Las redes sociales y los peligros de internet

[Celestino]

Esto podría ir también al hilo de los tontos

[47ronin]

Jueces en Twitter


 A pesar de que algunos a veces caigan en los prejuicios políticos, o en la soberbia intelectual o el corporativismo, todo eso muestra simplemente que los jueces son personas

 Conocerlas y dialogar con ellas es una de las grandes aportaciones de Twitter al mundo del derecho


Twitter inicia experimento doblando número de caracteres de sus mensajes EFE
Joaquín Urías
09 sep 201821:18

Hace poco mantuve una discusión en twitter con un magistrado del Tribunal Supremo. Él consideraba que la exhibición de una pancarta contra el Rey suponía un delito de injurias a la corona y yo entendía que era un ejercicio legítimo de la libertad de expresión. En principio se trató de un debate entre juristas que no debe tener más trascendencia. Sin embargo, alguien puede denunciar la pancarta en cuestión y que corresponda al Tribunal Supremo, quizás incluso a mi propio interlocutor, decidir si efectivamente se ha cometido un delito. Al exponer en público su postura tal vez haya perdido la apariencia de imparcialidad con la que cualquier juez debe enfrentar todo caso que le llega. 

La generalización del uso de Twitter y otras redes sociales ha multiplicado tremendamente la presencia pública de jueces y magistrados. Hasta ahora esta se limitaba prácticamente a algunos jueces ‘estrella’ o determinados portavoces de asociaciones judiciales que se expresaban a través de conferencias o directamente en los medios de comunicación. De pronto hay multitud de perfiles judiciales en el debate público. Unos pocos usando su nombre real; la gran mayoría escondidos bajos seudónimos. Tenemos así acceso directo a las opiniones de multitud de jueces sobre todo tipo de asuntos, ya sea deportes, política o derecho.

Esta situación tiene muchos aspectos positivos. De una parte, es una ventana abierta al modo de pensar de nuestra judicatura. Uno puede descubrir que entre las personas que tienen la tarea de dictar justicia hay variedad de gustos, aficiones y opiniones. Está el juez que colecciona robots, la magistrada que escribe poesía, otros enganchados a series televisivas o al ballet clásico. Esa diversidad contribuye a humanizar a personas a las que sólo se suele visualizar con la solemnidad de sus togas y el poder absoluto en la sala de vistas.

Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de debatir en persona sobre cuestiones de derecho con quienes suelen tener la última palabra en su aplicación es interesante. Twitter está permitiendo extender las fronteras de la discusión jurídica mediante conversaciones en las que a menudo participan también profesores, abogados, fiscales y otros operadores del derecho. Cuando alcanzan cierta profundidad y se desarrollan en un marco sano de discusión resultan indudablemente enriquecedoras para todas las partes.

También hay jueces y juezas que aprovechan esta herramienta para explicar, con afán divulgativo y dirigiéndose al público en general, aspectos concretos de la legislación o de su trabajo. Esta tarea divulgativa debe ser una obligación de todas las profesiones jurídicas públicas, porque la ley democrática no puede ser propiedad de unos pocos. Cada vez que un miembro de la judicatura abre un hilo en twitter explicando al lego cómo funciona la aplicación de la ley está ayudando a acercar la justicia a la ciudadanía.

Cuando uno tiene por profesión la de decidir sobre la vida de los demás y para hacerlo dispone de un poder casi absoluto es comprensible que desarrolle ciertos vicios de comportamiento. Entre los abogados, una de las críticas más recurrentes a los jueces es la soberbia y las maneras despóticas con las que algunos de ellos y ellas tratan a las partes durante los procedimientos. Cualquier abogado puede detallar innumerables anécdotas de esta tiranía y malos modos durante las vistas que, a menudo, no tiene más apoyo jurídico que el de la autoridad absoluta que ostentan. No es un vicio de todos los magistrados, ni muchísimo menos, pero está extendido y puede provocar que fuera de su juzgado pretendan opinar y actuar con una soberbia similar.

Sin embargo, el ejercicio de enfrentarse en Twitter a tantos ciudadanos, muchos de ellos anónimos, que opinan sin reparo le quita la soberbia a cualquiera.  En ese sentido, creo que gran parte de la judicatura tuitera se está adaptando a un tipo horizontal de discusiones al que no suelen estar acostumbrados. Forma parte del haber de esta ‘salida del armario’ de jueces y magistrados. Otros no son capaces y hacen como esa famosa jueza tuitera que intentó ejercer su derecho de rectificación cuando “El jueves” publicó la estadística inventada que ‘demostraba’ que la mayoría de los criadores de ovejas las mantienen sólo por deseo sexual. Se enfadó con quienes nos reímos de ella y nos bloqueó para siempre.

La transparencia, sin embargo, tiene sus riesgos. Esencialmente, el de mostrarnos la realidad de las miserias humanas. En Twitter he encontrado magistrados abiertos de mente, con vocación de servicio al público y conscientes de su papel democrático. Y otros que no.

El acceso a las cuentas y opiniones de tantos jueces dibuja un panorama extraordinariamente corporativo. Con honrosas excepciones, se cierran como una piña frente a cualquier crítica a su función. No es infrecuente que se sumen a las críticas al Consejo General del Poder Judicial o incluso al Tribunal Supremo, pero defienden con uñas y dientes cualquier comentario sobre las carencias de sus sistema de elección, las necesidades de mejorar su formación continua en determinados temas o –no digamos ya- su falta de neutralidad en determinados casos. Es algo común en la mayoría de las profesiones, producto de que nadie quiere desmerecer de su posición, así que tampoco debe merecer mayor censura.

Un vistazo a sus inclinaciones políticas, en los casos en los que las ponen de manifiesto, también resulta desolador. Es posible encontrar en la red social perfiles judiciales que difunden o apoyan mensajes de partidos ultraderechistas como VOX. Son absoluta mayoría los que retuitean o dan ‘me gusta’ a líderes políticos y opinadores cercanos al ala más conservadora del Partido Popular o, últimamente, de Ciudadanos. Quienes dejan entrever su apoyo a opciones más progresistas son, sin duda, muy minoritarios. En este punto hay que reconocer, sin embargo, que son numerosos los jueces de twitter que intentan evitar pronunciarse directamente sobre cuestiones políticas y disimulan sus preferencias. Son conscientes de que quien imparte justicia debe dar una apariencia de neutralidad ideológica que hace más aceptable sus decisiones en determinados asuntos, excluyendo cualquier duda de que su manera de pensar influya en su estricta aplicación de la ley. Y esto nos lleva a la peliaguda cuestión de si, en última instancia, no sería conveniente limitar la presencia de jueces que se reconozcan como tales en las redes sociales.

Es una cuestión compleja, con múltiples aristas, que debe afrontarse partiendo de la libertad de expresión. Todos los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente sus opiniones sobre cuestiones de interés general. Los jueces también. Sin embargo, también es cierto que este derecho tiene restricciones personales derivadas de la profesión del titular, aceptadas cuando uno decide ejercerla. Así, por ejemplo, la obligación de mantener el secreto de las deliberaciones y de los datos conocidos en razón de la profesión. Un juez, razonablemente, no puede divulgar en twitter datos de los asuntos que tiene que resolver ni cuestiones que conozca en razón de su profesión como juez. Eso es lo más obvio.

En España el Consejo General del Poder Judicial tiene la tendencia a intentar castigar disciplinariamente a los magistrados tuiteros que critican en público sus decisiones organizativas. Es un disparate. Los jueces y juezas deben poder criticar la política judicial, del mismo modo que son libres de comentar cambios legislativos o incluso decisiones de compañeros suyos en asuntos concretos. No sólo se trata de casos en los que los jueces se expresan como ciudadanos en ejercicio de su libertad de expresión antes que como funcionarios, sino que todo ello enriquece el debate jurídico del país.

Frente a ello, la cuestión más peliaguda tiene que ver con un principio que resulta vital para mantener la autoridad democrática de la justicia: la imparcialidad objetiva. Se trata de que el juzgador mantenga siempre la apariencia de que no tiene formadas de antemano convicciones que determinen su decisión de ningún asunto. Implica, entre otras cosas, que el juez debe evitar acciones que públicamente transmitan la idea de determinada adscripción ideológica. Por ello, resulta problemático que un juez manifieste en público su ideología política; o sus fobias y filias en cuestiones ideológicas que causen división. Es poco estético, puede ser causa de recusación y daña a la imagen de la justicia en general.

La mayoría de jueces en Twitter ha elegido por esconder su identidad bajo seudónimos. No creo que lo hagan para evitar las sanciones del CGPJ sino para evitar recusaciones y mantener una apariencia de imparcialidad cuando estén en sus juzgados. Es una solución razonable sólo a medias. El debate público sano exige una situación de responsabilidad mutua a igualdad de armas que no se da cuando uno debate frente a quien se ampara en la libertad irresponsable que le da un seudónimo. Por otro lado, quienes se presentan públicamente con su nombre y hasta su foto deben moverse siempre en el difícil límite entre la sinceridad y la parcialidad. Seguramente, el juez del supremo que mencionaba al principio de este artículo no debió pronunciarse tajantemente sobre la calificación jurídica de unos hechos que pueden llegar a su propia jurisdicción. Sin embargo, que desapareciera la presencia judicial en la red sería una pérdida para todos. A pesar de que algunos a veces caigan en los prejuicios políticos, o en la soberbia intelectual o el corporativismo, todo eso muestra simplemente que los jueces son personas. Conocerlas y dialogar con ellas es una de las grandes aportaciones de Twitter al mundo del derecho.

[47ronin]

El tuit que la jueza de Podemos no debió poner: se enfrenta a una suspensión por revelar datos reservados


El fiscal y el promotor disciplinario del CGPJ piden que se sancione a Victoria Rosell, en este momento candidata a vocal del órgano de gobierno de los jueces.
Rosell, exdiputada de Podemos, denunciada por dar datos de un atestado en un tuit
Fracasa un expediente disciplinario contra la jueza Rosell
La jueza Rosell se cae de la lista de Podemos por sus problemas con la Justicia
10 septiembre, 2018 02:56

 VICTORIA ROSELL  PODEMOS  CGPJ  TWITTER EXPEDIENTE SANCIONADOR
María Peral  @Maria_peral
¿Puede un juez utilizar documentos reservados que conoce por razón de su función y fotografiarlos para su cuenta personal de Twitter? Y si lo hace, ¿merece una sanción disciplinaria? El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, y el magistrado Ricardo Conde, promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, creen que sí.

Ambas autoridades han pedido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que imponga un mes de suspensión de funciones a la jueza Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, por utilizar para ilustrar un tuit la carátula de un atestado de la Guardia Civil en el que se denunciaba a un ciudadano por un presunto delito de falsedad documental.


El tuit fue publicado el pasado 13 de abril, en coincidencia con el escándalo por la presunta falsificación de las firmas de los profesores del máster de Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid. Rosell escribió que se le venía a la cabeza el principio de igualdad ante la ley cuando "recibes un atestado por 'delito de falsedad en documento oficial' por una pegatina de la ITV".


Tuit de Rosell./
E.E.

El problema no está sólo en la utilización de un documento que forma parte de un procedimiento judicial -conocido por ella debido a su cargo- para dar opiniones personales en las redes sociales. A ello se suma que algunos datos que Rosell tachó con rotulador resultaban visibles -como la matrícula del coche denunciado- y otros -la propia identidad de la persona denunciada e incluso su DNI- podían apreciarse aplicando un simple photoshop.

La visibilidad de los datos fue apreciada por varios tuiteros, que advirtieron de ello a Victoria Rosell. La jueza lo agradeció y contestó que se daba por avisada "para otra vez". No borró el tuit, que ha permanecido en la red hasta hace unas semanas.

El promotor de la acción disciplinaria y el fiscal coinciden en que Rosell habría incurrido en una falta muy grave de "revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella". A su juicio, se produjo un evidente incumplimiento del deber de reserva que incumbe a los miembros del Poder Judicial, sin que ni siquiera Rosell tuviera el cuidado de comprobar si los datos de identidad del ciudadano implicado se podían ver.

Y consideran también que, aunque la jueza no lo pretendiera, ha causado un daño objetivo al permitir, con un comportamiento que consideran negligente, que un gran número de usuarios de Twitter (la cuenta de Rosell tiene 36.000 seguidores) que nunca debieron conocer los datos personales de un ciudadano denunciado por un delito de falsedad documental tuvieran acceso a ellos.

El fiscal y el promotor han solicitado a la Comisión Disciplinaria del CGPJ que suspenda a Rosell de empleo y sueldo durante un mes, una sanción que está en el rango bajo ya que la suspensión disciplinaria de los jueces puede llegar a los tres años.

Fuentes de ese órgano afirmaron que el dictamen del fiscal es especialmente duro. Aseguran que el Ministerio Publico reclama una sanción "ejemplar" para la jueza al entender que quien tiene por misión proteger los derechos fundamentales de las personas -entre ellos, su honor, intimidad e imagen- no puede ponerse a divulgar en las redes sociales datos personales de una persona que está siendo investigada por un delito grave, como es la falsedad documental.

Rosell acaba de presentarse al cargo de vocal del CGPJ en la lista de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, candidatura a la que no ayuda en absoluto la existencia de este expediente disciplinario. Nunca se ha dado el caso de que acceda al órgano de gobierno del Poder Judicial un magistrado sancionado o con un expediente abierto. 

[Celestino]

A quién se le ocurre 

[47ronin]

Fiscalía advierte del uso de chats de padres "donde se falta al respeto al profesorado y compañeros"

 
10 de septiembre de 2018PIXABAY   
   MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía General del Estado ha advertido del uso de chats por parte de los padres en los que "se falta el respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa". En este sentido, el Ministerio Público incide, en su memoria anual, en la importancia de la prevención y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, que "no debe restringirse a los menores, sino también a los padres".

   En cuanto acoso escolar, la Fiscalía ha detectado un descenso de las denuncias tras los incrementos registrados en 2015 y 2016, aunque admite que, "a menudo, los actos de acoso tienen lugar como consecuencia de un mal uso de las TIC".

   Concretamente, hace mención al caso de la red social Instagram, "el medio que más gusta a los jóvenes que se siente más integrados cuántos más seguidores y 'likes' alcanzan". En este sentido, el departamento que dirige María José Segarra, ha alertado del riesgo de una "desviada utilización" de la citada red que "lleva a alterar perfiles, subir fotos y videos no consentidos, enviar mensajes de contenido sexual y degradante".

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   En este sentido, ha precisado que en algunos casos estas conductas las cometen "menores de catorce años cuyos padres no tienen ningún control sobre los dispositivos electrónicos de sus hijos" y refiere que, en casos de acoso escolar, "se ha tenido noticia de chats de padres donde se falta al respeto al profesorado, a compañeros y a la comunidad educativa".

    En casos en los que se ha descubierto un mal uso de las nuevas tecnologías por parte de menores investigados, la Fiscalía ha solicitado medidas de libertad vigilada, que incluían reglas directamente dirigidas al control el buen uso de las TIC. Aparte de esas conductas, se han empezado a detectar más casos de menores implicados en distintas modalidades de estafas cometidas por Internet, sobre todo compras fraudulentas.

ACOSO ESCOLAR
   En cuanto al acoso escolar, el ministerio público ha observado en 2017, tras los incrementos de denuncias en 2015 y 2016, un descenso de las denuncias. Concretamente, en Madrid se ha pasado de 230 a 192 y esta tendencia se ha constatado también por otras fiscalías como la de Sevilla o Valladolid. Además, gran parte de las diligencias se archivan por ser los denunciados menores de edad inferior a catorce años --42,19 % en Madrid, o más del 50 % en Navarra y otros lugares--.

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   Lo que si se ha detectado son denuncias contra niños de muy corta edad, "por conflictos carentes de relevancia jurídico penal" que, en la mayoría de los casos y en opinión del ministerio público, "no revisten gravedad, tratándose de conductas puntuales".

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   La institución entiende que esto "no se óbice" para que las denuncias por acoso escolar resulten "asuntos complejos", debido a que "en ocasiones los padres de los denunciantes magnifican los hechos y los acosados responden con insultos a los acosadores; mientras que los padres de los denunciados no admiten la responsabilidad de sus hijos y éstos no tienen conciencia de ser responsables de los hechos".

   Según el Ministerio Público, los factores apuntados determinan que las soluciones extrajudiciales del art. 19 LORPM (conciliación y reparación) "siguen siendo la mejor vía de salida a estos conflictos", ya que el menor denunciado "recibe su reproche, evitando que reitere sus conductas y se sortea la vista penal, con la victimización secundaria que puede suponer para los acosados".

[Heracles_Pontor]

Las RRSS las carga el diablo, luego, en ocasiones, nos extrañan las cosas que ocurren.

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[47ronin]

La Comisión Europea quiere que las webs borren los comentarios relacionados con terrorismo en menos de una hora

El texto, paralelo a la nueva ley de copyright, aún no ha entrado en vigor pero propone regular los comentarios en Internet

Entra en conflicto con dos derechos básicos de la Unión Europea: el de libertad expresión y el que ampara la confidencialidad de nuestras comunicaciones

Si finalmente la norma pasa, todo aquel que administre una web tendrá que estar atento a los comentarios que se vierten en ella, y borrarlos
David Sarabia
12/09/2018 - 21:48h

El Parlamento Europeo da luz verde a los filtros de contenido y el canon AEDE de la directiva sobre copyright

24 horas. Es el plazo que quiere dar la Unión Europea a las "plataformas de Internet" para borrar los comentarios relacionados con el terrorismo que aparezcan en sus webs. Si una vez pasado ese tiempo no han eliminado las expresiones, y si esto ocurre repetidas veces, entonces se enfrentarán a sanciones "de hasta el 4% de su volumen de negocios mundial", según la Comisión Europea. La norma también prevé que el contenido no pueda volver a subirse al sitio del que fue eliminado.

Todavía es una propuesta, pero si sale adelante lo hará en el mismo lugar donde este miércoles perdimos la batalla contra el canon AEDE y los filtros de contenido. De esta forma, tanto YouTube como el administrador de una página en WordPress tendrán que afrontar, en el mismo plazo de tiempo, el borrado de los comentarios "que incite a la comisión de delitos de terrorismo o abogue por ella, fomente las actividades de un grupo terrorista u ofrezca instrucciones técnicas para la comisión de estos delitos", según Bruselas.

Este texto es la punta del iceberg, pero la cuestión viene de largo. En el 2017, la Comisión ya publicó un comunicado para borrar contenido ilegal de Internet. En marzo de este año hizo  una Recomendación sobre esto mismo y ahora, según la Asociación de Derechos Digitales Europeos (EDRi), la propuesta ha cristalizado gracias a la presión de Francia y Alemania.

"En principio son medidas positivas y en las que el delito, aparentemente al menos, está justificado", explica a eldiario.es Sergio Carrasco, abogado especializado en Internet y miembro del bufete de faseconsulting.es.  La Comisión especifica que la eliminación de esas expresiones tenga que hacerse "en el plazo de una hora" desde que se publican, "franja crítica en la que se producen los mayores daños" según los parlamentarios. Será la policía de cada país quien avise a los dueños de las webs de que hay algo que deben borrar.

"Siempre se ha dicho que las primeras horas de difusión son las más fuertes, es cuando tiene esa repercusión más grande; y por eso han puesto este plazo de una hora, que es llamativo", continúa Carrasco. Bruselas dice que es en este tiempo cuando el 33% de los links que incluyen contenido terrorista  se expande en Internet. En las siguientes cuatro horas lo hace el 75% de los enlaces.
Juncker propone reforzar el papel del euro en los mercados internacionales

Jean Claude Juncker, el Presidente de la Comisión Europea EFE

"Mal aplicada será censura"

La Comisión Europea no especifica cómo deben hacer frente estas "plataformas de Internet" a la medida. "No todos los prestadores tienen la misma capacidad", continúa Carrasco, quien asegura que la norma "no distingue entre grandes y pequeños". El abogado se refiere a las herramientas que cada medio, página web, red social o blog tenga disponibles para salvar el factor tiempo.

Bruselas obliga así a los webmasters y a los dueños de los blogs a estar permanentemente alerta por si alguien o algo (un bot programado a propósito, por ejemplo) hace apología del terrorismo en los comentarios de su sitio. A pesar de ello, Carrasco recuerda que "no es igual el riesgo que puede haber en un prestador grande que en uno pequeño: la difusión de contenido terrorista en Facebook no es igual que ponerlo en el blog de una persona que normalmente tiene 10 seguidores".

La pregunta es qué pasaría si un enlace que lleva a los comentarios contenidos en un sitio pequeño se viraliza. ¿Cómo afrontaría el dueño de ese sitio el borrado de los comentarios si, por ejemplo, no se encuentra en su casa o se trata de un blog que abandonó hace años? Esos escenarios no están contemplados en la norma que próximamente prevé aprobar la Comisión.

"Esta norma, mal aplicada, podría llegar a suponer un acto de censura. Va a provocar que el prestador del servicio, ante cualquier tipo de petición, proceda a la retirada", anticipa el abogado. La libertad de expresión está contenida en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y se trata, según Carrasco, de "uno de los derechos más complejos que existen, por lo que en una hora es muy complicado discutir y analizar un contenido así".
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Varios terroristas del ISIS

Sin expectativas de privacidad en las comunicaciones

No es el único apartado comunitario que la norma pretende volar por los aires. Como recuerda la EDRi, "la Comisión propone la posibilidad de la derogación explícita del artículo 15 de la Directiva sobre comercio electrónico, que impide a los gobiernos exigir a las empresas de Internet que controlen todo lo que digamos y publiquen en línea".

Ese artículo garantiza la confidencialidad de las comunicaciones dentro del territorio europeo y previene ante lo contrario: "los Estados miembros deben prohibir cualquier forma de interceptar o vigilar esas comunicaciones por parte de cualquier persona que no sea su remitente o su destinatario salvo que esté legalmente autorizada". Con la nueva norma, Bruselas se reserva el derecho a derogar este apartado "considerando los riesgos particularmente graves que entraña la difusión de contenidos terroristas", según se refleja en el artículo 19 de la propuesta.

Las "plataformas de Internet" que no cumplan serán sancionadas por los Estados correspondientes. "Los que tengan medios irán a los tribunales de justicia y los que no, pues se verán afectados por esto", dice Carrasco con cierto aire de resignación. Otra lectura que ofrece el abogado es que solo se apliquen las primeras multas a modo de sanciones ejemplares "para demostrar la fuerza de la norma" y que, según pase el tiempo, se la considere como "una sanción no ya solo disuasoria, sino también desproporcionada".

Por si todo esto fuera poco, la propuesta también exige a las autoridades de cada país "detectar e identificar los contenidos terroristas" y les anima a  "pedir órdenes de borrado y auditado" de los sitios que alberguen este tipo de comentarios. Los países de la UE también podrán pedir a las webs que les informen de las medidas que estén llevando a cabo. "Si tales medidas no se consideran suficientes, los Estados miembros deben tener la posibilidad de imponer determinadas medidas adicionales", dice Bruselas. No lo olviden: será la policía de cada país la que denuncie y obligue a borrar cada comentario, no un juez.

[47ronin]

Las RRSS las carga el diablo, luego, en ocasiones, nos extrañan las cosas que ocurren.

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"El asesinato de Lorca está justificado por maricón": la Fiscalía pide prisión para un tuitero por homofobia y racismo

    "Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!" o "Guarro que veo, guarro que apaleo" fueron algunos de los mensajes que escribió el acusado bajo pseudónimo
    La Fiscalía considera que los comentarios son constitutivos de un delito de odio, y solicita prisión, multa e inhabilitación de sufragio pasivo para el tuitero

infoLibre
contacta@infolibre.es @_infoLibre
Publicada el 14/09/2018 a las 12:11 Actualizada el 14/09/2018 a las 13:01

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita dos años de prisión y multa para un hombre acusado de un delito de odio por la difusión de mensajes de carácter homófobo, racista y xenófobo a través de Twitter. La vista oral está señalada el lunes, 17 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, a las 11.10 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que, el 30 de octubre de 2014, el acusado introdujo en la red social Twitter, bajo un seudónimo, el mensaje: "El asesinato de Federico García Lorca está justificado desde el minuto uno por maricón. He dicho".

Incluyó además otros mensajes, en uno de ellos, bajo la imagen de la película La naranja mecánica, puso el comentario: "Guarro que veo, guarro que apaleo". En otro mensaje redactó: "Los españoles primero. Rojos no, gracias. ¡Viva España!". También subió otros mensajes sobre la supremacía racial blanca, refiriéndose, entre otros, al término aryanism (en alusión a la raza aria).

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de odio del artículo 510.1 (redacción anterior a 2015) del Código Penal y solicita que se condene al acusado a dos años de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios (2.700 euros).

[Celestino]

Y tendrá una legión de seguidores, qué pena de gente.

[47ronin]

HAY GENTE PARA TODO
Una chica pide fotos para adoptar un perro y lo que sucede es de vergüenza ajena
Medios online, 16 de septiembre de 2018 a las 07:35


Mensaje RS
Tecnología | Internet

Difícil dar más asco. En un hipotético concurso de ser un trozo de mierda nauseabunda, este troglodita sería expulsado por ser demasiado profesional. Y me quedo corto con la descripción.

De verdad, ¿cómo se puede llegar a estos límites de poca vergüenza y falta de dignidad?

¿Qué diablos se te pasa por la cabeza para hacer estas cosas? Y, por desgracia, no es la primera ni será la última historia de este tipo que conocemos, según sq.

La usuaria de Twitter @LolaMarquez12 compartía en su perfil de esta red social una captura de pantalla que ha corrido como la pólvora por Internet, convirtiéndose en uno de los fenómenos virales del día.

La joven le preguntaba por WhatsApp a otra persona por un perro de raza husky siberiano, que presuntamente estaba ofreciendo para ser adoptado, pero la respuesta de este “señor” (por decir algo) le dejó con la boca abierta.

    “Esto no me puede estar pasando a mi. Ya no se puede preguntar ni por un perro.”

Es imposible dar más asco con menos palabras. Imposible.

[47ronin]

Los mensajes en el chat de los jueces durante el 'procés': "Con los golpistas no se negocia ni se dialoga"

En algunos correos que los jueces se intercambiaron antes y después del 1-O se compara el independentismo con el nazismo y se critica a las asociaciones judiciales progresistas

"El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos", asegura un juez antes de la DUI, mientras otro califica el 1 de octubre de delito de sedición "rayando la rebelión"

Otros magistrados llaman a la calma, piden evitar comparaciones con épocas de "violencia explícita" y aseguran que no aprecian tensión en el juzgado ni la calle
Arturo Puente / Oriol Solé Altimira

64 Comentarios
19/09/2018 - 22:00h


Captura de uno de los mensajes enviados en el foro de los jueces


La tensión que el independentismo catalán generó en la carrera judicial inmediatamente después del 1 de octubre, que  este diario reveló a través de los mensajes dejados en los correos corporativos de algunos magistrados, empezó durante el mes de septiembre y ha seguido durante el último año, según los nuevos correos a los que ha tenido acceso eldiario.es en colaboración con elmon.cat.

En ellos, algunos de los miembros de la magistratura muestran sin tapujos su animadversión a los miembros del Govern catalán, comparan la situación que se vive en Catalunya con el nazismo y dan vivas al rey y a los cuerpos de seguridad del Estado. Otros magistrados utilizan el chat para hacer llamamientos a la calma, dar su apoyo a los jueces que ejercen en Catalunya o para mostrar disconformidad con su colega Federico Vidal, que tildó de "terroristas uniformados" a los policías del 1-O, y que ha acabado multado por el Poder Judicial y denunciado por la Fiscalía.

Las palabras gruesas, referidas al "régimen nazi", comienzan antes del 20 de septiembre de 2017, cuando comenzaron a producirse los hechos que serían posteriormente calificados penalmente como sedición y rebelión. Una semana antes, por ejemplo, un magistrado de Barcelona había escrito: "La situación grave se puede producir por el carácter extremista de quienes detentan el poder en Cataluña, pues ya no hay nadie moderado. Lo mismo que ocurrió en Alemania en épocas remotas".

Quince días después, el mismo juez explica que amigos suyos le han dicho "vete o te enteras". "Puro nazismo", zanja. Consultadas por este diario, fuentes cercanas al magistrado explican que el juez dice no recordar exactamente los términos de comentarios vertidos hace un año y que circunscribe "al ámbito personal" el segundo de los mensajes después de que "una persona muy próxima le dijo que se fuera de Catalunya", tal y como el propio juez escribe en el chat.




A ese mismo correó contestaba otro juez que había estado destinado en diferentes juzgados de Catalunya, y que aseguraba que se marchó para "que el virus del odio no inoculara a nuestro hijo". Y otro togado tercia en su respuesta que en los últimos años "todo se ha impregnado del germen independentista".



Pero es en octubre, cuando se suceden los hechos más álgidos del independentismo, el momento en el que el foro privado de los jueces se enciende y recibe el mayor número de mensajes. "El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos o no se salda", asegura un magistrado el día 6 de octubre: "el baño de sangre que deseaban no puede quedar impune". "Entre el Rey (¡Viva el Rey!) y la Caixa y el Banco Sabadell los han puesto contra las cuerdas", añade. "Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil, viva España y viva los compañeros que de verdad miran por el ordenamiento jurídico", dice otro magistrado en respuesta al incendiario mensaje de Vidal.



Otro no duda en hablar "como español, catalán y juez" para calificar los hechos como "un golpe de Estado" y verlo por tanto como un delito de sedición y "rayando" el de rebelión. "Con los golpistas, se llamen Tejero o cualquier otro de la actualidad (ya sabéis quiénes son) no se puede dialogar. Se les debe imputar y si son inocentes ya lo dirá la sentencia que en su día recaiga", asevera, para apostillar: "Con los golpistas no se negocia ni se dialoga". Un tercero apunta inmediatamente que espera que a los "sediciosos" catalanes "los traten en la cárcel lo mismo que al señor Tejero".



El inusual chat en el que se vierten estos mensajes son cadenas de mails que reciben cientos de magistrados de toda España, y al que cualquiera de ellos puede contestar, incorporándose en la conversación. Pero, para participar, los jueces deben usar sus cuentas de correo corporativo, que es el que está registrado en estas listas de correo. Esta circunstancia no impide que cerca de una veintena de jueces utilicen el chat profesional para lanzar mensajes con profunda carga política y en tono encendido.

Tampoco dudan en atacar a algunas asociaciones profesionales como Jueces por la Democracia, después de que el 3 de noviembre pasado emitiera un comunicado cuestionando que la juez Lamela hubiera respetado el derecho a la defensa de los encarcelados. Las críticas se centran en la supuesta falta de corporativismo de la asociación, al haber criticado a una magistrada. "Jamás un juez, y menos una asociación, debe criticar públicamente la actuación de otro", asegura una miembro de la carrera judicial el día 5 de noviembre. También se lanzan críticas a la nueva asociación Àgora Judicial y se tilda de "palabrería hueca" su propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Pero entre tanto ruido también hay togas que llaman a la calma. Una jueza de Barcelona lamenta el "vapuleo" y la "desobediencia" que llevan a cabo los dirigentes independentistas, pero pide a sus colegas "serenidad y respetar incluso al que desbarra". "No hagamos como los políticos", añade, para a renglón seguido tildar de "mezquina" la comparación entre el 'procés' y "los tiempos de violencia explícita".

Otro juez que ejerce en el área metropolitana de Barcelona expone "sin ánimo de polemizar" que no ve el mal ambiente del que hablan sus compañeros. "No aprecio tensión en el juzgado ni en la calle ni el pueblo en el que vivo ni en ningún otro sitio, ni siento presiones de ningún tipo por parte de nadie.... en fin, que no le veo más problema al tema que el de seguir aplicando la ley vigente en todo momento", asevera antes del 1-O pero después que el independentismo aprobara las polémicas leyes de desconexión en el Parlament.



Y otra jueza del Baix Llobregat hace un diagnóstico a mediados de septiembre que un año después se ha mostrado premonitorio: "Hay cierta inquietud, pero también creo que no es necesario pensar qué pasará después del 1-O porque yo creo que no va a pasar nada. Actos ilegales, normas suspendidas... la Constitución y el resto del ordenamiento siguen vigentes [...] ¿De qué sirve una declaración unilateral de independencia tras un referéndum ilegal y sin garantías y sin que el Estado español ni ningún otro reconozca Cataluña como estado? De nada".




Una lista de distribución de mails con cientos de jueces de toda España

El foro en el que están vertidos los mensajes es en realidad una lista de distribución de mails a la que están asociadas cientos de cuentas profesionales de jueces y a los grupos autonómicos de los magistrados. Estas listas se utilizan de forma profesional para la organización y coordinación de los juzgados o para difundir información y anuncios relevantes, pero también se forman intercambios de opiniones y discusiones sobre diversos temas.

De esta forma, cuando se envía un mail con un asunto nuevo se inicia un hilo que pueden ver todos los participantes de la lista de distribución, al igual que cada respuesta que ese mail reciba de forma abierta, que llegará a las bandejas de todos los jueces. El funcionamiento es exactamente el mismo que el de un foro cerrado, con la diferencia de que en este caso solo las cuentas de correo profesionales pueden tener acceso a los mensajes de la lista.

[Heracles_Pontor]

Esto no hace otra cosa más que añadir leña al fuego independentista.

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[47ronin]

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Torra pide la dimisión de Lesmes por los mensajes de varios jueces sobre el 'procés'


Torra prevé dirigirse también a la comisaria europea de Justicia para trasladarle su "preocupación y queja"

 VOZPÓPULI

20.09.2018 - 09:59
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha hecho una declaración institucional este jueves en la que ha pedido la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, e instará a al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que tome medidas por las conversaciones de jueces sobre el independentismo.



En un mensaje institucional, también ha dicho que este mismo miércoles pedirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una actuación "inmediata y contundente", y además encargará a la Generalitat un informe jurídico sobre posibles acciones a emprender.

Torra prevé dirigirse también a la comisaria europea de Justicia para trasladarle su "preocupación y queja".

La declaración se ha producido a las 9.30 horas con motivo del primer aniversario de la movilización del 20S frente a la conselleria de Economía del gobierno catalán, que posteriormente motivó el encarcelamiento de los 'Jordis'.

"Golpistas" o "nazis"
Por su parte, el PDeCat ya anunció este miércoles que pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, después de que hayan sido publicados mensajes de jueces publicados a través de un 'chat' oficial de la judicatura.

Según publicaron este miércoles 'eldiario.es' y el catalán 'El Món', jueces y magistrados de toda España enviaron correos electrónicos a través del canal oficial del Consejo Oficial del Poder Judicial durante el 'procés' en los que se habla de los líderes independentistas como "golpistas" o "nazis" y de quienes se movilizan por la independencia con apelativos como "violentos", "criminales" o "extremistas".

El PDeCat considera "gravísimas y aberrantes" estas descalificaciones y denuncia que estos correos electrónicos certifican la "persecución ideológica" del independentismo catalán

Tras desvelarse el contenido de estos correos, el PDeCat pedirá que Delgado explique en sede parlamentaria estos "insultos y descalificaciones" contra los dirigentes independentistas "a través del correo oficial del CGPJ". Igualmente, ha anunciado que denunciará el caso a la Fiscalía y propondrá la creación de una Comisión de investigación en el Congreso.

Descalificaciones "aberrantes"
El partido considera "gravísimas y aberrantes" estas descalificaciones y denuncia que estos correos electrónicos certifican la "persecución ideológica" del independentismo catalán y la "total indefensión e inseguridad jurídica en el Estado". Asimismo, considera que deberían comportar "la anulación inmediata" del proceso judicial contra los dirigentes independentistas.

Se trata de un foro que funciona a través del servidor poderjudicial.es. que funciona como una lista de distribución de correos electrónicos a la que están asociadas cientos de cuentas profesionales de jueces y a los grupos autonómicos de los magistrados, según informan los citados medios.

[47ronin]

De "te voy a violar analmente" a "estás muerta": el acoso machista contra Pastor, Bueno y otras periodistas


La PDLI presenta hoy en Cibeles el documental 'Spain on the line'.   
Las profesionales reciben amenazas como "mataré a tus hijos" o "te balearé la vagina".
20 septiembre, 2018 10:55
 
Lorena G. Maldonado  @lorenagm7

Internet comenzó a calar en el grueso de la sociedad española a principios del año 2000, y a la ciudadanía se le abrieron infinitas vías de información y de expresión por obra y gracia del ADSL: era el milagro de la democratización de la voz de cada usuario, sin jerarquías, sin discriminaciones de ningún tipo. Todo el mundo tenía derecho a la palabra. Sin embargo, pronto quedó claro que la red acabaría reflejando los vicios machistas que ya arrastraba la propia sociedad. La opinión, los enfoques y la óptica de la mujer en el mundo virtual siempre han sido perseguidos y castigados con mayor dureza que las propuestas de los hombres. El fin es la marginación, el habitual silencio.

A la mujer usuaria, igual que sucede en la vida real, se la sexualiza, se la veja, se la amenaza para neutralizarla y hacerla desaparecer, para subrayarla como objeto, no como sujeto democrático con opción a la intervención en el debate público. Cánceres sociales como el acoso o la violencia machista se han reproducido en la red, y se acentúan especialmente cuando la mujer participa en la actualidad informativa, como le sucede a las periodistas. Su derecho a la libertad de expresión y de información se vulnera continuamente: molestan, chirrían, su trabajo es doblemente cuestionado.

Lo cuenta Virginia P. Alonso, codirectora de Público y presidenta de la PDLI (la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información): “Las redes son el lugar donde tiene lugar la disidencia, donde por primera vez en muchos años, de forma abierta, la gente expresa libremente su opinión, pero sobre todo de unos años a esta parte es cierto que empieza a ser una red incómoda. En España refleja perfectamente la polarización política e ideológica que hay dentro de la sociedad. Las trincheras”.

La mayor parte de este castigo por empuñar la palabra cae, y no es sorpresa, en las mujeres. La plataforma que lidera Alonso presenta esta tarde en Cibeles, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el ’I Encuentro sobre Feminismo y Medios: Hacia un periodismo con perspectiva de género’. el evento será inaugurado por Carmen Calvo y Manuela Carmena. Se estrenará también el documental Spain on the line sobre el acoso digital a mujeres periodistas, realizado por el International Press Institute en colaboración con la PDLI.

La "agresividad" de Pepa Bueno
Es en ese trabajo documental donde algunos de los principales rostros y firmas de nuestros medios -que alcanzan una gran masa de oyentes, telespectadores o lectores- revelan la situación que están sufriendo. “La amenaza, la agresión, en mi caso es permanente y muy cotidiana. Coincide siempre con asuntos delicados, en los que la sociedad está muy polarizada, o cuando abordamos asuntos que tienen que ver con la igualdad de género”, explica Pepa Bueno. “Las periodistas hacemos entrevistas ‘agresivas’, pero cuando la entrevista es dura la hace un periodista es una entrevista profesional, oportuna, documentada y muy profesional”. Recuerda que “si los políticos y quienes tienen liderazgo social alimentan esa doble manera de calificar a unos y a otros, naturalmente que alimentan el acoso”.

Aparecen algunos de los tuits que le dedican a Bueno: desde “rata del pesebre” a tachar sus entrevistas de “encerronas”. A Ana Pastor le llegan mensajes como estos: “Voy a matarte, Ana Pastor, nos caes muy mal, en menos de siete días estarás muerta hija de puta” o “Yo sé quién eres tú, pero tú no sabes quién soy yo, voy a violarte analmente para que disfrutes antes de morir, te voy a matar”, hasta “esa sonrisa de puta mierda y esos ojos cambaos que tienes te los voy a romper con un bate de béisbol, luego te arrancaré la cabeza, puta asquerosa”.

Cuenta Pastor que, a su juicio, hay que diferenciar quién lanza ese mensaje: “No es lo mismo una persona anónima que cuando hay un político detrás, o una estructura creada o institucionalmente más protegida. Un dirigente del PP, cuando yo trabajaba en Televisión Española, dijo abiertamente en las redes que había que destituir a Ana Pastor, y, qué sorpresa, me destituyeron”, reflexiona. “Son niveles diferentes: si la persona tiene una posición de poder es un ataque a la libertad de expresión, cuando es una persona anónima que descarga su ira y su machismo por las redes, hay que denunciarlo, pero son ataques distintos”.

Extrema derecha y amenazas de muerte
Mònica Terribas, presentadora de El matí de Catalunya Ràdio, relata que a ella no le preocupa “que haya un grupo e extrema derecha tirando piedras contra los cristales de la radio, sino que la Policía no lo haya identificado cuando hay imágenes, que no se haya abierto un proceso, que no se haya actuado de oficio como delito de odio”. “Me preocupa un sistema que no me garantiza nada, aún habiendo amenazas directas a personas que comprometen su integridad física”. Recuerda Terribas que emocionalmente no le afecta, “porque yo estoy tranquila con mi trabajo”. “Siempre en la vida, no ahora por el conflicto de Cataluña, será por otra cosa, siempre va a haber gente que intente herirte”.

La periodista Cristina Fallarás ha recibido amenazas tan feroces como aquellas que aseguran que van a matar a sus hijos, detallando las edades de cada uno. “Esto modifica tu vida. Más que un ‘te vamos a balear la vagina’. Luego me dirán ‘no, es que los datos de las edades de tus hijos se pueden encontrar en Google…’, no, es que alguien se ha ocupado de ir a Google y mirarlo. Esa persona ha perdido un tiempo en ti que recuperará. Es gente acostumbrada a amenazar de muerte. Estamos jugando con fuego”.

Reconocerse como víctima
Para Lara Síscar la primera dificultad “fue reconocerme como víctima”: “La primera vez que yo denuncié, la gente no tenía conciencia de que eso fuese un problema real, ni siquiera yo. Yo, que estaba acostumbrada a dar noticias sobre mujeres que en su mundo físico sufrían acoso y maltrato, no podía concebir que lo que yo estaba sufriendo en el mundo virtual fuese maltrato o acoso psicológico. Lo he minimizado. Pensaba que si lo denunciaba se iban a reír de mí”.

La problemática a extirpar la resume Virginia P. Alonso: “La desigualdad de género en los medios y en el periodismo es un grave problema social que tiene consecuencias tanto para los derechos de las mujeres como para el derecho de información de la ciudadanía. Si no se da la igualdad en este plano, la información nace y se distribuye con un sesgo importantísimo, dado que no recoge ni la visión ni el sentir de la mitad de la población”. Es hora de que las instituciones establezcan protocolos de atención a estos casos y tome partido.

[47ronin]

Los lamentos en el chat de jueces tras el 'no' alemán a la rebelión de Puigdemont: "Exigen como si de un país bananero se tratase"

Los magistrados compartieron desde sus correos corporativos su malestar por la decisión del tribunal alemán de no extraditar a Puigdemont

Un juez propone devolvérsela a Alemania reclamando información sobre el cumplimiento de derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes "vista su historia"

Otro pone el ejemplo de un violador para explicar que la extradición podía rechazarse: "Eso no significa que el abusador sexual no sea un hijo de puta"
Oriol Solé Altimira / Arturo Puente
21/09/2018 - 07:00h

El malestar entre la judicatura por el rechazo de Alemania a extraditar a Carles Puigdemont por rebelión no se limitó a los magistrados del Tribunal Supremo. También fue uno de los temas de conversación del chat de jueces cuyo contenido ha desvelado eldiario.es en colaboración con elmon.cat. En concreto, los jueces comentan la primera negativa alemana a la rebelión del 5 de abril, que fue acompañada de la puesta en libertad provisional de Carles Puigdemont.

"Sería interesante saber qué dirían los alemanes si fuera al revés, es decir que un tribunal español hubiera acordado lo mismo que la Audiencia Territorial alemana en un asunto similar", comenta un primer togado, que abre un debate jurídico entre magistrados, acompañado de ejemplos, recuerdos de peticiones de extradición cursadas y proposiciones para tratar la cuestión de las euroórdenes en congresos. "Los jueces alemanes lo que quieren imponer no es la correspondencia de figuras jurídicas entre uno y otro país... es su jurisprudencia sobre violencia", afirma uno.



Un juez de vigilancia penitenciaria asegura que "ante la interpretación del derecho comunitario de estos señores", en referencia a los magistrados de Schleswig Holstein, quiere tratar en un congreso "el estudio de la ley de reconocimiento mutuo desde la perspectiva del vaciamiento de la pena".

"En concreto, he propuesto que antes de decidir hay que pedir información sobre permisos, tercer grado y Lc [libertad condicional], y programas de tratamiento y condiciones higiénico sanitarias y de no violación de los derechos humanos por parte de los funcionarios alemanes, vista su historia, a efectos de comparar y rechazar si no se ajusta al sistema patrio, por ser su sistema inadecuado para la reinserción", asevera.



Esta propuesta provoca varios mensajes de apoyo y de sorpresa por cómo los sistemas de justicia europeos cursan las euroórdenes emitidas desde España. En uno de ellos, una jueza recuerda que tras solicitar una extradición a Holanda por tráfico de drogas, las autoridades neerlandesas "exigían", antes de la entrega, "que les dijera el estado de las prisiones en España, sus condiciones higiénicas, el mobiliario de que disponían, y varias chorradas más".

"Así que lo que planteas no es baladí porque ellos lo vienen exigiendo como si de un país bananero se tratara", zanja en respuesta a la propuesta del primer juez. Cabe recordar que  Bélgica ya preguntó sobre el estado de las prisiones españolas tras la primera euroorden emitida por la Audiencia Nacional contra Puigdemont y los exconsellers.

La posición de la Justicia alemana en abril fue la misma hasta el final del procedimiento, cuando los jueces de Schleswig-Holstein decidieron en julio extraditar a Puigdemont solo por malversación, entrega que el Supremo rechazó. Se basaron los jueces en que no se podía responsabilizar a Puigdemont de los actos de violencia durante el otoño soberanista del año pasado y que a su vez ni el referéndum ni las protestas habían acabado con el orden constitucional vigente.

La argumentación de los jueces alemanes en abril levanta críticas. "La nota de prensa es curiosa y más aún el razonamiento del juez alemán de ser cierto porque si la violencia golpista es capaz de doblegar al poder legítimo (es) que ha triunfado la rebelión y en esta tesitura que va a ser un poco más difícil el que se juzgue a los rebeldes. Vamos que hay algo ahí que hace daño a la razón", razona un juez. "Seguro que los alemanes se quedarían tan alucinados como aquí nos quedamos al leer ciertos mensajes", tercia otro.


" Los jueces alemanes se debieron limitar a examinar la correspondencia entre los elementos de nuestro delito de rebelión y el suyo de alta traición", se queja una togada, quien considera que "la filosofía de la cooperación internacional penal, al menos en el marco de la euroorden, responde al principio de confianza mutua, no de desconfianza, como parece que está ocurriendo".


El debate jurídico en torno al revés judicial alemán es lo más comentado en los días inmediatamente posteriores a que se conociera la decisión, en abril pasado. Sin apenas opiniones contrarias, la mayoría de los magistrados consideran que Alemania ha errado al no extraditar a Puigdemont por rebelión. "El problema simplemente es que el delito está tipificado de manera distinta en Alemania que en España, con lo cual no concurre la doble tipificación", explica un togado, que ilustra su afirmación diciendo: "Es lo mismo que, por ejemplo, en un delito de violación no se hubiera introducido el pene sino un objeto en la vagina de la violada. En España eso es violación, pero hay países en los cuales eso no es un delito de violación. Pero eso no significa que el abusador sexual no sea un hijo de puta, aunque no pudiera ser extraditado, ni que haya quebrado el sistema".

[47ronin]

La Justicia reabre la investigación contra los policías que amenazaron a Carmena y ensalzaron a Hitler en un chat

La Audiencia Provincial revoca el archivo de la causa contra los policías municipales porque se cerró sin contestar a un escrito de la defensa del denunciante

Sus abogados insistieron en que declarase un agente que accedió a los datos personales del denunciante, amenazado de muerte en el chat

Los policías municipales hacían comentarios contra la alcaldesa, contra los inmigrantes y declaraban su admiración por Adolf Hitler
Marcos Pinheiro
20/09/2018 - 21:35h


Captura del chat de policías municipales. eldiario.es

Los comentarios incitaban al odio y a la violencia, pero se dieron en un chat privado así que no son delictivos. Así lo dictó el juez que investigó las amenazas policiales a la alcaldesa Manuela Carmena en un grupo de whatsApp de la Policía Municipal en el que también se ensalzaba el nazismo y se proferían comentarios racistas. La Audiencia Provincial obliga ahora a reabrir la investigación que cerró el pasado 27 de abril.

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, la Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al denunciante del caso, un policía que sufrió durante meses amenazas en ese chat, inicialmente destinado a tratar reivindicaciones laborales. El agente, conocido en el chat con el nick de Ronin47, presentó una denuncia en la que adjuntó decenas de folios con los mensajes.

Tras analizarlos e imputar a tres agentes, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid concluyó que el delito de odio castiga a quienes "públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo", y entendió que en este caso no daba ese requisito de publicidad de los mensajes.

"Los comentarios ciertamente xenófobos, e incitadores al odio y violencia contra un grupo de personas por motivos de su raza, vertidos en el referido chat por parte de dichos dos investigados, tuvieron como únicos receptores a las personas agregadas a dicho chat, sin que por las características técnicas de dicho grupo fuera posible su publicitación a terceros ajenos o extraños al mismo, que no podían acceder a su contenido", escribió en el auto que dio carpetazo al caso.

El juez cerró la investigación antes de contestar a un escrito de la defensa del denunciante, que ejercen los abogados de Comisiones Obreras. Estos le habían pedido que reconsiderase su decisión de no llamar a declarar a un agente de la Policía Municipal que usó una herramienta del cuerpo para acceder a datos personales del denunciante, que había recibido varias amenazas de muerte de otros integrantes del chat.
El archivo incurrió en "causa de nulidad"

La Audiencia Provincial, en un auto firmado por Pedro Javier Rodríguez, Francisco Jesús Serrano y José Manuel Fernández-Prieto, considera que no haber contestado al recurso de reforma supone infringir el derecho a la tutela judicial efectiva, que está recogido en la Constitución. El cierre de la investigación incurre por tanto "en causa de nulidad", por lo que el juez debe reabrir el caso y contestar al recurso.

Como la Audiencia Provincial ha aceptado el primer motivo para impugnar el cierre de la investigación los jueces ni siquiera han profundizado en el resto. Por ejemplo, en que el grupo no era cerrado, como sostiene el juez, sino que podían entrar nuevos participantes pinchando en un link. O que cuatro de los seis testigos en los que se basa el archivo de la causa manifestaron su animadversión al denunciante.

La defensa del denunciante llamó también la atención sobre el cambio de opinión del juez, que en un primer auto consideró que el hecho de que "las expresiones se viertan en un chat privado no excluye que se realicen públicamente como es el caso de un grupo con 116 agentes que no se conocen". Después dijo, en el auto de sobreseimiento, que esos comentarios "tuvieron como únicos receptores a las personas agregadas a dicho chat", sin que, por las características técnicas, pudieran salir de ahí.

Algunos de esos mensajes se dirigían directamente a Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y máxima responsable de la Policía Municipal, suscitados a raíz de que calificase las cargas policiales del 1-O como un "error terrible". "Lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros", escribió un agente en el chat, que se había abierto para tratar las reivindicaciones laborales de los policías que trabajan en el turno de noche.

"Ojalá tenga una muerte lenta y agónica" o "Que se muera la vieja ya" fueron otros de los comentarios. En el grupo, integrado únicamente por agentes, también hubo  apología del nazismo -"Hitler sí era un señor, con él ya estarían las chimeneas echando humo" o "el fascismo es alegría"- y comentarios contra los inmigrantes -"Hijos de puta, los moros", "yo los tiraba al mar, comida para peces"-.
CCOO defiende que los agentes se coordinaron

El abogado de Comisiones Obreras, Antonio García, celebra la decisión de la Audiencia Provincial de que se reabra la investigación porque "permite mantener viva la causa y abre la posibilidad de que el Juez acuerde que se practique la declaración del agente que irregularmente accedió a los datos personales del denunciante".

"Esa declaración es para nosotros muy importante porque podría demostrar la existencia de coordinación entre los investigados y otros miembros de la Policía Municipal para amedrentar y amenazar a quien denunció los mensajes nazis, xenófobos, fascistas y racistas", añade en declaraciones a eldiario.es. Eso confirmaría, dice, que existe "un grupo en la Policía Municipal de Madrid que practica el odio, la discriminación, las amenazas y la coacción desde una ideología contraria a los principios democráticos básicos".

"Todos cuantos han declarado en el Juzgado han admitido que no conocían a la mayoría de integrantes el chat ni sabían quiénes eran, por lo que las manifestaciones vertidas en el chat están lejos de tener un carácter privado. Si a ello añadimos que la intención de los investigados era precisamente difundir explícita y públicamente sus mensajes de odio, no tiene fundamento en nuestra opinión, mantener ese carácter privado que se le quiere dar", concluye.

[Celestino]

Será interesante conocer la declaración del policía que accedió a los datos del denunciante

[47ronin]

El Gobierno afirma que los mensajes sobre el 1-O del chat entre jueces no son "edificantes"


"Lo mejor que podemos hacer desde otros poderes del Estado es respetar esa independencia y profesionalidad", ha recalcado la titular de Política Territorial

EFE

21.09.2018 - 10:19
La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha afirmado este viernes que al Govern de Cataluña y a los partidos independentistas les queda "poco más que la gesticulación" y ha exigido que se respete la independencia y profesionalidad de jueces, magistrados y fiscales.

Batet ha cuestionado en una entrevista en RNE la declaración institucional de ayer del presidente catalán, Quim Torra, para pedir la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, por los correos de jueces críticos con el "procés".

La ministra ha dicho que "hay mucha declaración grandilocuente" y ha recalcado que "sería bueno que el presidente de la Generalitat hiciera alguna declaración institucional para hablar de las políticas de su gobierno".

Aunque ha considerado que lo dicho por los jueces en correos corporativos en torno al 1-O no son expresiones "edificantes", las ha circunscrito en el ámbito privado y ha insistido en que lo relevante es su trabajo en el ámbito profesional.

Ha considerado un "desliz" las palabras de ayer del consejero de Acción Exterior de Cataluña, Ernest Maragall

"Lo mejor que podemos hacer desde otros poderes del Estado es respetar esa independencia y profesionalidad", ha recalcado la titular de Política Territorial.

Un "desliz" de Maragall
Ha considerado un "desliz" las palabras de ayer del consejero de Acción Exterior de Cataluña, Ernest Maragall, sobre que Batet le dijo que el Gobierno podía dar "instrucciones" a la Fiscalía en la causa del proceso soberanista, y que luego rectificó.

En este mismo sentido ha contestado a ERC, que ha condicionado su apoyo a los presupuestos a que el Gobierno medie para que se retire el delito de rebelión imputado a los políticos separatistas presos, y ha advertido de que la Fiscalía no recibe órdenes del Gobierno.

[47ronin]

CASO 1-O
Un juez del chat acusaba al "tonto" Mas de sedición y ve "ilegítimo" el gobierno Sánchez


Nicolas Tomás
Barcelona. Jueves, 20 de septiembre de 2018
2 minutos


     
Agustín Vigo Morancho es uno de los nombres del polémico chat del Consejo General del Poder Judicial que ha revelado Anonymous. Es presidente de la sección 14 del Audiencia provincial de Barcelona. Pero su verborrea va mucho más allá en el tiempo del otoño caliente del 2017. Con motivo de la consulta del 9-N, ya soltó sus opiniones, no muy "jurídicas".

El 20 de septiembre de 2014, a menos de dos meses del 9-N, Vigo Morancho compartió una noticia de la entonces vicepresidenta española. "Sáenz de Santamaría recuerda a Mas que es presidente gracias a la Constitución", decía el titular. El magistrado le daba la razón, e incluso lo condenaba antes de tiempo: "¡Efectivamente es así! Lo que pasa es que Mas es tonto y un criminal que no le importa, como ya ha hecho, cometer un delito de sedición".


En el juicio del 9-N, el president Artur Mas no fue ni acusado de sedición. Fue condenado a dos años de inhabilitación y una multa de 36.500 euros por un delito de desobediencia cometido por una autoridad.

El gobierno "ilegítimo" de Sánchez
En un repaso en su cuenta de Facebook, se intuye la línea ideológica del juez, de tendencia muy conservadora, donde comparte noticias –casi siempre del diario monárquico ABC- contra el aborto o contra el PSOE. El 21 de septiembre del 2014, después de que Pedro Sánchez llamara al programa Sálvame de Telecinco, escribió: "Gran hallazgo programático del PSOE: ¡la telebasura! Un buen programa electoral. ¡Qué país!".


Por otra parte, también tiene un blog personal, donde de vez en cuando expresa su opinión. En un puesto del pasado 9 de junio, cuestionó que el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez fuera "legítimo". En este sentido, decía que "un gobierno que llegar al poder por  una moción de censura, amparado por un partido que ha perdido dos elecciones generales (...) puede ser legal, pero no es legítimo". Le acusaba de pactar con "golpistas, independentistas y terroristas". Y remataba: "El gobierno, que actualmente ha llegado al poder en España, es un gobierno ilegítimo".

El caso Losantos
En los correos del chat del CGPJ, Morancho compara la situación en Catalunya con el nazismo, también trata a los independentistas de "golpistas" y dice que "se les tiene que imputar y, si son inocentes, ya lo dirá la sentencia que se dicte en su día. Con los golpistas no se negocia, ni se dialoga".

Justamente este juez desestimó una demanda de la Generalitat contra el periodista Federico Jiménez Losantos, que había acusado al independentismo de "nazi". Vigo Morancho argumentó que el Govern  "no trata de defender todo el pueblo catalán, sino sólo un determinado grupo". Un argumento que traspasa la línea jurídica.

[47ronin]

 Cerrar webs sin orden judicial, la nueva-vieja-refrito propuesta presentada por el Gobierno


ACTUALIDAD SEGURIDAD

Cerrar webs sin orden judicial, la nueva-vieja-refrito propuesta presentada por el Gobierno

El PSOE, el PP y Ciudadanos han presentado una enmienda para poder cerrar webs sin orden judicial.
21/09/2018 a las 12:30 UTC · Elías Rodríguez García

El PSOE, el partido que posee la presidencia actual de España, ha presentado una enmienda para poder cerrar webs sin orden judicial. La enmienda modificaría la Ley de Propiedad Intelectual, permitiendo eliminar el paso de la orden judicial para poder cerrar una web de Internet.

Lo peor es que la medida presentada cuenta con el apoyo tanto del PP como de Ciudadanos, que también han firmado la propuesta, por lo que tiene todas las papeletas de ser aprobada. Y es que, en realidad, la propuesta no ha sido presentada solo por el PSOE, sino también por el PP y Ciudadanos, de forma conjunto. De hecho, quien la encabeza es el PP.

Si todo sale “bien”, será aprobado en los próximos meses en el Congreso. Solamente hará falta la aprobación de la Comisión SINDE (Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) para poder cerrar una web.

¿Censura o protección? La propuesta contra fake news del PSOE

El problema de esta enmienda es que es todo es un despropósito y un total atropello a la libertad de expresión. Literalmente, y si se quisiese, se podría cerrar cualquier web que piense de forma contraria al gobierno vigente, por ejemplo, y sin dar apenas expiaciones. «Ya no habrá juez en los casos “graves” ni para controlar si el cierre afecta o no a la libertad de expresión», explica David Bravo, un abogado especializado en propiedad intelectual, a Teknautas.

La Comisión SINDE podrá cerrar webs sin orden judicial
«Desde Cultura y el Gobierno siempre se han quejado de que el proceso de cierre de webs llevaba demasiado tiempo. Con esta medida quieren agilizar todo. Pero lo que no dicen es que el problema hasta ahora no eran los tiempos, era que al final un juez siempre tumbaba o denegaba los casos», explica el jurista. Y los casos actuales no se tumban, precisamente, porque es un atropello a la libertad de expresión. Los jueces suponían un problema; ahora ya no.

La libertad de expresión, en juego con esta nueva enmienda

Todo ha sido muy silencioso; de hecho, y si Bravo no hubiera alertado por Twitter de la publicación de esta enmienda en el BOE, a día de hoy no sabríamos acerca de esta modificación. En realidad, la propuesta se pubicó en el BOE el 19 de septiembre, hace ya dos días, aunque fue publicada de manera muy silenciosa. Pero no la conocíamos hasta hace unas horas, cuando el jurista lo publicó en Twitter.

La enmienda presentada, la número 33, modificaría más específicamente el artículo 195.6 de la Ley de Propiedad Intelectual, como vemos en el BOE publicado en la web del congreso:


La propuesta publicada en el BOE y firmada por el PSOE, el PP y Ciudadanos | BOE

Concretamente, la nueva enmienda expone: «La ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa». Esto es, en palabras llanas, que no se necesitará resolución judicial para tumbar una web.

La UE acaba de darse a si misma el poder de bloquear cualquier página web sin orden judicial