Piden que policías sean sometidos a exámenes de salud mentalEl proyecto de ley contempla un control integral externo para evaluar el ingreso, la permanencia y el retiro de los agentes.
La legisladora Liliana Montero presentó este martes un proyecto de ley en la Unicameral para crear un Sistema Integral de Atención en Salud Mental para las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba, destinado puntualmente a todos los miembros de las fuerzas que porten armas de fuego.
Dicho Sistema de Atención abarca tanto el ingreso, la permanencia como el retiro de los agentes. Para cada uno de ellos, con mecanismos específicos de evaluación general (aptitud psiquiátrica, psicológica, familiar y social) y una evaluación específica de acuerdo al perfil de la tarea que va a realizar.
En diálogo con Radio Universidad, Montero remarcó que la iniciativa surge de un hecho trágico ocurrido el 5 de noviembre del 2013. Ese día, el efectivo del grupo ETER, Ariel Pedraza, asesinaba con su arma reglamentaria a sus dos hijos y luego se suicidaba.
A partir de allí, la madre de los niños, Paola Fernández, comenzó un peregrinaje para lograr dos cuestiones: que los policías no porten el arma fuera del horario en el que están trabajando y que se ajusten los controles psicológicos.
"Empezamos a pensar en un sistema integral de atención de la salud mental de los efectivos policiales, entendiendo que ha habido muchos casos terribles", indicó Montero en diálogo con el programa Cara y Cruz.
El proyecto pone el acento en la salud mental de los miembros de las Fuerzas de Seguridad, a fin de romper el “círculo vicioso de sobrecarga psico-física, insuficiente motivación, capacitación y organización, creciente frustración, pérdida de la autoestima, recurrencia de ilegales actos de violencia (auto y heterodestructiva), con el consecuente reforzamiento negativo de la crítica, el descrédito y la desvalorización social. Espiral institucional decadente que pide a gritos un inmediato cambio en esta fundamental política de estado”, se lee en los fundamentos del proyecto.
La legisladora señaló que el "ser policía" está muy vapuleado en estos momentos y que el estrés está dado por una "doble vía de presión".
"Tener una superioridad en una institución absolutamente verticalista, que le dice permanentemente lo que tiene que hacer; y por otro lado, la presión social, el desdibujamiento del ser policía, no ser reconocido ni respetado, sume al agente en una situación de alta vulnerabilidad", indicó.
Aspectos del proyecto de ley
El programa pretende minimizar la posibilidad de que quienes tienen algún tipo de alteración en su estructura de personalidad puedan ingresar en la fuerza o permanecer en ella.
Las evaluaciones serán llevadas a cabo por equipos técnicos (psicólogo, médico psiquiatra y trabajador social) externos a las Fuerzas de Seguridad, conformados por la Universidad Nacional de Córdoba; profesionales que revistan como personal de planta del Estado Provincial o profesionales que se conformen a tal fin.
En caso que el evaluado no sea apto para el ingreso a las Fuerzas de Seguridad, dicho dictamen tiene carácter vinculante.
Respecto a las acciones durante la permanencia, el proyecto establece que quienes porten armas deben: a) asistir a reconocimientos psicológicos anuales, b) poseer un espacio individual y/o grupal de psicoterapia y c) participar en las actividades que sean planificadas por los equipos técnicos internos de la fuerza policial.
Finalmente, respecto del momento en que se produce el retiro del miembro de la Fuerza, establece que durante un plazo no menor a seis (6) meses deberá continuar bajo tratamiento psicológico.
Contexto
La lacerante realidad de Paola Fernández es un punto de inflexión, pero se enmarca en una innumerable cantidad de situaciones similares.
En el año 2006, en Barrio Cerveceros, Cándido González asesinó a sus cuatro hijos antes de quitarse la vida, tenía varias denuncias por malos tratos. En 2008, Sebastián Vera terminó de cuatro balazos con la vida de Paola Sosa. En 2012, María Soledad Torres murió asesinada por Mauricio Marcón. En marzo de 2013, David Sosa asesinó de un tiro a su pareja, Andrea Fernández, y luego se suicidó.
Además de estos, hay casos permanentes de violencia familiar, de suicidios y también de acciones delictivas, de abuso de poder o de violencia entre los miembros de la propia fuerza que alcanza hoy los 23 mil efectivos.
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