Las claves de la causa por el contrato de Ayuso: perfil bajo e investigación rápida
Anticorrupción agilizará la investigación abierta por el contrato público de mascarillas del que se habría beneficiado el hermano de la presidenta madrileña. El objetivo es evitar filtraciones
GEMA HUESCA
PUBLICADO 27/02/2022 04:02
ACTUALIZADO 27/02/2022 06:02
La Fiscalía Anticorrupción no quiere dilatar las pesquisas por el contrato público del que se benefició el hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Ministerio Público acelerará las diligencias abiertas esta pasada semana para esclarecer si se produjo alguna irregularidad con la adjudicación de este contrato para el suministro de mascarillas a una empresa cercana a Tomás Díaz Ayuso. El objetivo es no prolongar demasiado este asunto que afecta a la mandataria regional y que suscita un especial interés mediático a tenor de todo lo ocurrido tras conocerse la existencia de este presunto trato de favor del Gobierno madrileño al hermano de la presidenta.
De hecho, la investigación en cuestión la ha asumido el propio fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, tras recabar las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios de la oposición (PSOE, Podemos y Más Madrid) relativas a la adjudicación de este contrato de urgencia en abril de 2020 para proveer al IFEMA de material sanitario. Como ya ocurriera con otras diligencias seguidas en este órgano, el objetivo es adoptar un perfil bajo y activar las diligencias lo antes posible para evitar que se eternice en el tiempo.
Además de las denuncias presentadas la pasada semana por los partidos, la Fiscalía ya ha recibido también la información remitida por el gobierno regional sobre este contrato, así como la factura de 55.850 euros que percibió el hermano de la presidenta. Díaz Ayuso, que se desvinculó desde el principio de esta contratación y negó trato de favor a cualquier miembro de su familia, explicó que el cobro obedece a las gestiones de su hermano para la empresa adjudicataria (Priviet Sportive) y no a una comisión. Con todo, esta misma semana la Comunidad de Madrid habría reconocido que el empresario percibió el total de 280.000 euros del que se habló en un primer momento.
Cobros de 280.000 euros
Sin embargo, desde el gobierno madrileño sostienen que solo la factura inicial es la que guarda relación con el contrato en entredicho, de ahí que únicamente aportaran a la Fiscalía información de este acuerdo. Del resto, dijo Ayuso en rueda de prensa, no debía dar cuenta porque nada tenía que ver con este asunto y pertenecía a su esfera privada. Con todo, pese a reconocer que el empresario percibió un total de 280.000 euros de esta firma, el equipo de Díaz Ayuso no había enviado a finales de esta semana más documental a Anticorrupción, según confirman a Vozpópuli fuentes del Ministerio Fiscal.
La propia Fiscalía expuso en un decreto firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción que las diligencias que abre el órgano no se iban a centrar en ninguna persona física o jurídica. Del mismo modo, descartó que los indicios apuntaran a Isabel Díaz Ayuso por posible tráfico de influencias. Por ello precisó que, al menos por el momento, el asunto no se va a remitir a la Fiscalía del Tribunal Supremo (órgano competente por su condición de aforada). Según indició, los hechos no constituyen «indicios razonablemente verosímiles» del asunto investigado. Ahora bien, la Fiscalía considera pertinente investigar estas denuncias principalmente por el momento en que se adjudicó el contrato.
Al respecto, el decreto aludía a la «indiscutible trascendencia social del contexto» en que se produjo esta adjudicación de urgencia ya que era un «momento singularmente difícil para la población madrileña». El segundo motivo que le llevaba a investigar los hechos residía en la relevancia del asunto, teniendo en cuenta que afecta a una Administración Pública. Al respecto, la Fiscalía aseguró que las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios no formulaban imputaciones concretas, pero sí expresaban «claras reservas sobre la legalidad» de la adjudicación.
Ayuso, en el foco mediático
Así pues, el asunto puede terminar en archivo, en caso de que las pesquisas no arrojen ninguna sospecha de duda sobre su actuación, o bien en forma de querella para que se judicialicen. Por el momento el Ministerio Público se va a centrar en analizar todas las características de este contrato para adquirir 250.000 mascarillas de China así como en los movimientos de Tomás Díaz Ayuso. El foco se pondrá en su información financiera y bancaria con el fin de esclarecer si sus ingresos variaron sustancialmente en el ejercicio relativo a la adjudicación del contrato o, por el contrario, su relación con la firma y su mediación en este tipo de gestiones venía de lejos.
Al respecto, PSOE, Podemos y Más Madrid presentaron el pasado miércoles una ampliación de denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, a tenor de las nuevas informaciones publicadas sobre otros trabajos realizados con Artesolar Iluminación. El empresario madrileño también cobró de esta mercantil que ha suscrito una decena de contratos con la Comunidad de Madrid desde que Ayuso llegó a la presidencia. La propia firma se desligó por completo de Tomás Díaz Ayuso esta semana y negó que estuviera en plantilla (como él defendía en un perfil social). Al respecto indicó que únicamente había colaborado como asesor externo en el desarrollo de algunos proyectos.
El transporte de las mascarillas
Del mismo modo, también piden analizar la calidad de las mascarillas adquiridas por 1,5 millones de euros ya que, aunque el contrato especificaba que se trataba del modelo FPP2, existen indicios que hacen pensar que no todas eran así. «El administrador único de Priviet, a través de otra de sus empresas familiares, regaló 400 mascarillas KN95 cuatro días después de que se hiciera la última entrega a la Comunidad de Madrid», recoge el PSOE en su ampliación de denuncia. El beneficiario fue el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila) y así lo agradeció en un mensaje difundido en redes sociales el 24 de abril de 2020.
Finalmente, los denunciantes reclaman que se investigue lo relativo al traslado de este material sanitario para saber quien lo costeó. Al respecto explicaron que la Comunidad de Madrid había fletado a su coste aviones para traer las mascarillas dándose la casualidad de que pagó un vuelo con mercancía muy similar a la recogida en este contrato el 14 de abril. En los documentos de entrega de la mercancía se hace referencia a que las mascarillas eran FPP2/KN 95. Días después, Priviet Sportive, la firma ligada al hermano de Ayuso, emitió su factura por un lote similar a un precio de 5 euros por mascarilla, lo que les hace pensar que se podría tratar de la misma firma.
