CONFLICTO ENTRE DEPARTAMENTOS
La Fiscalía Europea insiste en investigar el contrato de Ayuso y amaga con acudir al TJUE
Advierte que tiene una "competencia prioritaria para investigar todos los hechos vinculados a un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea"
Foto: Isabel Díaz Ayuso. (EFE / Zipi)
Isabel Díaz Ayuso. (EFE / Zipi)
Por Beatriz Parera
28/03/2022 - 11:02 Actualizado: 28/03/2022 - 13:26
La Fiscalía Europea insiste en su competencia para investigar el contrato de compra de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive y del que acabó beneficiándose el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. En un comunicado emitido este lunes, antes de que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reúna a la Junta de fiscales para tomar una decisión sobre el conflicto abierto con la Fiscalía Anticorrupción, advierte que tiene una "competencia prioritaria para investigar todos los hechos vinculados a un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea" y amaga con la obligatoriedad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La nota "lamenta la polémica surgida en torno a la adjudicación de competencia sobre este caso en España". "Como regla general, la Fiscalía Europea no comenta casos específicos, pero considera que este en particular tiene implicaciones más amplias", dice para añadir que el objetivo de cualquier investigación de la Fiscalía Europea es establecer los hechos para concluir si hay pruebas suficientes de que se ha cometido un delito penal que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. "Es para evitar duplicidades y en interés de la defensa que el Reglamento de la Fiscalía Europea" le concede esa prioridad, añade. "En este contexto, dada nuestra naturaleza sin precedentes y la compleja interacción entre las leyes nacionales y europeas bajo las cuales operamos, la Fiscalía Europea quisiera recordar que en una situación de conflicto de competencia, siempre se debe considerar una remisión al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Por ello, esta mañana, la Fiscalía Europea ha solicitado al Fiscal General del Estado que considere seriamente esta opción", concluye. Dolores Delgado reunirá en la tarde de este lunes a la Junta de Fiscales de Sala, que aúna a la cúpula de la carrera fiscal y es uno de los principales órganos consultivos de la institución, para escuchar su criterio sobre el conflicto de competencias. Tanto la Fiscalía Europea como Anticorrupción reclaman hacerse cargo de las pesquisas sobre el polémico contrato. Fuentes fiscales aseguran que la pasada semana Delgado ya notificó de forma oficial su decisión respecto al conflicto, fallando a favor de Anticorrupción frente a la demanda de la Fiscalía Europea.
Foto: Dolores Delgado. (EFE/Cati Cladera)
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Beatriz Parera
Defiende la tesis del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y considera que la investigación debe continuar en sus manos, dado que el delito principal de los existentes a nivel indiciario sería un tráfico de influencias de relevancia nacional prioritario sobre la presunta malversación de cantidades procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). A pesar de ello, no será hasta que no escuche el criterio de los fiscales de Sala cuando anuncie su decisión final. La desavenencia entre los dos departamentos arrancó hace unos días, después de que la Fiscalía Europea pidiera investigar si se produjo una malversación de fondos comunitarios en la adjudicación de la que se benefició Tomás Díaz Ayuso. Según informan fuentes fiscales, la representante del departamento en España, Concepción Sabadell, se puso en contacto con la Fiscalía Anticorrupción para que se le facilitara el acceso a las diligencias abiertas, al considerar que pudo realizarse un mal uso de las ayudas. La solicitud se realizó después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea en el que se daba cuenta de la posibilidad de que el dinero procediera de las cantidades que destina la UE al desarrollo regional. La junta está diseñada para aconsejar al fiscal general en materia doctrinal y técnica "en orden a la formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, la resolución de consultas, elaboración de las memorias y circulares, preparación de proyectos e informes que deban ser elevados al Gobierno y cualesquiera otras, de naturaleza análoga, que el fiscal general del Estado estime procedente someter a su conocimiento y estudio".
Las diligencias
La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias a finales de febrero a raíz de las tres denuncias presentadas por el PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid, que reclamaron que se investigara el contrato de adquisición de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, la adjudicataria, por las gestiones realizadas para conseguir el material en China y su traslado a Madrid.
Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d) durante una reunión con la portavoz del Grupo Parlamentario de Más Madrid, Mónica García (2i). (EFE/Zipi Aragon)
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El departamento dirigido por Alejandro Luzón se encontraba analizando el contrato sospechoso para determinar si existen indicios delictivos y no descarta citar al familiar de la presidenta madrileña. Los tres partidos de la oposición madrileña han reclamado, en concreto, que se investiguen los puntos oscuros de la adjudicación que estuvo en el origen de la guerra abierta entre el presidente popular, Pablo Casado, y la propia Ayuso. De hecho, las primeras sospechas de corrupción partieron del seno del partido, que investigó de forma interna presuntas irregularidades. Fontaneros de la formación llegaron a contactar con una agencia de detectives para tratar de comprobar el cobro con la idea de que era muy superior, de 286.000 euros. Los grupos parlamentarios de la izquierda acudieron al Ministerio Público de forma individual y atribuyen a Ayuso delitos de tráfico de influencias, cohecho, malversación y prevaricación. En el caso de que esta investigación que acaba de arrancar terminara provocando la presentación de una querella, será el Supremo el tribunal competente, dado que el estatuto madrileño determina que los presidentes, vicepresidentes y consejeros de la región sean aforados ante la Sala de lo Penal de este alto tribunal. Si no afectaran a la presidenta, el tribunal competente sería la Audiencia Nacional.
Ayuso respondió este mismo viernes a la reclamación de la Fiscalía Europea. "Ya no sé en cuántos más organismos se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así, pero, sinceramente, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto", ironizo.
