Envío mal la comisión rogatoria del ático
Un incomprensible error de la Policía atrasa el sumario sobre el ático de Ignacio
González
La Comisaría de Málaga envió la comisión rogatoria a un destinatario equivocado
EDUARDO INDA
ESTEBAN URREIZTIETA
Madrid Actualizado: 19/01/2014 02:50 horas 19
La Policía envió incomprensiblemente a un destinatario equivocado la comisión rogatoria a Reino Unido solicitada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, encargado del caso ático o caso González, para aclarar la persona o personas físicas que están detrás de Coast Investors. Ésta es la sociedad que figura como propietaria inicial de la vivienda de 496 metros cuadrados (piscina privada, jacuzzi y sauna en la planta superior incluidos) que el presidente de Madrid, Ignacio González, y su esposa, la imputada Lourdes Cavero, disfrutan en la urbanización marbellí de Guadalmina desde hace cuatro años y medio.
Enviaron la petición vía Interpol y no a través del Ministerio de Justicia español
Coast Investors es lo que, en jerga fiduciaria, se conoce como primera pantalla. Cuando un ciudadano quiere ocultar el dinero procedente de un negocio ilegal, lo que hace es establecer varias pantallas o muros para que llegar al beneficiario real sea materialmente imposible. Se trata de cruzar entidades mercantiles, países y testaferros para desdibujar el rastro e imposibilitar la tarea policial en caso de investigación.
Coast Investors, con sede social en Delaware (EEUU), es a su vez propiedad de Waldorf Overseas, otra compañía instrumental ubicada en el paraíso fiscal de Panamá; uno de los favoritos de los delincuentes de cuello blanco españoles.
¿Y por qué la juez de Estepona oficia una comisión rogatoria a Reino Unido si la primera pantalla está en Estados Unidos y la segunda conocida en Panamá? Por una sencilla razón: porque desde mayo de 2008 los gastos de comunidad se sufragaron a través de una cuenta corriente del Banco Lloyd's de Londres a nombre de Coast Investors, que era engrasada financieramente desde otra del US Bank de Beverly Hills (California). Es decir, que estos pagos no se efectuaban directamente sino que, curiosamente, se hacía escala en la capital británica.
Desde el Lloyd's Bank se transfería puntualmente a la comunidad de propietarios de La Alhambra del Golf -urbanización situada en el límite territorial exacto de los municipios de Marbella y Estepona- los 600 euros de cuota mensual. El ático de González es el que más cotiza en el prorrateo. Más incluso que su vecina de abajo, Carmen Franco, la hijísima del dictador. Más que nada, porque es el piso más extenso de cuantos conforman la tercera fase de La Alhambra del Golf.
La juez ofició la petición el 9 de julio del año pasado y, desde entonces, nada más se supo. Y no precisamente porque las autoridades británicas no colaboren con las españolas o porque la burocracia sea allí más lenta aún que en el Reino de España. La explicación es más prosaica, pero seguramente mucho más grave en términos jurídicos, policiales y políticos: la Brigada de la Policía Judicial de Málaga la remitió al destinatario equivocado. En lugar de cursarla vía Ministerio de Justicia, la enviaron directamente a Interpol Manchester. La Organización Internacional de Policía Criminal les devolvió la solicitud recordándoles que Reino Unido sólo acepta las comisiones rogatorias que se hagan de Ministerio de Justicia a Ministerio de Justicia.
«Interpol Manchester participa, a los solos efectos de conocimiento, que el Reino Unido no admite la vía Interpol para la tramitación de comisiones rogatorias», notificó textualmente la Brigada Provincial de la Policía Judicial a la magistrada Mariana Peregrina.
La comisión rogatoria está congelada
El error es ciertamente llamativo por cuanto la Costa del Sol ha sido históricamente refugio y santuario de conocidos delincuentes británicos. Y, obviamente, son habituales los contactos con las autoridades británicas para recabar datos de ciudadanos y de empresas vinculadas a aquel país. Son innumerables las personas físicas y jurídicas del entorno británico que acuden a la Costa del Sol a lavar dinero mediante la compra de bienes inmuebles u otro tipo de inversiones. Todo ello por no hablar de la proximidad física de Gibraltar, paraíso fiscal a tiro de piedra de Marbella -en coche se tarda una media hora-.
De la cursada a los EEUU, sede de la pantalla Coast Investors, nunca más se supo
La comisión rogatoria está, en consecuencia, congelada. En el sumario no consta que se haya reactivado. Y las partes no tienen conocimiento de que haya sido oficiada de nuevo y correctamente.
Algo parecido sucede con la que se cursó a los Estados Unidos con una serie de preguntas del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero. De ésta nunca más se supo. El objetivo obvio es saber quién es el beneficiario último de Coast Investors, la compañía del paraíso fiscal de Delaware que figura como compradora en 2008 de la vivienda de 496 metros cuadrados. La meta añadida era conocer también la identidad del cliente del testaferro profesional californiano Rudy Valner que, a mayor abundamiento, es el representante legal en los Estados Unidos de Enrique Cerezo, íntimo de Ignacio González.
El Sindicato Unificado de Policía SUP, el mayoritario del cuerpo, cuya secretaria general es Mónica Gracia, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona requiriendo que se reactiven las comisiones rogatorias a Reino Unido y EEUU. Además, solicita que, al menos hasta que no se conozca el resultado de estas peticiones de auxilio judicial, el caso ático se continúe instruyendo en Estepona.
