¿Aprobarían el examen contra la corrupción los ‘jueces’ de Aguirre?Álvarez del Manzano y Cortés arrastran episodios controvertidos en su gestión política
Bruno García Gallo Madrid 9 ABR 2015 - 00:02 CEST
Luis Eduardo Cortés (sentado) y José María Álvarez del Manzano, durante el examen de ayer. / SAMUEL SÁNCHEZ
La presidenta del PP y candidata al Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, somete desde la semana pasada a los miembros de su lista electoral a un examen público que tiene por objeto difuminar cualquier duda sobre su honestidad y darles a conocer a la ciudadanía. El formato es una rueda de prensa, los examinadores son los periodistas y los jueces (Aguirre no asiste) son tres miembros de su Comité Electoral: el exalcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, el exconsejero regional Luis Eduardo Cortés y la exdiputada autonómica Cándida O’Shea. Sin embargo, los dos primeros tienen a su espalda casos controvertidos que ponen en duda su papel de garantes de la limpieza de los candidatos.
La mayoría de preguntas dirigidas a los 16 aspirantes que han pasado por ahora estos exámenes (los seis últimos, ayer) versan sobre corrupción: ¿Tiene cuentas irregulares en el extranjero? ¿Le han ofrecido alguna vez un soborno? ¿Lo ha aceptado?... Y eso que uno de los examinados, el edil Fernando Martínez Vidal, ya dijo la semana pasada: “Nadie va a confesar en público. Si yo fuera un corrupto, no lo confesaría aquí”. Las dudas sobre la validez de estos exámenes (que ha criticado incluso la candidata del PP al Gobierno regional, Cristina Cifuentes) se acrecienta con tan solo repasar el pasado político de estos jueces.
Álvarez del Manzano fue alcalde de 1991 a 2003. Su gestión tiene episodios muy controvertidos, como la privatización de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios por 100 pesetas (0,6 euros) cuando pudo venderse por 7.430.132 euros. El Ayuntamiento colocó el 49% de la empresa a Funespaña alegando que estaba en quiebra; dos años después, daba seis millones de beneficios. La Audiencia Provincial sentenció en 2008 que se había producido “un daño a los intereses públicos” y castigó al ex primer teniente de alcalde Luis María Huete.
De Gürtel a la Púnica
Acosada por la sombra de la corrupción entre sus colaboradores más cercanos, la presidenta del PP, Esperanza Aguirre, se sacó de la manga en noviembre la idea de examinara los candidatos a sustituir en varias alcaldías a los detenidos por la Operación Púnica. El caso la afectaba directamente porque uno de los arrestados era Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y mano izquierda de la entonces presidenta regional de 2004 a 2011. Aguirre recordó tras su detención que ella lo había destituido en 2011 por “falta de confianza”, pero nunca denunció a la justicia los motivos que la llevaron a perder la confianza. Granados fue a la cárcel sin fianza en octubre por ocho presuntos delitos, incluido blanqueo, tráfico de influencias y cohecho. Ese golpe a Aguirre se sumó a la detención en 2009 de su exconsejero Alberto López Viejo y del ex diputado regional Benjamín Martín Vasco por la trama Gürtel.
Designada por Mariano Rajoy como candidata al Ayuntamiento de Madrid hace un mes, Aguirre se apresuró a anunciar que retomaba los exámenes para poner a prueba (y, de paso, dar a conocer) a los candidatos a integrar su lista municipal. El formato elegido fue la rueda de prensa, en la que los periodistas ejercerían de examinadores (preguntando) y los jueces serían tres miembros del Comité Electoral del PP madrileño; ellos serían los encargados de comunicar a Aguirre su veredicto, pues la presidenta no asistiría a las pruebas.
Aguirre comparó este formato con las audiencias (hearings) que la Unión Europea realiza a sus comisarios antes de darles el visto bueno. Pero en ese caso, como sucede también en EE UU, es el Parlamento (a través de sus comités) el que examina a los candidatos a la Comisión. En el PP madrileño, quien decide es quien elige y quien designa.
Álvarez del Manzano se vio afectado personalmente por otro caso justo antes de dejar el Ayuntamiento. El regidor hizo uso para gastos personales entre 1992 y 2000 de una cuenta restringida nutrida con dinero municipal (42.689 euros anuales). El Tribunal de Cuentas inició una investigación en 2000 a denuncia del PSOE y, para evitar testificar, el exalcalde reconoció los hechos: pagos de viajes de su esposa (que carecía de función representativa) y de desplazamientos suyos pero de carácter privado; donativos a entidades religiosas y a su costurera; compras de joyas para su secretaria, etcétera. En total, 171.345 euros usados de forma irregular y opaca.
El Tribunal de Cuentas censuró la actuación “gravemente negligente” de Álvarez del Manzano, y le condenó a devolver 103.776 euros (el resto había prescrito). Unos meses después, sin embargo, revocó su propia sentencia pese a que el fiscal sostuvo que el exalcalde había infringido las normas municipales y él mismo admitió esos gastos. El argumento de defensa de Álvarez del Manzano, admitido por el Tribunal de Cuentas, fue que “no había normas que regulen los gastos de representación, protocolarios o de tipo benéfico”, por lo que no pudo existir culpa.
Luis Eduardo Cortés fue diputado regional entre 1987 y 2005, y en su última etapa (1995-2003) ejerció como consejero de Obras Públicas y Transportes. Días después de dejar la política, fichó por la constructora Sacyr; entre otras obras públicas, esa empresa construyó gran parte de Metrosur, una de las mayores ampliaciones del metro madrileño, que pilotó Cortés. En 2007, Aguirre impuso al frente de Ifema a Cortés, lo que provocó otro conflicto de intereses: Sacyr era la encargada de ampliar Ifema. Y no sólo: Ifema planeaba denunciarla por el retraso de las obras (valoradas en 56 millones). El exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón denunció una “incompatibilidad ética y legal” en el nombramiento de Cortés, que terminó por dejar Sacyr en enero de 2008. Sigue siendo presidente ejecutivo de Ifema; Álvarez del Manzano es presidente. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento se niegan a desvelar sus salarios.
Cándida O’Shea cumplirá 89 años en junio. Fue diputada regional de 1983 y 1999, y la única salida de tono que se le recuerda fue cuando, en marzo de 1994, rompió la disciplina de voto (con permiso oficial) para oponerse a una propuesta que reforzaba los derechos de los homosexuales.
