Autor Tema: Indulto: otro caso más  (Leído 130644 veces)

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Re:Indulto: otro caso más
« Respuesta #820 en: 08 de Diciembre de 2014, 15:46:35 pm »
Denegado el indulto al sargento de la Guardia Civil condenado por abuso


Deberá cumplir los tres meses de prisión militar que se le impusieron en 2011.
miguel ángel zamora | león 08/12/2014    

Elías Venero Escanciano, anterior sargento de a Guardia Civil destinado en el puesto de Boñar que ahora había sido ascendido a brigada y ocupaba un puesto en la Policía Judicial de la Benemérita, deberá cumplir la condena de tres meses y un día de prisión que le fue impuesta por el Tribunal Militar IV con sede en La Coruña, después de ser considerado culpable de un delito de abuso de autoridad, por su actitud con una agente que se encontraba a sus órdenes, y que a raíz de lo sucedido permaneció en situación de baja laboral prolongada.

El Consejo de Ministros de fecha de 3 de diciembre denegó la petición de indulto cursada por la defensa del condenado, con lo cual, si no se producen novedades en sentido contrario, Venero Escanciano deberá ingresar en una prisión militar donde cumplirá la condena.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba una pena de 18 meses de prisión por un supuesto delito de acoso en el ámbito laboral contra una integrante de la Benemérita a la que sometió a trato denigrante verbal y de obra. «Me gusta que me acompañes a los actos oficiales porque no sabes lo bien que te sienta el uniforme», figuraba en la acusación. También se hacía constar en el mismo escrito que la guardia tuvo que lavar el coche en el patio del acuartelamiento una mañana de invierno, a pesar de que las temperaturas eran gélidas. También se le acusa de decir a la joven: «No sabes el morbo que da pasar la mano por la cabeza a un calvo».

Fuera de contexto

El sargento primero Venero, ascendido después a brigada, explicó en el juicio que se habían sacado de contexto sus palabras y que en realidad su intención nunca había sido ofensiva, sino todo lo contrario. Parte de sus argumentos fueron tenidos en cuenta y de los 18 meses de prisión que se solicitaban en un priomer momento, el Tribunal Militar Togado de La Coruña decidió reducir la pena propuesta a tres meses y un día de prisión, que teóricamente debería de cumplir a expensas de que surgan otros asuntos de carácter paralelo.

Venero negó todas las acusaciones y afirma que benefició a esta agente al respetar su petición de que le asignase la libranzas entre semana para así poder conciliar mejor su vida familiar y laboral. Aseguró que en ningún momento le dedicó expresiones despectivas y explicó que entiende que sus palabras se sacaron de contexto.

La condena fundamentaba su razón de ser en el uso de expresiones atentatorias contra la dignidad de la agente, del tipo «gallina» o «bruja», pero rechaza que se le perjudicara con el cuadrante de servicios. También rechaza la versión del lavado del coche a bajas temperaturas.

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« Respuesta #821 en: 18 de Diciembre de 2014, 08:40:08 am »
Consejo de Ministros niega indulto a dos policías locales de Ceuta condenados por dar una paliza a un varón de 57 años

17/12/2014 - EUROPA PRESS, CEUTA

El Consejo de Ministros ha acordado no conceder el indulto a dos agentes de la Unidad de Intervención Rápida (UIR) de la Policía Local de Ceuta que el año pasado fueron condenados por el Tribunal Supremo como autores de un delito de lesiones con agravante de superioridad a la pena de dos años de prisión y la accesoria de 22 meses de inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones.

N.C.V. y J.G.M. deben, además, asumir el pago solidario de 18.283 euros a los herederos de Abselam M. M., ya fallecido, por unos sucesos que tuvieron lugar hace nueve años, cuando la víctima tenía 57 años. Su familia ha pedido este miércoles al Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) que ejecute "de forma diligente" la sentencia.

Los hechos tuvieron lugar el 16 de noviembre de 2005, cuando los dos agentes condenados --otros dos compañeros fueron absueltos--, dieron el alto al vehículo que conducía el finado en un control rutinario. La intervención terminó, tras una persecución, con la víctima con múltiples lesiones por las que permaneció 4 días hospitalizado, medio año en tratamiento y dos meses de baja.

Como secuelas le quedó limitación del codo derecho en los últimos diez grados tanto en flexión como en extensión, glaucoma postraumático, facodonesis e iridodialisis postraumáticas en su ojo izquierdo. "En síntesis", resumió la sentencia del Supremo que el año pasado rebajó de 24 a 22 meses la pena de inhabilitación por un defecto de forma, "el hecho probado declara que los funcionarios policiales advirtieron la presencia de una persona a la que conocían y respecto de la que sabían que carecía del permiso de conducir cuando iba conduciendo un vehículo".

Entonces se inició una persecución por las calles "en la que intervinieron varios vehículos policiales" y en el curso de la cual "tanto conductor perseguido como los funcionarios policiales circularon en dirección contraria al sentido de la vía".

Al interceptarle, "los acusados 'de común acuerdo le golpearon, derribaron y una vez caído le colocaron los billetes y conjuntamente continuaron dándole golpes desoyendo sus lamentos de dolor". También se dio como "probado" que uno de los vehículos policiales adelantó al vehículo perseguido y se cruzó en su trayectoria "con tal maniobra el furgón policial impactó contra la parte delantera izquierda del vehículo que ocupaban los otros policías locales".

La Audiencia Provincial de Cádiz ya había dado por constatado en su primera sentencia sobre este caso que los agentes "descendieron de su vehículo y se dirigieron al conductor, a quien, una vez fuera de su automóvil, sujetaron violentamente, y hallándole solo, conscientes de la desproporción de fuerza existente entre ambos y Abselam M. M., de común acuerdo golpearon, derribaron y una vez caído, le colocaron los grilletes y conjuntamente continuaron dándole golpes, desoyendo sus lamentos de dolor".


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« Respuesta #823 en: 31 de Diciembre de 2014, 08:48:25 am »
Ingresa en prisión un policía local de Lepe por falsedad, tras no prosperar el indulto

Agencias
30/12/2014 18:42

  Un agente de la Policía Local de Lepe ha ingresado este martes en prisión para cumplir una pena de tres años por falsificar los documentos de una multa, una vez que no ha prosperado la petición de indulto iniciada en 2012, cuando le fue suspendida la orden de entrada en prisión.

  La sentencia inicial le condenaba como autor de un delito continuado de falsedad en documento oficial a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 6.750 euros e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años, aunque el Tribunal Supremo le redujo la condena a tres años teniendo en cuenta su arrepentimiento.

  Los hechos sucedieron entre marzo y abril de 2009, cuando simuló haber sido denunciado por compañeros por aparcamiento indebido, rellenando para ello el impreso, así como el de retirada del vehículo la grúa.

Con estos documentos presentó un pliego de descargos contra una multa que le impuso una patrulla de la Guardia Civil, intentando demostrar que el sancionado no había sido él, al estar su coche retenido por la grúa municipal, algo que se comprobó después que había sido falso.

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« Respuesta #824 en: 29 de Marzo de 2015, 20:40:28 pm »
Desestimado el recurso del Guardia Civil que mató a tiros a un vecino en Soto de Luiña

Los hechos el 16 de septiembre de 2009 cuando una pareja de la Guardia Civil fue requerida por unos jóvenes porque un individuo, que iba en un vehículo, los había insultado.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Guardia Civil, Ismael P.M., que fue condenado a cinco años de prisión por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo y ratificada la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por matar a tiros a un vecino de Soto de Luiña, según ha informado el gabinete de prensa del Tribunal.

Los hechos el 16 de septiembre de 2009 cuando una pareja de la Guardia Civil de Soto de Luiña, que prestaba servicio de Seguridad Ciudadana en dicha población, fue requerida por unos jóvenes porque un individuo, que iba en un vehículo, los había insultado.

La patrulla procedió a la búsqueda del vehículo. Cuando se localizó, se comprobó que era conducido por S.G.C. Al ser requerido por los agentes para facilitar su identificación y la documentación del vehículo, arrojó ésta al suelo y comenzó a insultar a la patrulla y a continuación, abandonó el lugar en su vehículo.

Cuando la patrulla se presentó en su domicilio para completar la actuación policial, el hombre se introdujo en la casa saliendo de forma inesperada con una pala de dientes metálica, de las utilizadas en las labores del campo, amenazando con ella a los agentes, en una actitud agresiva, según la Guardia Civil.

Disparos

Los agentes intentaron calmarle y convencerle para que desistiese de su actitud. Pero el hombre, lejos de calmarse, se enfureció más y golpeó con la herramienta el pecho de uno de los agentes, que hizo uso de su arma reglamentaria realizando varios disparos, que le produjeron las heridas que posteriormente determinarían su muerte. El herido fue asistido por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos sin que pudieran hacer nada para salvar su vida.

Al fallecido le constaban antecedentes por haber estado implicado en ocasiones anteriores en delitos de resistencia y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, siendo denunciado por alteración de la seguridad colectiva y desórdenes públicos, y desobediencia a los mandatos de los agentes de la autoridad.

Petición · Ayudenme para que le concedan el indulto a mi hijo · Change.org -

https://www.change.org/p/ministerio-de-justicia-concedan-la-petici%C3%B3n-de-indulto-a-mi-hijo-ayudenme-para-que-le-concedan-el-indulto-a-mi-hijo?recruiter=25412196&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_facebook_responsive&utm_term=mob-xs-petition_update-custom_msg

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« Respuesta #825 en: 26 de Junio de 2015, 13:44:52 pm »


propietario de seguridad integral canaria

El Supremo tumba el indulto del Gobierno al nuevo capo de la seguridad privada


El Alto Tribunal anula la medida de gracia que concedió el Gobierno de Mariano Rajoy a uno de los empresarios de seguridad que ha conseguido más contratos a lo largo de esta legislatura

 — 25.06.2015 – 20:32 H.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dejado sin efecto el indulto al controvertido empresario Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de uno de los conglomerados que más contratos de seguridad privada ha conseguido de la Administración Pública durante esta legislatura, Seguridad Integral Canaria, y presidente del club de fútbol Unión Deportiva Las Palmas. Según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso El Confidencial, los magistrados han dictaminado que se debe anular la medida de gracia que le otorgó el Gobierno en noviembre de 2013 porque la resolución no tuvo en cuenta la posición del tribunal que le juzgó.

El indulto tramitado por el Ministerio de Justicia permitió a Ramírez evitar la cárcel. La Audiencia Provincial de Las Palmas le condenó en julio de 2011 por la ejecución de obras ilegales “a tres años y un día de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción por tiempo de tres años y un día, y a la pena de veinticuatro meses y un día de multa con una cuota diaria de sesenta euros”, además de obligarle a demoler la construcción ilegal.

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy estimó su petición de indulto y le rebajó al condena de tres años y un día de prisión a sólo dos años, permitiéndole de ese modo escapar del paso por la cárcel. El Ejecutivo justificó esa decisión alegando que el presidente de Seguridad Integral Canaria no tenía antecedentes penales y que carecía de cualquier tipo de peligrosidad criminal, a pesar del criterio contrario de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia que lo juzgó.

La relación con el ministro Soria

El Alto Tribunal ha tumbado ahora esa resolución al considerar que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el órgano que condenó finalmente a Ramírez. Tampoco habría sido escuchada la "parte ofendida por el delito" que cometió el empresario, tal y como exige la Ley de Indulto.

Además de las consecuencias penales que tiene, el dictamen añade nuevas dudas sobre el apoyo que Seguridad Integral Canaria ha encontrado en el Gobierno desde el inicio de la legislatura, una relación cuestionada también por la gran amistad que Ramírez mantiene con uno de los miembros del Ejecutivo, el ministro de Industria, José Manuel Soria.


El ministro José Manuel Soria. (EFE)
El ministro José Manuel Soria. (EFE)

Como publicó este diario, el Ministerio de Defensa adjudicó el pasado mes de septiembre los servicios de vigilancia, alarma y seguridad de todas sus instalaciones a la compañía del empresario al que había indultado un año antes. En concreto, la compañía del presidente de la UD Las Palmas se llevó el primer y más importante lote del concurso, valorado en 31,8 millones de euros, tras conseguir una mejor puntuación que Eulen, Securitas, Segur Ibérica, Alentis, Secoex y Clece.

Investigación por delito fiscal

En el proceso no sólo no se tuvo en cuenta la condena por un delito urbanístico del máximo responsable de la firma adjudicataria, sino que también se desechó que la Agencia Tributaria investiga a la empresa por haber defraudado 2,3 millones de euros a Hacienda durante los ejercicios 2008 y 2009 “al pagar fuera de la nómina conceptos salariales no exentos que luego fueron incluidos en el certificado de retenciones como dietas”. La propia Agencia Tributaria está personada en el procedimiento que se instruye contra Ramírez por esos hechos.

Con todo, ninguno de esos casos fueron un obstáculo para que la compañía de seguridad, que hasta hace unos años tenía cifras de negocio más que modestas, lograra un nuevo contrato millonario de un organismo público dependiente del Ejecutivo. El pasado mes de marzo, Patrimonio Nacional le adjudicó la vigilancia y la seguridad de todos los edificios históricos que gestiona por un importe de 11 millones de euros. La institución encuadrada en Presidencia del Gobierno emitió un comunicado para defender la legalidad del concurso y aclarar que Seguridad Integral Canaria había certificado que estaba al corriente de pago con la Seguridad Social y Hacienda.

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« Respuesta #826 en: 26 de Junio de 2015, 13:57:24 pm »
Es bueno tener amigos . . . y si encima eres donante, entonces es ya la ostia.

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« Respuesta #827 en: 02 de Julio de 2015, 09:00:43 am »
Asociaciones y vecinos unen fuerzas para defender a un hombre acusado de atentado contra la autoridad

    Tras siete años de proceso judicial, Fernando Gómez ingresó en la cárcel para cumplir una pena de 14 meses
    Sus familiares y amigos insisten en su conducta ejemplar y luchan para que se haga justicia

Sabela Rodríguez Álvarez
Actualizada 01/07/2015 a las 15:10
 
Fernando Gómez acompañado de dos de sus hijos.

La Asociación de Familias Numerosas de Albacete lanzó este martes, con el apoyo vecinal, una campaña en la plataforma Change.org con el fin de pedir el indulto de un hombre condenado a 14 meses de prisión por haber insultado y empujado sin causar lesiones a un policía vestido de paisano en el año 2008.

Tras el ingreso en prisión de Fernando Gómez, sus vecinos decidieron movilizarse para apoyarle a él y a toda su familia. La directora de la Asociación de Familias Numerosas de Albacete, Paloma de Castro, aseguró que se mueven por "una necesidad de hacer justicia, ya que la ley hay que cumplirla pero también interpretarla".

La asociación publicó un comunicado en defensa del condenado y compartió diversas cartas en las que familiares y amigos insisten en la buena conducta y ejemplaridad de este padre de familia, que también ha sido respaldado por agrupaciones religiosas como las Hermanas Reparadoras, para quien Fernando realizó labores de jardinería de forma gratuita.

Los incidentes se remontan a diciembre de 2008, cuando el acusado acudió al cuartel de la Policía Nacional para "interesarse por la detención de un amigo", según explicó su mujer, Rocío Viguín. Fue entonces cuando Fernando perdió los nervios ante la "actitud chulesca" de un policía que mantenía oculta su placa. Tras el juicio, la sentencia se vio endurecida por el testimonio de otros tres policías y los antecedentes penales de Fernando por impago de la pesnión a su exmujer en el año 2001.

Los trámites legales corren a cargo del abogado Emilio López, quien se ha ofrecido a defenderlo de forma desinteresada, "por humanidad", según relató. El letrado confía en poder seguir diferentes vías legales para conseguir el indulto, y entretanto lograr una suspensión de la pena, puesto que "la nueva reforma del artículo 80 del Código Penal lo permite para aquellas personas que no hayan cometido delitos graves". 

Fermando Gómez hizo pública el pasado domingo una carta de disculpas en la que se dirige personalmente al policía y dice arrepentirse de su conducta. Por su parte, su mujer dice tener esperanza en conseguir el indulto, aunque le preocupa el mal estado anímico de su marido quien "nunca ha estado en un sitio así, porque no es un delincuente", concluyó Rocío.

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Re:Indulto: otro caso más
« Respuesta #828 en: 16 de Julio de 2015, 08:03:36 am »


Le encerró en el despacho y le amenazó de muerte

16/07/2015

El indulto a un constructor que vejó a una arquitecta municipal provoca una protesta ante Rajoy

Los funcionarios envían una carta al presidente denunciando que el Gobierno envía así un mensaje de impunidad frente a la violencia contra los empleados públicos y las mujeres

Sindicatos de funcionarios han enviado una carta al presidente y al ministro de Justicia, en la que critican que se lanza un mensaje de impunidad frente a la violencia contra los empleados públicos y las mujeres, con el indulto a un constructor que vejó a una arquitecta municipal.

Según ha sabido El Confidencial Digital, la iniciativa ha sido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas.

En la misiva enviada al Gobierno, en concreto a Presidencia y al Ministerio de Justicia, trasladan la más “enérgica protesta por el indulto aprobado en el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, y publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Se refiere, en concreto, a la medida de gracia concedida a Juan Manuel Chaves Daporta, un constructor de A Illa de Arousa (Pontevedra), que en marzo de 2012 fue condenado por un delito de detención ilegal, lo que supone tres años de cárcel, otro de atentado y una falta de lesiones, penada con 180 euros de multa por encerrar en su despacho, zarandear y amenazar a la arquitecta municipal.
Le encerró en el despacho y le amenazó de muerte

Durante más de media hora, Chaves Daporta agredió y amenazó a la funcionaria, sin que la policía pudiera evitarlo. Según se declaró en el juicio, el constructor se enfrentó a su víctima y “la levantó, la zarandeó, la empujó contra el mobiliario allí existente y le dio un golpe en la parte de atrás del hombro, al tiempo que le decía que la iba a matar a ella y a su hija”. Finalmente la Guardia Civil consiguió entrar en el despacho y reducir al constructor.

El motivo del ataque fue la venta frustrada de una vivienda. La arquitecta había advertido a los compradores de uno de los pisos del constructor sobre una infracción que pesaba sobre el piso y les aconsejó que no lo compraran. Chaves Daporta pidió durante el juicio que se le aplicaran atenuantes de arrebato y obcecación, algo que la Audiencia de Pontevedra rechazó porque el asalto al despacho de la arquitecta fue horas después de que se cancelara la venta.
Episodio de violencia, además contra una mujer

Según fuentes del sindicato, este indulto es “lamentable en un doble ámbito, porque supone unpaso atrás en la lucha contra las agresiones al colectivo de empleados públicos, con el agravante de que en este caso, la vejación se produjo sobre una mujer”.

Hay que recordar que las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad.
Mensaje de impunidad frente a las agresiones

Argumentan también que, a los empleados públicos les cuesta dar el paso de denunciar, con la dificultad además de que se admita a trámite la denuncia y que posteriormente se sancione al responsable de la agresión por sentencia simple. Por ello, afirman que resulta escandaloso que se produzca este indulto.

Consideran que envía un peligroso mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a los empleados públicos. Según un informe presentado recientemente por CSIF (el primero en este ámbito que arroja datos a nivel nacional), al menos se produce una agresión diaria en las oficinas de las administraciones.

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« Respuesta #829 en: 16 de Julio de 2015, 16:37:09 pm »
Y este a quien conoce? . . .

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« Respuesta #830 en: 16 de Julio de 2015, 17:42:39 pm »
Constructor Gallego?

Será del círculo del PP

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« Respuesta #831 en: 25 de Agosto de 2015, 14:17:39 pm »
Rajoy en campaña.

La mujer de 63 años en prisión por no derribar parte de su casa construida de forma ilegal en un paraje natural de Fuerteventura será indultada el proximo viernes.

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« Respuesta #832 en: 25 de Agosto de 2015, 15:29:10 pm »
Llega tarde para el indulto, una vez ya en prisión.

Populismo político.
La vida me ha golpeado fuerte. Podría haberme hecho vulnerable y acabar pegándome un tiro o podría mirar al cielo y crecer. Prefiero la segunda opción.

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« Respuesta #833 en: 25 de Agosto de 2015, 18:17:07 pm »
.

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« Respuesta #834 en: 26 de Agosto de 2015, 00:14:19 am »
Que par de huevos tiene Revilla. :Plasplas

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« Respuesta #835 en: 27 de Agosto de 2015, 20:43:49 pm »
La Audiencia Provincial de las Palmas le arrebata a Rajoy el merito al adelantarse a su indulto revocando el ingreso en prisión ...la abuela de Fuerteventura ya esta en libertad.

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Re:Indulto: otro caso más
« Respuesta #836 en: 27 de Agosto de 2015, 20:47:56 pm »
Me alegro mucho por la señora y por el gol que le han metido al Pánfilo lentorro sinsangre.  :partirse

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« Respuesta #837 en: 31 de Agosto de 2015, 17:06:16 pm »

Continúa el descenso de los indultos: el Gobierno ha concedido 50 medidas de gracia en 2015

En la actualidad, el Gobierno mide con lupa a quién se le conceden los indultos y cuándo se otorgan. No todas las medidas de gracia se tramitan con la misma celeridad con la que el Ejecutivo ha resuelto el de Josefa Hernández.


Son medidas polémicas consistentes en la remisión total o parcial de las penas de los condenados por sentencia firme. No cancelan los antecedentes penales pero suponen extinción de la responsabilidad penal. Hablamos de los indultos o medidas de gracia que otorga el rey, a propuesta del ministro de Justicia, previa deliberación del Consejo de Ministros.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Justicia y por la web El Indultómetro, el Ejecutivo ha concedido en lo que va de año 50 indultos, contando el de Josefa Hernández, la anciana que ingresó la semana pasada en la prisión de Tahíche, en Lanzarote, para cumplir una pena de seis meses de prisión por no haber derribado su casa, ubicada en un paraje natural. El Ejecutivo propuso el pasado viernes que se la indultara.

El número de medidas de gracia concedidas en 2015 demuestra que continúa el descenso a la hora de otorgar los controvertidos indultos. En 2014 se aprobaron un total de 87; la cifra más baja desde el año 1996 y que supuso un descenso drástico respecto a los 534 indultos que otorgó el Ejecutivo del PP en su primer año en la Moncloa. 

En 2014 se concedieron un total de 87 indultos; la cifra más baja desde el año 1996

Sin embargo, pese a que su tramitación suele tardar meses, lo cierto es que el Ejecutivo no tramita todos los indultos con la misma celeridad. En el caso de Josefa trascendió que, a sus 63 años, esta vecina de Lanzarote que tenía a cinco familiares a su cargo -una hija con un 39% de discapacidad, sus tres nietos y su hijo parado de larga duración- iba a entrar en prisión por la comisión de un delito menor. Y ante la indignación social causada porque la mujer fuese a prisión -se recogieron casi 30.000 firmas ciudadanas a favor de que el Ejecutivo le concediera la medida de gracia- tuvo que ser el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy quien dijese públicamente el pasado martes que la mujer iba a ser indultada porque se había creado una "situación profundamente injusta". La jugada -electoralista o no- le salió mal al Ejecutivo cuando el pasado jueves la Audiencia de las Palmas ordenó la inmediata liberación de Josefa Hernández.

Indultos escandalosos

Sin embargo, no todas las medidas de gracia aprobadas por los distintos gobiernos en los últimos años han contado con el apoyo popular ni han sido otorgadas de forma tan rápida. En contraposición, algunas de ellas han sido auténticos escándalos. Como, por ejemplo, el indulto concedido al exconsejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cuando se encontraba ya en funciones tras haber perdido las elecciones generales.

O el otorgado a un conductor kamikaze que causó una víctima mortal en la autopista AP-7 en 2003 el joven José Dolz que fue posteriormente revocado por el Tribunal Supremo en una decisión sin precedentes. O la medida de gracia concedida a cuatro agentes de los Mossos d’Esquadra condenados como autores de un delito de torturas a un ciudadano rumano que provocó que 200 jueces emitieran un comunicado conjunto criticando la medida de gracia.

Escándalos como estos han hecho que el Gobierno mida en la actualidad con lupa a quién se le conceden los indultos y cuándo se otorgan. Más de un año llevan esperando los policías condenados por dar el chivatazo a ETA en el bar Faisán de Irún, José María Ballesteros y Enrique Pamiés, a que el Ejecutivo se pronuncie sobre sus solicitudes pese a que la Audiencia Nacional acordó la suspensión de la ejecución de la condena hasta que sendas medidas de gracia fueran resueltas.

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« Respuesta #838 en: 31 de Agosto de 2015, 17:08:59 pm »
La plataforma de apoyo a los policías de Getafe condenados por homicidio recogen firmas para pedir su indulto




https://www.change.org/p/indulto-para-los-tres-policias-de-getafe?recruiter=371473440&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp

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« Respuesta #839 en: 17 de Octubre de 2015, 20:58:11 pm »
do, 17 de octubre de 2015
MUERTE EN CARTAGENA


Anteayer recibí un documento con petición de firmas a favor de los seis policías (por desgracia, ya cinco, al fallecer uno de ellos) que están en prisión provisional desde hace un año en la investigación por la muerte de una persona en Cartagena. No firmé.

Ayer, tras la muerte de uno de ellos en prisión, recibí un escrito con insultos contra un inspector que investigó el caso (al que citan con nombre y apellidos) y contra los policías de Asuntos Internos, la jueza, el forense que analizó el cadáver de la persona fallecida y los funcionarios de prisiones, además de un vídeo del sepelio. Como en más de una ocasión he sido yo el atacado por este pensamiento fascistoide, de Gestapo, que abunda mucho en los últimos años en la Policía y que califico como de fascismo ignorante, quiero romper una lanza en favor de los insultados y difamados en ese escrito anónimo, como todos los de esa calaña, y también sobre lo que veo en ese vídeo.

Hace un año se denunciaba la desaparición de una persona que al parecer tenía problemas mentales, de esquizofrenia, y también adicto a las drogas, toxicómano. En la investigación por su desaparición alguien dice que acudió la Policía de madrugada al barrio donde el luego fallecido estaba dando voces a altas horas de la madrugada porque se sentía amenazado, y que los policías se lo llevaron. Acudieron tres coches policiales a esa intervención. Interrogados los compañeros estos reconocen haber ido pero dicen que abandonaron el lugar sin llevarse al luego fallecido porque no había motivos para hacerlo.

Dos semanas después aparece el cadáver de este ciudadano en la zona conocida como Cala Cortina. Aunque parezca innecesario, recalco que la persona muerta disfruta de plenos derechos a pesar de su enfermedad mental y toxicomanía, porque algún policía fascista por ignorancia dice que no se puede comparar esa persona ("desecho" fue la palabra utilizada por este "compañero") con seis policías, evidenciando que él no debería serlo por su pensamiento nazi dado que la obligación de un policía digno de tal nombre es proteger a cualquier ciudadano en cualquier circunstancia.

En el transcurso de la investigación se instalan micrófonos en un coche policial que alguien descubre, se intervienen teléfonos y en las cámaras de un túnel de acceso a la playa de Cala Cortina aparece que los tres vehículos policiales han ido a la zona dos veces en un corto espacio de tiempo en la madrugada en que desapareció la persona encontrada muerta después.

La versión de los policías cambia con estas pruebas tras varios días manteniendo la primera y falsa de que al fallecido lo dejaron en su casa y no lo trasladaron. Reconocen haber mentido y dicen que sí lo llevaron a la zona de Cala Cortina para alejarlo de la zona de viviendas y que una vez allí se les escapó corriendo. No era un terrorista, era un enfermo mental que había pedido ayuda a la Policía y que consiguió escapar de los seis policías según esta versión huyendo de no se sabe qué.

Aplicando la más elemental lógica, si cuando se les pregunta la primera vez dicen la verdad, su verdad, ahora tendrían menos problemas para su defensa, porque si el cadáver no había aparecido todavía y estábamos ante una desaparición como hay miles que se resuelven después, ¿qué sentido tiene concertar una mentira por una fuga a la carrera, algo sin importancia y que ocurre muchas veces? Y como ésta hay decenas de preguntas que cualquier persona se hace y alguien que es policía, que conoce la práctica operativa, debería hacerse también, además de otras fruto de la experiencia profesional. ¿Van tres coches a alejar a una persona enferma de su casa porque dice que lo están persiguiendo voces? ¿Y van dos veces? ¿Y los policías mienten negando que lo hayan hecho? ¿Y si a algún policía se le escapa huyendo alguien, denunciada su desaparición, niega este extremo y no dice lugar y hora donde lo vio la última vez para facilitar su localización?

Luego viene el informe forense, la investigación de Policía Judicial de la zona, después la intervención de asuntos internos y la decisión de la jueza de dictar prisión provisional para los seis agentes. El informe forense dice que la persona murió por golpes en cabeza y cara y una flexión del cuello incompatible con la vida; los demás actores (asuntos internos, inspector jefe de policía judicial y la jueza) dicen que hay explicaciones de los policías que no encajan, que mintieron sin una razón que justifique porqué y que no facilitaron un dato que se conoció por las cámaras del túnel de acceso a la playa, negando durante días que ellos hubieran ido allí y que supieran nada del fallecido desde las tres de la madrugada en que dijeron haberlo dejado en su barrio, acreditándose después que lo trasladaron a la playa donde apareció su cadáver, lo que hace pensar que no querían que se buscara al fallecido como desaparecido.

A la jueza hay que criticarla porque en un año no ha hecho diligencias, que se conozcan, para profundizar en la culpabilidad o inocencia de los policías encarcelados. Y eso se puede hacer por escrito y en la vía jurídica.

Asuntos Internos ha cometido suficientes errores y actuado sucio en muchas ocasiones como para que tenga ninguna credibilidad. Les he visto falsear informes en casos como el "Faisán" o en alguna querella contra mi, mintiendo sin escrúpulos para apoyar la versión falsa del mando que se querellaba. Pero no siempre actúan los mismos y tampoco siempre lo hacen todo mal, así que hay que analizar cada caso antes de descalificarlos.

Y se puede criticar al jefe de judicial si se cree que lo ha hecho mal, pero citarlo con nombres y apellidos en un papel anónimo es lo que empieza a parecerse a la GESTAPO nazi en una práctica de declarar enemigo público a alguien que cumple con su deber y que no coincide con lo que ese grupo fascista ignorante de corporativismo casposo, rancio y rayando la ilegalidad considera que debe hacer.

La muerte de uno de los seis policías en prisión por una pancreatitis ha echado más leña al fuego; y es cierto también que debería investigarse si los funcionarios de la prisión donde se encontraba enfermo actuaron con la diligencia exigible, porque a ellos les es de aplicación el principio de proteger la vida y la integridad física de las personas bajo su custodia, exactamente el mismo principio que los seis policías debían cumplir y no hicieron bien en el caso del fallecido en Cala Cortina, incluso en el caso de que se hubiera escapado, porque no tiene sentido que lo llevaran allí y que mintieran después no facilitando su búsqueda. Hay que revisar si el compañero muerto ha estado todo ese tiempo que lleva en prisión bajo el régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), el régimen más duro que existe, en el que están terroristas, la gente más peligrosa encarcelada y en el que se incluye a todos los policías que ingresan en prisión simplemente por ser policías, para saber si eso ha impedido que tuviera una asistencia médica a tiempo que hubiese salvado su vida. Hay que hacer esa investigación con el mismo rigor con el que se hace la del ciudadano muerto y por lo que están hoy cinco policías en prisión, y si hay que encarcelar al director general de prisiones y a los funcionarios responsables si ha habido negligencia que han llevado a una muerte, hágase.

Quizás entonces sean otros funcionarios los que recojan firmas para defender "al suyo" de la aplicación de la ley y la justicia y estarían actuando con el mismo desprecio a los intereses generales de la ciudadanía que juraron o prometieron defender.

Por último, el vídeo. Se ve un funeral con muchos uniformes de Policía Nacional y Local, el féretro lo llevan policías locales y hay muchos aplausos, y eso, estando de uniforme, es una charanga, el ejercito de Pancho Villa. De uniforme no se aplaude. Firme o en posición de saludo. Y el uniforme no es propiedad de nadie, de ningún policía, nadie puede utilizarlo salvo para servir a la ciudadanía en el marco de los servicios legalmente encomendados. Y lo digo yo, que he tenido varios expedientes por estar en actos reivindicativos sindicales y ruedas de prensa de uniforme en demanda de mejores condiciones de trabajo y garantías jurídicas para los policías. Pero sabía que era una forma de protesta y presión al Gobierno y que acarrearía consecuencias. ¿A quién se pretendía presionar en ese funeral vistiendo el uniforme?

El texto difundido y el vídeo  del funeral son una muestra más de lo que está pasando en la Policía, de ese fascismo ignorante que algunos denunciamos y con el que parece convivir bien este ministro, que lleva a usar el uniforme a capricho, a insultar a compañeros que han investigado un posible homicidio porque los autores pueden ser policías, o a descalificar y difamar a policías porque expresen que no son creyentes. Alguien debería tomar medidas para encauzar esta situación que se está desbordando. Las tesis de un grupo de policías poco o nada demócratas, fanáticos ignorantes radicales se está imponiendo en el colectivo.

Deseo que la jueza practique diligencias y sea más activa, que si los indicios no son suficientemente sólidos los compañeros salgan de la cárcel y se reincorporen al trabajo, pero que si existen pruebas contra ellos permanezcan en prisión, pues si son culpables de lo que se les acusa, para mi son terroristas de uniforme, no compañeros. Si se demuestra que se llevaron a esa persona y que murió fruto de sus golpes merecen 40 años de cárcel. Si no se demuestra, la indemnización que corresponda por el error judicial y policial cometido.

Un policía que apoya a otro que incumple la ley, abusa de su cargo, prepara pruebas falsas o comete cualquier otra grave irregularidad es un mal policía. Esos que esperan su "primavera" desde el ignorante fascismo no pueden imponer sus practicas de corporativismo por encima de la ley y los derechos de la ciudadanía. Los policías tienen que cumplir la ley y respetar los derechos humanos de la ciudadanía, quien no lo hace es indigno de vestir el uniforme, y quien lo apoya, encubre o secunda, también.

Este es un país democrático cuyos ciudadanos disfrutan de derechos civiles y donde pasan cosas como que los amigos de seis policías investigados por homicidio insulten a la jueza, el forense, el jefe policial que en funciones de policía judicial investigó el caso, a varios policías de asuntos internos, a funcionarios de prisiones y a todo el que "se ponga a tiro", simplemente porque sus actuaciones profesionales no coinciden con lo que ellos creen o quieren hacer creer, en un caso de presunto homicidio. Y esas denuncias tienen eco en el colectivo, contaminado del veneno del corporativismo más rancio y peligroso que pueda haber, porque si muchos policías creen que la profesión les impone encubrir a su compañero haga lo que haga y no que deben cumplir la ley protegiendo a la ciudadanía y respetando sus derechos, en este país de corruptos, parados y pobreza tenemos otro problema grave. Certifico que existe ese problema.

Un país donde los policías han visitado en sus casas a ciudadanos para pedirles que retiraran de su balcón una bandera republicana, que no es ilegal (es innecesario decir esto para personas mínimamente formadas pero algún policía me ha discutido sobre este extremo), que es una forma cívica de expresar una idea política tan respetable como la de quien se envuelve en la bandera de la nación, un derecho protegido por las leyes que la Policía debe cumplir y proteger y contra los que ha actuado cumpliendo una orden ilegal, y no ha pasado nada, debe revisar los cimientos sobre los que se asienta su democracia.


José Manuel Sánchez Fornet
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es la norma que debía regir la convivencia de la humanidad. La Constitución española es una norma muy avanzada que no se cumple. Las dictaduras, ya sean de izquierdas o derechas, marxistas o fascistas, o las democracias al servicio del capitalismo salvaje, que también son dictaduras, no satisfacen el ideal de dignidad que merece cualquier persona, de cualquier color, religión, condición, sexo, o raza. Me hice policía sin vocación, por falta de trabajo. Después entendí que era un lugar privilegiado para defender los derechos de las personas, en especial de las más necesitadas. Hay mucho presunto profesional mal enseñado. Fascistas ignorantes. Policías que no entienden de democracia ni su papel en la misma. Y otros muchos muy buenos compañeros que no merece esta Institución tan corrompida como todas las demás del país. Mi bando no es ideológico, aunque soy socialista de pensamiento. He conocido corruptos y gente limpia en la izquierda y en la derecha. Estoy en la trinchera de los honestos contra los corruptos, sin más distinción. Un mundo mejor es posible. twitter @sanchezfornet
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