La Audiencia Provincial de Madrid ha revocado la prohibición cautelar impuesta por un juez a cinco bosnias, consideradas las carteristas más activas de la capital, de acceder al Metro de la ciudad tras ser acusadas por la Policía de cometer numerosos hurtos desde hace una década.
Los magistrados consideran que la protección de "eventuales víctimas futuras en un ámbito vigilado como es la red de Metro", que consta de videovigilancia, seguridad privada y una brigada de la Policía, no precisa "de prohibiciones cautelares de acceso".
El pasado 15 de febrero, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid decidió imponer una medida cautelar novedosa en Madrid a cinco detenidas, consideradas las carteristas más activas de la capital: la prohibición absoluta de acceder a cualquier instalación del Metro de la capital.
La medida afectaba al llamado "clan de las bosnias", las cinco carteristas que durante más de diez años se han dedicado a cometer hurtos en las estaciones del suburbano más frecuentadas por los turistas que visitan la capital. Entre todas ellas suman 330 antecedentes policiales, en su mayoría por hurtos, según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado ahora el recurso de las cinco mujeres y ha dejado sin efecto la medida cautelar de prohibición absoluta a acceder a las instalaciones del Metro de Madrid y de Metro Sur.
Aunque el fiscal apoyó estas medidas cautelares, al estimar que existía "un riesgo claro" de que las detenidas cometan más delitos, el tribunal considera que son "desproporcionadas, tanto por extenderse inmotivadamente a toda la red de Metro" de la Comunidad de Madrid "como por no establecer el periodo de vigencia razonablemente previsible".
Los magistrados Juan José López Ortega, Mario Pestana Pérez y José Joaquín Hervás Ortiz no ven qué añaden las medidas cautelares "de eficacia y de cara a proteger a eventuales víctimas futuras, a los sistemas de vigilancia y control existentes en la red de Metro, sobre todo en las estaciones más céntricas que integran el supuesto radio de acción" de las denunciadas.
"Lo que sí es patente es que (a las afectadas) se les impide, cautelarmente además, el acceso a un servicio público de transporte esencial para gran número de ciudadanos", sostienen los magistrados.
La Sala también indica que a las bosnias se les atribuye formar parte de un grupo dedicado a la comisión de hurtos, pero "no hay imputación por hechos concretos que revistan los caracteres de uno o varios delitos o faltas contra el patrimonio", por lo que considera "muy discutible" la adopción de medidas cautelares "que restrinjan el derecho fundamental a la libertad de circulación".
La investigación policial en torno al "clan de las bosnias" comenzó el pasado mes de diciembre cuando los agentes, gracias al análisis del historial delictivo de varias mujeres que habitualmente se dedicaban a sustraer carteras en el metro, constataron que cinco de ellas, de nacionalidad bosnia, formaban el grupo más activo en este tipo de delitos.
Perfectamente estructurada, la líder de la banda, Raifa I., de 30 años y la más veterana del grupo, era la encargada de coordinar los robos y distribuía al resto por las zonas del metro "marcando" a las víctimas.
Zahida I, de 36 años, se dedicada exclusivamente a perpetrar las sustracciones gracias a su experiencia en "picar" carteras, mientras que la función de distraer a la víctima o tapar la acción para que nadie se percatara del robo era llevada a cabo por las otras tres mujeres
