La señora Presidenta de la CAM

[Ruino]

En Andalucía,Asturias, Extremadura, Cataluña....maldita Ayuso

Ya vera cuando empiecen las solicitudes de responsabilidades y la forma de ponerse de lado.

Pues ni lado ni colores,ya sea azul,morado,verde o naranja o tricolor,si ha fallado,que pague como todo hijo de vecino

[47ronin]

Comunidad de Madrid

Acción de gobierno Actualidad


Entregamos a 112 cuerpos de Policía Local de la región material de protección para los agentes

   
La Comunidad de Madrid entrega entre hoy y mañana material de protección para un total de 112 cuerpos de Policía Local de toda la región. En concreto, el Gobierno autonómico va a repartir 101.000 pares de guantes; 70.000 mascarillas y 1.600 gafas de protección para que los agentes puedan trabajar seguros frente al COVID-19.

Lopez y Pérez hablando
 
17 abril 2020
La entrega, a la que han asistido el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, y el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha tenido lugar en el centro logístico que el Ejecutivo regional puso en marcha el pasado 21 de marzo en las instalaciones del Instituto para la Formación Integral en Seguridad de la Comunidad de Madrid (IFISE). 

La primera entrega se va a realizar hoy mismo a las policías locales de 55 municipios como Alcalá de Henares, Alcobendas, Campo Real, Collado Villalba, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Cercedilla, Guadarrama, El Molar, Leganés, Los Molinos y Majadahonda. Mañana será el turno de otras 57 localidades como Meco, Navalcarnero, Rivas Vaciamadrid, San Lorenzo de El Escorial, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro, San Sebastián de los Reyes y Villanueva de la Cañada.

Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus, la Comunidad de Madrid ha hecho entrega de material de protección no solo a Cuerpos de Policía Local, sino también a las 98 agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y el Cuerpo de Bomberos regional.

En su conjunto, estos efectivos, que están realizando una labor fundamental en la puesta en marcha del dispositivo de crisis, han recibido desde el inicio de la emergencia 380.000 pares de guantes, 196.000 mascarillas, 1.400 envases de gel, 2.300 pantallas protectoras, 1.000 buzos y 2.300 gafas de protección.

Además, la Comunidad de Madrid distribuye diariamente desde el centro logístico ubicado en el IFISE material de protección a la red de residencias regionales. Así, hasta el 15 de abril, se han hecho entregas en 1.415 residencias con un volumen global de 900.000 pares de guantes, más de 500.000 mascarillas, 42.100 batas, 102.000 calzas o 5.100 gafas de protección.

Comunicación permanente con los municipios

Asimismo, la Comunidad, a través de la Consejería de Vivienda y Administración Local, ha establecido desde el inicio de la crisis un canal de comunicación permanente con todos los ayuntamientos de la región. La Dirección General de Administración Local ha gestionado numerosos trámites en más de un centenar de consistorios, han solicitado todo tipo de asistencias y requerimientos.

Fundamentalmente han sido peticiones relacionadas con material y servicios de asistencia y desinfección en residencias de mayores, centros de salud, instalaciones de Policía Local y Protección Civil. Todas las solicitudes ha sido derivadas a la Dirección General de Seguridad, dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. 

Por otra parte, los ayuntamientos también han solicitado otro tipo de servicios como la resolución de cuestiones técnicas y de procedimiento para poder celebrar plenos municipales. Así, se han tramitado solicitudes de asistencia a plenos de secretarios e interventores que permitieran legalmente a los ayuntamientos adoptar medidas para paliar el COVID-19 en sus municipios, así como resolver todo tipo de consultas administrativas y de funcionamiento municipal o dudas relativas a proyectos y plazos, con una media de atención diaria de 15 ayuntamientos al día.

Listado de municipios

El material de protección llegará hoy a los municipios de Ajalvir, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aldea del Fresno, Algete, Alpedrete, Aranjuez, Arganda del Rey, Arroyomolinos, Batres, Becerril, Belmonte de Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, Bustarviejo, Cabanilla de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Camarma de Esteruelas, Campo Real, Ciempozuelos, Cercedilla, Chinchón, Cobeña, Collado Mediano, Collado Villalba, Colmenar de Oreja y Colmenar Viejo.

También lo recibirán Colmenarejo, Coslada, Cubas de la Sagra, Daganzo, El Álamo, El Boalo, El Escorial, El Molar, Fresnedillas, Fuenlabrada, Fuente el Saz de Jarama, Fuentidueña de Tajo, Galapagar, Getafe, Griñón, Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Humanes de Madrid, La Cabrera, Las Rozas, Leganés, Loeches, Los Molinos, Los Santos de la Humosa, Majadahonda y Manzanares el Real.

Mañana sábado las entregas se harán en Meco, Mejorada del Campo, Miraflores de la Sierra, Moraleja de En medio, Moralzarzal, Morata de Tajuña, Móstoles, Navacerrada, Navalagamella, Navalcarnero, Navas del Rey, Nuevo Baztán, Paracuellos de Jarama, Parla, Pedrezuela, Pelayos de la Presa, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Quijorna, Rascafría, Rivas Vaciamadrid, Robledo de Chavela, San Agustín de Guadalix, San Fernando de Henares, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, San Sebastián de los Reyes o Santa María de la Alameda.

Completan el listado Serranillos del Valle, Sevilla La Nueva, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Tielmes, Titulcia, Torrejón de Ardoz, Torrejón de Velasco, Torrejón de la Calzada, Torrelaguna, Torrelodones, Torres de la Alameda, Tres Cantos, Valdemorillo, Valdemoro, Valdilecha, Velilla de San Antonio, Venturada, Villa del Prado, Villaconejos, Villabilla, Villamanta, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Villarejo de Salvanés y Villaviciosa de Odón.   

[47ronin]

¿Quo Vadis, Ciudadanos? EMILIO DELGADO


DIPUTADO DE MAS MADRID EN LA ASAMBLEA DE MADRID
 
18/04/2020
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), usa una mascarilla durante su visita a la estación de Metro de Feria de Madrid. EFE/Ballesteros
El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), usa una mascarilla durante su visita a la estación de Metro de Feria de Madrid. EFE/Ballesteros

Que los Servicios Sociales madrileños estaban seriamente dañados antes de la pandemia, es algo fácilmente comprobable. Basta seguir el rastro de la hilera de pronunciamientos recientes de las más variadas autoridades al respecto, además de las incontables protestas de los profesionales, los usuarios o los familiares de los mismos.

Uno de estos últimos pronunciamientos lo protagonizó el profesor Philip Alson, actual Relator Especial sobre la pobreza extrema y derechos humanos de las Naciones Unidas. En su informe sobre España Alson se detiene en la Comunidad de Madrid varias veces. Por ejemplo, cuando habla del precario sistema de protección social que supone la Renta Mínima de Inserción: "Hay dos opciones. O bien el sistema está estructurado adrede para excluir a los más pobres, o está extremadamente mal diseñado". El relator subrayaba también las políticas fiscales que benefician a las rentas más altas, o las políticas de vivienda y de empleo, como factores de exclusión que debilitan la capacidad de la administración para cohesionar a la sociedad y mantener mecanismos suficientes para garantizar la igualdad o la justicia social.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo también había llamado la atención al Gobierno de la Comunidad de Madrid en reiteradas ocasiones por cuestiones similares y la Asociación Española de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales afirmaba en Julio del año pasado que Madrid es la Comunidad con los peores Servicios Sociales de Toda España.

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La Comunidad que coquetea con el dumping fiscal a través de exenciones y bajadas vertiginosas de impuestos como los de sucesiones, donaciones y patrimonio ( que privan a las arcas públicas de unos 3.500 millones de euros cada año), es incapaz posteriormente de financiar y sostener adecuadamente dispositivos de atención social tan necesarios y sensibles como los que se ocupan de la atención a la dependencia, a la infancia o a las mujeres víctimas de violencia de género.

El, de momento, Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Madrid Alberto Reyero, se ha mostrado perfectamente consciente de la situación y no ha negado la gravedad del estado de esta cuestión en Madrid, manifestando desde el inicio de su mandato una clara voluntad de hacer reformas de calado en el mismo a través de la puesta en marcha de cuatro grandes nuevas leyes: La Ley de residencias, la de infancia, la de Renta Mínima y finalmente una última Ley de Servicios Sociales.

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Desde Más Madrid hemos coincidido con el Consejero en la necesidad de realizar estas reformas, si bien entendíamos que era absolutamente imposible hacerlo desde el actual gobierno regional. Un gobierno liderado por el mismo Partido Popular que es el responsable directo del estado calamitoso de los actuales servicios sociales y por si fuera poco fuertemente condicionado por la extrema derecha ya que sin sus votos es imposible aprobar absolutamente nada.

Por eso insistimos en la necesidad de sacar al Partido Popular del Gobierno de Madrid tras varias décadas de escándalos de corrupción y de políticas neoliberales que han debilitado enormemente la capacidad de protección social de nuestra región. Por eso ofrecimos a Ciudadanos la posibilidad de un gobierno de regeneración en Junio del año pasado incluso si para ello era necesario que nuestra formación quedara fuera del mismo y lo apoyara desde fuera a condición de no dar el gobierno a PP ni a Vox. Posibilidad rechazada de plano como todos sabemos por Ciudadanos que prefirió formar gobierno con el PP a través del apoyo de Vox.

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La crisis del Covid 19 está suponiendo una enorme prueba de tensión y fatiga tanto del sistema de protección social de la Comunidad Autónoma de Madrid como del propio gobierno, arrojando dos conclusiones evidentes: La primera es que algunos de los dispositivos de atención social, erosionados ya antes de la crisis sanitaria, son absolutamente incapaces ahora de responder de forma eficaz. La segunda, la confirmación de que la reforma imprescindible de todo ese sistema no puede venir del actual gobierno que ni si quiera tiene un criterio compartido sobre cómo proceder.

De la primera afirmación supone una buena muestra lo sucedido en la red de recursos residenciales para mayores, formada por 475 residencias de las que únicamente 25 son de gestión pública. Esta red ejemplifica la enorme debilidad de los dispositivos de atención social en la Comunidad de Madrid: Fortísima privatización, Problemas de acceso por los precios prohibitivos, problemas del mantenimiento de estos centros por falta de personal de forma recurrente, problemas de opacidad de las empresas con los familiares y con la administración que ha tenido que imponer de forma reiterada sanciones que sin embargo no son un obstáculo para que las residencias sancionadas sigan funcionando….

En cuanto a la segunda, si tres párrafos más arriba subrayábamos el carácter temporal del cargo del Consejero de Políticas Sociales, es porque parece evidente que la crisis de las residencias de Mayores ya ha abierto una brecha insalvable dentro del Gobierno de Madrid.

Si la decisión de la Consejería de Políticas Sociales de hacer públicos los datos de fallecidos en las residencias el pasado 26 de Marzo fue respondida apenas unas horas más tarde por Isabel Díaz Ayuso retirando al Consejero de la primera línea de la gestión de la Crisis de las residencias, las críticas de éste a su propio gobierno en la tarde del 14 de Abril por no haber medicalizado las residencias como prometieron hace más de un mes, suponen la confirmación de una profunda división dentro del gobierno regional en el momento más delicado de la Historia moderna de la Comunidad de Madrid.

Desde Más Madrid hemos reconocido en público y en privado la buena voluntad del Consejero de Políticas Sociales así como un estilo de trabajo bien diferente a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno de la Comunidad, pero también desde el inicio hemos planteado que era materialmente imposible, y ciertamente ingenuo, tratar de impulsar políticas favorables a la transparencia o que apuesten por la justicia social desde dentro del actual gobierno.

Prorrogar la presencia de la derecha en el gobierno de Madrid lejos de servir para corregir la situación sólo conduce a enquistarla haciéndonos perder un tiempo precioso en condiciones de normalidad, y poniendo en riesgo la recuperación y la inclusión de la población más vulnerable tras la pandemia en esta situación excepcional.

Ciudadanos ya nos hizo perder una legislatura con Cifuentes y ahora otra con Ayuso, dando por el camino alas y protagonismo a la extrema derecha. Ese será el Legado de ese partido en Madrid: Una década perdida, avance de la extrema derecha y parálisis legislativa, social y política en la Comunidad de Madrid.

Es evidente el papel residual y subordinado de Ciudadanos en un gobierno ineficaz, dirigido por el fanatismo de Miguel Ángel Rodríguez y la torpeza de Díaz Ayuso. Si hoy Madrid no dispone de un gobierno capaz de garantizar una protección adecuada de la población en términos sanitarios y sociales, ni una salida que incluya a la mayoría trabajadora en la crisis económica, de un gobierno sin el peso muerto de 25 años de corrupción y sectarismo es por una decisión que Ciudadanos tomó de forma consciente. Decisión que a ellos les ha salido cara y a los madrileños más, y que merecería una buena revisión.

Tal vez, la tragedia de la gestión de las residencias sirva al menos para que hasta Ciudadanos sea consciente de la necesidad urgente de un cambio de rumbo en la Comunidad de Madrid que incluya una apuesta decidida por la reconstrucción de los servicios públicos esenciales, la regeneración democrática y la justicia social.

[Celestino]

Una despiadada Díaz Ayuso despide a los sanitarios de refuerzo de Madrid


 
18/04/202017:00
Una cuestionable decisión de la Comunidad de Madrid levanta grandes críticas
La crisis del coronavirus en España no ha tocado a su fin, siendo el motivo que ha llevado a todas las comunidades ha reforzar su sanidad para rotar a los sanitarios, los cuales están sufriendo en primera línea la crisis del COVID-19. Estamos viviendo un momento complicados, en el que determinadas medidas pueden ser claves, y en la Comunidad de Madrid, liderada por Díaz Ayuso han tomado una decisión.


La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha tomado la decisión, tras uan reunión mantenida, de no renovar los contrato de más de 1000 profesionales que trabajan para luchar contra el coronavirus. Una situación que ha propiciado el malestar de las CCOO, así como de los profesionales del sector, que entienden como “indecente” dicha decisión.

Según la Comunidad, “no hay posibilidad presupuestaria para mantener esos contratos más allá de la fecha estipulada en cada uno de ellos”. No hay que olvidar que esos contratos concluyeron el pasado 9 de abril. Una situación que puede producir un colapso en el sistema de salud, ya que siguen aumentando los casos, aunque a una proporción más pequeños.


 
Desde luego, la situación es complicada para Díaz Ayuso quien se ve ahora en el centro de todas las críticas. Todo hace prever que esta medida será discutida en los próximos días, y es que todos los organismos de trabajadores se echarán encima del organismo para cambiar la opinión.


Especialmente porque la ayuda de esos profesiones ha sido decisiva para luchar contra un sistema colapsado, y que dependiendo de las decisiones que tome el Gobierno de España en las próximas semanas, podría encontrar un segundo examen que superar.

[47ronin]

Las Comunidades se resisten al mando único pero ya verán cuando comience la solicitud de responsabilidades como todas culpan al Estado.




Las comunidades se resisten al mando único de Sanidad: caos en los datos y conflicto a la vista por la desescalada

El Gobieno no logra que las autonomías unifiquen las cifras de la pandemia, Sánchez reprocha a Feijóo que programe un estudio epidemiológico al margen del Ministerio, y la desescalada por territorios amenaza con abrir otro frente de conflicto

Marcos Pinheiro Follow @@m_pinhe
18/04/2020 - 22:22h

"A los efectos del Estado de Alarma, la Autoridad Competente será el Gobierno". El decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 14 de marzo ponía bajo las órdenes de cuatro ministros –Sanidad, Defensa, Transportes e Interior– a las comunidades autónomas para centralizar la lucha contra el coronavirus. El papel más importante lo asumió Salvador Illa, cuyo objetivo pasó a ser "garantizar la cohesión y la equidad en el trato dispensado a todos los ciudadanos españoles" al erigirse como mando único de la Sanidad en España.

La tarea de Illa consistía en coordinar un sistema profundamente descentralizado para garantizar una respuesta unitaria a la epidemia. La tarea no era fácil ya desde el punto de partida y la realidad ha demostrado que es imposible: varias comunidades autónomas se han enfrentado con el Ministerio, en una cruzada con tintes políticos, y en ocasiones han desobedecido las indicaciones de Sanidad. Ahora, con el escenario de la desescalada en el horizonte, los gobiernos autonómicos empiezan a plantear sus propios planes de acción eludiendo la coordinación del Gobierno.

Sanidad es un área con las competencias transferidas a las comunidades autónomas, en la que estas tienen un amplio margen de actuación mientras el Gobierno se reserva tareas de coordinación y unas pocas competencias. El Real Decreto del estado de alarma trató de recuperar parte del poder para el Ministerio de Sanidad, cuya descompensación con los gobiernos regionales queda patente al observar los funcionarios que tienen unos y otros. Mientras en el Ministerio trabajan unos 1.200 empleados públicos, las comunidades autónomas tienen en el sector sanitario a más de medio millón de funcionarios.

Así, la norma que aprobó el Gobierno establece que el ministro de Sanidad tendrá el control de todas las autoridades civiles sanitarias, de los funcionarios y trabajadores de los sistemas autonómicos, que deberán seguir sus órdenes directas cuando "sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares, pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza".

Es decir, la gestión continúa en manos de las comunidades autónomas pero el ministro se reserva la posibilidad de intervenir si lo cree necesario. Lo aclara el texto cuando dice que las administraciones autonómicas y locales mantendrán la organización "de los correspondientes servicios sanitarios, asegurando en todo momento su adecuado funcionamiento". Lo que hace Illa es reservarse "el ejercicio de cuantas facultades resulten necesarias para garantizar la cohesión y equidad en la prestación del referido servicio".

El Ministerio, con ese Real Decreto, también se garantiza poder mover medios técnicos o personales de un territorio a otro, en función de las necesidades médicas. Unos días antes, el Ministerio había anunciado que coordinaría las compras de material sanitario para tratar de garantizar el suministro.

Lo cierto es que ese mando único ha quedado más en una figura sobre el papel que en una realidad. Por ejemplo, el día que lo anunció, Illa dijo que se iban a centralizar todos los datos de contagiados y fallecidos, que se recogerían por parte de las comunidades autónomas con unos criterios comunes "para suministrar de forma homogénea toda la información". Un mes después, Sanidad sigue batallando para que sea así.

Los informes que cada día distribuye el Ministerio están plagados de anotaciones a pie de página porque no todas las comunidades utilizan los mismos criterios. Algunas sumaban el total de pacientes que habían pasado por la UCI mientras otras solo ofrecían el de ingresados ese día; unas aglutinaban a todos los contagiados, mientras otras dividían entre asintomáticos o con síntomas. Algunos gobiernos regionales informan de los fallecidos en residencias de forma periódica; otros, cuando lo consideran oportuno, y hay quien ni siquiera ha comunicado esas cifras a Sanidad. El salto en el número de muertos en Catalunya es una muestra de ese descontrol y Madrid también ha avisado de que su cifra se incrementará.

La ministra portavoz, María Jesús Montero, fue la encargada de mostrar el profundo enfado del Gobierno con esa disparidad en los datos. Acusó a Madrid y Catalunya de "intentar confundir" con las cifras: "Cualquier intento de tratar de confundir a la ciudadanía, a la opinión pública, no aporta luz y provoca sensación de desconfianza o de que no todas las administraciones públicas están cumpliendo con su obligación de rendir datos y de que estos sean de calidad".

Para tratar de paliar esa situación, Sanidad ha publicado este viernes una orden para que se unifiquen los datos: deberán dar el total acumulado de casos confirmados y distinguir entre los sintomáticos y los asintomáticos, informar de las altas y enviar el dato acumulado de pacientes que han pasado por la UCI.

Ahora el nuevo campo de batalla está en los pasos de la desescalada. Antes incluso de que el presidente del Gobierno anunciase la noche del sábado que a partir del 27 de abril los niños podrán salir a la calle acompañados de sus padres siguiendo unas normas que todavía se deben estipular, la Generalitat ya había aprobado poner en marcha esa medida. Según anunció el conseller de Interior, Miguel Buch, el sábado por la mañana, el plan del Govern pasaba por dejar salir a los menores a partir del 26 de abril, con mascarillas en una serie de franjas horarias. Euskadi, por su parte, también se había adelantado a proponer esta medida y que a las iniciativas de desescalada se añada también la posibilidad de practicar deporte en la calle.

Sánchez, que este domingo se reúne con todos los presidentes autonómicos, anunció por la noche que se abrirá la mano con las salidas de los niños a partir del 27 de abril, aunque los detalles se perfilarán durante la próxima semana.

Los ritmos de la desescalada amenazan con abrir nuevos focos de conflicto entre las autonomías y el Gobierno central. Sánchez admitió este sábado por primera vez que las medidas de relajación del confinamiento dejarán de ser homogéneas para todo el territorio nacional y dependerán del grado de afectación por la pandemia. El presidente abrió la puerta a que no sean ni por comunidades autónomas y a que se puedan adoptar decisiones distintas en pueblos o ciudades incluso dentro de una misma provincia, en función del número de contagios. Se comprometió eso sí a tomar medidas en colaboración con las comunidades autónomas. 

Galicia se ha erigido también en un foco de disidencia frente al Gobierno de Sánchez. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que los 100.000 test que le ha enviado el Ministerio se emplearán para elaborar un estudio epidemiológico amplio, desoyendo a Sanidad, que ya había anunciado su propio plan para todo el país y que recomienda a las autonomías su uso en hospitales, residencias y cárceles.

Preguntado sobre este asunto, durante la comparecencia de este sábado, el presidente del Gobierno llamó a la "colaboración institucional" y recordó a Feijóo que el Gobierno va a realizar un estudio para todas las comunidades autónomas en el que se desplegarán 64.000 profesionales y que así se había anunciado. "Apelo a la unidad", pidió Sánchez, a las distintas administraciones cooperen en el plan de desescalada que se iniciará en las próximas semanas y cuya primera medida será la salida de los niños a la calle, tal y como anunció Sánchez este sábado, aunque con restricciones y normas todavía por determinar, a partir del 27 de abril.

Ese problema con el que se enfrenta Illa desde hace semanas acaba de estallarle también a la ministra de Educación. El departamento que dirige Isabel Celáa anunció el pasado miércoles un principio de acuerdo con las comunidades autónomas para finalizar el curso escolar con la idea de una "promoción general". Un día después, cinco comunidades autónomas se desmarcaron del consenso.

La ministra ya ha lanzado un aviso a los discordantes en la entrevista con eldiario.es: "Nos hemos dotado de un sistema autonómico, no centralizado. Esto tiene muchas ventajas, por su cercanía a las necesidades de las personas, pero tiene estas otras cuestiones: hemos de confiar y cuidar que las comunidades autónomas actúen correctamente".

La compra centralizada de material sanitario también supuso otra área de fricción entre algunas comunidades y el Gobierno. Algunos ejecutivos regionales han acusado al central de prohibirles comprar por su cuenta en los mercados. Quim Torra, el presidente de Catalunya, tildó el sistema de fracaso y dijo que solo les había llegado el 10% del material que necesitaban; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acusó el Gobierno de requisarle material. El ministro siempre ha negado que se prohíba a las comunidades autónomas comprar su material y ha definido esa compra centralizada como una labor de coordinación para garantizar el suministro. Sanidad ha informado del reparto de material que ha hecho a las comunidades autónomas: más de dos millones de test rápidos y 71 millones de mascarillas y elementos de protección.

Con ese escenario se celebra este domingo una nueva conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez. Allí volverá a ponerse sobre la mesa que el Gobierno no ha conseguido todavía la unidad de acción con las comunidades autónomas, algunas de las cuales han decidido ir por libre en la batalla contra el coronavirus.

[47ronin]

Las 5.272 muertes en residencias agravan la crisis entre PP y Cs: Díaz Ayuso ya no descarta ceses

Los dos socios, divididos desde que el consejero Reyero fue apartado, se afean la gestión de los centros

Juan José Mateo
Madrid - 19 abr 2020 - 16:15 CEST

Las 5.272 muertes relacionadas con el coronavirus que acumulan las residencias madrileñas desde el 8 de marzo han provocado una profunda crisis llena de acusaciones cruzadas entre el PP y Cs, los dos partidos que forman el Gobierno de coalición de la Comunidad. “No quiero mirar hacia otro lado”, ha dicho este domingo Isabel Díaz Ayuso, que no descarta el cese de consejeros y directivos cuando se venza a la pandemia y se analice qué ha ocurrido en los centros regionales para personas mayores, con discapacidad o con enfermedad mental. El choque interno entre los socios se ha agravado desde que la presidenta (PP) apartó de la gestión médica de las residencias a un consejero nombrado por Ignacio Aguado (Cs), y se ha profundizado al mismo ritmo que la Fiscalía abría investigaciones por lo sucedido en 19 residencias, o que se acumulaban las advertencias sobre posibles denuncias de familiares.

“Yo no quiero mirar hacia otro lado”, ha dicho este domingo Díaz Ayuso, que ya ha mostrado en público sus discrepancias tanto con el vicepresidente, Aguado, como con el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ambos de Cs. “Si se demuestra que ha habido por parte de directivos de residencias, por parte de miembros de la Administración, dejación clara, negligencia, evidentemente, se toman responsabilidades”, ha seguido la líder popular, que también ha defendido el trabajo “inmenso” de los integrantes de su Gobierno. “Y en lo que respecta a los consejeros sobre los que tengo decisión de nombramiento y cese”, ha seguido, en referencia a los del PP, "si tengo la certeza o seguridad de que ha habido negligencia, dejación de funciones, falta de interés, o errores evidentes, no tengo ningún problema (en pedir responsabilidades). Evidentemente hay que hacerlo”.

El acuerdo de gobierno que une a PP y Cs especifica que el partido de Díaz Ayuso elegirá a siete consejeros y el de Aguado a seis. Nada dice, sin embargo, de los ceses. La presidenta, en principio, podría dejar de contar con quien quisiera, independientemente de quién lo hubiera nombrado, aunque cualquier acción unilateral agravará la crisis interna del Ejecutivo, poniendo en peligro su estabilidad.

“Y en este momento eso es insensato”, reconocen fuentes de la confianza de la presidenta, que prioriza ahora mismo la gestión de una crisis sanitaria que ha abierto heridas de improbable cicatrización entre los dos socios de gobierno.

Los equilibrios de poder que llenan de tensión al Ejecutivo madrileño están íntimamente relacionados con la gestión de las residencias. Primero, y mientras se acumulaban los fallecimientos, Reyero, titular de Políticas Sociales, de Cs, criticó que no se hubiera dotado de recursos médicos a estos centros. Y luego, Enrique Ruiz-Escudero, al frente de Sanidad, y del PP, le contestó afeándole que desconociera, dijo, que sí se habían medicalizado las residencias. Entre medias, el primero perdió la gestión de esas instalaciones en favor del segundo por una decisión de Díaz Ayuso. Desde entonces, los dos partidos se echan en cara las cifras de muertos.

Bajo la gestión de Reyero hubo 1.065 fallecidos en residencias de Madrid, aseguran en Cs, y desde entonces se han producido más de 5.000. Datos que PP niega: con el traspaso de poderes ya había 3.700 muertos, afirma una fuente de la formación conservadora. Una guerra de cifras que constata el enfrentamiento político de dos partidos que comparten hoy gobierno sabiendo que mañana lucharán por un electorado similar.

“Cuando entraron los bomberos, gracias al mando único creado para quitarle las competencias a Reyero, no se podían creer lo que veían”, resumieron fuentes del PP que aseguraron que Aguado no comunicó con la suficiente agilidad y transparencia a Díaz Ayuso el drama que se estaba viviendo en las residencias. “Aguado tiene un problemón”.

La Fiscalía ya investiga lo que ha ocurrido en 19 centros de la región. Todos los integrantes del gobierno, de la presidenta al último alto cargo, asumen que a eso se añadirán las denuncias de familiares. Y mientras tanto, el drama sigue conjugándose en presente.

En la última semana han muerto 751 personas con coronavirus (56) o síntomas compatibles con la enfermedad (695) en las residencias para personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental de la Comunidad de Madrid, elevando a 5.272 el balance de vidas perdidas por la pandemia en estos centros desde el 8 de marzo. El martes, Ruiz-Escudero aseguró que solo en las residencias de ancianos ya había habido 2.820 fallecidos. Y todo apunta a que puede haber más: el 42,53% (1.410) de los 3.315 formularios de diagnóstico de coronavirus rellenados el miércoles en las residencias de ancianos de la Comunidad habían dado positivo, según datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Sanidad.

¿Asumirá alguien la responsabilidad política de esas estadísticas? “Antes de ir como Atila anunciando ceses de personas, hay que ver qué ha pasado y tratar esto con sumo respeto: soy consciente de que las cifras son tremendas, pero también de que el trabajo de la Administración ha sido inmenso”, ha contestado Díaz Ayuso este domingo. “Desde que el virus entra en una residencia a que enseña la cara, pueden pasar muchas semanas”, ha continuado. “En la mayoría de las casos es un empujón para esa persona. Si tiene un cáncer, se lo agrava o le hace fallecer del mismo, si es una persona muy mayor, le quita años de vida”, ha seguido. “Hemos tenido además falta de análisis, porque no hemos tenido una estrategia nacional, para saber cómo se ha contagiado la población”, ha añadido. Y ha rematado: "No creo que haya habido dejación de las residencias ni dejación por parte de nadie. Hicimos todos lo que estaba en nuestra mano. Hicimos cosas inéditas... pero la única solución para que esto no hubiera ocurrido era haber cerrado todas las residencias desde finales de enero, pero a finales de enero nadie podía esperarse lo que después nos vino a todos”.

Desde que arrancó la crisis, el Gobierno regional ha presentado distintos planes de acción, y ha formado un mando único que ha permitido la entrada de bomberos o la UME en las residencias. También ha intervenido 13 centros en la que la mortalidad era especialmente alta: acumulaban más del 20% de fallecimientos de las 425 residencias que hay en la Comunidad. Y ha intentado que a esas instalaciones llegaran mascarillas, batas o guantes para paliar la falta de equipos de protección denunciada repetidamente por los trabajadores.

Nada de eso ha impedido que las muertes hayan seguido acumulándose, situando a Madrid como primera región de España en mortandad en este tipo de centros: en total, desde el 8 de marzo 6.444 residentes han fallecido por cualquier causa en los 710 centros que acogen en la región a personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental, cuya población residente ha descendido en un 3% (1.540) en los últimos siete días entre decesos y salidas voluntarias.

Todo eso ha ocurrido en Madrid desde el 25 de febrero, cuando se detectó el primer positivo en la región por coronavirus. Tras casi dos meses de lucha, la enfermedad golpea cada vez con menos fuerza, pero su impacto ha sido ya insoportable en las residencias. La perspectiva del reparto de culpas que llegará tras la crisis ya afecta duramente al Gobierno de coalición de Madrid, condicionado por su división y su minoría parlamentaria (depende de Vox) desde que se formó: aún no ha logrado aprobar ninguna ley. Y es solo el principio: la crudeza del desencuentro puede volver a quedar reflejada esta semana, con las comparecencias en la Asamblea del consejero de Justicia, Enrique López, de Reyero, y de Díaz Ayuso.

[Heracles_Pontor]

Ayuso cargará los muertos a C's . . . pero cuidado, si le echa muchos muertos encima, tantos que a Ignacio Aguado le resulte imposible enterrarlos, puede que quiebre su confianza en el PP y en el nuevo giro de la política que ha dado Arrimadas, deje caer a Ayuso y apoye una moción de censura con Gabilondo al frente, así que Ayuso se cuidará muy mucho de cortar cabezas porque puede que la que caiga sea la suya.

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[Celestino]

Nunca entendí la estrategia de Ciudadanos de darle al PP Comunidad y Ayuntamiento al PP pudiendo perfectamente haber optado a repartirse ambos gobiernos,  fue una estrategia de parguelas y ahora les toca agachar la cabeza.

[Ruino]

Deberían caer todos

[Der Kaiser]

Nunca entendí la estrategia de Ciudadanos de darle al PP Comunidad y Ayuntamiento al PP pudiendo perfectamente haber optado a repartirse ambos gobiernos,  fue una estrategia de parguelas y ahora les toca agachar la cabeza.

Para parguelas los podemitas en la oposición.

Si Cs le llega a dar o compartir la Comunidad y el Ayuntamiento con la dependencia de los podemitas, se hubiese hundido más de lo que está.

[47ronin]

El gobierno de Madrid, partido en dos: el PP aprovecha la crisis de las residencias para atacar la gestión de Cs
Tras ser apartado el consejero de Asuntos Sociales (elegido por Aguado), el de Justicia (nombrado por Díaz Ayuso) asegura que la respuesta se ha profesionalizado

Juan José Mateo
Madrid - 20 abr 2020 - 15:52 CEST

La defensa del mando único instaurado en la Comunidad de Madrid para afrontar las muertes en las residencias de la región se ha convertido este lunes en un reflejo de la crisis que atraviesa el Gobierno formado por PP y Cs: hasta que se tomó esa decisión hubo “una escalada” de muertes; solo entonces hubo “un análisis real de la situación que nos permitiese conocer las dimensiones reales de la crisis”; y por fin, ahora (que no antes), se dispone de “de un sistema de trabajo profesional”, según ha defendido en la Asamblea el consejero de Justicia, Enrique López. Tres argumentos en boca de un consejero del PP que han constituido otras tantas críticas implícitas a Alberto Reyero, el titular de Políticas Sociales, de Cs, que gestionó la crisis en las residencias hasta que Isabel Díaz Ayuso le apartó, precisamente para establecer ese mando único.

López, que pertenece al núcleo duro de consejeros con los que cuenta Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, ha inaugurado una serie de comparecencias en la Asamblea que marcarán la intensidad del pulso que enfrenta a los dos socios del Gobierno para repartirse las culpas del drama que se vive en las residencias de la Comunidad, donde se han registrado más de 6.000 muertos desde el 8 de marzo. Con la pandemia del coronavirus como eje de las intervenciones, este martes será el turno de Reyero, y el jueves el de Díaz Ayuso, en el primer pleno de control en la Cámara desde el 5 de marzo.

Tras ver cómo la presidenta se abría a decidir ceses de consejeros y directivos si se demostraba una mala gestión de los centros residenciales, López (PP) ha establecido un pormenorizado calendario de hitos decisivos que se ha convertido, de hecho, en una crítica a la gestión de Reyero (Cs).

“Ponerlo en marcha fue una decisión necesaria”, ha subrayado sobre un movimiento que supuso apartar a un consejero de Cs para poner al frente a otro del PP (el de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero. “Los datos oficiales cuentan la historia por sí solos”, ha seguido. “El 20 de marzo, apenas seis días después de la declaración del estado de alarma, Políticas Sociales contabilizaba 200 muertos en toda la red de residencias”, ha empezado a enumerar. “Cuatro días después, el 24 de marzo, el número había aumentado un 300%, alcanzándose la cifra de 841 fallecidos”, ha continuado. “Al día siguiente (25 de marzo) superábamos la trágica cifra de las 1.000 víctimas. Y la escalada siguió en los siguientes días”, ha lamentado sobre el momento en el que se decidió apartar a Reyero.

Y ha rematado: “Precisamente por eso, el día 27 la presidenta Ayuso cogió el toro por los cuernos y sometió a los centros residenciales a decisiones en las que prevaleciese el criterio relativo a la protección de la salud de los residentes y los profesionales”.

Casi 5.300 muertes en residencias

Las 5.272 muertes vinculadas al virus registradas hasta el viernes pasado en las residencias de la región han abierto una guerra entre los dos socios del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El PP considera que Cs no informó con transparencia, agilidad y claridad a Díaz Ayuso del drama que estaba produciéndose en los centros desde el inicio de marzo. La formación conservadora, además, no solo acusa a Reyero, sino que extiende la crítica al vicepresidente Ignacio Aguado.

“Tiene un problemón”, aseguran fuentes del PP. “Nos ocultaron lo que pasaba en esa consejería”.

En Cs, por su parte, consideran “desleales” esas afirmaciones, lanzadas en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, y centradas en los ocho meses que ha gestionado este partido las residencias, en lugar de los 25 años que lo han hecho los sucesivos gobiernos que ha dirigido el PP. “No es momento de hablar de ceses. Hoy más que nunca, es momento de trabajar unidos. No es tiempo de reproches”.

“(El cese de Reyero) no está contemplado hoy ni tampoco en el futuro”, ha asegurado el propio Aguado durante una entrevista en la cadena Ser. “Esa decisión no está sobre la mesa ni le compete a la presidenta en tanto en cuanto cada partido elige a sus consejeros”, ha añadido sobre el acuerdo de Gobierno que une a PP y Cs, y que recoge que el primer partido nombra a siete consejeros, y el segundo a seis. “No sé por qué hay que hablar de ceses cuando tenemos un gobierno que está funcionando bien. Yo no la contemplo en absoluto (la posibilidad del cese), ni para los consejeros del PP ni para los consejeros de Cs”.

En paralelo al cruce de declaraciones, los políticos observan cómo la Fiscalía investiga lo ocurrido en 19 residencias madrileñas, y esperan la llegada de denuncias de particulares. Una situación que ha propiciado la puesta en marcha de un plan de contingencias: hay que acotar las culpas, preferentemente en el socio respectivo.

No es la primera vez que las dos partes chocan por la gestión de las residencias. Primero, y mientras se acumulaban los fallecimientos, Reyero, titular de Políticas Sociales, de Cs, criticó que no se hubiera dotado de recursos médicos a estos centros, como había pedido repetidamente. Y luego, Enrique Ruiz-Escudero, al frente de Sanidad, y del PP, le contestó afeándole que desconociera, dijo, que sí se habían medicalizado las residencias. Entre medias, el primero perdió la gestión de esas instalaciones en favor del segundo por una decisión de Díaz Ayuso.

“Medicalizar las residencias no es convertirlas en hospitales”, ha dicho este lunes López. "Lo prioritario era llevar a cabo un análisis real de la situación que nos permitiese conocer las dimensiones reales de la crisis”, ha asegurado sobre el mando único, en una referencia implícita a que antes de su instauración el Gobierno regional no contaba con los datos suficientes. “Y eso fue lo que hicimos. Además, en la sede del 112 se creó un centro de coordinación del plan de choque para gestionar y tomar datos”, ha añadido. “25 días después de la activación del plan de choque, la batalla continúa. Disponemos de un sistema de trabajo clave y profesional, que nos permite detectar focos y atajarlos con rapidez. De esto se trataba, precisamente”, ha rematado, en otra descripción implícita de que, en su opinión, antes no se daban esas circunstancias.

El Plan de Choque, dirigido por el mando único de la Consejería de Sanidad, se apoya sobre la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, así como por la de Justicia, Interior y Víctimas, a través de los profesionales que integran la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Sus decisiones afectan a efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Unidad Militar de Emergencias (UME), médicos y personal de enfermería de la Consejería de Sanidad, técnicos de la Consejería de Políticas Sociales, Bomberos de la ciudad de Madrid y el SAMUR, Policías Locales, las agrupaciones de Protección Civil, Cruz Roja e incluso ONG como Médicos Sin Fronteras.

Desde que la Consejería de Sanidad tomara el control de estos centros socio-sanitarios el pasado 27 de marzo, se han intervenido un total de 144 residencias públicas y privadas, con 57 equipos presenciales de profesionales sanitarios, según un comunicado del Gobierno. Además, 25 equipos de médicos y enfermeras pertenecientes a Atención Primaria mantienen un seguimiento rutinario de forma presencial en 69 residencias, tanto públicas como privadas, habiendo llegado a atender hasta 81 centros, asegura el Ejecutivo. En paralelo, 14 hospitales de la red pública se han organizado para atender a un total de 75 residencias mediante 32 equipos, también formados por médicos y enfermeras.

Nada de eso ha impedido que las muertes sigan acumulándose en las residencias de la región. En la última semana, hubo más de 1.000 muertes en estos centros por cualquier causa, y casi 800 vinculadas al coronavirus. En total, desde el 8 de marzo 6.444 residentes han fallecido por cualquier causa en los 710 centros que acogen en la región a personas mayores, con discapacidad, o con enfermedad mental, cuya población residente ha descendido en un 3% (1.540) en los últimos siete días entre decesos y salidas voluntarias.

El Ejecutivo de Díaz Ayuso quiere que el mando único sobre las residencias, que encabeza la consejería de Sanidad (PP), se mantenga cuando se supere la crisis. Cuando ese día llegue, y quede cerrado el frente sanitario, se abrirá de par en par el político: una guerra entre dos socios que comparten hoy Ejecutivo, y que mañana competirán por el mismo electorado.

[Celestino]

Nunca entendí la estrategia de Ciudadanos de darle al PP Comunidad y Ayuntamiento al PP pudiendo perfectamente haber optado a repartirse ambos gobiernos,  fue una estrategia de parguelas y ahora les toca agachar la cabeza.

Para parguelas los podemitas en la oposición.

Si Cs le llega a dar o compartir la Comunidad y el Ayuntamiento con la dependencia de los podemitas, se hubiese hundido más de lo que está.

No entiendo,  Cs debería haber exigido apoyo al PP para recibir el suyo,  eran 2+2

[Celestino]

"Me dijeron: 'No podemos dar de comer a todos'. En esa residencia la gente se está muriendo de hambre"
Pacientes suturados sin anestesia, otros a los que no se les da de comer y ausencia de limpieza: esto refiere el auxiliar Pablo Barredo, que aguantó día y medio en la residencia Orpea Sanchinarro en lo más duro del Covid, con 60 muertos de 180 internos. La empresa lo niega

[Celestino]

El uso de mascarillas defectuosas obliga a aislar a más de mil sanitarios
Sanidad admite que la falta de equipos de protección desde que estalló la crisis ha favorecido las infecciones entre el colectivo, que acumula el 15% de los contagios

[Der Kaiser]

Nunca entendí la estrategia de Ciudadanos de darle al PP Comunidad y Ayuntamiento al PP pudiendo perfectamente haber optado a repartirse ambos gobiernos,  fue una estrategia de parguelas y ahora les toca agachar la cabeza.

Para parguelas los podemitas en la oposición.

Si Cs le llega a dar o compartir la Comunidad y el Ayuntamiento con la dependencia de los podemitas, se hubiese hundido más de lo que está.

No entiendo,  Cs debería haber exigido apoyo al PP para recibir el suyo,  eran 2+2

Entendí otra cosa, pero lógicamente el PP no iba a ceder siendo el más votado en las dos Instituciones, y Cs no las iba a dar a la izquierda bajo ningún concepto.

Según tu teoría, los podemitas son unos parguelas, por ejemplo, en Logroño/La Rioja, ya que le dieron tanto el Ayuntamiento de la capital como la Comunidad al PSOE.

[47ronin]

El Gobierno de Madrid, sobre las residencias: “Todos hemos cometido errores, la situación nos ha desbordado”

El consejero de Políticas Sociales apunta a la edad de los residentes y a la falta de equipos de protección y test, como causas principales de las 5.558 muertes


Juan José Mateo
Madrid - 21 abr 2020 - 17:18 CEST

Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, ha admitido este martes que la crisis abierta por las muertes en las residencias regionales ha llegado a desbordar al Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, y que se han podido cometer errores en la gestión. Tras registrar 5.558 fallecimientos vinculados a la enfermedad entre el 8 de marzo y el 21 de abril, el representante de Ciudadanos ha comparecido telemáticamente en la Asamblea regional para dar cuenta de un balance dramático: al menos 6.782 personas han muerto en las instalaciones regionales que atienden a personas mayores, con discapacidad o con enfermedad mental, y el 40% de los profesionales que las atienden han contraído el virus o han tenido que aislarse en sus domicilios para pasar una cuarentena de catorce días.

“Me duelen mucho los fallecimientos, tanto en lo personal como en la parte que me corresponde como responsable político”, ha dicho Reyero, visiblemente afectado tras ver que en los últimos cuatro días se producían 286 muertes vinculadas al virus en las residencias, más del 70 cada jornada. “Me gustaría hacer un llamamiento a la unidad. La situación nos ha desbordado a todos: gobiernos, residencias, profesionales y ciudadanía”, ha pedido. “Todos hemos cometido errores, seguro”, ha reconocido. “Los efectos del covid-19 sobre las personas mayores, y especialmente sobre las que viven en residencias, han sido devastadores”, ha descrito.

Y ha argumentado: “Por los datos que conocemos, la letalidad del covid-19 en España se dispara entre los 69 y los 80 años. A las circunstancias personales de cada residente se añade la dificultad de aislar a los mayores en sus residencias a cal y canto, como está ocurriendo con los que residen en sus domicilios, ya que necesitan la continuidad en sus cuidados diarios. La escasez de equipos de protección individual ha sido una auténtica tragedia. Y a esto se ha añadido la falta de test”.

La gestión de las residencias ha desatado una tormenta en el Gobierno de coalición de Madrid, formado por PP y Cs. Tras ser apartado de la gestión médica de las residencias por Díaz Ayuso, que promocionó para el puesto a un consejero de su partido creando un mando único dependiente de Sanidad, Reyero ha querido evitar cualquier polémica. Pero ha habido tres excepciones: reconocer que en el pico de contagios hubo pocas derivaciones de ancianos a los hospitales; señalar que dispone de los recursos aprobados por gobiernos anteriores, todos de la formación conservadora; y mostrar que PP y Cs tienen conceptos distintos de lo que es una residencia medicalizada.

“Las residencias no están suficientemente preparadas para hacer frente a una crisis sanitaria de esta dimensión, no cuentan con el material adecuado”, ha dicho Reyero, especificando que normalmente el 28% no tienen médico y el 22% solo tienen médico en turno de mañana (en consecuencia el 50% no tienen una atención médica permanente). “Una residencia medicalizada no es una residencia con atención sanitaria solo, es algo más”, ha puntualizado sobre las distintas estadísticas dadas en los últimos días por miembros del Ejecutivo: él dijo que no había ninguna residencia medicalizada, Díaz Ayuso aseguró que todas lo estaban, el consejero de Sanidad detalló que había 170, y la propia Comunidad emitió el lunes un comunicado especificando que eran 144.

“No voy a entrar en polémicas que no conducen a nada con el consejero de Sanidad ni mucho menos con la presidenta”, ha seguido. Y ha rematado: “Las residencias están preparadas para cuidar, no para curar”. Después de intervenir 13 residencias por su alto número de fallecidos (603) y encontrar problemas de coordinación con algunas direcciones, Reyero ha avanzado que dos de ellas podrían salir de esa situación próximamente. En paralelo, la Comunidad ha intervenido la residencia Las Golondrinas, en Robledo de Chavela, según han informado a Europa Press fuentes regionales.

[47ronin]

No veo yo a Monasterio en plan "señora de la limpieza"...


Más Madrid pide que cada diputado lleve su botella de agua y limpie el atril en los plenos presenciales
Para garantizar la seguridad de los trabajadores de la Asamblea, propone que no se use el coche oficial y no haya cafetería ni transcripción en tiempo real
Sara Medialdea
MADRID Actualizado:23/04/2020 12:18h

La imposibilidad técnica de llevar adelante el primer intento de pleno telemático en la Asamblea de Madrid ha llevado a varios grupos políticos a solicitar que éste sea presencial. Peror todos los partidos conocen la petición que los trabajadores de la Asamblea hicieron para que las comisiones y los plenos fueran telemáticos durante el estado de alarma, para preservar su seguridad. En un intento de combinar ambas cosas, el grupo parlamentario de Más Madrid lleva a la junta de portavoces una propuesta que implica que los diputados que asistan al pleno -no serían los 132 sino sólo una pequeña representación- adopten medidas extraordinarias como no utilizar el coche oficial, no asistir a la cafetería, llevar su propia botella de agua o desinfectar el atril con un kit que se les entregaría al llegar.

En concreto, lo que proponen los representantes de Más Madrid piden que asistan sólo a las sesiones plenarias los diputados que vayan a hacer uso de la palabra; que el acceso a la Asamblea se produzca a pie o con vehículos particulares, pero no con coche oficial, para evitar poner en riesgo a los conductores.

También se propone que no haya servicio de cafetería, «por lo que se recomienda a los diputados y miembros del gobierno que lleven sus propias botellas de agua». Las tareas de limpieza se realizarían antes y después del acceso de diputados, para evitar el contacto personal. Y a cada parlamentario se le entregaría al llegar un pack de limpieza «para que desinfecte el atril tras su uso. Se recomienda el uso de guantes durante el uso de espacios comunes».

Por otro lado, se propone reducir el número de letrados de asistencia a uno, y también renunciar a la transcripción en tiempo real del acta de sesión, lo que no haría necesaria la presencia de taquígrafas, que seguirían «la sesión telemáticamente para realizar acta de traducción literal de las palabras en tribuna o escaño, prescindiendo de recoger cualquier otro acontecimiento sucedido durante la sesión».

El pleno sería telemático para los medios, y estos podrían asistir a comparecencias de los portavoces de los grupos por esta misma vía.

[Heracles_Pontor]

Cómo va a cambiar el mundo mientras no se encuentre una vacuna.

Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk

[Ruino]

No veo yo a Monasterio en plan "señora de la limpieza"...


Más Madrid pide que cada diputado lleve su botella de agua y limpie el atril en los plenos presenciales
Para garantizar la seguridad de los trabajadores de la Asamblea, propone que no se use el coche oficial y no haya cafetería ni transcripción en tiempo real
Sara Medialdea
MADRID Actualizado:23/04/2020 12:18h

La imposibilidad técnica de llevar adelante el primer intento de pleno telemático en la Asamblea de Madrid ha llevado a varios grupos políticos a solicitar que éste sea presencial. Peror todos los partidos conocen la petición que los trabajadores de la Asamblea hicieron para que las comisiones y los plenos fueran telemáticos durante el estado de alarma, para preservar su seguridad. En un intento de combinar ambas cosas, el grupo parlamentario de Más Madrid lleva a la junta de portavoces una propuesta que implica que los diputados que asistan al pleno -no serían los 132 sino sólo una pequeña representación- adopten medidas extraordinarias como no utilizar el coche oficial, no asistir a la cafetería, llevar su propia botella de agua o desinfectar el atril con un kit que se les entregaría al llegar.

En concreto, lo que proponen los representantes de Más Madrid piden que asistan sólo a las sesiones plenarias los diputados que vayan a hacer uso de la palabra; que el acceso a la Asamblea se produzca a pie o con vehículos particulares, pero no con coche oficial, para evitar poner en riesgo a los conductores.

También se propone que no haya servicio de cafetería, «por lo que se recomienda a los diputados y miembros del gobierno que lleven sus propias botellas de agua». Las tareas de limpieza se realizarían antes y después del acceso de diputados, para evitar el contacto personal. Y a cada parlamentario se le entregaría al llegar un pack de limpieza «para que desinfecte el atril tras su uso. Se recomienda el uso de guantes durante el uso de espacios comunes».

Por otro lado, se propone reducir el número de letrados de asistencia a uno, y también renunciar a la transcripción en tiempo real del acta de sesión, lo que no haría necesaria la presencia de taquígrafas, que seguirían «la sesión telemáticamente para realizar acta de traducción literal de las palabras en tribuna o escaño, prescindiendo de recoger cualquier otro acontecimiento sucedido durante la sesión».

El pleno sería telemático para los medios, y estos podrían asistir a comparecencias de los portavoces de los grupos por esta misma vía.

No la quedará otra

[47ronin]

Si...si...si....



Ignacio Aguado: «Si hubiéramos actuado antes en residencias, habríamos logrado evitar muertes»

El número dos del Gobierno de Madrid recuerda que es la Comunidad, y no el Ejecutivo Nacional, la que «ha ido tirando del carro en las decisiones sanitarias»

Sara Medialdea
Actualizado:25/04/2020 03:18h

Una foto con un grupo de sanitarios le acompaña en la mesa de su despacho. El vicepresidente Ignacio Aguado trabaja en los planes para la desescalada de Madrid y la salida de una crisis que prevé profunda.

—Siempre hay que hacerla. Nosotros gestionamos las residencias de mayores, las 25 públicas, y tenemos la obligación de garantizar que las privadas también funcionan bien. Con casi 7.000 personas que han fallecido en residencias madrileñas, sería absurdo y pretencioso no hacer autocrítica. Claro que ha habido errores; si hubiéramos actuado antes, seguramente habríamos conseguido evitar algunas o muchas muertes; nunca lo sabremos. Pero también estoy seguro que hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano.