El archivo del 'caso del espionaje' sólo ha dejado satisfecho al aparato político del PP
16-07-2010 - MDO/ EP - Fotografías: MDO
El archivo del 'caso espionaje' no ha tenido una buena acogida. Tanto los denunciantes, como el PSOE e IU han mostrado su desacuerdo con la decisión de la juez, que considera que no hay indicios de malversación. La noticia sólo ha sido recibida con satisfacción en el aparato político del PP, desde donde uno de los supuestos instigadores, Francisco Granados, ha exigido a Cobo y a Prada que se disculpen.
En declaraciones a la Cadena Cope, Granados ha defendido que es "lógico" reclamar a quien ha "injuriado, calumniado y acusado" de manera "falsa" que pida perdón y ha extendido esta petición tanto a dirigentes socialistas y medios de comunicación como a "algún miembro" de su partido "en el que está menos justificado que quiera acabar con el PP de Madrid".
"Esos miembros de mi partido han llegado a decir en una junta directiva nacional delante del presidente nacional que temían por sus hijos", ha expuesto Granados, para tachar de "barbaridad" tales acusaciones y por ello exigir a tales dirigentes que den "una explicación" y además se disculpen. "Llevamos un año y medio en una permanente zozobra", ha criticado el consejero en referencia a las acusaciones sobre el presunto espionaje cometido sobre Cobro y Prada y "no sobre la mitad del PP de Madrid porque el 99,9 por ciento de afiliados están con Esperanza Aguirre".
Por último, ha expuesto su satisfacción con el archivo del caso, una resolución "absolutamente contundente y clara" que deja "libres de toda sospecha" a los imputados. "Lo único que puedo hacer es estar satisfecho y alegrarme", ha concluido.
Gómez advierte de que irá "hasta las últimas consecuencias"
El Partido Socialista recurrirá el archivo del 'caso de los espías' porque cree que los seguimientos se hicieron con medios de la Consejería de Presidencia y, por lo tanto, hubo un delito de malversación de fondos públicos.
Según ha expresado Tomás Gómez, el PSM irá "hasta las últimas consecuencias" para demostrar que hubo espionaje en la Comunidad de Madrid. El líder de los socialistas madrileños ha explicado que va a recurrir la sentencia, que los servicios jurídicos ya están trabajando en ello, y que "el lunes o el martes a más tardar" la presentarían en los juzgados.
Y es que, según ha señalado, "no están de acuerdo" con la decisión de la jueza, "ya que si llevan más de un año investigando para demostrar lo que ya todos saben, ahora se ha entrado a debatir si se ha financiado o no con el dinero público, ya que lo que ha quedado claro es que ha habido espionaje".
En este sentido, ha indicado que "parece casualidad" que cuando aparece la declaración "de alguien que es esencial, la primera persona que pone sobre la pista cómo se financia con fondos públicos el espionaje, la señora Laviana, no se permite que vaya a testificar y se cierra el caso".
Esta es la principal queja del PSM, que la jueza no haya tenido en cuenta su solicitud de llamar como testigo a la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón, tras las declaraciones de Yolanda Laviana en el diario 'El País', que revelaban "aspectos esenciales del funcionamiento de la actividad que dirigía Sergio Gamón" y demostraban "el conocimiento que manifiesta tener acerca de los hechos y de la utilización masiva de medios públicos para fines privados".
Para los socialistas, las declaraciones de Laviana, en las que asegura que Gamón daba información de los seguimientos al vicepresidente, Ignacio González, arrojaban luz sobre "las autoridades a las que reportaba constantemente Sergio Gamón, -aunque él negó cualquier comunicación con superior jerárquico-".
Por otra parte, en cuanto a las declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, en las que solicitó las dimisiones del director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, y de la diputada del PP, Rosa Rodríguez, y que el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo "pidiera disculpas", Gómez ha señalado que "Granados considera al PSM su adversario político, pero estima que tiene a sus enemigos políticos entre la gente que tiene al lado".
"Cuando un partido está así, es un caso de descomposición interna". En este sentido, ha asegurado que, en cuanto a los conflictos existentes en el PP de Madrid, es mejor no meter la mano, porque se saca el muñón". Por último, ha asegurado ser "muy respetuoso con los conflictos internos que tiene el PP", que ha tildado de "muy dolorosos", por lo que "no va a meter más el dedo en ese tema".
Prada: "el proceso no ha concluido"
Uno de los denunciantes, el ex consejero Alfredo Prada, recordó este jueves que el proceso judicial "no ha concluido y que serán "instancias superiores las que tendrán que revisar" la decisión de la juez.
El director del PP en el Exterior y ex consejero en la Comunidad de Madrid, que se encuentra de viaje en Costa Rica, ha explicado que lo único que hizo cuando se conocieron los presuntos espionajes fue "ponerlos en conocimiento de la Fiscalía", que abrió entonces un "proceso de investigación judicial que no está concluido".
"Si la justicia determina que los seguimientos que se me hicieron, que sí han quedado acreditados, eran para darme seguridad o protección, bienvenido sea y si tuvieran otras finalidades y fueran delictivas, será la justicia la que tenga que pronunciarse al respecto", ha señalado.
Además, ha reiterado que, "como víctima", tiene "plena confianza en la justicia y en que sea ésta la que determine lo que ocurrió". "La sentencia es una decisión del juez instructor que instancias superiores tendrán que revisar, y (yo tengo) plena confianza en la justicia", ha destacado.
Asimismo, ha subrayado que no tiene "ningún interés en politizar" este asunto, sino en que se "diluciden unos hechos que se han deducido ciertos y que se negaron al principio".
IU tampoco comparte la interpretación de la juez
Él último en mostrar su discrepancia con el archivo del caso ha sido el coordinador general de IU en la Comunidad, Gregorio Gordo. El lider regional de IU dijo este viernes que la interpretación que la juez realiza en el auto "deja bastante que desear" porque no actúa sobre unos hechos que él considera "probados" y "constatados".
A pesar de que ha mostrado su respeto por la decisión adoptada por la magistrada Carmen Valcarce, Gordo ha señalado que es "evidente" que existen "muchas" actuaciones judiciales "que se han quedado sin hacer", entre ellas, coincidió con el PSOE, el hecho de no tomar declaración a Yolanda Laviana.
"Otra cosa es que la juez interprete que en el tiempo utilizado por funcionarios regionales que se han dedicado a hacer seguimientos, como está probado, no haya habido malversación de fondos", ha manifestado el también portavoz de IU en la Asamblea.
"Si uno cobra un salario para hacer seguimientos, está utilizando fondos públicos", ha afirmado en declaraciones a la prensa tras reunirse con un colectivo sanitario. Según Gordo, el caso del presunto espionaje es "un episodio más" de la situación por la que a su juicio atraviesa el Ejecutivo de Esperanza Aguirre.
En su opinión, la región se ha convertido en una comunidad de "opereta", en la que "este tipo de culebrones venezolanos es el elemento fundamental de la política del Gobierno de Aguirre", porque los "problemas reales" de la gente están "absolutamente ocultos" por las "disputas internas" del PP de Madrid.
