Autor Tema: Cárceles, presos y condenas  (Leído 282333 veces)

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1880 en: 02 de Enero de 2020, 06:24:43 am »

36 presos CUMPLEN HOY CONDENA EN FRANCIA
Ya solo hay 210 presos de ETA en las cárceles españolas: la menor cifra en 40 años

De los 591 etarras repartidos en más de medio centenar de prisiones del Estado que había a finales de 2009, se ha pasado una década después a menos de la mitad y distribuidos en 40 centros

Jose Mari Alonso. Vitoria

02/01/2020 05:00

La fotografía de los presos de ETA que cumplen condena en cárceles de España ha cambiado de forma radical en una década. De la cifra de 591 etarras repartidos en más de medio centenar de penales del Estado que había a finales de 2009 se ha pasado 10 años después a menos de la mitad, a un total de 210 reclusos, que se encuentran distribuidos en 40 prisiones. La presencia de etarras en instalaciones penitenciarias españolas ha decrecido de forma notable cada año durante la última década, hasta el punto de que el número de reclusos de la banda terrorista ha descendido ya a niveles de 1979.

Hace 40 años, con los primeros pasos de la democracia, 117 nombres conformaban el listado de etarras encarcelados, el cual se elevó de forma exponencial en apenas dos años hasta alcanzar 261 reclusos en 1980 y 435 un año después. Desde entonces, la población reclusa de ETA ha conocido oscilaciones con picos de subida y bajada —aunque siempre por encima de los 400 presos en las diferentes cárceles hasta 2015 (salvo dos excepciones)—, siendo el punto álgido la primera década del siglo XXI, con el techo fijado en el año 2008, cuando la cifra superaba los 600 reclusos solo en las cárceles de España.

El antes y el después de esta fotografía carcelaria lo marca el cese de la actividad armada que ETA decretó en octubre de 2011, lo que dio paso a un progresivo descenso anual de etarras entre rejas. Antes del anuncio de la banda terrorista que ponía fin a sus acciones violentas, las cárceles del Estado daban cobijo a algo más de 550 etarras y ahora la nómina se ha reducido a los actuales 210 reclusos —cinco de ellos cumpliendo pena en el País Vasco y 205 en prisiones repartidas por el resto de España—, según los datos a 29 de noviembre de 2019 de la asociación de familiares de presos de ETA Etxerat y de la dinámica Kalera Kalera a favor de los etarras encarcelados que abandera Sortu, la marca heredera de Batasuna.

No es, en todo caso, el listado completo de etarras que se encuentran entre rejas, ya que hay que sumar los 36 presos de ETA que cumplen a día de hoy condena en ocho cárceles de Francia, algunos de los cuales tienen causas pendientes con España, lo que eleva la cifra total de presos de la banda terrorista a 246. A este respecto, la situación de la población reclusa de ETA en el país galo también ha cambiado de forma sustancial en apenas una década, ya que en 2009 había presas 165 personas por su relación con ETA en 31 centros penitenciarios.


La situación de los reclusos de ETA en Francia ha cambiado también de forma sustancial en 10 años: de 165 presos en 31 cárceles a 36 en ocho centros


En esta última década, la excarcelación más sustancial tuvo lugar en el año 2013, a raíz de la derogación de la ‘doctrina Parot’ después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos diera la razón a la sanguinaria etarra Inés del Río en su recurso contra la aplicación de la norma adoptada en 2006 por el Tribunal Supremo, que permitía retrasar la excarcelación de presos con condenas altas. La resolución de Estrasburgo derivó en la puesta en libertad de más de medio centenar de reclusos, entre ellos históricos de ETA, en apenas unos meses, en virtud del máximo legal de 30 años de permanencia en prisión establecido por el Código Penal de 1973. El pasado año, cerca de una treintena de presos fueron puestos en libertad tras cumplir su condena, entre ellos José Ramón López de Abetxuko, que este pasado 10 de diciembre ofreció una polémica charla en la universidad pública vasca. Asimismo, un total de 35 presos recobraron la libertad en 2017.

De entre la población reclusa de ETA, 55 presos acumulan más de dos décadas en prisión, de los que 10 llevan entre 25 y 30 años, según la información que da la revista dirigida a los presos de la banda terrorista que edita Sortu, ‘Kalera.info’, en su último número, correspondiente al invierno de 2019. Según se refleja en sus páginas, otro contingente de 103 etarras —96 en cárceles españolas y siete en francesas— ha pasado la barrera de los 15 años en prisión. Esto hace que, según apunta la revista, el 64,5% de los encarcelados por su relación con la banda terrorista haya cumplido más de tres lustros efectivos en la cárcel.

Un total de 55 presos de ETA acumulan más de dos décadas en prisión, mientras que otro contingente de 103 reclusos lleva en la cárcel más de 15 años

Entre los presos que superan los 20 años entre rejas, se encuentran el sanguinario Jon Bienzobas, a quien en octubre el ayuntamiento de su Galdakao natal (Vizcaya) le cedió la casa municipal de cultura para albergar una polémica exposición con esculturas y pinturas realizadas en la cárcel, o Irantzu Gallastegi, quien participó en el asesinato de Miguel Ángel Blanco junto a su compañero sentimental, el histórico jefe etarra Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’ —el autor material de los dos tiros en la cabeza que acabaron con la vida del concejal del PP en Ermua en 1997—, que fue detenido en Francia en 2001. También acumulan más de 20 años los destacados etarras Antonio Troitiño, Francisco Múgica Garmendia, Joseba Arregi Erostarbe o Iñaki Bilbao, conocido por sus amenazas a los magistrados Baltasar Garzón o Fernando Andreu —a este juez le amenazó de muerte apuntándole con una mano en forma de pistola durante un juicio—.

Ya no están en prisión los históricos miembros de ETA José Javier Zabaleta, ‘Baldo’ y Xavier Ugarte —uno de los carceleros del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara—, quienes en julio de 2019 recobraron la libertad tras cumplir condenas de 29 y 22 años de prisión respectivamente. Ambos fueron recibidos por todo lo alto en sus localidades de origen, Hernani y Oñate, en dos ‘ongi etorri’ que provocaron la denuncia de las asociaciones de víctimas del terrorismo por constituir actos de “humillación”. Días después, recobró la libertad de forma definitiva Rafael Caride Simón, uno de los autores materiales del atentado de Hipercor en 1987, que se había acogido a la 'vía Nanclares' tras mostrar su arrepentimiento por sus actuaciones terroristas.

La cárcel de Picassent, en Valencia, es la que alberga a un mayor número de presos de ETA, con una docena, por delante de Granada (11) o Puerto I en Cádiz (10), según la información de Etxerat y 'Kalera.info'. En esta distribución por 40 cárceles españolas, los etarras que han acumulado mayor historial de sangre en sus manos se encuentran en las cárceles más alejadas del País Vasco. En su conjunto, 72 presos de ETA se encuentran repartidos en prisiones de Andalucía, lo que supone el 35% del total de la población reclusa de la banda terrorista. A continuación, se sitúa la Comunidad Valenciana, con 40 reclusos.

De los cinco presos que cumplen condena en el País Vasco, Jesús María Martín está en la cárcel alavesa de Zaballa, e Ibon Iparraguirre, en un centro sociosanitario, mientras que José Ramón Foruria, Aitzol Gogorza y Mikel Gil se encuentran en régimen domiciliario.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1881 en: 02 de Enero de 2020, 11:38:14 am »
Esperar a que Bildu tenga la fuerza que ERC y pondrán sobre la mesa el tema de los presos igual que ERC ha puesto el de la consulta.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1882 en: 07 de Enero de 2020, 06:29:23 am »
 
MARLASKA LES ORDENA HACERSE CARGO
Los guardias civiles avisan: "No garantizamos la seguridad en las prisiones"

Desde el pasado 1 de enero, los agentes sustituyen a medio millar de vigilantes privados que se han quedado sin empleo por la falta de previsión de Interior ante la quiebra de Ombuds

Autor
Roberto R. Ballesteros

07/01/2020 05:00

Decenas de guardias civiles se hicieron cargo de la seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura el pasado 1 de enero. El Ministerio del Interior les encomendó esta tarea después de que quebrara la empresa de seguridad Ombuds, que hasta el pasado 31 de diciembre tenía la responsabilidad de asumir el trabajo en cumplimiento de la adjudicación del concurso público, y de que ninguna mercantil se presentara a la nueva licitación para sustituir a esta sociedad, que no tenía capacidad para hacer frente a las nóminas de sus empleados durante más tiempo.

Los 500 vigilantes de seguridad de Ombuds, cuya esperanza solo pasaba por que alguna empresa se presentara al concurso y les subrogara, ya se han quedado en paro como consecuencia de la mencionada quiebra de la mercantil y de la licitación desierta. De ahí que el servicio tengan que prestarlo los funcionarios de la Guardia Civil, único agarradero que le queda al departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska para sacar adelante una tarea fundamental para mantener el orden en los citados centros penitenciarios.

Fuentes del instituto armado no entienden cómo Interior no ha tramitado aún un concurso público de emergencia para que una nueva empresa se haga cargo del servicio, que consideran que no pueden cumplir los escasos efectivos con que cuenta la benemérita para llevar a cabo la tarea. "No podemos garantizar la seguridad", explican con claridad las mencionadas fuentes, que aventuran que no serán capaces de llevar a cabo todos los traslados y conducciones previstos. "Habrá reclusos que no puedan salir de la cárcel", sentencian.

Añaden que el ministerio conocía la situación extrema que sufría Ombuds desde el pasado verano, pero que no hizo nada para remediar la salida de medio millar de vigilantes que se venía encima si las autoridades no ponían remedio. Ven incluso la 'mano negra' del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido en la Policía Nacional como 'Lenin' por su histórica cercanía al PSOE. Su figura es clave para el entendimiento entre las dos principales fuerzas de seguridad del Estado y las fuentes consultadas consideran que ha utilizado su cargo para perjudicar a la Guardia Civil en este punto y en otros.

Esta no es la primera vez que los agentes del instituto armado se hacen cargo de las tareas de seguridad de las prisiones de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Durante el proceso de concurso de acreedores, Ombuds dejó de pagar a sus trabajadores durante tres meses, lo que provocó que estos dejaran de hacer horas extra, una situación que obligó a la Guardia Civil a asumir parte de las funciones encomendadas a los vigilantes en el marco del concurso público que ganó la mercantil de seguridad.

Los agentes del instituto armado que han asumido la seguridad de las mencionadas prisiones lo harán al menos hasta el próximo marzo, fecha en la que se resolverá el nuevo concurso que ha convocado el Ministerio del Interior, que sigue los cauces habituales y no recurre a tramitaciones de emergencia, como reclamaban las fuentes mencionadas. Desde el departamento dirigido por Marlaska, prefieren no hacer declaraciones sobre este asunto.

El hecho de que sea la Guardia Civil la que asuma las funciones de los vigilantes es algo que ya preveían algunas asociaciones profesionales del cuerpo. No en vano, las tareas de las que se encargaron los empleados de Ombuds las hacían antes miembros del instituto armado y funcionarios de prisiones, que ahora también han vuelto a encargarse de algunas de ellas. En concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ya advirtió a la Secretaría de Estado de Seguridad de que la corporación no contaba con efectivos suficientes para asumir estas funciones.

La dirección nacional de la organización sindical propuso, de hecho, que Interior destinara los 300 millones que contempla el acuerdo de equiparación salarial para incorporación de personal de reserva a este cometido. Un informe de AUGC detallaba que este montante se podía dedicar a pagar a guardias civiles en la reserva para que estos trabajaran en la vigilancia de prisiones, una tarea asumible para estos funcionarios, y para determinadas tareas de violencia de género. La asociación argumentaba que era más económico que contratar vigilantes. Interior tampoco hizo caso de esta recomendación.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1883 en: 07 de Enero de 2020, 07:16:02 am »
Al CNP también le ha tocado.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1884 en: 18 de Enero de 2020, 06:41:06 am »

APENAS 50 DE 203 RECIBEN EL VISTO BUENO
Solo 50 guardias civiles pueden trabajar en prisiones: suplirán a 500 vigilantes

El 75% de los agentes que se presentan voluntarios a un puesto temporal en centro penitenciarios son vetados por sus superiores, que alegan que no tienen gente para cubrir los turnos


Roberto R. Ballesteros

18/01/2020 05:00

Los guardias civiles no pueden ni deben dejar el campo. Sus jefes entienden que prescindir de ellos iría en perjuicio de la seguridad en las zonas rurales y así se lo han transmitido a la Dirección General. Este último órgano había hecho un llamamiento a todos los funcionarios del cuerpo para que quienes quisieran concurrieran a unas plazas en comisión de servicio en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Sin embargo, la mayoría de los que han decidido dar el paso adelante y presentarse a esos destinos temporales han sido vetados por sus propios superiores.

En concreto, según fuentes del Ministerio del Interior, 203 guardias civiles se han presentado voluntariamente a esta convocatoria, pero solo 50 han aceptado. Los jefes de los agentes han argumentado a la Dirección General relacionados en la práctica totalidad de los casos que no pueden prescindir de sus subordinados. "Me quedo sin patrullas para cuadrar los servicios nocturnos" o "con uno menos no puedo cubrir todos los turnos" han sido algunas de las respuestas que han dado los responsables de los puestos de la Guardia Civil a los que se les ha pedido un informe después de que uno de sus agentes reclamara la plaza.


De hecho, la Dirección General apenas ha admitido la solicitud de medio centenar de funcionarios, un número claramente insuficiente para cubrir el trabajo que hasta el pasado 31 de diciembre llevaban a cabo 500 vigilantes de seguridad en los mencionados centros penitenciarios. Todos estos últimos pertenecían a la empresa Ombuds, que sufrió una crisis financiera como consecuencia de la compra de otras mercantiles que provocó su ruina. La quiebra de la sociedad impidió que esta pudiera volver a presentarse al concurso que convocó la administración para hacerse con el servicio de seguridad de las prisiones a partir del pasado 1 de enero.

La elevada deuda que adquirió la sociedad, además, impidió que ninguna otra mercantil concurriera a la licitación, dado que la empresa ganadora debía subrogar a los empleados de su predecesora y asumir su endeudamiento. Algunas sociedades estaban dispuestas a presentarse a través del sistema de unión temporal de empresas, pero finalmente ni siquiera pudieron hacerlo de este modo debido al error del máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad dependiente del Ministerio del Interior, el comisario José Antonio Rodríguez González, conocido como 'Lenin' dentro de la Policía Nacional por su histórica cercanía al PSOE.

El alto mando policial convocó el concurso con los tiempos muy ajustados, una situación que impidió que los posibles candidatos tuvieran margen para organizarse y que provocó que la licitación quedara finalmente desierta, como mostraba el expediente de la resolución administrativa a la que tuvo acceso El Confidencial. "Según el registro, el lote 2 no ha recibido ofertas por parte de los licitantes invitados", rezaba literalmente el escrito firmado por el comisario Rodríguez González el pasado 6 de noviembre para resolver el concurso. El documento explicaba que de los cinco lotes en los que se divide el concurso, solo uno había quedado desierto, el mencionado número 2, que se refiere a los establecimientos penitenciarios de la Comunidad de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha. El presupuesto total previsto por el Gabinete de Coordinación y Estudios para los cinco lotes superaba los 37,5 millones de euros. El que ha quedado desierto (el 2) conllevaba un coste de 8,3 millones.

Rodríguez González optó por la lentitud en la tramitación del expediente a pesar de que conocía la mala situación que atravesaba Ombuds desde el pasado verano, cuando la mercantil ya daba claros signos de quiebra, como el de dejar de pagar las nóminas a los empleados, extremo que tuvo lugar durante algunos meses. Fuentes del Ministerio explican que podía haber tramitado un concurso de urgencia o incluso de emergencia para evitar que la licitación quedara desierta, pero decidió no hacerlo y esperar a que los hechos cayeran por su propio peso. Como consecuencia de esta pasividad, medio millar de vigilantes de seguridad se fueron a la calle el pasado 1 de enero, un día después de la conclusión del anterior concurso, y una veintena de prisiones se quedaron de una jornada a otra sin protección más allá de los escasos policías o guardias civiles que complementaban la labor de los agentes privados.

Fue entonces cuando Interior ordenó a la Guardia Civil que rellenase el hueco dejado por los vigilantes, al menos hasta que saliera el nuevo concurso tramitado por los cauces habituales, que en cualquier caso no devolvería a los empleados privados a su puesto de trabajo hasta el próximo 1 de abril. La Dirección General del instituto armado hizo entonces un llamamiento interno para que los agentes que quisieran se presentaran a ocupar una plaza en comisión de servicio. La falta de efectivos dispuestos y autorizados ha resultado estar muy por debajo de lo que esperaba el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, que tiene la obligación de garantizar la seguridad de las prisiones por encima de todo.

Mientras sale adelante la convocatoria de la comisión de servicio provisional, las labores para mantener el control y la protección de los centros penitenciarios están en manos de los pocos guardias civiles y policías que ya estaban destinados en las cárceles, así como en la de los funcionarios de prisiones que habitualmente trabajan en estas instalaciones. Estos últimos están realizando labores impropias de la tarea que tienen asignada, que debe estar centrada en el control y la reinserción de los internos que residen en los establecimientos.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1885 en: 19 de Enero de 2020, 07:26:56 am »

DETRÁS DE UN ALTO PORCENTAJE DE ERRORES
Los falsos culpables de España: la prueba que puede llevar a un inocente a la cárcel
Un tribunal de Gerona ha absuelto a un hombre que fue encarcelado tras presentarse de forma voluntaria a una rueda de reconocimiento en la que el sospechoso era otro

Autor
Héctor G. Barnés

19/01/2020 05:00

Terminar en la cárcel por un crimen que uno no ha cometido es posible, pues al fin y al cabo, la justicia la imparten los falibles hombres. Que uno dé con sus huesos en prisión después de haber accedido voluntariamente a participar en una rueda de reconocimiento como un mero figurante, resulta mucho más difícil. Pero también es posible.

Es lo que le ocurrió a un vecino gerundense en el verano de 2018. La pasada semana, la Audiencia de Girona calificó de "despropósito difícil de explicar" y "kafkiana" la sucesión de acontecimientos que condujo al hombre desde una rueda de reconocimiento a pasar un mes en prisión y, de ahí, a una larga lucha por su inocencia. Como ha relatado la prensa catalana, el tribunal ha concluido con su absolución tras demostrar positivamente que ni siquiera había salido de casa la noche de los hechos.Cada vez hay más evidencias de que la memoria de los testigos es poco fiable, pero aun así la prueba sigue teniendo un gran peso

El falso culpable terminó en la cárcel después de que una chica y un joven, que habían denunciado a tres sospechosos por lesiones y agresión sexual en una pelea a la salida de una discoteca, lo identificasen en una rueda "sin ningún género de duda". Así que fue detenido por los Mossos y enviado a prisión por la titular del juzgado, sin la asistencia de un abogado. Al fin y al cabo, él simplemente se encontraba en la comisaría para visitar a sus hermanos, los verdaderos sospechosos, cuando los Mossos le propusieron participar como figurante en la rueda.

La fiabilidad de las pruebas de identificación es uno de los grandes debates en el mundo legal desde hace décadas, tanto en lo que respecta a su realización como a su peso legal. La ONG estadounidense Innocence Project calculó que la identificación errónea estaba detrás de más de 70% de los errores judiciales. Pero la situación no ha cambiado mucho desde que Alfred Hitchcock mandase a la cárcel a Henry Fonda en 'Falso culpable' por una identificación incorrecta de los testigos.
Kafka en Girona

El principal problema, en este caso, cae por su propio peso: que el obligado parecido entre el sospechoso y el señuelo se debiese, simple y llanamente, a que eran hermanos. "El sospechoso y los figurantes deben tener una apariencia similar y encajar con la descripción que se ha dado, y el hermano probablemente contaba con esa característica", explica el profesor Antonio Manzanero de la Universidad Complutense, experto en Psicología del Testimonio y responsable del Proyecto Falso Culpable. "En ese sentido no está mal, pero claro, la probabilidad de señalar al hermano se incrementa".

El testimonio durante la rueda de reconocimiento terminó imponiéndose a otros factores. En el juicio, celebrado a finales del año pasado, hasta cuatro testigos llegaron a demostrar la coartada del falso culpable. "Es llamativo que se dé preferencia a la rueda, y nos lo hemos encontrado en muchos casos de falsos culpables, incluso en aquellos en los que hay prueba de ADN", coincide Manzanero, que señala otra serie de ángulos muertos en el relato que pueden haber condicionado el resultado final.

¿Qué instrucciones se dieron a los testigos? ¿Se les hizo pensar que el autor estaba presente, lo que condiciona la elección? ¿Había varios sospechosos en la misma rueda, o una por cada uno de ellos? ¿En qué estado se encontraban cuando se produjo la agresión, que tuvo lugar de madrugada? Si el hermano estaba en la comisaría para visitar a sus familiares, ¿es posible que las víctimas lo viesen en la sala de espera?

De ser afirmativa esta última pregunta, sería un ejemplo de "transferencia inconsciente" como el de la fascinante historia del experto en memoria Donald Thomson. El psicólogo fue detenido un buen día después de que una mujer lo identificase como su violador. La coartada de Thomson era inmejorable: en el momento en el que la víctima estaba siendo agredida, él estaba dando una entrevista en televisión, precisamente, sobre la distorsión en la memoria. Era el programa que estaba viendo la mujer cuando el violador entró en su casa, lo que la había conducido a intercambiar en su mente la identidad del agresor con la del hombre que salía en televisión.

La relación entre esas dos variables, seguridad y exactitud, es escasa, por lo que no puede tratarse de la única prueba condenatoria

Un problema adicional, coinciden los expertos, es que la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículos 369-372) resulta vaga respecto a las características concretas en las que debe realizarse la rueda de reconocimiento, como recuerda Margarita Diges, catedrática de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y autora de 'Testigos, sospechosos y recuerdos falsos'. Aunque no quiere pronunciarse sobre el caso sin conocerlo en profundidad, recuerda que el resto de figurantes de la rueda no deben tener nada que ver con el asunto y no puede ponerse en duda su inocencia respecto a ese caso concreto.

La clave se encuentra en la confusión entre seguridad y exactitud. Es decir, por mucho que el denunciante puede estar seguro que determinada persona es el agresor, es posible que sea falso. "Lo que el juez o el tribunal utilizan es la seguridad que manifiesta el testigo en su identificación para inferir su exactitud", explica Diges. "Eso estaría bien si hubiera una correlación entre esas dos variables. Lo que sucede es que la relación entre esas dos variables, seguridad y exactitud, es escasa. De hecho, la seguridad no permite predecir la exactitud ni en la mitad de los casos".

La solución, que la identificación no se emplee en ningún caso como prueba única condenatoria, "debido a la cantidad de errores a los que llevaría". Sin embargo, es complicado convencer a la justicia de que se trata de una prueba poco fiable, a pesar de las evidencias científicas, añade la profesora.

En 'Falso culpable', de Alfred Hitchcock, el personaje interpretado por Henry Fonda era confundido con un atracador de bancos en una rueda de reconocimiento
En 'Falso culpable', de Alfred Hitchcock, el personaje interpretado por Henry Fonda era confundido con un atracador de bancos en una rueda de reconocimiento

Esta realizó un curioso experimento durante una escuela de verano en Mariñán (La Coruña): una prueba de identificación con los jueces asistentes sobre una cara vista en una película mostrada dos horas antes. "Aunque apenas acertó un diez por ciento de los asistentes, su seguridad era indistinguible de la seguridad de los que se equivocaban", explica. "Cuántos de ellos se quedan con la idea de la dificultad de la tarea y de la cantidad de errores que se cometen, y de que la seguridad no nos permite hablar de exactitud, creo que serán muy pocos".
Nuestras víctimas autóctonas

En 1984, Marino de la A. fue identificado por un mendigo como el hombre que había asesinado a Aureliano M. delante de su mujer y dos hijas. El signo inconfundible, su cara picada de viruela. Aunque las huellas no coincidían con las suyas y tenía coartada, terminó en la cárcel tras una rueda de reconocimiento en la que fue reconocido por siete testigos. Tres meses después, una huella dactilar permitió encontrar al verdadero asesino, Florencio A.

Raúl S. fue reconocido por siete personas como el agresor sexual. Sin embargo, tras su detención, las violaciones se siguieron produciendo

En mayo de 1992, un adolescente de Alcorcón llamado Raúl S. fue identificado "sin ningún género de duda" por algunas de las víctimas del conocido como "violador del ascensor de Alcorcón", algo ratificado en posteriores ruedas de reconocimiento. Tras su detención, las violaciones se siguieron produciendo. Ocurrió lo mismo con otro adolescente de 15 años detenido en octubre de 1992. No fue hasta medio año y cinco violaciones después que se arrestó a un tercer sospechoso, que confesó su culpabilidad. Raúl pasó 10 meses en prisión hasta que se demostró su inocencia.

Estos son dos de los ejemplos que, a falta de estadísticas oficiales, Manzano recogía en su libro 'Memoria de testigos: obtención y valoración de la prueba testifical', en el que mostraba cómo los recuerdos mantienen una relación peculiar con la realidad. Es más común de lo que pensamos que, incluso cuando las pruebas muestran que alguien es inocente, este tarde mucho tiempo en ser liberado.
¿Qué hacemos entonces?

La pregunta del millón. Como recuerda Manzanero, a pesar de sus defectos, la identificación es una prueba de la que no se puede prescindir por completo, ya que a menudo "no hay más remedio". "Hay que cumplir con el requisito de poner nombres y apellidos al autor, y a veces no hay rastro biológico ni cámara que nos indique que es él, por lo que hay que recurrir a los testigos", explica.

Los participantes deben mantener algún parecido con la descripción del sospechoso. (iStock)
Los participantes deben mantener algún parecido con la descripción del sospechoso. (iStock)

El profesor publicó en su libro 'Psicología del testimonio' hasta 39 normas para dirigir e interpretar las ruedas de reconocimiento, entre las que se encontraban cuestiones básicas como que no exista ningún contacto entre testigo y sospechoso en el período de tiempo entre la comisión del delito y la identificación, no considerarla en ningún caso como la única evidencia de culpabilidad o recordar que el valor probatorio de la identificación no aumenta con la identificación positiva de varios testigos.

Como añade Diges, un problema habitual en España es que la policía realiza las ruedas sin control externo, algo que solo se produce durante la fase judicial. "Como no está ningún abogado ni se graba nada, no sabemos las instrucciones que se dan al testigo, ni si las fotografías que se acompañan al sospechoso se parecen a este en los rasgos que el testigo ha proporcionado del agresor, ni tampoco si se les escapa inadvertidamente alguna señal sobre quién es el sospechoso", explica.

Un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal estuvo a punto en 2011 de presentar una guía más detallada, pero quedó en agua de borrajas

En 2011, recuerda Diges, estuvo a punto de aprobarse un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que quedó en agua de borrajas por la disolución de las cortes en la que sí se presentaba una guía detallada para llevar a cabo "ruedas de forma infinitamente más adecuadas", además de exigir más pruebas aparte de la de identificación. En este caso sí se recogía el número de personas (al menos cinco), los requisitos de participación o la grabación del reconocimiento.

"Ahí se perdió la gran oportunidad para emplear la prueba de forma infinitamente más fiable y con menos riesgo de cometer errores", concluye la autora de 'Los falsos recuerdos'. "No olvidemos que el error aquí es doble: mandar a la cárcel a un inocente, y dejar libre al culpable".


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1886 en: 20 de Enero de 2020, 06:42:47 am »
Los que hacen comparativas de España con repúblicas bananeras deberían reflexionar antes de ello, pues esto es del todo imposible se dé en España o en cualquier país de Europa, quizás la fuga de un recluso puntual organizada y planiticada si, pero 75 de golpe, nunca se vió en países desarrollados.


   
Corrupción penitenciaria

Se fugan 75 reos de una cárcel de Paraguay con ayuda de los funcionarios de prisiones
El ministro del Interior paraguayo, Euclides Acevedo, ha explicado que, según la información de inteligencia, los 75 reos en realidad fueron liberados y salieron por el portón principal
Europa Press


Tiempo de lectura2 min
19/01/2020 23:34 - Actualizado: 19/01/2020 23:35

Un total de 75 reclusos pertenecientes al grupo delictivo brasileño Primer Comando Capital (PCC) se han fugado de la cárcel de Pedro Juan Caballero de Paraguay en una acción que habría contado con la complicidad de los funcionarios de prisiones.

El ministro del Interior paraguayo, Euclides Acevedo, ha explicado que, según la información de inteligencia, los 75 reos en realidad fueron liberados y salieron por el portón principal pese a que se ha hallado un túnel que habría servido únicamente para intentar maquillar la colaboración de los funcionarios.

"Es imposible que los reclusos salgan todos por el túnel. La información que tenemos es que la mayoría salieron por los portones. Justo el que salió por el túnel fue recapturado. Hay informaciones de que no todos salieron hoy. Durante todos estos días fueron saliendo por grupos", ha apuntado Acevedo en declaraciones a Radio Monumental.

"La corrupción dentro de las penitenciarías es peor que la epidemia del dengue.
Puede ser una coincidencia, pero justo el director del penal está de vacaciones", ha indicado el ministro Acevedo.

El ministro cree que muchos de los fugados habrían ya pasado la frontera hacia Brasil, pero otros están aún en territorio paraguayo y por ello la Policía está en alerta.

Por su parte, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, ha subrayado que "claramente" el personal de seguridad de la penitenciaria tenía conocimiento del túnel que fue construido para la fuga de los internos. En una de las celdas había 200 bolsas de arena que serían del túnel, pero ningún guardia ni los agentes de la fiscalía que realizaron registros informaron de los mismos.

Serán destituidos los funcionarios que hayan colaborado y se están abriendo investigaciones en todos los ámbitos, tanto policial como militar

La ministra ha explicado que tras reunión con el presidente, Mario Abdo Benítez, se ha decidido que todo el personal del centro penitenciario permanezca detenido.

"Aquí no va a haber contemplaciones, aquí no importa el rango o el grado de las personas que han tenido responsabilidad en este hecho, tanto penal como administrativa. Serán destituidos y se están abriendo investigaciones en todos los ámbitos, tanto policial como militar porque este centro penitenciario tendría que haber tenido resguardo", ha advertido.

Mientras, el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia, ha explicado que todos los militares que estaban haciendo la custodia perimetral de la cárcel han sido relevados y serán sometidos a una investigación.

Fuentes extraoficiales apuntan a que los presos se llevaron sus electrodomésticos, tales como heladeras y otros aparatos que no caben por el túnel, lo que confirmaría la hipótesis de la fuga por el portón. La propia ministra de Justicia ha confirmado que había electrodomésticos, lo que apunta ya a que corrupción para permitir su entrada.






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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1887 en: 30 de Enero de 2020, 06:45:55 am »

Un hombre agrede a dos agentes y se fuga de los juzgados de Madrid

El detenido, de 32 años y sin antecedentes, fue detenido en Barajas con cinco kilos de cocaína
Conéctate
M.V.


Madrid 29 ENE 2020 - 16:01 CET   


Un brasileño, de 32 años, fue detenido en el aeropuerto de Madrid por llevar cinco kilos de cocaína encima. Después, tal y como exige el protocolo policial, fue acompañado por la Guardia Civil a los calabozos que en este caso eran los de Plaza de Castilla. Una vez aquí, fue desposado para firmar unos documentos. En ese momento propinó unos puñetazos a los agentes, huyó hacia la puerta, saltó la valla que cierra el recinto y se disolvió entre las calles. Sigue en busca y captura.

El detenido, que no tenía antecedentes, es un hombre muy corpulento, según fuentes del instituto armado. Cuando los guardias avisaron a la Policía Nacional, encargada de la seguridad en la sede judicial, varios agentes salieron a buscarle pero no le encontraron, según han confirmado a Efe fuentes policiales que añaden que no fueron informados del incidente en el momento, sino transcurrido un tiempo.

Tras la huida, los guardias salieron corriendo y avisaron al Juzgado de Guardia, al fiscal, y a los dos policías nacionales de la puerta, que intentaron localizarle sin éxito. A las 12.00 el juez emitió una orden de busca y captura. Junto al brasileño viajaba otro compañero que sigue detenido. "El detenido podría pertenecer a un escalafón menor de una red de narcotráfico de cocaína con conexiones en España", han indicado fuentes policiales a Europa Press.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles, que ha expuesto en otras ocasiones los problemas relacionados con la custodia de detenidos o presos en los juzgados y ha presentado una queja en este sentido al Defensor del Pueblo, ha asegurado tras conocer este suceso que "se debe a la falta de coordinación existente entre ambos cuerpos y la duplicidad de bases de datos".

"Además, en este caso concreto, se debe a que la Guardia Civil se encuentra realizando una función que le corresponde a la Policía Nacional", encargada en Madrid de la custodia de detenidos y presos en los juzgados de Plaza de Castilla y de Julián Camarillo, entre otros lugares como hospitales, en virtud de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


 :porcul



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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1888 en: 06 de Febrero de 2020, 10:13:33 am »


El Constitucional reconoce el derecho de los presos a hablar con la prensa


El tribunal insta a Interior a regular las entrevistas a reclusos en las prisiones
   
Oriol Junqueras, junto al periodista Jordi Évole, en una reciente entrevista.
Oriol Junqueras, junto al periodista Jordi Évole, en una reciente entrevista.
JAVIER MARTÍN-ARROYO
Sevilla  5 FEB 2020 - 15:59 CET
El Tribunal Constitucional ha instado al Ministerio del Interior a que permita y regule en las cárceles las entrevistas a presos, cuyo derecho a la libertad de expresión se ve coartado al prohibirles conversar con periodistas, una práctica habitual por parte de Instituciones Penitenciarias en los últimos años cuando se trata de reclusos preventivos o mediáticos, según denuncian las asociaciones de periodistas. El alto tribunal reconoce —en una sentencia notificada este martes y que sienta un precedente al no existir doctrina previa— el derecho de información de la prensa para dar voz a los internos y de la ciudadanía a conocer sus opiniones y críticas al sistema penitenciario. La negativa de Interior para conceder entrevistas a presos mediáticos contrasta con la postura de la Generalitat, que ha permitido recientemente a numerosos medios entrevistar a los políticos presos del procés.


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Cuestión de derechos
El Constitucional ha resuelto un recurso de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), que elevó una queja tras la negativa de la cárcel de Córdoba a que un preso común concediera una entrevista, una decisión ratificada por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 8 de Andalucía y la Audiencia de Córdoba, cuyo criterio ha corregido ahora el alto tribunal. Instituciones Penitenciarias decide sobre cada petición de entrevista de la prensa que tramita, pero sin un protocolo establecido. “El silencio legal [por la falta de regulación para entrevistas] no puede entenderse como libertad para restringir a su antojo esos derechos, sino todo lo contrario, como una falta de habilitación para restringirlos”, reza la sentencia. Para el tribunal, para denegar una entrevista no basta con alegar que hay peligro “para la seguridad y el buen orden del centro”, sino que la negativa debe estar "motivada de manera suficiente y razonable".

Al prohibir la entrevista al recluso de la cárcel de Córdoba, esta vulneró sus derechos “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, razona el alto tribunal.


Instituciones Penitenciarias alega que trabaja en la elaboración de una instrucción para regular el acceso de la prensa a las cárceles. “En los últimos 19 meses —desde la entrada del Gobierno de Pedro Sánchez— los centros penitenciarios se han abierto a los medios de comunicación, desde el respeto a la libertad de expresión, el derecho a la información y sobre todo desde el escrupuloso respeto a los derechos de las víctimas. Se ha permitido el acceso a periodistas tras el estudio exhaustivo de cada solicitud”, responde una portavoz. Instituciones Penitenciarias autoriza la elaboración de reportajes, pero suele denegar las entrevistas a presos, sobre todo preventivos, ya que puede interferir en su causa penal.

Tras décadas de silencio y una política muy restrictiva, en 2018 el Defensor del Pueblo urgió a Instituciones Penitenciarias a regular y permitir el acceso de los periodistas a las cárceles con la modificación del artículo 49.5 del Reglamento penitenciario, pero el ruego cayó en saco roto. “La sentencia es muy importante porque reconoce la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad y la opacidad a la hora de saber qué ocurre dentro de la prisión. Esperamos que este rapapolvo del Constitucional contribuya a reducir la persecución de la Administración Penitenciaria contra quienes denunciamos la vulneración de derechos humanos en los centros penitenciarios”, ha denunciado Valentín Aguilar, coordinador de APDH.


El proceso que ha culminado este martes comenzó hace tres años, cuando un preso condenado a 58 años de cárcel por robos y lesiones concedió una entrevista a un periodista de eldiario.es en la que criticaba el trato dispensado por la cárcel de Córdoba, tras lo que fue sancionado, castigo que revirtió el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la ciudad andaluza. El periodista había acudido a la prisión en calidad de amigo del recluso. A continuación, APDH solicitó la entrevista por escrito a la prisión y esta alegó que no existía motivación para concederla ni garantía de que se mantuviera la seguridad del centro. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia de Córdoba dieron la razón a la prisión.

Ante la negativa de la cárcel para conceder la entrevista, la Sala Segunda del Constitucional discrepa ahora al tildarla de "censura previa", y recuerda que “el control previo de contenidos no está amparado constitucionalmente (…) Las resoluciones que limiten los derechos de los reclusos, aparte de respetar los límites constituciones y legales, deberán estar motivadas de manera suficiente y razonable”. Aguilar añade: “En 2017 y 2018 no se autorizó ninguna entrevista desde Instituciones Penitenciarias. Se ha interpuesto querellas por decir que en las cárceles se tortura, cuando lo dice la ONU. Se intenta silenciar las voces críticas, una política que ha sido efectiva porque hay muy pocas voces disidentes. La sociedad obtiene una información muy manipulada y tiene todo el derecho a saber y entender por qué el índice de reincidencia es del 30%”.

Este miércoles la Asociación de la Prensa de Sevilla ha subrayado que el fallo del Constitucional consagra tres derechos fundamentales: la libertad de expresión de los presos, la libertad de información veraz de los periodistas y el derecho de la ciudadanía a recibir la información e ideas por cualquier persona. “La sentencia supone un hito por la libertad de expresión. Todo poder teme a la libertad de expresión y de información, la considera sus grandes enemigos. Todos sacan pecho en defensa de una supuesta defensa de estas libertades y todos intentan silenciarlas”, ha recordado Rafael Rodríguez, presidente de la asociación de periodistas sevillanos. Tras el fallo, esta asociación propondrá a la Federación de Asociaciones de Periodistas (FAPE) que eleve un recurso al Constitucional para que se pronuncie sobre las ruedas de prensa sin preguntas y el veto a periodistas y medios de comunicación por parte de cargos públicos en las Administraciones

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1889 en: 07 de Febrero de 2020, 10:23:37 am »


El hombre que arrancó los ojos a una joven en Avilés vuelve a hacer vida normal en León y ya solo duerme en la cárcel



La víctima fue Cristina Fanjul, una chica de Langreo, que contaba con 22 años | Fernando Sanz, que fue condenado a veinticinco años por arrancarle los ojos, ha cumplido la mayor parte de su condena en Mansilla de las Mulas

O. ESTEBAN
Gijón / la felguera.
Miércoles, 5 febrero 2020, 10:15
 
No hace falta que nadie le recuerde que están a punto de cumplirse veinte años. Lo sabe perfectamente. Cómo no recordar la fecha de aquel 6 de febrero del año 2000, cómo olvidar aquella madrugada, cuando estuvo a punto de morir asesinada, perdió (le arrebataron) la visión y, con ella, la vida que había conocido hasta entonces. Cristina Fanjul era en aquel momento una joven felguerina de veintidós años que había salido de fiesta con sus amigas por Avilés como tantos otros fines de semana. Una peluquera alegre que había coincidido con un chico al que ya había visto en alguna otra ocasión. Un chico que la agredió brutalmente, le arrancó los ojos e intentó asesinarla. Hoy es una mujer de 42, esposa y madre, trabajadora de la ONCE. Una mujer valiente y sonriente, que contó desde el principio con el apoyo inquebrantable de su familia, sus amigos, sus compañeros de profesión y toda la comarca. En realidad, de toda Asturias, que se volcó con ella y le dedicó numerosos homenajes. Cristina Fanjul rehizo su vida y hace tiempo que eligió vivir fuera de los focos. No cambiará ese nuevo anonimato por este aniversario ni por ninguno.


Mientras, su agresor, Fernando Sanz Vecino, sigue cumpliendo condena. Aquel fatídico 6 de febrero del año 2000 él era un joven soldado profesional de veinte años, que disfrutaba de un permiso en el domicilio familiar del barrio de Versalles. Dicen que la suya es una familia ejemplar, que siempre insistió en la inocencia de su hijo. Su padre, también Fernando de nombre, ha excusado siempre públicamente que su hijo diciendo que no recordaba nada de lo sucedido.


La sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo le impuso, en la sentencia dictada el 15 de marzo de 2002, veinticinco años de prisión. Recurrió ante el Tribunal Supremo, sin éxito. Tras ingresar en un principio en el centro penitenciario de Asturias, la mayor parte de este tiempo lo ha pasado en el de Mansilla de Las Mulas, en León. Pero hace un tiempo que regresó a Asturias, a Villabona, donde en estos momentos tan solo pernocta. Según confirmó a El Comercio José Luis Arrojo, quien ejerció de abogado del acusado durante el juicio, Sanz tiene un empleo en Avilés, de donde es originaria su familia, y acude a la cárcel cada noche.


Ya en su última etapa en Mansilla de las Mulas, donde trabajó en la panadería (parte del dinero que percibió por esa ocupación se destinó a pagar la indemnización impuesta para la víctima, de 761.419 euros), empezó a disfrutar de permisos fuera de la cárcel y la mejora del régimen ha llegado en Asturias. La semilibertad es el paso previo a la libertad definitiva.

La familia de Sanz ha intentado en varias ocasiones lograr una revisión de la condena, permisos e incluso el indulto. Pero no lo lograron nunca. El abogado José Luis Arrojo reconoce las dificultades del caso y asume «la presión social».

Ya a finales de 2003, menos de cuatro años después de los terribles hechos, la familia de Sanz solicitó el indulto parcial, que fue rechazado por el Consejo de Ministros. Cristina Fanjul y su familia consideraron justa aquella decisión. Su entorno ya se había movilizado en ocasiones anteriores y estaba dispuesto a hacerlo tantas veces como fuera necesario. Habían formado el Colectivo por Cristina y habían recogido miles y miles de firmas a favor del cumplimiento íntegro de la pena y en contra de cualquier beneficio penitenciario. Cada solicitud por parte del entorno del agresor suponía un paso atrás para una Cristina que intentaba rehacer su vida, que aprendía a convivir con la ceguera, a leer en braille, que volvía a formar parte del grupo folclórico Reija y que encontraba entonces en su perro guía, Kraker, un importante apoyo.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1891 en: 13 de Febrero de 2020, 07:20:10 am »

Expedientan a Rato tras un incidente con un preso que le dio un calendario con fotos de su familia

"Le ha sido incoado un expediente disciplinario en atención a un estado de agitación provocado por haberle entregado otro interno un calendario en el que aparece fotografiada su familia", dice el auto en el que se le autoriza a salir de prisión

Alejandro Requeijo


Publicado 13.02.2020 - 05:15
ActualizadoHace 1 horas

La cárcel de Soto del Real ha abierto un expediente disciplinario al expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un incidente con un preso tras el que se mostró especialmente nervioso, según consta en el auto en el que se le autoriza a salir 12 días de prisión adelantado por Vozpópuli.

Según la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el expediente se le incoó el pasado viernes “en atención a un estado de agitación del mismo provocado por haberle entregado otro interno un calendario en el que aparece fotografiada su familia”.  Por el momento, la institución penitenciaria no ha dictado ninguna sanción contra él.

Fuentes conocedoras del incidente explican que el compañero de cárcel de Rato quiso tener con él un detalle, pero la reacción del exvicepresidente del Gobierno fue la contaría la esperada. El enfrentamiento fue verbal, pero Rato se puso muy nervioso también con el personal de la prisión.

La Audiencia Nacional no ha tenido en cuenta este incidente a la hora de concederle dos permisos de salida de la cárcel de seis días cada uno. Tampoco parece haber sido un inconveniente para la cárcel. La Junta de Tratamiento de Soto del Real se mostró a favor de dejarle salir esos días antes de este altercado y “no ha solicitado la suspensión del permiso”.

El juez de vigilancia, José Luis Castro Antonio, elude entrar al valorar estos hechos al no haber todavía una sanción por parte de la administración penitenciaria, pero tampoco le da excesiva importancia a la hora de valorar la conducta de Rodrigo Rato en la cárcel. Tanto la prisión como el Juzgado coinciden en que la conducta es buena y ese es uno de los argumento por los que se le concede los permisos de salida. “Según se desprende del relato de hechos, en nada afecta a la conducta global del interno a efectos de disfrute de permisos, por tanto, debe ser concedido el permiso”, dice el auto dictado este miércoles.
Causas pendientes

El expresidente de Bankia cumplió en octubre el primero de los cuatro años y medio de prisión a los que fue condenado por las tarjetas opacas de Caja Madrid. Se encuentra a la espera de la sentencia del juicio por la salida a Bolsa de Bankia, cuyo fallo podría sumarle otros 8 años y medio de condena. Rato, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, ingresó en Soto del Real tras haber pedido perdón "a la sociedad y las personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas" por su actuación.

Además, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid mantiene abierta una investigación sobre el origen de su patrimonio. Se le investiga por los presuntos delitos de  fraude fiscal, blanqueo de capitales y el supuesto cobro de comisiones por la contratación de la publicidad de Bankia. Son estas causas pendientes las que han llevado tanto a la cárcel como a la Audiencia Nacional a oponerse a la concesión de un tercer grado para Rato que le hubiese permitido pisar la calle a diario.

 

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1892 en: 19 de Febrero de 2020, 07:12:07 am »

Una procuradora del Turno de Oficio denuncia a un cliente por acosarla con más de 20.000 mensajes

Medio centenar de abogados de justicia gratuita la acompañarán en el juicio. El acusado, que ha quebrantado la orden de alejamiento en reiteradas ocasiones, lleva seis meses en prisión provisional

Fecha
19/02/20access_time 1:02

Una procuradora del Turno de Oficio ha denunciado en varias ocasiones a un cliente por acoso, por enviarle más de 20.000 mensajes amenazantes y de carácter sexual, además de quebrantar la orden de alejamiento. La víctima ha tenido que dejar su trabajo y presenta secuelas psicológicas graves. El acusado está en prisión provisional desde agosto y ha enviado a la víctima cartas desde la cárcel.

El primer juicio de este caso se celebrará este jueves y acudirán más de un centenar de abogados de la justicia gratuita en apoyo a su compañera. La vista se espera complicada porque ya en anteriores declaraciones del hombre se necesitaron seis policías para reducirlo. La mujer ha tenido que dejar el turno de oficio y el informe psicológico, realizado a principios de mes, al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, apunta que tiene “trastornos depresivos” y “ansiedad”.

La historia se inició cuando a este hombre de 49 años le asignan en un proceso judicial a dicha procuradora. Él contacta con ella para ver cómo va su caso y ante los repetidos mensajes, ella termina por bloquearle del Whatsapp. A partir de ese momento, ella vive más de año y medio de acoso.

El escrito de acusación, al que también ha tenido acceso ECD, pide para el hombre más de 7 años de cárcel y  una indemnización de 12.000 euros a la víctima como consecuencia de los daños morales por delitos continuados de acoso, amenazas, coacciones y quebrantamiento.

Más de 20.000 mensajes

Desde septiembre de 2018 la víctima ha recibido más de 20.000 mensajes de todo tipo, 5.000 de ellos cuando él ya tenía una orden de alejamiento con prohibición de comunicación de cualquier tipo: “me mato contigo”, “Tengo unas ganas de verte, dios, si es que solo pienso en ti a todas horas, que lo sepas, lo que no se puede estar llamando cada dos minutos y hablar con un contestador que luego me diga que está lleno” “Te deseo con locura. Pero yo te secuestro o me secuestras tú a mí o nos secuestramos. Te comía a ti, como solo pienso en ti”. “Te espero y punto, harás porque vaya a verte… solo tú eres capaz de relajarme”.

Estas comunicaciones han supuesto una grave alteración del estado anímico de la víctima, de su vida profesional, personal y familiar.

Quebrantamiento de la orden de alejamiento

El acusado llega a presentarse en los juzgados de Arganda donde la denunciante trabaja y en su propio domicilio. La mujer reconoce que esto ha cambiado su vida, puesto que ha dejado de llevar a su hijo al colegio por su propia seguirdad, ha comenzado a tener miedo de ir sola por la calle y en muchas ocasiones se ha visto atrapada en su casa, porque el acusado decía estar fuera.

Cartas desde la cárcel

La detención del acusado se prolongó 11 meses y, finalmente, en agosto de 2019 ingresa en la prisión de Soto del Real. Desde ese momento, la comunicación con la víctima termina y ella comienza a tener una vida relativamente tranquila hasta hace unas semanas que recibe una carta manuscrita.

“Casi me da un infarto cuando me decía que tenía juicio el 20, [...] ese día no tengo nada pendiente  con la ‘justicia’, simplemente es tu llamada para escribirme”, dice la carta con remitente de la cárcel. La víctima ha interpuesto una nueva denuncia por este hecho y la jueza del Juzgado nº 12 ha pedido información a los funcionarios de la cárcel para saber qué ha podido ocurrir.

Los médicos forenses han concluido sobre el acusado que “no se observan signos ni síntomas que nos hagan pensar en la existencia de alteraciones psíquicas en el paciente que alteren su capacidad cognitiva y/o volitiva”.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1893 en: 26 de Febrero de 2020, 17:10:29 pm »

El director de Juan Grande, ante el juez



19/02/2020

El director del Centro Penitenciario Las Palmas II, Ricardo Gutiérrez, ha sido llamado a declarar ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de San Bartolomé de Tirajana, después de que una profesional que trabaja en dicha prisión presentara una querella en su contra por un presunto delito de revelación de secretos o, de forma alternativa, prevaricación administrativa.

Según la querellante, el director de la prisión utilizó presuntamente su autoridad para conseguir y hacer públicos datos relacionados con los períodos de bajas médicas y las causas o patologías causantes de las mismas que había sufrido su compañera durante los años 2017 y 2018, todo ello durante la tramitación de un expediente sancionador que inició el responsable en su contra.

Según el documento admitido a trámite, a la funcionaria le fue incoado un expediente disciplinario por la Inspección Penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por no asistir «de manera supuestamente injustificada, a una reunión de la Junta de Tratamiento de dicha penitenciaría el pasado 8 de agosto de 2018». Por este motivo, se inició dicho expediente, con lo que la relación entre ella y el director se vio «mediatizada por dicha denuncia y el expediente subsiguiente», aunque «ya con carácter anterior, la querellada cuestionó en diversas ocasiones el trato que recibía de su superior jerárquico», relata la acusación. Por este motivo, la funcionaria fue sancionada un mes, aunque tiene recurrida esta medida en lo Contencioso-administrativo.

La querellante considera que el responsable de la cárcel cometió un presunto delito de revelación de secretos
En el curso del expediente, el instructor solicitó al director del penal un certificado en el que constaran solo los periodos de vacaciones o permisos que había disfrutado esta profesional. Pero Ricardo Gutiérrez, según la parte acusadora, con el propósito de deteriorar la credibilidad de la funcionaria y haciendo uso de sus facultades, solicitó una serie de informaciones que no costaban en la investigación como las veces que había cogido una baja médica y las enfermedades que le habían diagnosticado, informaciones «de carácter estrictamente reservadas y confidenciales por afectar a la intimidad personal de la querellante» y sin aparente interés para la resolución de este expediente.

Posteriormente, «el querellado, en respuesta datada el 27/11/2018 bajo el falaz epígrafe de permisos y/o vacaciones relativos a la querellante en 2018», sostiene la acusación, remite al instructor toda esta información clínica de 2017 y 2018 «que revela las patologías sufridas por la paciente y la duración de las mismas», descubriendo así «ilícitamente datos rigurosamente confidenciales que violan el derecho constitucional fundamental a la intimidad personal» de la funcionaria.

Este perjuicio denunciado motivó que la funcionaria fuese calificada como una persona «desatenta en el cumplimiento de sus obligaciones», que hacía «frecuente uso de bajas médicas para ausentarse de su puesto de trabajo con perjuicio para el servicio público y continuada y voluntaria disminución de su rendimiento profesional», apunta la querella que está en curso tras ser admitida a trámite.

Instrucción en curso.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Navarro Hernández, citó para que presten declaración a principios del próximo mes tanto al director del Centro Penitenciario Las Palmas II, como a la funcionaria querellante. También tendrán que responder a las preguntas de las partes el instructor del expediente disciplinario que se inició contra la funcionaria y por el que fue suspendida con un mes de empleo y sueldo y también la jefa de personal del centro penitenciario del sur de la isla.



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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1894 en: 01 de Marzo de 2020, 19:12:15 pm »

La juez perdona al zaragozano que debía entrar en prisión por una sentencia de hace 12 años


Fue condenado por quedarse varios paquetes cuando tenía 22 años y trabajaba como repartidor, pero devolvió todo lo sustraído.

ACTUALIZADO 01/03/20 A LAS 02:00M. A. COLOMA
Juan Carlos Torres, este jueves, junto a su camión, en las proximidades de París.
Juan Carlos Torres, hace unos días, junto a su camión, en las proximidades de París. HA
No todas las historias tienen un final feliz, pero el zaragozano Juan Carlos Torres confiesa que su «pesadilla» no podía haber acabado de mejor manera, ya que una juez acaba de impedir que entre en prisión por una condena de hace doce años. «Me rompen la vida por un error que cometí cuando era solo un chaval», contaba hace solo unos días HERALDO, explicando que cuando lo juzgaron por apropiarse de varios paquetes que tenía que repartir era un «cabeza loca» de solo 22 años. A pesar de que lo devolvió todo y pactó entonces una pena de 21 meses de cárcel que le suspendieron, la «perversa maquinaria judicial» –decía su letrado– le abocaba ahora a acabar entre rejas. Sin embargo, la titular del Juzgado de lo Penal 8 de Zaragoza, la fiscal y su defensa lo han evitado in extremis.


Los hechos que han estado a punto de costar el ingreso en prisión a Juan Carlos Torres se remontan a 2008, pero fue hace solo unas semanas cuando le llegó una comunicación del juzgado advirtiéndole de lo que se le venía encima. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre el zaragozano, que doce años después de flirtear con el delito, es padre de dos niños de 7 y 8 años –de los que es el único sustento económico– y gestiona con éxito su propio negocio de transporte.

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Exterior de la cárcel de Zuera.
Juan Carlos Torres: "Me rompen la vida por un error que cometí cuando era un chaval y puede que un cabeza loca"

¿Cómo ha podido la Justicia tardar más de una década en ejecutar una sentencia? Eso es lo que ni el interesado ni su defensa entienden. «Haber obligado ahora a Juan Carlos a entrar en Zuera hubiera sido desastroso, una perversión del sistema. Han pasado doce años, nada queda de aquel chaval que cometió un delito leve. Además, hace muchísimo tiempo que pagó todo lo que debía», explica su letrado, Javier Rodríguez (Ariza Abogados).

"Haber obligado ahora a Juan Carlos a entrar en Zuera hubiera sido desastroso, una perversión del sistema", dice su abogado
Desde que se hizo cargo de su defensa, en el año 2015, Rodríguez ha apurado todas las opciones posibles para impedir que su cliente fuera ahora a la cárcel. De hecho, fue entonces cuando solicitó su indulto al Consejo de Ministros, logrando que se suspendiera provisionalmente la ejecución de la sentencia. «El Gobierno acostumbra a contestar en un plazo medio de nueve meses, pero no supimos nada sobre nuestra propuesta de indulto hasta finales de 2019. Y encima fue para denegárnoslo», recordaba ayer el abogado del transportista.

Como manifestaba la propia Fiscalía en un escrito dirigido a la titular del Juzgado de lo Penal 8 el pasado 23 de noviembre –solo dos días después de que este diario informara del caso de Juan Carlos Torres–, pese a los «numerosos requerimientos» efectuados por el juzgado, no fue hasta el pasado 23 de diciembre cuando el Ministerio de Justicia comunicó la denegación del indulto, alargando así un procedimiento que para este autónomo se ha hecho eterno. En cualquier caso, el Ministerio Público entendía que poco importaba el pronunciamiento del Consejo de Ministros, puesto que la condena debía declararse legalmente prescrita, apoyando así las tesis de la defensa.

Declara prescrita la pena
Según la Fiscalía, para un delito leve –al transportista se le condenó por apropiación indebida– la prescripción debe producirse a los cinco años. ¿Y a partir de qué fecha empezaba a correr el plazo para producirse la prescripción? Para el Ministerio Público y la defensa, el reloj se puso en marcha en el momento en que el interesado cometió el delito que hizo que se le revocara el beneficio de la suspensión inicial de la pena. Porque al ser condenado en 2008, Juan Carlos se comprometió a no volver a delinquir en tres años, pero se le olvidó que un positivo en alcohol también era delito. Y aquello lo complicó todo.

De todas formas, según las cuentas de la Fiscalía y la defensa, el zaragozano fue imputado por alcoholemia el 27 de noviembre de 2009, por lo que para la misma fecha de 2014 su condena había caducado. De igual manera lo entiende la juez, poniendo así punto y final a una triste historia con final almibarado.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1895 en: 12 de Marzo de 2020, 19:19:32 pm »
Se suspenden las visitas en las cárceles durante 14 días...ampliables

Veremos cómo reaccionan los presos.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1896 en: 13 de Marzo de 2020, 06:42:30 am »
 
INCIDENTE AISLADO ENTRE LA POBLACIÓN RECLUSA
Tensión entre rejas por Covid-19: el hijo de un histórico amotinador se lía a puñetazos
Torres Fernández es hijo de Santos Torres Torres, uno de los internos más peligrosos, conocido por los trabajadores de prisiones por los altercados que protagonizó en la década de los noventa

Autor
Roberto R. Ballesteros

13/03/2020 05:00

El preso Mariano Torres Fernández —con antecedentes penales por tirar por las escaleras del metro a una persona, atracar, robar y lesionar, entre otros delitos— se lio el pasado miércoles a puñetazos con un funcionario de prisiones. El interno ingresó el pasado miércoles por la tarde en la prisión de Valdemoro para pasar la noche antes de continuar su viaje hasta el centro penitenciario de Villabona, en Asturias, donde cumplirá su última condena. Lo que iba a ser una estancia breve en la instalación madrileña, sin embargo, se convirtió de repente en dos semanas.

La sobrevenida crisis del coronavirus motivó que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias impusiera el pasado 10 de marzo medidas restrictivas en todas las prisiones de España, especialmente en Madrid, Álava y La Rioja, donde las autoridades sanitarias han detectado más casos. En estas tres zonas, el departamento dependiente del Ministerio del Interior ha suspendido las entradas y salidas de reclusos y ha prohibido cualquier traslado entre cárceles. De ahí que los funcionarios de la prisión de Valdemoro, como aseguran desde el sindicato Acaip-UGT, se sorprendieran el miércoles cuando el citado interno accedió al centro.

"Creíamos que estaban prohibidos los traslados", confiesan a El Confidencial. Desde Instituciones Penitenciarias, explican que la instrucción de suspender todos los traslados entre centros pilló a este recluso en medio del viaje, lo que provocó que tuviera que ser alojado en Valdemoro. Al no poder permanecer en el módulo de ingresos tanto tiempo, dado que se trata de un preso considerado muy peligroso, la dirección de la cárcel estableció que debía ingresar en el espacio que le correspondía por su calificación de "muy conflictivo".

Torres Fernández está calificado en concreto como interno de primer grado por el artículo 91.2 del Reglamento Penitenciario, que establece que "serán destinados a centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes". Este preso entró para un día —dos, a lo sumo—, pero se quedará al menos dos semanas. Cuando los funcionarios de prisiones le comunicaron que pasaría 14 días en aislamiento, el preso se alteró y la tomó con el primer funcionario que tenía delante, el que le había comunicado el plan.

La violenta reacción de Torres Fernández provocó un "eritema y una erosión en el pómulo y en la nariz" del empleado público, que consiguió contener al recluso con la ayuda de un compañero. "El funcionario fue atendido en la enfermería por los servicios médicos del centro penitenciario, que le trataron con hielo y paracetamol", explicaron desde Acaip-UGT. "La rápida reacción del funcionario agredido y del compañero impidió que la agresión fuera más grave, ya que entre los dos le redujeron y le condujeron a la celda de aislamiento", añaden.

Torres Fernández es hijo de Santos Torres Torres, uno de los internos más peligrosos y conocidos por los trabajadores de prisiones por los altercados que protagonizó en la década de los noventa. Torres Torres lideró motines en diferentes prisiones españolas durante sus diferentes estancias, como el que tuvo lugar en junio de 1983 en la cárcel de Carabanchel, donde el preso llegó a secuestrar a media docena de funcionarios, incluido el jefe del servicio. Tras amenazar a uno de ellos en el patio con un pincho y tomarle como rehén, le llevó al interior de la instalación, donde con ayuda de otros internos cogió a los otros cinco y encerró a todos en una celda bajo amenaza de muerte.

Ni siquiera la intervención del juez de Vigilancia Penitenciaria, que se personó en el centro con la Policía Nacional, amedrentó a los secuestradores, que llegaron a advertir de que matarían a sus rehenes si los agentes accedían al centro. Solo cuando Torres Torres salió del módulo fue abordado por varios policías, a los que se enfrentó incluso en inferioridad numérica y con el pincho que portaba desde el principio. Los agentes tuvieron que dispararle para reducirle, lo que provocó en el interno diversas heridas de gravedad de las que posteriormente se recuperó. Tras el incidente, el alborotador fue enviado a la entonces prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha.
Los presos se adaptan al coronavirus

El episodio protagonizado por Torres Fernández es calificado por Instituciones Penitenciarias como un "incidente aislado". El departamento dependiente de Interior asegura que estos días ha habido tan solo otro altercado violento relacionado con la crisis del coronavirus en el centro penitenciario de Alicante, donde un interno con problemas psicológicos se enfrentó a los funcionarios después de que estos le explicaran las medidas que había que tomar por recomendación de las autoridades sanitarias.

Se trata únicamente de dos casos entre los más de 50.000 reclusos que residen en las prisiones españolas (sin contabilizar las catalanas), que están colaborando plenamente con las diferentes direcciones de los centros penitenciarios. "Tanto los internos como sus familias están demostrando un comportamiento ejemplar", explican desde la secretaría general, y revelan que los funcionarios están haciendo una extensa labor pedagógica para trasladar los consejos sanitarios a los reclusos, que son en sí mismos una población de riesgo por su situación de aislamiento y por, en no pocas ocasiones, sus problemas de salud.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1897 en: 17 de Marzo de 2020, 06:28:57 am »

Imagen del recluso en el vídeo en el que difundió el bulo sobre el coronavirus. EL ESPAÑOL


Amenaza con un motín en la prisión de Málaga: "En 48 horas vamos a empezar a matar funcionarios"
Envían un interno a aislamiento tras grabarse y difundir en vídeo un bulo sobre contagiados por coronavirus en la prisión andaluza.
16 marzo, 2020 15:59

Brais Cedeira @BraisCedeira

El vídeo captura tan solo el rostro del interno, un acentuado primer plano en el que se observa una cara tapada con una media de color negro. Del rostro solo queda al descubierto la mitad de la boca. La grabación dura, exactamente, 44 segundos. En ella, el preso anuncia que un motín está por llegar a la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga): "Vamos a empezar como en los años 90, a hacer motines y a matar funcionarios".

En la grabación, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el recluso difunde un bulo que corre en las últimas por distintos foros virtuales: el que asegura que en la prisión andaluza hay ya varios casos de coronavirus. Se trata de un dato falso, confirmado por las autoridades de las prisiones, dependiente del Ministerio del Interior. La grabación fue realizada este pasado fin de semana en el presidio andaluz. En ella, el preso amenazaba con represalias en los distintos módulos de toda la cárcel ante la supuesta aparición de positivos en Covid-19. 

Según fuentes penitenciarias consultadas por EL ESPAÑOL, el recluso, que responde al nombre de Manuel Pierre Grillet Domínguez, es un conocido interno que lleva algunos años en la prisión malagueña. No ha sido hasta llegar la una de la tarde de este lunes, casi un día después de grabarse el vídeo en su celda, cuando ha sido enviado a aislamiento.

Amenazas de un preso en la cárcel durante el coronavirus: "Vamos a empezar a matar funcionarios"

Por el momento se desconoce de dónde pudo obtener este interno los medios para grabar ese mensaje, y cómo logró difundirlo. Por el momento, esas mismas fuentes garantizan que no existen tales casos de coronavirus en esa prisión y que los funcionarios no han advertido la coordinación de motín alguno. El mensaje al completo, plagado de amenazas, es el siguiente:

"Han dado ya varios casos de coronavirus en la prisión de Alhaurín de la Torre. Y no toman medidas, los médicos no vienen a hacernos las pruebas. Estamos muy mal. Y si esta cosa sigue siendo de la misma manera, habrá serias consecuencias. En un mínimo de 48 horas tomaré las medidas drásticas y amotinaremos ordenadamente en todos los módulos. Ya están avisados todos, los 14 módulos de esta prisión. Por tanto, pedimos al gobierno español que no se olvide de las cárceles, que también somos seres humanos aunque estemos presos. Porque si no, vamos a empezar como en los años 90, a hacer motines y a matar funcionarios".

Falta de recursos

Desde el sindicato Acaip (Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) denuncian que el recluso ha estado un día entero desde que se grabó y difundió el vídeo sin haber sido enviado a aislamiento.

Ellos y otras agrupaciones sindicales de funcionarios advierten una vez más del peligro que supone esta pandemia para una población tan sensible como la de las cárceles. En las últimas horas e ha conocido el caso de un preso que ha dado positivo en el centro penitenciario de Navalcarnero. El interno, según fuentes cercanas a la prisión, fue evacuado el sábado por la tarde y trasladado al Hospital 12 de Octubre con un cuadro patológico. Fue llevado hasta la zona de agudos, un área no confinada del hospital. No fue hasta que se acercaron los enfermeros del recinto sanitario cuando se advirtió que los síntomas que presentaba el recluso eran compatibles con el virus. Por el momento, permanece ingresado en el hospital.

Casos como este, aluden portavoces de Acaip, son los que hacen absolutamente necesario que se cierren los talleres que todavía se mantienen abiertos para los presos en prisión.  "Los de Ocaña siguen funcionado. En el CIS de Navalcarnero hay 100 internos que a día de hoy salen y entran a trabajar como si nada pasara. Faltan medios, guantes, mascarillas, protección y recursos sanitarios. No estamos formados por que nos falta personal sanitario en las cárceles".

Otras fuentes, entretanto, apuntan en esta misma dirección en cuanto a que resulta preciso extremar las medidas en todo lo que rodea y envuelve a este colectivo tan sensible. Sin ir más lejos, las cafeterías de algunos centros penitenciarios como la de Aranjuez o Alcalá de Henares, regentadas por empresas externas, continuaban abiertas en las últimas horas.


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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1898 en: 19 de Marzo de 2020, 19:18:39 pm »
EL 20% DE LA POBLACIÓN RECLUSA COBRABA ASÍ

Marlaska paraliza las fábricas de las prisiones: 12.500 presos trabajan en ellas


El sindicato Acaip-UGT había pedido la suspensión de la actividad de los talleres por el coronavirus, pero Interior los mantenía hasta ahora para evitar que más de cien empresas cortaran por lo sano

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ROBERTO R. BALLESTEROSTWITTERCONTACT
19/03/2020 11:56
El Ministerio del Interior ha decidido paralizar todas las fábricas de las prisiones. Más de 12.500 presos trabajan diariamente en esos talleres, ubicados dentro de los centros penitenciarios. La cifra representa el 20% de la población reclusa, que dedica la mayor parte de su tiempo a estas tareas. Los productos que ahí fabrican los reos van desde molduras para hacer los espejos retrovisores de una marca de vehículos hasta componentes electrónicos para una multinacional del sector pasando por piezas para cisternas o incluso la confección de sábanas y uniformes destinados a los propios internos.


Más de un centenar de empresas mantienen un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que delega en la institución dependiente del Ministerio del Interior el desarrollo de parte de su producción. El sindicato Acaip-UGT, mayoritario en el sector de los funcionarios de prisiones, había pedido la paralización de los talleres con motivo de la crisis del coronavirus. La organización entendía que no es prudente que los internos sigan trabajando juntos en ambientes en los que se puede propagar el Covid-19, ya que a su juicio muchos de ellos no permitían cumplir las medidas de seguridad exigidas por el propio Ministerio.

Tierra quemada entre rejas: 61 presos, aislados en sus celdas
Roberto R. Ballesteros

Instituciones Penitenciarias, sin embargo, no apoyaba inicialmente esta petición de Acaip-UGT. Sostenía que 12.500 reclusos se ganaban la vida gracias a este trabajo remunerado. "Si no seguimos prestando el servicio, las empresas podrían irse", argumentaban a El Confidencial desde la Secretaría General, que sin embargo sí consideraba que hay que tomar medidas para cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias y con los criterios establecidos por el Gobierno en el decreto que declara el estado de alarma. Por eso, afirmaban, habían reducido la jornada de estos internos destinados en los mencionados talleres para que en todo momento hubiera "el mínimo imprescindible de trabajadores".

El objetivo, señalaban, era trabajar menos horas para cumplir con las nuevas exigencias. La finalidad, decían, era que no hubiera en ningún momento grupos de personas demasiado cerca, que mantuvieran todos la distancia de seguridad, que no existiera riesgo de contagio, pero que continuara la producción, que Instituciones Penitenciarias consideraba esencial para seguir manteniendo la relación con las empresas. Ahora, sin embargo, la cuestión ha cambiado y el departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska ha decidido echar el cierre al entender que las mercantiles con las que hay convenio también han disminuido la producción y es preferible optar por la prudencia extrema dentro del estado de alarma.

De momento, entre rejas tan solo ha habido un caso positivo por coronavirus. Se trata de un preso de la prisión de Álava que fue trasladado al hospital, donde continúa su tratamiento. El resto de sospechosos de estar contagiados por el Covid-19 de momento no han pasado de esa consideración. Los tres reclusos que ayer presentaban síntomas de haber contraído la enfermedad en la prisión de Córdoba han dado finalmente negativo, por lo que pasan a engrosar la lista de población reclusa sin contaminar, en la que se enmarca casi el 100% de los internos de España.

Familiares y presos se vuelcan para mantener las prisiones libres del coronavirus
Roberto R. Ballesteros

Los estrictos protocolos que ha ido implantando la administración penitenciaria durante los últimos días han provocado que los responsables de los centros ordenen aislar inmediatamente a todos los internos que presentan el menor síntoma de fiebre, tos, afección respiratoria o incluso malestar general. Esta determinación ha hecho que en estos momentos más de 60 presos se encuentren encerrados en sus celdas sin contacto alguno con el resto de internos ni con los funcionarios de prisiones. El Ministerio del Interior ha querido de este modo alejarse de la imagen que han dado las cárceles italianas, donde los diferentes motines que se han organizado se han cobrado la vida de 11 reclusos.

Por ahora en España no ha tenido lugar ningún motín. Tan solo en la prisión de Málaga un interno enmascarado grabó un vídeo que se hizo viral en el que amenazaba con amotinarse junto a otros compañeros porque, según dijo, las autoridades penitenciarias no estaban tomando las medidas adecuadas para evitar los contagios. Tanto él como otros tres compañeros con los que había planeado sublevarse fueron encerrados en régimen de aislamiento por orden de la dirección del centro penitenciario. Además del caso positivo por coronavirus de un recluso que ha habido en la prisión de Álava, otros ocho trabajadores de la administración penitenciaria se han contagiado del Covid-19.

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Re: Cárceles, presos y condenas
« Respuesta #1899 en: 21 de Marzo de 2020, 18:14:44 pm »
Interior abronca a los directores de las cárceles por el uso «generalizado» de las mascarillas contra el coronavirus

https://okdiario.com/espana/interior-abronca-directores-carceles-uso-generalizado-mascarillas-contra-coronavirus-5332123