!Cómo están los Cuerpos!

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La Audiencia envía a la policía local a prisión, eludible bajo fianza de 300.000 euros


La agente de la Policía Local detenida ayer en El Tarajal tras cruzar de Marruecos a Ceuta y quebrantar así las medidas cautelares impuestas por la justicia,  ha sido enviada a prisión tras prestar declaración ante la justicia durante toda la jornada. La Audiencia le impone una fianza de casi 300.000 euros en metálico.
Prisión de Fuerte Mendizábal/ Archivo
 Prisión de Fuerte Mendizábal/ Archivo
Juanjo Coronado
JUANJO CORONADO
9 DE ABRIL DE 2024, 13:39
La agente de la Policía Local detenida el lunes en El Tarajal tras cruzar de Marruecos a España, y quebrantar así las medidas cautelares que le impuso la justicia en su momento, ha sido enviada a prisión. Así lo han confirmado a Ceuta Televisión fuentes judiciales. La mujer podrá eludir la prisión, pero tendrá que abonar una fianza. Serán casi 300.000 euros (270.000) en cantidades dinerarias, pero si aporta inmuebles la cantidad a avalar será de 570.000.

Recordemos que esta mujer fue detenida en 2019, en el marco de una operación contra el narcotráfico y blanqueo de capitales, que se desarolló de modo simultáneo tanto en Málaga como en Ceuta. Ella pasó seis meses de prisión preventiva junto a su suegra, también señalada como partícipe de la red. Su marido y cuñado huyeron a Marruecos, donde permanecen prófugos desde entonces.


Detenida en la frontera una agente de la Policía Local por quebrantar medidas cautelares
La mujer fue puesta en libertad, entonces,  tras pagar 30.000 euros de fianza y aceptar una serie de medidas cautelares, como comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada més, la entrega del pasaporte y  la prohibición de abandonar el territorio nacional. Algo que quebrantó tras regresar de Marruecos y ser detectada por la Guardia Civil.

Según fuentes judiciales, ayer se celebró un juicio rápido por el quebrantamiento de condena. Ella no se conformó con la pena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 1. La mujer fue puesta en libertad, pero inmediatamente la Audiencia Provincial ordenó su detención y traslado a dependencias policiales. Precisamente, eso es lo que justifica que sea la Audiencia, en un movimiento no muy habitual, quien ordena su encarcelamiento.

El juicio se celebrará durante todo el mes de octubre, comenzando el día uno de esa jornada, según la fecha fijada. En concreto y según el escrito de Fiscalía, a la agente y a su suegra (a pesar de que oficialmente la pareja está divorciada desde 2012, el Ministerio Fiscal considera que es un divorcio simulado para proteger los bienes de la pareja de posibles embargos) se le piden cinco años de prisión por pertenencia a organización criminal, de lo que hay que descontar el fiempo pasado hasta el momento en prisión preventiva. Ayer se celebró un juicio rápido, en el que no se conformó con las penas ofrecidas.

[47ronin]

Un guardia civil y dos policías nacionales, condenados a siete años de cárcel por introducir en Sevilla 367 kilos de cocaína oculto en piñas


El fallo también a otras ocho personas como coautores de un delito contra la salud pública e impone a cada uno de ellos dicha pena de prisión y el pago de una multa de 45 millones de euros
El contenedor de piña que llegó de Colombia a Sevilla con 367 kilos de cocaína ocultos que salpicó a varios agentes

La Audiencia de Sevilla ABC

ABC

Sevilla


12/04/2024
Actualizado a las 12:12h.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a los once acusados de introducir en España un total de 367 kilogramos de cocaína procedente de Colombia y ocultos en un contenedor, acusados entre los que figuran un guardia civil y dos policías nacionales, todo ello tras el juicio celebrado durante los pasados meses de diciembre, enero y febrero.


En la sentencia, fechada el día 11 de abril y notificada este viernes a las partes personadas en la causa, el tribunal condena a los once encausados, siete de los cuales se encuentran en prisión provisional por estos hechos desde el 15 de septiembre de 2022, como autores responsables de un delito consumado contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas de las que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y les impone siete años y medio de prisión y el pago de una multa de 45 millones de euros. En el juicio, la Fiscalía solicitó para los acusados ocho años de cárcel y el pago de una multa de 45 millones.


Los magistrados consideran probado que, en el marco de una investigación llevada a cabo por la Fiscalía Nacional de Colombia, se detectó un posible envío de cocaína a España por parte de una red u organización allí investigada, lo que generó, al amparo de los convenios entre España y Colombia, una petición de cooperación internacional a la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, que abrió diligencias de investigación y autorizó la conducción y entrega vigilada del envío que se comunicaba por la Fiscalía de Colombia.

Según esa comunicación, como así fue, el envío se efectuaría el 19 de agosto de 2022 desde un puerto colombiano hasta el puerto de Málaga mediante un contenedor a bordo de un buque con una mercancía legal declarada de piñas. El buque arribó al puerto de Málaga el 7 de septiembre de 2022 transportando el contenedor referido.


En este sentido, y según declara probado la Sección Tercera de la Audiencia, el día 9 de septiembre de 2022 se procedió por agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera a la inspección del contenedor desembarcado en el puerto, descargando la mercancía declarada (las cajas de piñas) y no encontrando nada en la inspección visual ni obteniéndose en dichas cajas marca de droga por parte de las unidades caninas. Seguidamente, trasladaron el contenedor vacío a una nave de la terminal portuaria donde, tras dar indicios un escáner de la ocultación de objetos en el interior del suelo del contenedor, se hicieron unas catas en el mismo que revelaron un polvo blanco que dio positivo a cocaína.

Tras ello, se volvió a colocar la carga en su interior y se procedió a mantener el contenedor en la terminal del recinto portuario hasta su recogida «con la debida vigilancia», listo para los trámites aduaneros y a la espera del receptor, prosigue el tribunal, que añade que el envío de droga «había sido concertado previamente con los acusados o con terceros no identificados que encargaron a los acusados la recogida de la droga y la preparación previa de esa recepción».


Seguimiento por policías nacionales «camuflados»
Así, los condenados, «de previo y común acuerdo entre ellos, y con propósito de enriquecimiento y de distribución de estupefacientes», ejecutaron en este sentido una serie de actuaciones, la primera de ellas a las 9,30 horas del día 14 de septiembre, cuando se presentó en el puerto un camión conducido por uno de los investigados y recogió el contenedor, saliendo de la zona del puerto en dirección a una nave en Dos Hermanas por la A-92, «siendo seguido discretamente por agentes de la Policía Nacional camuflados».

El acusado efectuó una parada en un área de servicio situada en la citada autopista, lugar donde fue detectado un vehículo en el que viajaban los dos policías condenados y un tercer acusado, quienes «realizaron labores de custodia del camión, controlando los coches del aparcamiento y las personas en el lugar». Tras ello, el camión reemprendió la marcha, siendo seguido por el vehículo donde viajaban los otros tres condenados, que «efectuaron labores de contravigilancia durante todo el trayecto, siguiendo al camión, adelantándose para examinar la ruta, retrasándose para comprobar los coches que les seguían, realizando continuas maniobras de aceleración y desaceleración propias de una labor de supervisión y vigilancia del referido camión».

La Sección Tercera de la Audiencia relata que, finalmente, y tras llevar a cabo la descarga de la mercancía legal del contenedor en una nave de Dos Hermanas, ambos vehículos se introdujeron en una nave de Carrión de los Céspedes en la que se metió la totalidad del contenedor, señalando que, «dado el peligro de desaparición u ocultación de la droga», los agentes de Policía que estaban vigilando a los acusados «intervinieron a los pocos minutos, accediendo a la nave tras forzar con ariete una puerta lateral» y deteniendo a todos los acusados que se encontraban en el lugar.

Los agentes, de este modo, se incautaron de 367.806,85 gramos de cocaína con una pureza media del 79,12 por ciento y un valor en el mercado ilícito de 14.453.031,88 euros en venta al por mayor; 37.936.399,86 euros al por menor y 88.851.420,14 euros en venta por dosis, droga toda ella que »estaba destinada a la venta a terceros».

Conducción y entrega vigilada
La Audiencia resalta que «nadie discute que estamos ante una conducción y entrega vigilada de droga desarrollada en el marco de la cooperación judicial con Colombia y que parte de un decreto de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, en el que accede a la petición de cooperación de la Fiscalía colombiana», tras lo que «se dispone la circulación y entrega vigilada para conocer quiénes importan cocaína desde Colombia y confirmar a las autoridades colombianas sus inferencias sobre la actividad de la organización exportadora en Colombia».

«Es imposible concluir que la intervención de los acusados es posterior a que la droga se encuentre en España y que la participación de cada uno sea secundaria o sin consciencia de que se transportaba cocaína para su tráfico ilegal», pues los acusados «son destinatarios, al menos mediatos, de la sustancia estupefaciente y tienen la plena disponibilidad de la misma», señala la Audiencia, que asevera que «no se trae cocaína de Colombia, adquirida a una organización criminal, así como así, sin una preparación previa».

«Hay que recibir información muy precisa de cómo va a llegar y dónde, de cómo va emboscada y de las operaciones a practicar para hacerse con ella, y es claro de la prueba practicada que cada acusado conocía, al menos, la parte que le correspondía», sostiene la Audiencia, que impone a todos los investigados la misma pena de siete años y medio de cárcel y 45 millones de euros de multa al entender, entre otras cosas, que la participación de cada uno de ellos «es rigurosamente equivalente».

La sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
 

[47ronin]

Un policía de Palma confirma que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del Bierkonig


Varios agentes señalan que el encargado del establecimiento de ocio de s’Arenal tenía comunicación directa con el grupo del GAP
Hoy han declarado ocho testigos y el juicio continúa el próximo miércoles
B. Palau
Palma | 15·04·24 | 18:04 | Actualizado a las 09:56


Varios de los acusados, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
Un policía de Palma confirma que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del BierkonigB. RAMON


Un policía local de Palma que hoy ha declarado como testigo en la quinta sesión del juicio contra nueve agentes, un empresario y un antiguo funcionario de Cort por un presunto trato de favor a los negocios de Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre 2007 y 2015, ha confirmado que les ofrecían comida y bebida gratis en un local del Bierkonig. “Cuando trabajaba como policía local en Calvià lo normal era que te ofrecieran una botella de agua, pero en la Playa de Palma te decían que tenían órdenes de no cobrar a los policías”, ha explicado el agente, que está destinado al Grupo de Actuación Preventiva (GAP).


El testigo ha recordado que se trataba de un local de comida rápida, ubicado junto al Bierkonig, en la Playa de Palma, donde empleados pakistaníes servían bebidas y pizzas. “Iban con camisetas del Bierkonig, por tanto, entiendo que es el mismo establecimiento en sí”, ha añadido. Según su versión, el personal no aceptaba el dinero cuando les ibas a pagar, ya que decían que no podían cobrar a policías.


“Yo lo vi como una deferencia, no por algo a cambio. Yo no he visto compensaciones por parte del grupo empresarial de Miguel Pascual”, ha aclarado el agente, que ha asegurado que no se sentía a gusto con esta situación: “Yo no me sentía cómodo y dejé de ir allí”.

El testigo también ha rememorado otro hecho que le llamó la atención en una ocasión. “En la discoteca Regine’s, que había una cola de turistas alemanes de más edad esperando en la puerta, se paró un compañero delante con el vehículo policial. Un portero vino corriendo hacia nuestro coche con tres vasos de tubo”, ha manifestado. Según él, evidentemente no aceptaron la bebida.

Comunicación directa con el GAP
Varios agentes han señalado también que el Bierkonig no disponía de control de acceso ni vigilantes de seguridad privada, pese a ser un gran negocio con un aforo de 5.000 personas y con cuatro accesos desde cuatro calles distintas. Algunos de ellos elevaron una queja a sus superiores denunciando esta situación. Los policías también han coincidido al subrayar que el encargado del establecimiento, conocido como Manolo, tenía comunicación directa con el GAP de la Policía Local, ya que disponía del teléfono corporativo del grupo policial.

“A finales del año 2010, en temporada baja, una unidad, un furgón con tres agentes cubría toda la Playa de Palma. Se nos dio una orden de entrevistarnos con el señor Manolo, el encargado del Bierkonig, durante la primera hora de entrar en servicio. La orden nos la dio Carlos Vallecillo”, ha indicado un testigo en referencia a uno de los policías acusados, un oficial del GAP. “No lo consideré extraño en temporada baja porque el Bierkonig seguía teniendo problemas”, ha añadido.

Falta de seguridad privada
Otro agente se ha referido a la falta de seguridad privada en ese establecimiento de Miguel Pascual: “Se utilizaba a la Policía como seguridad privada, ese era el problema”. El testigo ha ratificado que el encargado del local tenía comunicación directa con el GAP: “El Bierkonig tenía acceso directo al teléfono corporativo del GAP”. En cambio, el resto de locales, como cualquier ciudadano, ante cualquier incidente debía llamar a la sala del 092 o al 112, según su versión.

“Se escuchaba, pero yo no lo he visto, que policías recibían consumiciones gratis. Yo siempre llevaba mi cena al trabajo, no iba a buscarla a ningún sitio”, ha destacado uno de los agentes. Hoy han declarado ocho testigos y el juicio prosigue el miércoles en la Audiencia de Palma. Varios de los agentes que han comparecido se han retractado de sus anteriores declaraciones judiciales y han explicado que estaban condicionadas y guiadas por el exfiscal Subirán. Todos ellos han dicho que desconocían que hubiera un trato de favor a los negocios de Miguel Pascual y que hubieran sido compensados.

[47ronin]

La familia del jefe antidroga de Murcia sabía de sus relaciones con los narcos: "Come en la mano de Pedrito"


CARLOS FRÍAS
17/04/24 - 00: 09
 
   

 MURCIA
 NARCOTRÁFICO
 POLICÍA NACIONAL
El inspector José Guerrero junto al confidente Pedro.
El inspector José Guerrero junto al confidente Pedro.


La familia del jefe de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de Murcia sabía que recbía beneficios económicos de confidentes relacionados con el narcotráfico. Así se desprende del sumario de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, y de las escuchas incorporados al mismo.


La mujer y la hija del inspector José Guerrero no eran ajenas a algunos pagos en especie que recibía el cabeza de familia. En concreto, sabían que algunos de los vehículos que utilizaban los tres estaban relacionados con Pedro M., el confidente de la causa. El juez investiga la posible connivencia de Guerrero y otros policías con un clan albanés de drogas para introducir cocaína en España a cambio de dinero. También hay otro policía detenido, un inspector jefe, que está destinado en Colombia como enlace del Ministerio del Interior.


Mujer: Él que come en la mano de Pedrito, nada más que como actúa.

Hija: Claro.

Mujer: Y no come más y ¿sabes por qué? Porque estoy yo detrás y sabe que no puede.

Hija: Ya, ya.


Mujer: Si no Pedrito lo tendría dominado.

Esta una de las muchas intervenciones telefónicas que ha relaizado la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, el grupo de agentes que investigan los posibles delitos cometidos por sus compañeros. En el caso de la hija y la mujer de Guerrero las escuchas giran en torno a un coche del que se quiere desprender la descendiente del inspector de Murcia y otro que quiere conseguir, ambos relacionados con el confidente de la trama.

El juez solicita todas las comunicaciones en Colombia entre el enlace de Interior detenido y la unidad antidroga
El juez solicita todas las comunicaciones en Colombia entre el enlace de Interior detenido y la unidad antidroga
La hija, S., quería deshacerse de un Volkswagen Tiguan. El coche presentaba varios fallos por lo que había decidido cambiarlo por otro. En uno de esos fallos, el vehículo acaba en el taller y es cuando la madre, A., le dice que el seguro está a nombre de Pedro M., el confidente.

S. le dice a su padre, el inspector de Udyco que "el coche tiene un montón de errores", a lo que el policía le dice que está "esperando que traigan el otro para cambiarlo". Los investigadores de Asuntos Internos han llegado a la conclusión que el nuevo coche se trataría de una furgoneta que S. quería camperizar (transformarlo en un lugar habitable) y que procedería del entorno de Pedro M., y de uno de sus socios, Said M., un ciudadano marroquí.

Es entonces cuando la madre le asegura a suhija que "el seguro no está a tu nombre (...) está a nombre de Pedro, el papa (sic) no me lo quería decir pero me lo ha tenido que decir por más cojones".

Pagaba los seguros
La mujer del policía le confiesa a la hija de ambos que Pedro M. "los tenía cogidos, porque incluso este pagaba los seguros de sus vehículos", se lee en el informe de Asuntos Internos. Las dos mujeres hablan, además del Tiguan, de un Citröen C3 que era utilizado por la esposa de Guerrero.

"Si yo no estuviera aquí en medio, el Pedrito hacía con él lo que le salía de los huevos", se le escucha decir a la madre en otra conversación, en la que las dos confiesan que saben que todos los vehículos de la casa pasan por el confidente. La hija, de hecho, asume que la nueva furgoneta también estará relacionada con él: "Nos va a tener el también cogidos porque al final la furgoneta que yo voy a tener va a ser a través suya".

"Del contenido de estas conversaciones, en unión a las anteriormente informadas, referentes al vehículo Tiguán, se constata que, el citado vehículo fue facilitado por Pedro M. al Inspector Guerrero y que, no sólo fue un regalo (tal y como comentan las propias mujer e hija), sino que, además, paga las facturas de las reparaciones y se hace cargo del pago del seguro del mismo. Del mismo modo se constata que, Pedro M., está llevando a cabo gestiones para conseguir un nuevo vehículo a José Guerrero", concluye Asuntos Internos en un informe de finales de 2023.

"Me ha ofrecido un viaje"
En un informe de noviembre de 2023, los investigadores analizan otra conversación de la mujer e hija de José Guerrero. En ella ambas hablan tanto de la furgoneta que S. está esperando como de otro bienes, como teléfonos móviles, que vienen del entorno del confidente Pedro. Según Asuntos Internos, ambas saben que "son producto del tráfico de drogas".

El policía detenido en Colombia por temas de droga participó en una serie contra el narco de Movistar+
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Mujer: Si aquí sabemos todo lo que corre un cochino atado. Si el otro día, no sé lo que me estaba diciendo, y ya se lo dije a tu padre. Creo que te lo he dicho. Digo nene, alguna veces parece que soy tonta eh, parece, pero que sepas que es que me lo hago. Dice si ya sé yo que tu no eres tonta. Y ya es que me toca los cojones, que me lo haga no quiere decie que lo sea, sabes.

Hija: Claro.

Mujer: Pues es que llega un momento ya que…

Hija: No sé cómo este tío puede ser tan tonto de pensarse que a estas alturas de la vida, después de todo, nos pensamos que, nos pensamos que un funcionario, como él dice, sabes. Tío, que sabemos perfectamente de donde viene todo, pero mientras que venga de ahí. Pues…

Mujer: Yo mientras que me interese, no va a salir, el día que no me interese.

Hija: Pues claro.

La converdación sigue entre ambas hasta que A. le dice a su hija que el confidente de su marido le ofreció "hasta un viaje". "¿Al Caribe?", le pregunta su hija, "adonde yo quisiera", le responde la madre, aunque le confiesa que si es para irse con Guerrero que prefiere no hacerlo.

[Celestino]

Qué ASCO de POLICÍA de BMW y Chalé.


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Dos Porsche, un Rolex de oro, un viaje a Londres...


condenado por cohecho el excomisario de Barajas por aceptar regalos a cambio de favores

La Audiencia Nacional condena al exresponsable policial a una pena de cinco años y ocho meses de prisión al acreditar que no los recibió "por una relación de amistad"
El ex comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (c), en una imagen de archivo
 El ex comisario del aeropuerto de Barajas Carlos Salamanca (c), en una imagen de archivo larazon
Ricardo Coarasa
RICARDO COARASA@ricardocoarasa
Creada: 17.04.2024 16:25
Última actualización: 17.04.2024 16:47
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La Audiencia Nacional ha condenado por cohecho a cinco años y ocho meses de cárcel a Carlos Salamanca, ex comisario jefe en el aeropuerto de Barajas, por haber recibido coches de alta gama, relojes de lujo o dinero en efectivo entre 2010 y 2015 por parte de empresarios a cambio de proporcionar "el mejor trato y consideración" a sus clientes y familiares.

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El tribunal también condena al empresario y abogado Francisco Menéndez -quien obsequió a Salamanca con un Porsche Panamera, dos relojes de lujo, un viaje familiar a Londres y distintas cantidades económicas-, en su caso a tres meses de prisión, por un delito de cohecho activo, al aplicarle la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia, puesto que denunció en la Fiscalía Anticorrupción en abril de 2017 algunas de las actividades del comisario Villarejo.

Esas informaciones, admite la Audiencia, contribuyeron "de forma extraordinariamente eficaz a la averiguación de los hechos objeto de investigación y a la identificación de múltiples investigados en el procedimiento". A raíz de esa confesión, la Audiencia Nacional acordó en diciembre de ese año para Salamanca "medidas de protección personal, familiar y laboral", otorgándole en enero de 2018 la condición de "investigado colaborador".


La Audiencia da por probado que como el exmando policial aceptó "regalos de carácter suntuario" por parte de Menéndez y del también empresario, ya fallecido, Fernando Luengo, aunque en este último caso "sin que conste que lo fueran en concepto de contraprestación por servicios concretos".

En cuanto a Menéndez, el tribunal sí acredita que Salamanca "aceptó sobornos" del empresario "para que infringiera la normativa reguladora del control de personas y de mercancías" que llegaban a Barajas, dado que Menéndez, que trabajaba para la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial GEPetrol como consultor y asesor legal al menos desde 2010 requería una "atención preferente para sus clientes" que ocupaban puestos de responsabilidad" en dicha sociedad.

Como recompensa a esos favores -que también se hicieron extensivos a su suegra-, apunta la resolución, el empresario "corrompió" al mando policial "mediante el abono de vehículos de alta gama, relojes, viajes, beneficios económicos a terceros vinculados al comisario y entregas de dinero en efectivo".


La Sala ordena además a Salamanca a restituir al Estado la cantidad de 457.298,52 euros y acuerda el decomiso de un Rolex modelo Oyser Perpetual Date GMT-Master II, de oro amarillo con brazalete y esfera verde index, y de un reloj Hublot modelo Geneve.

Un Porsche Panamera de 116.537 euros
Entre esas "recompensas" pagadas entre 2012 y 2015, la sentencia hace referencia a un Porsche Cayenne, que aunque adquirido por 65.999 euros en noviembre de 2010 por el empresario fallecido "corrió a cargo" de Menéndez, un Porsche Panamera, adquirido por este último por un importe de 116.537 euros en septiembre de 2010, y cuyo uso se cedió a Salamanca al menos entre julio de 2012 y julio de 2013.

Además de dos relojes de lujo, esas dádivas incluyeron un viaje de cuatro días a Londres en 2012 de Salamanca y su esposa "con todos los gastos pagados", que se extendió a otro matrimonio, su compañera sentimental y la hija de ella por un total de 15.997,67 euros.


Asimismo, el tribunal hacer referencia a los 66.000 euros que entregó el empresario a dos artistas amigos del comisario que se dedicaban a "amenizar" sus fiestas para que pudieran sufragar la producción y edición de un disco de flamenco, que se formalizó a través de un préstamo del que no devolvieron ni un euro.

135.000 euros en efectivo
Asimismo, partir de 2012, Menéndez hizo entrega a Carlos Salamanca, "a modo de regalo y en consideración a aquellos servicios que le iba a prestar", de al menos 135.000 euros en efectivo en cinco entregas, entre otras cosas para sufragar los gastos de la boda de un hijo del comisario.

No obstante, la Sala no ha podido acreditar que entre esas deferencias estuviese la cesión a Salamanca, en 2012 y 2013, de un palco en el estadio Santiago Bernabéu por el que su empresa, Framen Consultores, pagaba 328.772 euros al año.

No eran, hace hincapié la Audiencia, actos aislados, sino que formaban parte de "una trama delictiva donde se entrega una pluralidad de dádivas a un funcionario público a lo largo de un dilatado periodo de tiempo en cuantías importantes para obtener la satisfacción de los intereses personales y patrimoniales de determinados sujetos". Dada cantidad de las dádivas y su elevada cuantía, la Sala afirma que "no puede concebirse que las entregas y correlativas recepciones de dinero y otros efectos se traten de meros regalos efectuados entre personas unidas por una relación de amistad, como pretende hacer ver el último de los acusados nombrados en su larga declaración".

Al tribunal no le convencieron las justificaciones dadas por Salamanca a esos regalos y para acreditar el cohecho pasivo continuado insiste en que no supo dar explicaciones razonables "sobre la pertenencia y permanencia en su domicilio de la ingente cantidad de objetos suntuarios y suministros gourmets que se intervinieron, ni del viaje a Londres con que fueron agasajados él y su esposa, habiendo admitido ciertos abonos".

Regalo de bodas de 25.000 euros
A uno de esos pagos, según recoge la sentencia, se refiere en una conversación mantenida con el otro acusado para que fuera "espléndido" en el regalo de bodas a su hijo (25.000 euros en total), "no pudiendo negar los abonos que se hacían de los gastos de los vehículos que utilizaba, ninguno de los cuales estaba a su nombre". Tales gastos, señalan los magistrados, "por su cuantía y su constancia, exceden de los que un simple amigo efectúa, especialmente cuando el que los realiza niega que se trataran de meras liberalidades, pues tendían a buscar un trato de favor en el aeropuerto de Madrid-Barajas para sus clientes relacionados con la empresa nacional de petróleo de Guinea Ecuatorial (GEPetrol)".

Sin embargo, el tribunal absuelve a los dos acusados de un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, en su modalidad de favorecimiento de la inmigración ilegal, y de un delito continuado de prevaricación administrativa.

Y es que para la Audiencia no ha quedado acreditado que, como comisario jefe del puesto fronterizo de Madrid Barajas, Salamanca infringiese las normas reguladoras del control de inmigración con abuso de su cargo, un delito que la acusación le atribuía para favorecer el tráfico ilícito de personas procedentes de Guinea que trabajaban en la empresa vinculada a Francisco Menéndez. Para los magistrados, no consta "acreditación alguna acerca de la comisión, por uno o por los dos, de los delitos mencionados".

Del mismo modo, sostiene que tampoco se ha acreditado el tráfico ilícito de personas, con vulneración de la normativa de entrada de extranjeros porque no consta que Salamanca dictase al respecto una resolución administrativa arbitraria que infringiese el ordenamiento jurídico.

En el caso del empresario ya fallecido Fernando Luengo, la Sala considera acreditado que entregó a Salamanca como "mera atención y en consideración a sus cargos policiales" un Porsche Cayenne.

[47ronin]

Detienen a un policía local de Santander por revelar secretos al cabecilla de un grupo de traficantes de drogas en Cantabria


La Policía Nacional ha detenido también a cuatro hombres y dos mujeres como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal
Abel Verano
Álvaro G. Polavieja
Abel Verano y Álvaro G. Polavieja

Santander

Martes, 16 de abril 2024 | Actualizado 17/04/2024 08:33h.


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Un policía local de Santander ha sido detenido como presunto autor de un delito de revelación de secretos en una operación contra el narcotráfico en Cantabria.

[47ronin]

El Ayuntamiento de Santander cambia de puesto al policía local investigado por revelar secretos


El Consistorio valorará si inicia un procedimiento disciplinario cuando tenga datos oficiales de la causa, que está en manos del Juzgado de Instrucción Nº3 de la capital cántabra
Abel Verano
Abel Verano

Santander


Jueves, 18 de abril 2024, 02:00


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El Ayuntamiento de Santander ya ha tomado medidas respecto al policía local que fue detenido y puesto en libertad por la Policía Nacional como autor de un supuesto delito de revelación de secretos, en el marco de una operación contra el tráfico de droga que ...

[47ronin]

Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”


Varios agentes y un empresario han señalado hoy en el juicio en la Audiencia Provincial que no observaron ningún trato de favor entre los policías locales y los negocios de Miguel Pascual
B. Palau
Palma | 18·04·24 | 18:25 | Actualizado a las 07:26


La sección primera de la Audiencia de Palma, en el primer día de juicio.
Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”B. RAMON


“Siempre pagábamos las consumiciones en el Table Dance”. Uno de los policías locales de Palma que hoy ha declarado como testigo en la séptima sesión del juicio en la Audiencia Provincial ha sido muy claro. El agente ha recordado que a partir de 2005 salía a cenar y luego de copas con los compañeros y con un inspector acusado por la zona de Playa de Palma. “Salíamos una vez al mes o dos”, ha apuntado. “Alguna vez íbamos al Table Dance. Siempre pagábamos las consumiciones”, ha destacado, al tiempo que ha explicado el sistema que había en el local para pagar con una tarjeta donde te apuntaban las consumiciones. “No se pagaba en la barra”, ha añadido.


El testigo también ha manifestado que no observó “nada raro” con el inspector encausado ni percibió ningún trato de favor entre él y el personal del American Table Dance. Nueve policías de Palma se sientan en el banquillo de los acusados desde la semana pasada, junto al empresario Miguel Pascual Bibiloni y un antiguo funcionario del área de Urbanismo de Cort, por presuntamente haber favorecido a los establecimientos de Pascual a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre los años 2007 y 2015. Los agentes se enfrentan a sendas peticiones de condena de la fiscalía de cuatro años y medio de prisión por un delito de cohecho pasivo continuado. Mientras, las defensas reclaman la libre absolución.


Mala relación entre los grupos del GAP
En la sesión de hoy han declarado ocho testigos. La mayoría ha coincidido al indicar que no observó ningún trato de favor entre los policías locales acusados y los negocios de Miguel Pascual. También han corroborado la mala relación que existía e incluso el enfrentamiento entre determinados miembros del grupo GAP 2 con otros del GAP 4 de la Policía Local de Palma.

Un comisario ha explicado que en 1995 ya se hacían puntos fijos o plantones en lugares de gran afluencia de personas. “Estos puntos fijos se hacen en toda España y en todo el mundo. Están contemplados en nuestras instrucciones de servicio. El resto de la ciudad está cubierto. No quedan servicios sin cubrir. Se atienden las llamadas del 092 porque hay otras unidades disponibles”, ha detallado.

Le sonreían las turistas bebidas
Otros dos agentes han declarado que hacían plantones en distintos lugares: en la calle del Jamón, la calle de la Cerveza, en primera línea o en la frontera entre Palma y Llucmajor. “Nos poníamos en varios lugares en la calle del Jamón. Uno de los oficiales tenía predilección por hacer plantones en el Bierkönig porque salían las turistas bebidas y le sonreían. Y a él le gustaba estar ahí”, ha indicado uno de los testigos, en referencia a un oficial del GAP que no está encausado.

Otro testigo, el antiguo responsable del local Bamboleo, ubicado frente al Bierkönig, en s’Arenal, ha negado haber observado algún trato de favor a determinados negocios de la zona. El empresario ha remarcado que la Policía Local y la Patrulla Verde acudían con frecuencia y se ponían frente al Bierkönig por la tarde y por la noche en las horas de “más jaleo”. También circulaban con los vehículos policiales. “No perjudicaban a mi negocio, jamás, a mí personalmente no”, ha sentenciado el hombre.

El encargado del Table Dance: “El funcionario del Ayuntamiento le consiguió el permiso del local y Pascual me dijo a este señor no le cobres”
B. Palau
Un agente ha subrayado que en aquellos años, estos negocios como el Bierkönig podían efectuar el control de acceso con sus propios trabajadores, es decir, con camareros. Según su versión, no era necesario tener contratado a personal de seguridad privada hasta finales de 2014, cuando entró en vigor un nuevo reglamento respecto a esta materia. De todas formas, el testigo ha recalcado que el tema de la seguridad privada es competencia de la Policía Nacional.

Consecuencias internas
Por último, otro testigo del grupo de Asuntos Internos ha manifestado que investigó dos casos de presuntas irregularidades. Uno de ellos se comprobó que no era cierto, pero el otro derivó en unas diligencias judiciales de las que ya no supo nada más. Según su versión, este último caso le acarreó consecuencias internas por parte de la entonces regidora Angélica Pastor, quien no le quiso firmar una comisión de servicios y le envió a una campaña de tráfico en Navidad.

El juicio continúa mañana en la sección primera con la prueba documental y las conclusiones. El fiscal anticorrupción Juan Carrau podría modificar sus conclusiones a raíz de la prueba practicada a lo largo de la vista oral.

[47ronin]

El fiscal rebaja medio año su petición de pena a los nueve policías y un funcionario de Cort por sobornos


Anticorrupción añade la atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento
El ministerio público también solicita que se deduzca testimonio a los encargados del Bierkönig y el Table Dance por falso testimonio
B. Palau
Palma | 19·04·24 | 16:06 | Actualizado a las 15:18


Dos de los principales acusados, durante la primera sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
El fiscal rebaja medio año su petición de pena a los nueve policías y un funcionario de Cort por sobornosB. RAMON


El fiscal anticorrupción de Balears, Juan Carrau, ha rebajado hoy seis meses su petición de pena para los nueve policías locales de Palma y un antiguo funcionario de Cort acusados de cohecho por presuntamente dar un trato de favor a los negocios del empresario Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal entre 2007 y 2015 a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas. El ministerio público reclama ahora para todos los funcionarios y para Pascual sendas condenas de cuatro años de prisión por sobornos.


La fiscalía ha mantenido el mismo relato de hechos que el de su escrito inicial de acusación, pero ha añadido la circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, por lo que procede a reducir su petición de pena.


Anticorrupción ha planteado una calificación subsidiaria en sus conclusiones para el caso de que el tribunal considere no probadas las actuaciones arbitrarias y antirreglamentarias de los funcionarios públicos y ofrece dos alternativas por otros tipos penales de cohecho, por los que pide tres años de cárcel o nueve meses de prisión para los once acusados.

Además, Carrau ha propuesto a la sección primera que deduzca testimonio a los encargados del Bierkönig y el Table Dance por falso testimonio. Al primero de ellos, por no decir la verdad en el juicio y al segundo, porque su declaración fue “incompleta, no quiso extender más allá su declaración”, ha señalado hoy el fiscal en la octava sesión de la vista oral que se celebra en la Audiencia de Palma.

Piden la libre absolución
Por su parte, los abogados defensores han elevado a definitivas sus conclusiones y han mantenido su petición de absolución para todos sus representados, quienes hoy han asistido a la vista.

El fiscal, en el trámite de informes, ha destacado que hay prueba suficiente de que el empresario Miguel Pascual ofrecía dádivas y beneficios a determinados funcionarios. Según su versión, lo dijo el entonces encargado del Table Dance, quien manifestó que al funcionario del Ayuntamiento de Palma no se le cobraban los servicios y consumiciones que recibía por orden de Miguel. Esta declaración está corroborada por dos testigos protegidos, quienes indicaron que algunos policías no tenían ni la tarjeta donde se anotan las consumiciones, según ha hecho hincapié Carrau. “Ya son tres testigos”, ha añadido.

El representante del ministerio público ha añadido otras declaraciones que ha introducido en la prueba documental para su lectura, lo que ha provocado un rifirrafe con las defensas y las protestas de todos los abogados ante el tribunal. Según Carrau, estas personas incriminan al funcionario de Cort y a varios policías locales encausados. “Creemos que existe prueba clara”, ha concluido el fiscal.

La acusación pública también se ha referido a los reconocimientos fotográficos efectuados en los que se identificó a varios agentes. “Tenían unos beneficios y unos obsequios de parte del señor Pascual. El empresario facilitaba la dádiva. Y como recompensa a estas dádivas, llevaron a cabo actos que no eran correctos”, ha agregado el fiscal. “Gracias al funcionario de Cort se agilizó la licencia del Table Dance. También había un trato de favor a las empresas de Pascual. El encargado del Bierkönig era la persona de contacto con la Policía y llamaba directamente al GAP. En invierno, los agentes iban al encargado del Bierkönig a pedirle novedades. Esto no ocurría con otros locales”, ha subrayado Carrau.

Según Anticorrupción, los plantones que hacían los policías en el centro de la calle del Jamón, a la altura del Bierkönig no procedían. A finales de junio de 2014, diez agentes del GAP elevaron una queja a sus superiores en la que denunciaban hacer funciones de seguridad privada dentro del Bierkönig. “Estaban haciendo un servicio privado para el local. Hacían unas funciones que piensan que no les corresponden a ellos”, ha enfatizado el fiscal.

Informes de la defensa
Mientras, el abogado defensor de Miguel Pascual ha destacado que varios testigos señalaron en el juicio que sus declaraciones iniciales no eran válidas porque fueron guiadas por el exfiscal Subirán. “Es inadmisible, no se puede dar crédito a estas declaraciones”, ha indicado el letrado, que ha apuntado que el soborno entre el empresario y el funcionario de Cort estaría ya prescrito.

“Es tan débil la tesis acusatoria”, ha lamentado la defensa. “Es muy difícil defenderse de un escrito tan difuso como este que abarca un largo espacio de tiempo, entre 2007 y 2015”, ha criticado el abogado. “La acusación es inverosímil, yo no me lo creo, es inverosímil. Aquí se acusa de todo, de cualquier cohecho. No se puede acusar a ráfagas”, se ha quejado.

Un policía local de Palma declara como testigo: “Siempre pagábamos en el Table Dance”
B. Palau
Además de lamentar la falta de concreción en los hechos, el abogado ha manifestado que no hay prueba de los delitos, por tanto, no queda otra que absolver. Según su tesis, en este tipo de bares (Table Dance), se invita. “No por ser policía, se invita, sino por ser cliente, por ser un buen cliente”, ha concluido el defensor. El próximo lunes continuará el juicio con los informes del resto de abogados. 

[47ronin]

Un policía que "hace poco" no creía en la Justicka pero pide justicia, curioso.



Un policía de Palma acusado, en la última palabra: "Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia"


Visto para sentencia el juicio contra nueve agentes, un funcionario de Cort y un empresario de s'Arenal por sobornos
Las defensas han reclamado la libre absolución de sus clientes por falta de pruebas de cargo, inconcreción en la acusación y prescripción
B. Palau
Palma | 22·04·24 | 16:39 | Actualizado a las 21:04


Varios de los acusados, hoy en la última sesión del juicio en la Audiencia de Palma.
Un policía de Palma acusado, en la última palabra: "Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia"MANU MIELNIEZUK


El juicio contra nueve policías locales de Palma, un antiguo funcionario de Cort y un empresario, acusados de sobornos por un presunto trato de favor a los locales de Miguel Pascual Bibiloni en s’Arenal a cambio de servicios sexuales y consumiciones gratuitas entre 2007 y 2015 ha quedado visto para sentencia este mediodía en la Audiencia Provincial. La Fiscalía Anticorrupción de Baleares solicita sendas penas de cuatro años de prisión por un delito continuado de cohecho.


En cambio, las defensas reclaman la libre absolución de sus clientes. Hoy, en el trámite de informes, los abogados han pedido que sus representados sean exonerados por falta de pruebas de cargo, inconcreción en la acusación y por prescripción.

Varios de los encausados han hecho uso del turno de la última palabra, mientras que otros como el empresario Miguel Pascual o el funcionario jubilado del Ayuntamiento de Palma han preferido guardar silencio. El subinspector de la Policía Local de Palma, Bartolomé Capó, en la última palabra, ha agradecido a la sección primera la posibilidad de dar explicaciones y también a su familia y amigos, por el apoyo recibido. Capó ha tenido palabras de recuerdo hacia el oficial Torres, fallecido, y hacia Rafael Puigrós, que cumple condena en una cárcel de la península. También ha mencionado a sus compañeros enfermos “en un camino de no retorno” y a las 80 o 90 personas que tuvieron como él su momento difícil. Por último, el subinspector ha lamentado que cuando fue detenido no se le intervino su teléfono móvil ni su ordenador, con los que se podría haber sabido si había contactos entre él y el empresario acusado.

Los policías, muy afectados
Otros agentes no han podido contener las lágrimas al recordar el sufrimiento padecido. “El precio ha sido muy alto, yo hoy por hoy me hubiera autocondenado para evitar el sufrimiento”, ha manifestado uno de ellos. Un inspector ha criticado la instrucción. “Las medidas de control han sido cero o ninguna”, ha recalcado, al tiempo que se ha quejado de que le han obligado a jubilarse a los 65 años. “A mí me costó el divorcio. Me ha costado mucho, un cáncer. Quiero pedir perdón a mi exmujer, mis hijos y a mi familia por lo mal que se lo he hecho pasar”, ha añadido. “Espero Justicia, hasta hace poco no creía en la Justicia”, ha asegurado.

Un oficial del GAP también ha sido muy crítico en el turno de la última palabra con la investigación de Penalva y Subirán y la utilización de los testigos protegidos. “Esto se originó por una pelea, por un juego de tronos, un tema ideológico, los que son del PSOE y los que son del PP. El GAP está inventado por el PP”, ha subrayado. “Ustedes son el último auxilio que tenemos”, ha sentenciado, dirigiéndose al tribunal de la sección primera.

Informes de los abogados defensores
Las defensas, en el trámite de informes, han coincidido al destacar la ausencia de pruebas de cargo y al tratar de desacreditar a uno de los testigos, el antiguo encargado del local Table Dance, quien manifestó que en ocasiones él invitaba a consumiciones a varios policías y que únicamente tenía órdenes de su jefe, Miguel Pascual, de no cobrarle al funcionario de Cort porque le ayudó a solucionar un problema de una licencia del establecimiento. “Este señor no es prueba de nada. No es prueba directa. Es un testigo de referencia. Además, no tiene ningún tipo de credibilidad. El testigo no es válido, no es prueba de cargo. Y este señor no está bien”, ha indicado el abogado del funcionario, basándose en una sentencia anterior del Tribunal Supremo por un caso de cohecho. El letrado además ha señalado que los hechos ya estarían prescritos porque a los cinco años el delito prescribe. “Quiero que le absuelvan y además que aleguen que está prescrito”, ha enfatizado, mientras ha detallado que esta causa es la pieza principal.

Otros abogados han apuntado que no se han concretado los hechos en el escrito de acusación ni las dádivas que recibían los funcionarios. “No han recibido ninguna dádiva, han realizado su trabajo”, ha destacado uno de ellos. “No existe prueba de cargo. Esta acusación se ha basado en rumorología”, ha lamentado un defensor. “La acusación no es válida. Invitar a alguien no es delito”, ha agregado otro letrado en la novena y última sesión del juicio. “Yo lo único que he visto gratuito aquí es la acusación”, ha abundado otro compañero.

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El policía de Palma que explota decenas de infraviviendas intenta desahuciar a 70 familias


Los vecinos de una treintena de trasteros que el agente alquila como viviendas han comenzado a recibir notificaciones de desalojo en las que se alegan impagos
LUCÍA BOHÓRQUEZ
Palma - 25 ABR 2024 - 17:18 CEST
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Vecinos afectados por los desahucios en Palma.
L. B.
Luis Ángel Patiño ha tenido que salir corriendo de la obra en la que estaba trabajando como albañil la mañana del jueves. Le ha llamado uno de sus vecinos para decirle que unos funcionarios judiciales estaban delante de la puerta del trastero en el que vive con una orden de desalojo en la mano y acompañados de varios operarios que tenían la orden de tapiar la puerta. Los vecinos han sido rápidos y han logrado sacar sus pertenencias como han podido. Un pequeño armario, varios muebles con cajones, una sartén con arepas y varias maletas y bolsas con ropa. Su vida ha quedado esparcida en el pasillo del oscuro sótano plagado de trasteros en los que viven familias enteras mientras varios trabajadores contratados por el propietario se afanaban en esparcir cemento por la torre de ladrillos colocada en la puerta para tapiarla.


El agente de la Policía Local de Palma R. R. S., que explota ilegalmente 70 infraviviendas en diferentes edificios de Palma, ha comenzado a desahuciar a sus inquilinos y a tapiar los trasteros de menos de 15 metros cuadrados que durante años ha alquilado a migrantes y personas de escasos recursos, mediante contratos ilegales, por cantidades que en muchos de los casos superaban los 500 euros, que pagaban en mano, y sin recibo porque el policía no quería dejar pruebas. El Ayuntamiento de Palma ha suspendido de empleo y sueldo a este agente de la autoridad durante dos años y cuatro meses por el incumplimiento de las normas de incompatibilidad del cuerpo policial.

Además, la Consejería de Vivienda notificó a mediados de enero a R. R. S. la imposición de una multa de dos millones de euros por la explotación de estos habitáculos, minúsculos, sin luz natural, sin ventilación y sin las mínimas condiciones de habitabilidad. En la resolución se requería al policía el cese de la actividad que era objeto de la multa y, según denuncian varios inquilinos, fue entonces cuando el agente les intentó echar de los trasteros mediante presiones y amenazas sin conseguirlo.


Entrada tapiada de una de la infraviviendas.
L. B.
Ahora, los inquilinos de los trasteros en el sótano del edificio de la calle Joan Miró 24 de Palma han comenzado a recibir cartas con demandas de jurisdicción voluntarias en las que R. R. S. alega impagos de las mensualidades por parte de todos ellos con el objetivo de lograr que se marchen. “Es una demanda simple en la que se les dice que adeudan una serie de cantidades por impago de unas rentas. El afectado no tiene derecho en principio a justicia gratuita, porque es una jurisdicción voluntaria, con lo cual quien la interpone piensa que puede tener la ventaja de que el demandado no vaya o no pueda tener defensa” dice Gloria Olmos, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Baleares, que explica que muchos de estos inquilinos no tienen nociones sobre legislación y se sienten indefensos en casos como este. Es lo que alega Luis Ángel Patiño, víctima del desahucio, que dice que no ha sido notificado del desalojo y no ha recibido ninguna carta procedente del juzgado.

Mientras los empleados del agente de policía se afanaban en tapiar la puerta del trastero, algunos de los vecinos que han recibido la carta por impago mostraban los mensajes de texto intercambiados con R. R. S. en los dan fe del pago de las mensualidades. Otros enseñaban mensajes de WhatsApp que habían recibido de números anónimos en los que les informaban de que habían sido denunciados y otros esgrimían contratos de alquiler con cláusulas abusivas. “Esto no puede ser, aquí hay niños. No se puede desalojar a la gente con niños y personas mayores que no tienen donde vivir, que están enfermas. No pueden quedarse en la calle” decía una de las vecinas entre lágrimas.

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Ella vive en un centro de acogida para mujeres maltratadas, pero su madre es la inquilina de uno de los trasteros de menos de diez metros cuadrados, en el que una enorme mancha de humedad hace el ambiente apenas respirable. Tiene una cama, un armario y una pequeña cocina en el pequeño habitáculo.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la abogada de esta entidad se han desplazado hasta el sótano del edificio para atender a los vecinos y mantener una reunión explicativa sobre la situación. También ha acudido el diputado del PSOE en el Parlamento balear, Omar Lamín, que ha exigido al Gobierno regional, el Ayuntamiento de Palma y el Consell de Mallorca que muevan ficha “porque saben del problema desde hace meses y no han hecho nada”.

Dos agentes de la Policía Nacional han supervisado el desahucio y han tratado de tranquilizar a algunos de los residentes, que estaban en un estado evidente de nervios. “Yo le dije al agente que me devolviera la fianza para dejar la habitación, pero es que no me ha querido devolver el dinero, no ha querido arreglar nada” lamenta Patiño, que intentará recurrir a algunos familiares que tiene en la ciudad para encontrar cobijo.

Los vecinos se organizaron hace algunas semanas en una plataforma de afectados que tiene como objetivo buscar una solución a su situación y reclamaron una reunión con la consejera de Vivienda del Gobierno regional, Marta Vidal, que todavía no les ha contestado.

José Solano, que actúa como portavoz de las 70 familias y es presidente de la Asociación de Dominicanos en Mallorca, es también residente en una de las infraviviendas situada en un edificio ubicado en el barrio de Pere Grau. “R. R .S. está haciendo las denuncias a cuentagotas, las presenta en juzgados diferentes para crear confusión. La consejería de Vivienda nos prometió una ubicación porque esto lo iban a precintar, estamos esperando que nos llamen para reunirnos y todavía no lo han hecho, hay que ponerle un stop a esto” dice. La crítica al Gobierno balear por su inacción es repetida entre las familias, en situación de vulnerabilidad, con menores a cargo y sin una alternativa habitacional en caso de desahucio. “Estamos pidiendo auxilio. Aquí hay niños, ancianos y enfermos. Nos merecemos vivir en un sitio digno”, lamenta.

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El drama de los migrantes a quienes un policía local alquila trasteros para 'vivir': “Un día ocurrirá una desgracia”


Decenas de familias se hacinan en sucios y fríos habitáculos en Palma. Son víctimas de un agente municipal detenido por arrendar a personas vulnerables locales sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad. “Hay techos que están casi cayéndose. Hay ancianos y niños viviendo así”, lamentan
— Regularizar a los migrantes sin papeles frente a la falta de mano de obra en Ibiza: “Estas personas podrían estar cotizando”





Foco
VIVIENDA
Mari Agüelles, cubana de 45 años, lleva 28 años viviendo en Mallorca, los últimos de ellos en una de las infraviviendas alquiladas por el policía detenido
Mari Agüelles, cubana de 45 años, lleva 28 años viviendo en Mallorca, los últimos de ellos en una de las infraviviendas alquiladas por el policía detenido Francisco Ubilla
Esther Ballesteros / Francisco Ubilla

Mallorca —
2 de mayo de 2024 21:46h
Actualizado el 03/05/2024 05:30h
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La lluvia empapa la ropa tendida en el patio mientras, en las desvencijadas habitaciones, las goteras atraviesan el techo, humedeciendo los enseres que se acumulan unos sobre otros. No hay luz ni ventilación y cada habitáculo –algunos de ellos subterráneos– tiene poco más de diez metros cuadrados. Así sobreviven casi 70 familias migrantes en Palma víctimas del policía local detenido el pasado mes de noviembre por explotar, desde hacía al menos dos años, trasteros y locales comerciales sin las mínimas condiciones de higiene y salubridad para, de forma fraudulenta, alquilarlos como infraviviendas a personas vulnerables a quienes cobraba ilícitamente entre 300 y 750 euros al mes. El funcionario está acusado de aprovecharse de la desesperación de estos inquilinos para embolsarse también unos 150 euros por su empadronamiento.


Alquilar tu casa a turistas para vivir en una caravana: la nueva polémica de la vivienda en Ibiza

Ahora, los afectados buscan una solución a la emergencia habitacional en la que se encuentran. “Estamos luchando por un hogar digno. Hemos tocado todas las puertas y hemos levantado la voz por todas partes, pero de momento nadie nos ha atendido”, lamenta José Solano, uno de los perjudicados. En declaraciones a elDiario.es, recrimina que “se habla del policía local, de la multa que le han impuesto [el Govern balear le ha sancionado con el pago de 2.040.068 euros], pero de nosotros, que somos los afectados, no se acuerda nadie”. Como muestra de la grave situación en la que se hallan, asegura que “hay techos que están casi cayéndose. Un día ocurrirá una desgracia”.


José Solano, representante de los afectados por la situación de las infraviviendas en Palma Francisco Ubilla
Tras denunciar su problemática, la Policía Nacional y la Policía Local de Palma comenzaron a investigar los hechos. Una vez en el interior de las infraviviendas, ubicadas en la zona de Gomila así como en las proximidades de la calle Manuel Azaña, Foners, Lluís Sitjar y sa Indioteria, los agentes comprobaron que muchas de ellas carecían de iluminación y ventilación alguna, siendo el espacio de 'vivienda' de entre ocho y 15 metros cuadrados en los que se ubicaba un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. En algunos de los trasteros también se encontró alguna bombona de gas con el consecuente riesgo para la vida en caso de escape.

El policía municipal tenía instalado, además, un dispositivo para el control del consumo de electricidad de los habitáculos, lo que le permitía manipular las facturas de la luz para que los 'inquilinos' pagaran más de lo consumido. De acuerdo a las investigaciones llevadas a cabo, el agente, una vez finalizaba su jornada laboral en comisaría, se encargaba de la gestión de los inmuebles. Aún hoy, el funcionario, según señalan los afectados, continúa “rondando por la zona” para cobrarles.


El moho y las goteras invaden el techo de los habitáculos Francisco Ubilla

Los objetos personales, deteriorándose entre el moho y la suciedad que se acumula en los oscuros y húmedos pasillos de las infraviviendas Francisco Ubilla
“Hay ancianos y niños viviendo en estas condiciones”
“Es una situación horrible. Un pandemonio. Y lo peor es que hay ancianos y niños viviendo en estas condiciones”, explica Solano mientras enseña las habitaciones en las que se hacinan. En cada una de ellas, las pertenencias se encuentran apiladas y apenas un camastro les sirve para el descanso. No hay ventanas y un patio común les permite colgar la ropa en los tendederos y poder vislumbrar la luz del día. El afectado, de origen dominicano, lleva 26 años residiendo en Palma y asegura que nunca se había encontrado con una situación parecida. Un anuncio publicado en el periódico fue la vía que, como al resto de víctimas, le puso en contacto con el policía ahora investigado, quien –añade– durante años se mostró “impune” en la zona.

Solano, quien preside además la Asociación de Dominicanos de Mallorca, asegura incluso que se vio abocado a denunciarle por un delito de odio: “Comenzó a atacarnos a los dominicanos, como una especie de persecución. Y somos personas a las que hay que respetar al igual que a todos los que hemos venido aquí para convivir, no importa de qué nacionalidad seamos. Yo ya soy un mallorquín más”, relata.

Por su parte, Jesús, otro de los afectados, cuenta que acabó en una de las infraviviendas ya que “era lo único que entonces había factible para alquilar”. Lleva dos años y medio entre las destartaladas paredes de los habitáculos alquilados por el policía detenido. Como los demás, se encuentran a la espera de que el Govern balear les dé una solución. “Lo único que queremos es vivir con un poco de dignidad, por lo menos”, explica Jesús, quien señala que padece depresión a raíz de lo sucedido y que trata de “vivir el día a día”.


Davinson Gil, de 32 años, colombiano que lleva 18 meses en Mallorca, en uno de los habitáculos en los que vive Francisco Ubilla
Reuniones con los servicios sociales
Desde la Conselleria de Vivienda, Movilidad y Territorio aseguran a elDiario.es que están en contacto permanente con los servicios sociales para analizar las alternativas que se les pueden ofrecer. Según señalan, ya se han llevado a cabo reuniones y se ha contactado también con el Ajuntament de Palma y con el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) para abordar la problemática. “Estamos a la espera de ver cómo se resuelve un tema tan complejo como este”, inciden.

En el Parlament balear, el PSIB-PSOE interpeló el pasado mes de marzo a la consellera de Vivienda, Marta Vidal, para conocer cuáles son los pasos que se han dado hasta el momento. Varios de los afectados se encontraban en el hemiciclo. “La consellera fue muy clara”, señalan las mismas fuentes: “Estuvo hablando con ellos y les dijo que se clausurarían los habitáculos en los que viven, pero antes de eso hay que esperar que se articule una solución alternativa”.

Por su parte, José Solano confirma que Vidal se comprometió a ofrecerles una solución: “Se nos acercó y nos dijo que sí, que iba a buscar una solución rápida para los afectados, pero todavía estamos esperando. Nos llamaron de la Conselleria, pero cancelaron la cita, o nos dicen que tienen que ponerse de acuerdo con el Ayuntamiento, con la asistenta social...”. “El juicio mediático se le está haciendo al policía, pero nosotros somos las víctimas, no él, que nos ha engañado y ha defraudado también al Estado, porque ¿dónde se va ese dinero que cobra de la renta?”, abunda.


Lavadoras comunes a la entrada de las infraviviendas Francisco Ubilla
El “salvaje drama” de la vivienda y la especulación
“Todo el mundo sabe que, desgraciadamente, el problema de la vivienda en Balears es dramático. Y cada día se va poniendo más difícil”, incide el afectado. Desde hace años, Balears acusa con dureza los efectos de la especulación inmobiliaria, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización: el archipiélago es la comunidad autónoma que registra los mayores encarecimientos de los precios en la compraventa de inmuebles y donde más años de salario se requieren para poder afrontar la adquisición de un hogar. No sólo eso. Se trata, además, de la autonomía con mayor peso de compra por parte de extranjeros –principalmente alemanes y británicos–, con un 38,95% del total de operaciones inmobiliarias –sobre todo, viviendas unifamiliares en primera línea cuyos precios superan con holgura el millón de euros–, de acuerdo a los datos de la Estadística Registral Inmobiliaria.

Respecto al alquiler, Balears cerró 2023 con los precios más elevados –con un incremento del 17,1% respecto al año anterior–, de acuerdo a los datos de pisos.com. “Las altas mensualidades del alquiler no solo siguen dilatando los planes de emancipación de muchos jóvenes, sino que también suponen un varapalo para muchos inquilinos que, aun teniendo un buen sueldo, no encuentran una vivienda que se ajuste a su presupuesto”, señalaba el mismo portal. En el archipiélago, según un informe del Observatorio de Emancipación de las Islas publicado el pasado mes de marzo, los jóvenes tuvieron que dedicar el 108,1% de su salario al alquiler de vivienda durante el segundo semestre de 2022. Unas cifras que han retrasado la emancipación hasta la franja de entre los 30 y los 34 años.

En el caso de los inquilinos de las infraviviendas, el secretario de Derechos Sociales y Migraciones del PSIB–PSOE, Omar Lamin, recrimina que el policía local “se aprovechase de la parte más débil de la sociedad” al alquilar los habitáculos a personas trabajadoras, migrantes y vulnerables. En su opinión, lo sucedido es, sin embargo, “la punta del iceberg” de la problemática que azota a Balears en materia de vivienda y “la máxima expresión del salvaje drama de la especulación”. “Se han juntado muchísimos elementos”, subraya en declaraciones a este medio.


Detalle de una de las habitaciones Francisco Ubilla

Otro de los fríos pasillos que unen las infraviviendas Francisco Ubilla
Lamin recuerda cómo en otros lugares, como en el caso de Eivissa, los precios inflados del alquiler y la compra han empujado a residentes y trabajadores de temporada a vivir en caravanas. También en varias zonas del extrarradio de Palma numerosas personas se han visto obligadas a vivir en vehículos de este tipo así como en furgonetas con aislantes en las ventanas. Los grupos de la oposición en las islas han reclamado en reiteradas ocasiones que Balears sea declarada zona tensionada para limitar los precios de los alquileres. Sobre ello, el Consell Consultiu avaló el pasado mes de septiembre el artículo de la Ley de Vivienda estatal relativo a la declaración de zonas tensionadas, constatando que no vulnera la Constitución y contradiciendo así la postura del Govern del PP, que apelaba a la ilegitimidad de la normativa al alegar que invade competencias autonómicas en este sentido.

La situación de la vivienda en el archipiélago balear está expulsando a la población local, que en ocasiones se ve obligada a abandonar las islas. El problema es transversal: afecta a trabajadores de todo tipo, desde profesionales del sector servicios hasta a agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pasando por profesores o sanitarios, aunque golpea especialmente a las capas más vulnerables de la población, como los migrantes. La ausencia de políticas públicas eficaces para resolver la problemática –o el nulo interés en implementar los mecanismos legales existentes– ha agravado un problema para el que los ciudadanos intentan buscar soluciones individualmente, como la proliferación de las autocaravanas como alternativa habitacional.


Asentamiento de caravanas en el solar de Sa Joveria (Eivissa), donde se hacinan trabajadores que sufren la carestía de la vivienda en la isla Sergio G. Cañizares / EFE
Desahuciado uno de los inquilinos
En este sentido, el diputado socialista recrimina la falta de inversión política en esta materia y apela a la necesidad de seguir apostando por la vivienda de protección oficial. Asimismo, asevera que el actual Govern del PP –aupado al poder por Vox– ha podido imponerle la sanción de dos millones de euros al policía local detenido “al amparo de la Ley socialista de Vivienda”: “Si fuera por ellos, habrían permitido esta situación y habrían evidentemente actuado con absoluta impunidad”, abunda. El grupo municipal del PP en el Ajuntament de Palma, sin embargo, afea al PSOE que éste haga un “uso partidista” de la problemática de estos inquilinos “en lugar de buscar una solución dialogada”.

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Desde la formación popular señalan que las regidoras de Servicios Sociales y Gobierno Interior, Lourdes Roca y Mercedes Celeste, respectivamente, se han reunido con los afectados para abordar su situación. El jueves de la semana pasada, uno de los perjudicados fue desahuciado por una comisión judicial. Tal como explican los conservadores, se le ha puesto en contacto con el servicio municipal de acogida de urgencia para ofrecerle una solución inmediata a su situación. En cuanto al resto de afectados, se les citó el pasado viernes en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) con el objetivo de analizar cada caso y facilitarles una alternativa a través del catálogo de servicios que ofrece el área de Servicios Sociales del Consistorio.

“Promesas, promesas”, tercia, sin embargo, José Solano: “Estamos esperando que la encargada de Servicios Sociales nos llame, pero no lo ha hecho”. Con todo, asegura que “seguirán luchando”. Cuentan con el apoyo de varias entidades, como Les Balears Acollim y otras englobadas en la Plataforma de la Inmigración Balears. Solano asegura que no descartan otras vías de protesta como la convocatoria de futuras manifestaciones. “Lo único que queremos es un hogar digno”, sentencia.

[47ronin]

Cinco guardias civiles, al banquillo por colaborar con una banda que asaltaba coches en la AP-7


Los agentes recuperaban los vehículos robados por la organización, y que empleaban para perpetrar sus golpes contra turistas extranjeros, a los que sustraían joyas y dinero



ELENA BURÉS
Barcelona


03/05/2024
Actualizado a las 19:55h.

Un hombre se encuentra en un túnel de lavado de Badalona para limpiar el coche de su yerno. Al acabar y dar marcha atrás con el Alfa Romeo, notó como alguien golpeaba la parte trasera al grito de: ¡Mis niños, mis niños!, así que bajó a comprobar qué pasaba. Fue así como un individuo, Bernardino O., alias 'Kike, el gordo', aprovechó para robar el vehículo, que tenía las llaves en el contacto. Con ese mismo coche, la organización que lideraba 'el gordo', perpetró otros robos, una vez cambiadas las placas de matrícula. Y es que, junto a seis personas más, entre ellas una mujer, se dedicaban a asaltar turismos con matrícula extranjera, que circulaban por la autopista AP-7, para hacerse con equipajes y dinero en efectivo. Para ello empleaban el denominado 'método peruano', nacionalidad de los integrantes de la organización, que contaron con la ayuda de un sargento, un cabo y tres guardias. Cinco integrantes del Grupo Operativo de Autopistas (GOA) de la Guardia Civil en Cataluña, todos ellos detenidos en 2011. Ahora se sientan en el banquillo de la Audiencia de Barcelona.


La Fiscalía pide para los seis integrantes del entramado hasta 80 años de cárcel -en el caso de su líder-, y cuatro años y cinco meses para los cinco guardias, acusados de pertenencia a organización criminal, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial. También más de cuatro años de suspensión para ejercer su labor como miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.


Fueron los Mossos d'Esquadra, que investigaban los robos en las autopistas, quienes descubrieron la connivencia de los agentes con el grupo criminal. Los pinchazos en los teléfonos de algunos de los sospechosos permitió llegar al GOA. Y es que el líder de la banda daba indicaciones a los guardias civiles para recoger los coches robados, que a su vez empleaban para asaltar a los turistas que circulaban en los suyos. Los integrantes del GOA los recogían y los hacían constar como recuperados. Así, apunta la fiscal en su escrito de acusación, «no investigaron y comunicaron de forma falaz a la autoridad judicial en los atestados sus actuaciones» con la intención de «proteger» a la banda de peruanos.

Algo que, entre otras, se demuestra en una conversación intervenida entre 'el gordo' (A) y uno de los guardias (B).

«A: Hola

B: Hola E., dime

A: Acá pues... No te podía... No te podía... Llam...

B. Ya, ya, ya, ya


A: Me entiend... Estaba la gente... Estoy solo ahora. Está en el... Donde el alemán

B. ¿En Terrassa, dónde siempre?

A. Sí pero no lo pongas ahí ¿no tío?

B. ¿Cómo? Ah vale, ya te entiendo. Sí, si claro

A. Claro por la zona

B. Ya ya ya

A. En otra. En otro pueblo

B. Vale ¿qué coche es?

A. Un Mercedes

B. ¿Extranjero?

A. No, no de aquí es, de aquí es. He ido hoy ahí, en donde te mandé el mensaje. Ahí en tu pueblo

B. Vale pues la lla.... está en la rueda ¿No, eso? A. Sí, si si. (...) Para mañana te doy otro que tengo ahí. Ya hoy te tienes que descansar también

B. Vale, vale, mañana también estoy, no te preocupes

A. Mañana te lo doy pero para que te lo lleves. Lo voy a aparcar ahora, es pequeño

B. Vale

A. Pero sabes lo que pasa, que se cayó la.. la chica. Entonces... como se ha caído no le dio tiempo... para bajarse ¿me entiendes?

B. Sí

A. Porque yo me fui pa' otro lao. Entonces se lo llevo no más igual pero

B Vale, vale, vale... vale

A. Mañana te lo... Te lo doy. Ahora voy a cambiarle de sitio y ya mañana te lo doy

B. Vale, ya perf... Vale. Mañana ya... Ya me dices algo (...)».

Es más, el mimo guardia civil, que era el que ejercía como intermediario entre el líder del entramado y sus compañeros del grupo de Autopistas. No solo para recoger los coches robados, sino para borrar las huellas de los sospechosos, y manipular los atestados. Normalmente, ese guardia se reunía él solo con 'el gordo'. A veces con otros integrantes del GOA, para recibir sus instrucciones en el aparcamiento de un tanatorio de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona).

Eso sí, no ha quedado acreditado que ninguno de los cinco guardias civiles recibieran ninguna retribución, dineraria o en especia, por la protección prestada a la banda. Sí que, presentando la recuperación de vehículos como un logro debido a su sagacidad policial, justificaron ante sus superiores el mantenimiento en activo de su grupo y, en consecuencia, apunta la fiscal, «los beneficios profesionales y personales que dicho destino profesional les ofrecía con puestos de nulo riesgo y fatiga».

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ELENA BURÉS
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Fue el 14 de diciembre de 2011, con autorización del Juzgado de Instrucción 2 de Sabadell (Barcelona), cuando los Mossos registraron los domicilios de los detenidos y encontraron varios de los objetos sustraídos a las víctimas, en su mayoría turistas extranjeros, como joyas, cámaras de fotos, ropa y ordenadores. Los investigadores también localizaron más de un centenar de resguardos que verifican que uno de los integrantes de la banda había enviado más de 50.000 euros al extranjero.

El juicio, que comenzó esta semana, continuará el lunes en la Sección 5ª de la Audiencia de Barcelona.

[47ronin]

2011, que curioso ...placa, posible condena...dilaciones indebidas casi siempre.

[47ronin]

Así es el gran capo de África: un expolicía gallego condenado a 10 años de prisión en Costa de Marfil


Hace 15 años se había visto envuelto en la llegada del Air Cocaine a Mali, un Boeing 727 que aterrizó en el desierto del Sahel con un cargamento de 10 toneladas de cocaína
Devesa, tras ser detenido.
 Devesa, tras ser detenido. Redes sociales - Narcodiario
JAVIER PRESAS
Creada: 08.05.2024 12:22
Última actualización: 08.05.2024 12:22
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Miguel Ángel Devesa Mera fue en su día, aunque por poco tiempo, policía nacional de la Comisaría de Pontevedra. Un lugar de donde fue expulsado antes de hacer de África su jardín. Uno muy particular en el que durante las últimas dos décadas ha tejido una red de narcotráfico que lo convirtió en el gran capo del continente, uno de los principales narcos de la gran ruta africana.

Este vigués, considerado oficialmente por la policía socio otro personaje ilustre, Sito Miñanco, cuya banda se refería a él como ‘África’, fue detenido por última vez en abril de 2022 en la ciudad costera de San Pedro, en el sur de Costa de Marfil, y donde se había instalado en 2018, tras el decomiso de más de dos toneladas de cocaína en esa urbe y en el puerto de Abiyán.

No era esta su primera detención en el continente africano. Allí, quince años atrás, también había sido arrestado tras la llegada del Air Cocaine a Mali, aquel Boeing 727 que en 2009 aterrizaba, procedente de Venezuela, en el desierto del Sahel con un cargamento de 10 toneladas de cocaína y que, una vez retirada la droga, fue quemado por los narcotraficantes.


En esta última ocasión, hace ahora dos años, Devesa fue detenido junto a otros presuntos integrantes de la ruta africana de cocaína, tras una investigación llevada a cabo por la Policía Nacional española con la colaboración de las autoridades de Ghana y Costa de Marfil.

Este martes, el Tribunal Penal Económico y Financiero de Abiyán, capital comercial del país, emitió su veredicto, tras acabar un juicio que empezó en 2023. Una sentencia que condena a Devesa, junto a otras doce personas, a diez años de cárcel por tráfico internacional de cocaína en Costa de Marfil.

Devesa, como cerebro de la trama, también ha sido condenado a una multa de 50 millones de francos CFA (unos 76.300 euros) y al pago de 60.000 millones de francos CFA (91,5 millones de euros) en concepto de indemnización por daños y perjuicios que deberá abonar al Estado.

Vía marítima y aérea
La organización criminal traficaba por vía marítima y aérea con cocaína desde Sudamérica hasta África y después a Europa.


Junto a Devesa, cabecilla de la red, han sido condenados a diez años de prisión el colombiano Gustavo Alberto Valencia Sepúlveda, considerado “el notario certificador” (encargado de verificar la calidad de la cocaína y su control), así como el español Aitor Picabea Carnes, socio de Devesa en una empresa, entre otros.

Entre los condenados figuran también autoridades locales y miembros de las fuerzas de seguridad marfileñas.

Considerada durante mucho tiempo un área de tránsito para las drogas producidas en América Latina, África occidental y central se han convertido en una región de alto consumo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En este sentido, la propia UNODC señala que, entre 2019 y 2022, se incautaron al menos 57 toneladas de cocaína en África occidental o en camino a la región.