TERREMOTO POLÍTICO HISTÓRICO
Así se jodió el Perú: ¿qué llevó a Castillo a intentar su autogolpe?
Castillo afrontaba su tercera votación de destitución tras haber sido acusado por la fiscalía, dos meses antes, de liderar, en el seno de su Gobierno, una organización criminal
Por Héctor Estepa
08/12/2022 - 07:16
Perú vivió este miércoles un terremoto político histórico en apenas dos horas vertiginosas. En ese lapso de tiempo el presidente, Pedro Castillo, decidió anunciar el cierre del Congreso, fue acusado de dar un Golpe de Estado, pasó a ser destituido por el mismo legislativo y acabó detenido por la policía, poniendo un abrupto fin a su también breve y turbulento mandato, de apenas año y medio. Fue la crónica de un desenlace previsto por parte de los analistas del país desde su victoria en las elecciones. Castillo afrontaba este miércoles su tercera votación de destitución tras haber sido acusado por la fiscalía, dos meses antes, de liderar, en el seno de su Gobierno, una organización criminal para obtener beneficios económicos.
La mayoría de los congresistas y también los politólogos pensaban que sería una jornada tranquila al vaticinar que, de nuevo, no habría los votos necesarios para destituirle en el parlamento, pero Castillo decidió adelantarse, y sellar su suicidio político, disolviendo el Congreso, conformando un Ejecutivo de Excepción, que gobernaría por decreto hasta la celebración de unas elecciones legislativas con poderes constituyentes, y anunciando la reestructuración del poder judicial y de la fiscalía.
La condena a su acción fue prácticamente unánime, y hasta los antiguos correligionarios del líder izquierdista le dieron la espalda. Castillo, en su huida hacia adelante, debió darse cuenta, muy pronto, de que estaba solo, algo que se confirmó a los pocos minutos con su destitución en el hemiciclo, aprobada de manera abrumadora, además del posterior rechazo de las fuerzas armadas a sus decisiones y la expedición final de la orden de detención.
“Perú Libre no apoyará el golpe de Estado en marcha. Estamos en contra del hiperparlamentarismo, la prensa no es confiable en el país, ningún testimonio está corroborado, pero tampoco ponemos la mano al fuego por el presidente Castillo”, dijo en redes sociales Vladimir Cerrón, líder de la formación ultraizquierdista que llevó al poder al antiguo maestro de escuela, certificando la soledad de Castillo.
No fue una declaración cualquiera. Castillo es un producto político de Cerrón y ha sido presidente fundamentalmente gracias a él. Neurocirujano de profesión, Cerrón fue gobernador regional de Junín en dos mandatos, pero fue suspendido del cargo en 2019 cuando se certificó un proceso judicial en su contra por corrupción. Había planeado durante años sus aspiraciones presidenciales, pero las acusaciones en su contra hacían inviable la postulación. Alguien le recordó entonces la figura de aquel maestro de escuela rural que había liderado años antes las manifestaciones para exigir mejores condiciones laborales para el profesorado. No sin reticencias, el ex gobernador apostó por él. Su equipo creó una marca que resultó exitosa, paseó a Castillo por medio país “armado” con un lápiz gigante, señal de su apuesta por la educación, subido a caballo y siempre ataviado con su gran y característico sombrero. Fue una campaña efervescente, que caló especialmente en la población rural, marginada, objeto de un profundo y trasnochado racismo y también alejada tradicionalmente de la esfera del poder, ávida de transformaciones sociales que eleven su nivel de vida para evitar la pobreza y el hambre. Ese impulso le catapultó a la victoria en la primera vuelta electoral, pero, en el fragmentadísimo mundo político peruano, eso no significa un apoyo abrumador.
Castillo ganó con apenas el 18,9% de los votos, un porcentaje mínimo, y que explica por sí solo buena parte de los problemas de su mandato. Ese es su grupo de incondicionales, su apoyo fuerte, pero si ganó las elecciones en segunda vuelta fue porque enfrente tenía a la ultraderechista Keiko Fujimori, hija del autócrata preso por crímenes de lesa humanidad, que hizo campaña con un permiso especial para salir de prisión, porque estaba en la cárcel tras haber sido acusada de corrupción. El tremendo rechazo que genera el apellido Fujimori en buena parte de la población peruana le dio a Castillo los votos necesarios para ganar, y aún así se impuso en el balotaje con apenas el 50,13% de los sufragios, teniendo, además, que batallar su victoria en la justicia electoral, porque la líder ultraderechista denunció, sin pruebas, un fraude en su contra. El resultado es que, restando sus incondicionales, el apoyo real que tenía Castillo siempre ha sido menor, algo que han mostrado también numerosas encuestas de opinión. Además, las elecciones legislativas arrojaron una composición parlamentaria profundamente conservadora, augurando una difícil gobernabilidad, que se plasmó inmediatamente. Castillo inició su mandato, desde el primer día, con una implacable y frontal oposición en el Congreso, y así comienza también la cadena de errores que han acabado en su destitución y detención, después de haber tenido hasta cinco Gabinetes con -no es una hipérbole- ochenta ministros distintos.
La legislatura se inició con un bloqueo en el Congreso de algunas de sus propuestas más izquierdistas, y Castillo reaccionó acercándose a la derecha para garantizar la gobernabilidad, renunciando a algunos de sus postulados. Especialmente criticada fue la salida del Gobierno de su primer ministro de agricultura, que había apostado por una reforma agraria, proyecto no continuado por sus -varios- sucesores en el cargo. Eso le valió las primeras críticas y las primeras defecciones. Abandonaron el barco, primero, los progresistas más urbanos, que ya habían criticado el conservadurismo en cuestiones sociales de un presidente que había rechazado en campaña, a título personal -no de partido- la eutanasia, el matrimonio homosexual, y el aborto, tradicionales aspiraciones de la izquierda de las ciudades. El alejamiento se plasmó apenas rebasados sus 100 días de mandato, cuando 16 de los 37 congresistas de Perú Libre rechazaron aprobar el gabinete surgido de la primera crisis de Gobierno. Esa situación se acrecentó entrado 2022, cuando ya era patente que Castillo no estaba cumpliendo sus promesas de construcción de viviendas, fomento de empleo o inclusión, inmerso en un modelo de Gobierno de supervivencia. En febrero dimitió la ex primera ministra Mirtha Vásquez, denunciando que la interlocución con el presidente es escasa. Al mismo tiempo, Castillo fue acusado de introducir en su Gobierno y en su círculo de confianza a políticos de tendencia ultraconservadora y autoritaria, que influían decisivamente en las políticas del Ejecutivo.
Especialmente criticado fue el nombramiento como primer ministro de Héctor Valer, un tránsfuga del partido ultraderechista Renovación Popular, que dimitió a la semana de su nombramiento, después de que se publicase en la prensa que había sido denunciado por agredir a su esposa e hija y que un juez había dictado medidas de protección a favor de ellas en 2017. Paralelamente se iniciaron los señalamientos en su contra por supuesta corrupción, y se generan manifestaciones callejeras en su contra, espoleadas también por la suba de los precios de combustibles y fertilizantes generadas por la guerra de Ucrania. Castillo acaba rompiendo en julio con Perú Libre y Cerrón, que le acusó de alejarse de los postulados del partido, y hace dos meses se produjo un mayor punto de ruptura. La Fiscalía acusó al presidente de liderar una presunta “organización criminal enquistada en el Palacio de Gobierno” con el objetivo de amañar contratos y también de obtener beneficios económicos por nombramientos en puestos clave, acusaciones que también afectan a miembros de su familia, como su sobrino, considerado pieza clave del entramado. Castillo había logrado, en ese contexto, superar dos votaciones previas de destitución en el Congreso, bajo la difusa figura de “incapacidad moral” que ya sirvió a los parlamentarios para desalojar del poder, vía impeachment, a los ex presidentes centristas Pedro Pablo Kuczynski, en 2018, y Martín Vizcarra, en 2020, ambos señalados de corrupción. Ambos líderes tenían mayores índices de aprobación que sus respectivos congresos, rechazados por más de un 80% de la población, situación que se replica ahora, porque, mientras que Castillo aparecía con un rechazo de más del 75% en los últimos sondeos, al menos ocho de cada 10 peruanos continúan deplorando a los diputados de un legislativo plagado también de denuncias por corrupción y de políticos de dudosa reputación.
La mayoría de analistas y congresistas creían que Castillo sobreviviría a la nueva votación, a pesar de la inacción del Gobierno, debido, en parte, a que el Congreso también está señalado, pero el ya ex presidente evitó ayer escuchar el veredicto tomando su salomónica decisión, que ha acabado en su salida del poder y en su detención. Habiendo perdido el apoyo de la izquierda moderada y urbana, de su partido, sin el soporte de las fuerzas armadas, de la judicatura, y sin fuerza suficiente en la calle, en un país donde tres de cada cuatro habitantes rechazan su gestión, era difícil que el movimiento le saliese bien. La salida del poder de Castillo es tan solo un nuevo episodio de un país que ha tenido seis presidentes en el último lustro y cuya política está profundamente permeada por la corrupción desde hace décadas, haciendo fácil prever que los problemas continuarán. No hay más que repasar la lista de presidentes desde 1985. En ese año inició el Gobierno de Alan García, cuyo mandato se extendería hasta 1990 y que repetiría entre 2006 y 2011. El ex líder peruano se suicidó en 2019 en medio de un dispositivo policial que iba a ejecutar su arresto por corrupción vinculada al caso Odebrecht, la gigante brasileña de la construcción que sobornó durante décadas a políticos a cambio de concesiones de obra pública.
Tras García, en 1990, llegó al poder el autócrata Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad. Después de Fujimori ganó las elecciones Alejandro Toledo (2001-2006) ahora prófugo de la Justicia peruana, refugiado en EEUU, con un pedido de extradición, después de haber sido acusado de recibir 20 millones de euros en sobornos de Odebrecht. Tras Toledo, volvió a gobernar García y a este le sustituyó Ollanta Humala (2011-2016) que ingresó a prisión preventiva en julio de 2017 tras haber sido acusado de lavado de activos provenientes de Odebrecht. Fue liberado al año siguiente y está siendo actualmente procesado. Después de Humala llegaron al poder Kuzcynski, destituido tras ser vinculado con la trama Odebrecht, y Vizcarra, investigado por supuestamente recibir sobornos. Tras la destitución de Vizcarra asumió brevemente el poder el congresista Manuel Merino, cuyo Gobierno duró apenas cinco días, en medio de fuertes manifestaciones contra el legislativo desatadas después del impeachment, en las que murieron dos personas, presuntamente a manos de la policía. En ese contexto llega a su convulso final de año Perú, un país hastiado de su clase política, donde muchos piden que se vayan todos.
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El futuro no se presenta fácil, con perfiles dispares, muy polémicos y definitivamente polarizadores entre los candidatos que posiblemente estén arriba en las intenciones de voto en unas próximas elecciones. En las quinielas está Antauro Humala, hermano del ex presidente Ollanta, que recientemente ha salido de prisión, tras haber pasado 17 años entre rejas por haber protagonizado, en 2005, una asonada armada contra el Gobierno de Toledo que acabó con la vida de cuatro policías y dos de sus seguidores. Humala es el principal referente del etnocacerismo, un controvertido movimiento político ultranacionalista, que reivindica una refundación del Estado “en contra de la hegemonía criolla extranjera en Perú”. También aparecerá Fujimori y tendrá una influencia directa, asimismo, Rafael López Aliaga, líder oficioso de la oposición, que recientemente ganó las elecciones a la alcaldía de Lima, un político ultraconservador, que causa sorpresa al afirmar ser virgen a sus 61 años, reprimiendo sus deseos fustigándose con un cilicio y que también polariza la sociedad peruana. El país andino logró, después de desalojar a Fujimori del poder, que los continuos escándalos políticos no afectasen a su destacado crecimiento económico en las primeras dos décadas del siglo XXI, pero esa situación no podía ser eterna, y comenzó a cambiar tras la llegada de la pandemia del coronavirus. Perú atraviesa una grave crisis que ha dejado a 16,6 millones de habitantes, la mitad de la población, en situación de inseguridad alimentaria, el doble que antes de 2020. Paliar el hambre será el principal reto del próximo gobernante de un país convulso.
