agrupa a los grandes operadores privados de servicios residenciales, teleasistencia y de ayuda a domicilio de nuestro país (400 Residencias y 55.000 plazas) explican a Vozpópuli que se ha realizado una campaña informativa en los centros para aclarar cualquier duda que los trabajadores puedan tener, y los resultados "están siendo realmente buenos".
"No tendría mucho sentido que los trabajadores que han vivido en primera persona la dureza de los efectos del virus, se negaran a ponerse la vacuna", dicen desde una patronal del sector
Por el momento, añaden, el porcentaje de trabajadores de las empresas de Aeste (70.000 profesionales de sus 400 residencias) que no quiere vacunarse ronda el 10%. "De hecho, igual que al principio había ciudadanos reticentes a utilizar la mascarilla por la calle, no tendría mucho sentido que los trabajadores que han vivido en primera persona la dureza de los efectos del virus, se negaran a ponerse la vacuna", apuntan.
"Entendemos que pueda haber dudas por la rapidez con la que se ha aprobado la vacuna, pero debemos recordar que ha sido aprobada por la Agencia Americana del Medicamento, la europea y la española. Es una vacuna segura y que proporcionará la seguridad que necesitan nuestros mayores", señalan desde esta patronal.
El derecho del trabajador
En cualquier caso, recuerdan desde AESTE, vacunarse no es obligatorio. "La legislación actual ampara el derecho del trabajador a escoger si quiere vacunarse o no, y un despido por este motivo sería improcedente. Recae en el Ministerio de Sanidad decidir si endurece la legislación o no, y por lo tanto, si hace obligatoria la vacunación para los sanitarios", añaden.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado que "no habrá una lista pública" de personas que rechacen vacunarse contra el coronavirus, pero ha defendido la necesidad de saber, "por garantías", que se les ha ofrecido recibir el fármaco y han declinado.
"Las residencias tienen la obligación de facilitar la administración de la vacuna, y de facilitar al Ministerio los listados de las personas que se niegan a recibir la vacuna, pero no de obligarles a ponérsela", apuntan desde AESTE. En caso de que los porcentajes fueran más elevados, correspondería a las autoridades sanitarias decidir "si endurecen la normativa vigente para poder continuar trabajando en los centros residenciales, y hacerlo con las garantías necesarias para las personas mayores que viven en ellos".
Un riesgo laboral no asumido
Según explican a Vozpópuli, desde Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, vacunarse está establecido como una medida preventiva. "Aunque no sea obligatorio, si la empresa te dice que hay que ponérsela y además te ofrece un dispositivo para hacerlo, si no te la pones, no te pueden hacer nada, pero si te contagias ocurre como, por ejemplo, si te dan un casco o unas botas y no te los pones y tienes un accidente: no te dan de baja como accidente de trabajo porque te han puesto a tu disposición las medidas necesarias y no has querido aceptarlas. Vas sin casco y te rompes la cabeza", detallan.
Según la última actualización del documento 'Estrategia de vacunación frente a covid-19 en España' del Ministerio de Sanidad, la vacunación es voluntaria pero, el mismo documento, establece que, a salvo de lo previsto en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública.
Así, esta normativa permite a las autoridades sanitarias tomar medidas que "incluyen tratamientos cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad".
Otro documento que también barajan las organizaciones sindicales es la guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). En su página 58 matiza que, aunque la vacunación es voluntaria, la no aceptación puede suponer, en ciertos puestos de trabajo y para ciertas enfermedades, la consideración de 'no apto' en razón de la necesidad de la protección de terceros.
