Indemnizan a los hijos de una asesinada por su pareja: la Guardia Civil no la protegió
Por Virginia Sarabia
14 de octubre de 2022, 10:34 CEST
Europa Press
Lucía Patrascu fue a denunciar a su pareja en Pollença (Mallorca) en 2016. Esperó cinco horas y se fue del cuartel sin que se recogiera su denuncia, pese a que expresó su miedo.
Al no recogerse la denuncia, no se activó el protocolo establecido en materia de violencia de género y ese mismo día fue apuñalada por su pareja.
EUROPA PRESS El Ministerio de Interior tendrá que indemnizar con 40.000 euros a cada uno de los dos hijos de Lucía Patrascu, la mujer asesinada por su pareja en Pollença en 2016 después de acudir a la Guardia Civil para denunciarle, al apreciar la Administración que no fue atendida "de la forma debida" por los agentes.
El suceso tuvo lugar en mayo de 2016 en un domicilio del Port de Pollença (Mallorca). La pareja de la mujer, Ioan Ciotau, la apuñaló repetidamente en el pecho con un cuchillo de unos 16 centímetros de hoja en el balcón de la vivienda. Mientras ella trataba de pedir auxilio agarrándose a los barrotes de la barandilla, él continuó acometiéndola por la espalda. Los sanitarios que la atendieron no pudieron salvar su vida. El hombre fue condenado a 22 años de cárcel por asesinato.
Horas antes, la mujer había acudido a un puesto de la Guardia Civil para denunciar a su pareja, pero no se le tomó denuncia a pesar de que expresó el miedo que tenía e incluso que creía que el hombre la había seguido hasta el cuartel.
Tras el asesinato, se abrió un procedimiento para investigar la actuación de los agentes de la Benemérita, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de denegación de auxilio. Posteriormente fue archivado, y al quedar sobreseída esta causa penal, la Guardia Civil desestimó las reclamaciones de los familiares de la mujer.
El procedimiento penal, sin embargo, constató que la mujer se fue del cuartel "sin que los agentes que finalmente la atendieron y el brigada que estaba de jefe de puerta adoptasen medida alguna para facilitar su protección" y sin siquiera recoger la denuncia formalmente. De hecho, la atención a la víctima se produjo "en la sala de espera y estando ella en pie", sin que se la hiciera pasar a una dependencia para que explicara pormenorizadamente sus inquietudes de manera sosegada y "dedicándole el tiempo necesario".
Por ello, ahora, una resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior ha reconocido que la actuación de la Guardia Civil "no se compadece con las exigencias que, en materia de policía de orden y seguridad pública, corresponde a la Administración" y ordena indemnizar a los hijos de la víctima.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, estima la reclamación presentada por el abogado Antoni Montserrat, y considera que si bien la muerte de Patrascu es resultado directo del asesinato cometido por su pareja, "ello no implica una exoneración total de la Administración", confirmando "un funcionamiento anormal" de los servicios públicos.
En detalle, entiende que al no adoptar "todas las medidas posibles tendentes a garantizar las condiciones de seguridad exigibles, contribuyó a permitir que se mantuviera una situación de alto riesgo, imputable al servicio público".
La resolución destaca que la mujer acudió a las 6.00 horas para pedir ayuda y que después de hacerla esperar casi cinco horas y tener contacto con cinco agentes, abandonó las dependencias policiales "sin haber sido atendida en debida forma", "sin que por consiguiente, se adoptasen las medidas adecuadas para su debido auxilio y protección".
Recalca que al no recogerse la denuncia, no se activó el protocolo establecido en materia de violencia de género.
Así, considera que debió hacerse un tratamiento personalizado, acompañar a la víctima por un especialista en violencia de género y hacer una valoración del riesgo antes de que la víctima abandonara el acuartelamiento.
"No se adoptaron las medidas de auxilio y de protección que, en rigor y buena lógica, debieron haberse adoptado, y que en este caso concreto, pudieran muy probablemente haber evitado el fatal desenlace que tristemente se produjo", concluye la Secretaría Técnica.
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Los agentes cambiaban de turno. El guardia civil al que le tocaba entrar llegaba tarde a su puesto de trabajo. Y fuentes cercanas a los hechos aseguran que el día anterior había fútbol y, por tanto, más carga y agotamiento de trabajo. Pero ahí, en el puesto principal de la Guardia Civil de Pollença, se encontraba Lucía Patrascu. Acudió pidiendo auxilio: su marido la estaba persiguiendo. Ella tenía miedo de que le pasara algo. Lo fue a denunciar. Nadie, ninguno de los cinco guardias civiles implicados, le quiso tomar declaración. Toda la atención se quedó en una sala de espera, sin pasar a dependencia. Horas después, su marido, Ioan Ciotau, la asesinó. Según la fiscal Carmen Fernández, él no soportaba que su mujer le fuera a dejar.
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Desde que sucedió este crimen machista, la abogacía del Estado ha sostenido en todo momento que “no tenía nada que ver” la actuación de la Guardia Civil con la muerte de Patrascu. Finalmente, y después de seis años de esa madrugada de un 19 de diciembre, el Estado ha tenido que cambiar de parecer. El Ministerio del Interior, del cual dependen las fuerzas de seguridad del Estado, a través de la Secretaría General Técnica, ha acabado aceptando la reclamación de los hijos de Patrascu. Es decir, reconoce que hay una parte de responsabilidad de la Guardia Civil en el crimen.
“Después de muchos años se ha reconocido que las cosas se hubieran podido hacer mucho mejor. En esta situación puntual ha sido acreditado, por ellos mismos, que no fue todo lo correcta que podía ser”, explica en declaraciones a elDiario.es el abogado de la familia de la víctima, Antoni Montserrat. El Ministerio habla, ahora, de concurrencia de culpas. “Quien tomó la decisión de matarla fue su marido. Ahora bien, según las hipótesis, todo apunta que si se hubiese seguido el protocolo este día en concreto no la hubiese matado. Le hubieran detenido y hubieran acompañado a esta señora a su casa”, destaca Montserrat.
El abogado, que solicitaba una indemnización por responsabilidad patrimonial al Estado de 120.000 euros para cada uno de los dos hijos de la fallecida, tiene claro que “las altas esferas han visto lo que desde el primer día vimos y toda la sociedad también: si tú vas a la Guardia Civil a una hora intempestiva, será por alguna razón. No vas allí a pasar el tiempo”. Además, añade: “Entiendo que la persona que recibe a la señora que asegura que está siendo perseguida y que no sabe qué es capaz de hacer su marido es la ideal para atenderla. Si se te acaba el turno, mala suerte. Hoy te ha tocado y ya pasarás diligencias a un compañero cuando tengas más claro lo que ha pasado”. Ese día, ni pudo denunciar ni se activó el protocolo VIOGEN.
De la misma manera, dice que le ha sorprendido que durante todo este tiempo desde que se presentó la declaración la Administración solo haya puesto palos en las ruedas, aunque reconoce que “pasa habitualmente”, ya que “como regla principal [la Administración] dice que no”. De hecho, cabe recordar que en la investigación se siguieron diligencias penales contra los cinco agentes implicados. Montserrat explica que por un delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro por denegación de auxilio. Pero éstas fueron archivadas. La Guardia Civil siempre ha sostenido que no debería haber indemnización porque el caso había quedado sobreseído penalmente.
El informe del Consejo de Estado, determinante
Que el ministerio acepte la reclamación planteada e indemnice con 40.000 euros a cada uno de los hijos –después de ponderar la gravedad de las causas– se debe a un informe emitido por el Consejo de Estado, ya que cuando existe un expediente de responsabilidad patrimonial, el Gobierno tiene que requerir de forma preceptiva dicho informe.
En éste se deja bien claro que “la víctima no fue atendida en la forma debida ni se le permitió dar cuenta de su relato en los términos y en el lugar adecuado”. Y sigue: “Después de hacerla esperar casi cinco horas y tener contacto con cinco agentes, lo cierto es que Lucía Patrascu abandonó las dependencias policiales sin haber sido atendida en debida forma y sin formular denuncia, y sin que, por consiguiente, se adoptasen las medidas adecuadas para su debido auxilio y protección”. Desde Interior son conscientes de la contundencia del informe y, aunque no siempre es obligatorio seguir lo que dictamina, en este caso no había más opción.
Además, el Consejo de Estado determina que, aunque se archivara la denuncia contra los agentes, éste hecho no significa que no exista una responsabilidad administrativa, que es lo que han reclamado los hijos de la víctima desde que ha habido una sentencia firme contra su padre y, a la vez, asesino de Lucía Patrascu. De hecho, insiste que no se ha seguido un “estándar adecuado”.
Por este motivo, el Consejo de Estado también ha hecho una reclamación a la Guardia Civil, advirtiendo que debe extremar el rigor en estos casos, valorando “adecuadamente las situaciones de riesgo y que se adopten sin dilación las medidas adecuadas” para reducir el riesgo. Por eso, insiste en que es necesario “reforzar los medios de formación de los profesionales encargados de asistencia a víctimas relacionadas con la violencia de género”. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran que desde 2018 se ha trabajado mucho contra la violencia de género, ya sea aumentado el número de efectivos o haciendo formación continuada por todas las provincias y comunidades autónomas, entre otras.
El juicio al asesino y las excusas de siempre: “Se me cruzaron los cables”
Patrascu fue apuñalada hasta en seis ocasiones. El argumento de su marido, Ioan Ciotau, después de pedir perdón a sus hijos en el juicio, fue que “se le cruzaron los cables” después de tomarse diversas pastillas y más de una docena de cervezas. Aun así, los forenses determinaron que el asesino no padecía ningún tipo de trastorno. Según los argumentos de la fiscalía, Coitau le dijo a su hijo que mató a Patrascu “porque era una puta” y, al haber cometido el crimen, esperó a que lo detuvieran.
Montserrat asegura que es difícil plantear cuál ha sido el error más grande en todo esto proceso, pero asegura que lo que sí que ve es que “la sociedad está muy concienciada sobre este tipo de delitos”. Aun así, las cifras aún son aterradoras. Desde que se recogen datos, en enero de 2003, en España ha habido 1.164 víctimas mortales por violencia machista.
Y Balears es la comunidad con la segunda tasa más alta de mujeres víctimas de violencia de género: 27,6 por cada 10.000 mujeres, sólo por detrás de Murcia, según datos publicados recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al segundo trimestre de 2022. En Balears se presentaron de abril a junio 1.752 denuncias por violencia de género, un 11% más que en el mismo periodo de 2021, por parte de 1.631 mujeres, un 8% más.
Este diario se ha intentado poner en contacto con los hijos de Patrascu, que ahora rehacen su vida fuera de España y prefieren no hacer declaraciones. Quien también se ha negado a analizar los hechos ha sido el Govern de les Illes Balears: ni el Institut Balear de la Dona ni la abogacía de la comunidad quieren hacer ningún tipo de valoración sobre que el Estado reconozca, ahora, parte de responsabilidad en la muerte de Patrascu.
Los números de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a las víctimas de violencia machista son el 016 y el whatsapp 600 000 016.
