Podemos, una causa perdida
CAUSAS ARCHIVADAS
Los tribunales han abierto numerosos casos contra cargos morados y han terminado archivados
Pedro Vallín
Madrid
06/08/2022 00:25Actualizado a 06/08/2022 10:34
El caso de la niñera mágica de la ministra Irene Montero resultó ser eso, una fantasía. El juez Escalonilla lo archivo un día antes de las vacaciones estivales, a la vez que archivaba la causa sobre la consultora Neurona. Con eso, todo el material con el que Escalonilla trabajaba desde el verano del 2020 contra Podemos, acabó en nada. En total, las causas archivadas contra Podemos y sus líderes, tras arrojar innumerables portadas acusatorias, se acerca a la veintena. Solo prosperaron las condenas por supuesta agresión a un policía de Isa Serra, actual asesora del ministerio de Igualdad , y Alberto Rodríguez, al que la condena le valió la pérdida de su acta de diputado –el Constitucional podría devolvérsela en breve–. En ambos, sin que el material videográfico aportara prueba alguna de la existencia de tales agresiones.
El mismo día que el juez Escalonilla archivaba todas las causas derivadas de la denuncia del exabogado de Podemos Jose Manuel Calvente (que acusaba al partido de una docena de delitos) el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón abría otra contra el fundador del partido Juan Carlos Monedero, atribuyéndole la friolera de un centenar de cuentas ocultas. La causa parte del testimonio del exdirector de Contrainteligencia Militar de Venezuela, Hugo Carvajal, alias, el pollo Carvajal , que ofreció esa y otras acusaciones a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos, donde está buscado por narcotráfico. La Fiscalía ya informó en su día de que el testimonio de Carvajal carece de solidez y descartó abrir causa alguna. Pero a García-Castellón –al que el Supremo llamó al orden por su empeño en volver contra el entonces vicepresidente Pablo Iglesias la causa por el robo del móvil de su colaboradora Dina Bousselham, que acabó en manos de José Manuel Villarejo y de los periodistas de su clan– le parece que hay que investigar el patrimonio de Monedero más veces.
Al cierre de los casos se han añadido las grabaciones de Villarejo, que hablan de fabricar pruebas falsas
Desde hace años Podemos denuncia estas prácticas, que han dado curso incluso a pruebas falsificadas y que manteniendo a los señalados en el purgatorio de la imputación durante periodos inusualmente largos, pero la acumulación de archivos es tal que la preocupación se ha extendido a parte de la academia jurídica –que denuncia el uso punitivo de la admisión a trámite– e incluso a un sector de la judicatura. Podemos de momento no se ha querellado por prevaricación contra ningún togado, salvo la hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, que logró la condena de seis años por prevaricación, cohecho y fabricación de pruebas al juez Santiago Alba, quien sin embargo no ha entrado en prisión. La prevaricación –como todos los tipos penales vinculados a corrupción y abuso de poder– es garantista, de modo que las pruebas tienen que ser más que flagrantes para que prospere.
Pero en términos de opinión pública, Podemos ha ganado la batalla pues los sucesivos archivos y las escandalosas grabaciones de Villarejo, donde se habla abiertamente de fabricar pruebas contra Iglesias, dibujan los contornos de una acción policial, judicial y mediática de motivación política. La justicia no es un arcano y no escapa al común el calvario de causas apoyadas en nebulosos indicios. El hedor del lawfare –expresión para el “golpe de Estado judicial” popularizada a raíz del encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva– es tan patente como que contribuyó a debilitar al partido desde el 2016. Ninguna institución ha adoptado medidas que restituyan la confianza en la justicia y en la limpieza de la pugna democrática, mientras el órgano rector de los jueces sigue operando 1.300 días después de prescribir su mandato.
