Los "calentadores" de las redes ya se encargaron de hacerlo poniendo en boca de no se sabe quien que se iban a bajar los sueldos...
El Gobierno insiste en que no bajará el sueldo a los funcionarios y los sindicatos esperarán a la recuperación para hablar de salarios
“Es ruido mediático, no tenemos indicios de que el Ejecutivo planee recortes en las nóminas de los empleados públicos”, aseguran CCOO, UGT y CSIF
“Hasta que se presenten los Presupuestos no se negociarán los salarios públicos”, descarta el Ministerio de Política Territorial y Función Pública
Los sindicatos defenderán el poder adquisitivo de los funcionarios, que arrastran una pérdida del 20% desde la anterior crisis
Begoña P. Ramírez
bpramirez@infolibre.es @BegoPRamirez
Publicada el 14/05/2020 a las 06:00
Los sindicatos de funcionarios estarán este jueves muy atentos a las palabras de la ministra Carolina Darias en el Congreso. Pese a que su compañera de gabinete, María Jesús Montero, ha desmentido ya hasta tres veces que el Gobierno vaya a recortar el salario de los empleados de las administraciones, el recuerdo de las bajadas aplicadas durante la crisis anterior sitúa la medida como una opción creíble para contener un gasto público que se va a desbocar por culpa de la pandemia.
“No nos lo planteamos para nada. Esta noticia que hemos conocido en las últimas horas, al igual que otras muchas, forma parte de esa estrategia de confusión, de bulo, de mentira, que en nada beneficia a la situación en la que nos encontramos”, descartó taxativamente la también portavoz del Gobierno ya el pasado mes de marzo. Por el contrario, explicó un mes después, el Ejecutivo quiere estimular el consumo y la demanda interna cuando la actividad se recupere. “Lo fundamental”, explicó, “es activar la economía, manteniendo en la medida de lo posible las rentas salariales y sin desarrollar ningún proceso añadido sobre lo previsto a principios de año”. Hace sólo dos días, además, tachó de “populistas” los discursos que intentan “denostar el papel de las administraciones públicas sobre el conjunto de la sociedad”.
El PP no ha incluido el recorte salarial de los empleados públicos en su programa económico para la recuperación, pero Vox acaba de presentar una proposición no de ley en el Congreso donde reclama la eliminación de 10 ministerios y tres vicepresidencias, así como la “disolución de entidades públicas y organismos que no realicen funciones esenciales”. También ha pedido en la Asamblea de Madrid que se supriman “consejerías sin presupuesto y sin funciones”.
El acuerdo salarial firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018 se extiende hasta el ejercicio actual, en el que correspondía a los funcionarios un aumento del 2,3% más un 1% variable dependiendo de unas alzas del PIB que este año no se van a producir. La subida ya fue aprobada en enero y aplicada desde la siguiente nómina. Sindicatos y ministerio coinciden en recalcar que es “irreversible”. La mesa en que ambas partes deberían sentarse a hacer balance de los tres años de acuerdo y determinar si se cumplían los requisitos de PIB para la mejora del 1% variable ha “saltado por los aires” por culpa de la pandemia, reconocen. Y la mesa donde tendría que negociarse el acuerdo para los años siguientes tendrá que esperar. Por lo menos hasta después del verano. “Hasta que se negocien los Presupuestos Generales del Estado, no se tocará el tema”, indica a infoLibre un portavoz del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
“Tenemos que ver cómo evoluciona la economía y entonces nos situaremos”
Tanto CCOO, como UGT y CSIF niegan tener “indicio” alguno de que el Gobierno prevea recortar el salario a los funcionarios. “Es más ruido mediático que otra cosa”, apunta la secretaria de Políticas Públicas de la Federación de Servicios Públicos de CCOO, Miriam Pinillos. También asegura que, cuando le han preguntado a la ministra, les ha reiterado que no es más que un “bulo”. El secretario de Organización de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Frederic Monell, lo considera un “rumor inducido”. “No vamos a hacer alarmismo ni generar preocupación”, rechaza. El presidente de CSIF, Miguel Borra, reduce la posible medida a “especulaciones de los medios de comunicación”.
Los tres sindicatos están a la espera de que el Gobierno defina las líneas del próximo Presupuesto. “Ahora es muy pronto para saber cuál va a ser el esquema económico del Ejecutivo”, advierte Monell, “el foco es la recuperación, tenemos que ver cómo evoluciona la economía y entonces nos situaremos”. Por tanto, no adelantan cuál será su planteamiento salarial cuando se sienten a negociar con el Ejecutivo. Pero coinciden en su negativa a perder poder adquisitivo. “Cuestión distinta será ver cómo lo concretamos, porque no vivimos al margen del mundo”, añade el dirigente de UGT. “Es un debate que debe ir parejo a cómo volvemos a la normalidad”, corrobora su compañera de CCOO. Borra, por su parte, recuerda que los funcionarios “arrastran una pérdida de poder adquisitivo de entre el 20% y el 25%” desde el primer recorte efectuado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 para rechazar que tengan que ser de nuevo los empleados públicos “los primeros a los que metan la tijera como en la anterior crisis”. Hasta septiembre, en cualquier caso, no esperan los sindicatos que se ponga sobre la mesa la cuestión salarial.
Frente a quienes defienden que los funcionarios no deben quedar al margen de los sacrificios salariales y laborales que van a tener que acometer los trabajadores del sector privado, los tres sindicatos ponen en valor el papel de los empleados públicos, “que están salvando al Estado ante la crisis más grave de los últimos años”, destaca Miguel Borra. “No sólo los sanitarios, sino también los del SEPE y la Seguridad Social, que están duplicando sus jornadas para gestionar las prestaciones”, continúa Miriam Pinillos. “Somos una pieza más del gasto público”, reconoce Frederic Monell, pero “también un motor de creación de actividad y de empleo, además de proveedores de puestos cualificados que hacen falta, como investigadores”, remata Miguel Borra.
Pérdida de masa salarial de 10.626 millones
La tentación, sin embargo, no sólo no es nueva sino que tampoco se limita al caso español. Según reveló este mismo miércoles el periódico conservador The Telegraph, el ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, incluye en el borrador de un documento sobre medidas para paliar la crisis la congelación de los salarios de los funcionarios durante dos años, lo que supondría un ahorro para el erario de 6.500 millones de libras, unos 7.336 millones de euros.
En un informe de 2016, CCOO cifró en 10.626 millones de euros la pérdida de masa salarial sufrida por los empleados públicos durante la pasada crisis, una caída del 8,5% nominal pero del 17% en términos reales, debido no sólo a la devaluación de los sueldos sino también al recorte de las plantillas. Rodríguez Zapatero redujo en un 5% la nómina de los funcionarios en 2010 mientras que Rajoy llegó al 7%, tras eliminar la paga extra de Navidad en 2012 y congelar sus sueldos hasta 2014.
No obstante, el Banco Mundial desaconseja a los gobiernos en uno de sus blogs que recurran a los recortes de sueldos públicos para afrontar los estragos económicos de la pandemia. Primero, porque mermar su poder de compra puede afectar al consumo interno e incluso torpedear la recuperación: en España suman el 16,5% de los ocupados, 3,25 millones según la última Encuesta de Población Activa (EPA). Y segundo, porque prestan servicios esenciales para responder al virus “en primera línea”. “La crisis provocada por el covid-19”, detalla, “ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y medios de subsistencia de las personas”.
El Ministerio de Política Territorial y Función Pública dice que tampoco hay nada previsto sobre las ofertas de empleo público, que pueden quedar congeladas como ocurrió durante toda la crisis anterior. De momento, el covid-19 ha forzado la suspensión de todas las convocatorias en curso, unos procedimientos que pueden prolongarse hasta un par de años hasta completarse. CCOO y UGT dicen que harán todo lo posible para que las oposiciones se mantengan y se recuperen al mismo tiempo que lo haga la economía a partir de 2021.
En cualquier caso, CSIF ya ha solicitado una reunión con Carolina Darias para “evaluar la situación en estos momentos de incertidumbre y eliminar la alarma”. CCOO ha pedido también cita con la titular de Función Pública “en dos ocasiones”, revela Miriam Pinillos, en su calidad de “coordinadora de todas las administraciones públicas”, pero no ha recibido respuesta. Y UGT confía en poder hacer balance con el Gobierno del acuerdo salarial que ahora concluye “en las próximas semanas”.
