Autor Tema: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...  (Leído 324838 veces)

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2161 en: 03 de Septiembre de 2020, 06:32:02 am »
Relación contractual verbal con el propietario que se mantuvo durante seis años, hasta que dejaron de pagar lo estipulado...y es ahí donde entran las coacciones por cambiar la cerradura aprovechando el viaje de vacaciones...amén de que al ser una contractual verbal estoy convencido de que nunca el propietario declaró estos ingresos a hacienda.




Unos okupas denuncian al propietario por cambiar la cerradura mientras estaban de vacaciones en Ibiza

El casero del inmueble tendrá que declarar este viernes antes los Mossos d'Esquadra por un delito de coacciones

Diego Cogolludo

Publicado 02/09/2020 17:47
Actualizado02/09/2020 17:57

Un casero de un piso okupado en Barcelona tendrá que declarar este viernes ante los Mossos d'Esquadra, por cambiar la cerradura mientras los moradores se encontraban de vacaciones en Ibiza, según informa el diario ABC.

Manuel propietario de un piso ubicado en la localidad barcelonesa de Mataró, se enteró por redes sociales que los ocupantes de su vivienda se encontraban de vacaciones de Ibiza y decidió "okupar" su propia vivienda, tirando la puerta abajo y sustituyendo la cerradura del piso.

Tras años tratando de recuperar su vivienda, el vecino de Mataró que al entrar en su propiedad se encontró el lugar deteriorado y sucio, decidió tapiar la puerta de la entrada y sacar en varias bolsas de basura todas las pertenencias de la pareja.

Delito de coacciones

Manuel, quien tuvo de dejar de vivir en el lugar por cuestiones laborales decidió alquilar la vivienda hace años a un amigo de manera informal, es decir, sin contrato, acordando una mensualidad de 400 euros. Algo que solo se abonó durante los primeros mes.

Ahora quienes durante años han estado ensuciando y destrozando la vivienda han denunciado al propietario, quien tendrá que comparecer el próximo viernes ante la policía catalana por haber cambiado la cerradura del inmueble y por un delito de coacciones.

Los moradores tenían a todo el bloque de vecinos atemorizado con su comportamiento violento, llegando al punto de que incluso algunos vecinos acabaron por mudarse, cansados de aguantar gritos, amenazas e incluso agresiones.

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« Respuesta #2162 en: 03 de Septiembre de 2020, 11:09:03 am »

Denuncian disparos contra una escuela y los vinculan a casas ocupadas



El ayuntamiento de Avinyonet del Penedès (Barcelona) recomienda no abrir la escuela hasta que no se pueda garantizar que es un “espacio seguro”.
ACN
02.09.2020 - 11:33h
Primer plano de un cristal de la escuela de Avinyonet del Penedès roto por un disparo de bala, que ha denunciado el consistorio.
Primer plano de un cristal de la escuela de Avinyonet del Penedès roto por un disparo de bala, que ha denunciado el consistorio.
El ayuntamiento de la población de Avinyonet del Penedès, en Barcelona, ha denunciado que el martes por la mañana se efectuaron disparos de arma de fuego contra la escuela del municipio que causaron daños en un cristal exterior. El consistorio considera que “seguramente” los disparos proceden de las casas ocupadas que hay justo frente a la escuela.


Se trata, indica en un comunicado, de “la gota que ha hecho colmar el vaso", y recuerda que este año ha presentado “más de una decena de denuncias” a los Mossos por la ocupación.


Piden seguridad
También se han enviado cartas a la propiedad, al presidente de la Generalitat, al conseller de Interior y al de Educació “sin haber obtenido respuesta”. Por todo ello recomienda no abrir la escuela hasta que no se pueda garantizar que es un “espacio seguro”.

Tras el “gravísimo” hecho de hoy, en reunión de urgencia de esta misma tarde, los 9 regidores del consistorio, la dirección de la esueola y la junta del AMPA han coincidido en que la situación es “inaceptable” y han comunicado al president de la Generalitat, Quim Torra, y a los consellers de Interior, Miquel Buch, y de Educació, Josep Bargalló, que “por la seguridad” de los vecinos recomiendan no abrir la escuela el próximo 14 de septiembre, hasta que no seai un “espacio seguro”.

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« Respuesta #2164 en: 04 de Septiembre de 2020, 06:49:42 am »

Madrid pondrá vigilantes en los edificios y solares municipales para frenar el aumento de okupaciones

    PABLO R. ROCES
    @Pavlinrodriguez
    Madrid

Jueves, 3 septiembre 2020 - 14:08


El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un contrato de 1,4 millones de euros durante los próximos tres años ante el aumento de este fenómeno en la ciudad

La lucha contra la okupación ha entrado de lleno en la política municipal de Madrid. Al plan anunciado el pasado mes de julio para la desokupación de patrimonio del Ayuntamiento de Madrid se ha sumado este jueves un contrato de 1,4 millones de euros aprobado por la Junta de Gobierno para establecer vigilancia en los edificios y solares de titularidad pública. Un contrato que el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, ha calificado como "necesario" para la ciudad ante "el aumento" de este tipo de actividades.

El edil ha detallado que en estos momentos Madrid registra 657 viviendas okupadas, 32 pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda y del Suelo y 14 espacios municipales siendo la segunda ciudad en este ránking por detrás de Barcelona. Unos datos que Fuentes ha remarcado como "extraoficiales" porque Delegación de Gobierno no computa el número de okupaciones desde el año 2018. "Aunque algunos se empeñan en no reconocerlo, la ocupación afecta cada día a los ciudadanos", ha apuntado Fuentes.

De ahí que el Ayuntamiento de Madrid haya aprobado este jueves un contrato de tres años por valor de 1,4 millones de euros para dotar de vigilancia los edificios y solares municipales para evitar su okupación. En esa lista, el delegado de Desarrollo Urbano ha destacado el local la calle Antonio Grilo en Malasaña, okupado por el Patio Maravillas, dos naves industriales en Villaverde y Usera o los edificios del Paseo de la Dirección.

"Este fenómeno no sólo afecta a las administraciones públicas, sino a la ciudadanía en general y sobre todo aquellos barrios con familias vulnerables", ha destacado Fuentes, que ha asegurado que si este contrato hubiera existido con anterioridad, muchas de estas okupaciones "no se hubieran producido". Un contrato que recoge vigilancia presencial permanente, vigilancia no presencial permanente o sistemas de alarma con verificación personal.

Según el delegado de Desarrollo Urbano, estos actividades de okupación provocan "el deterioro" del patrimonio municipal evitando las actividades de conservación y fomentan el desarrollo de "actividades delictivas" como la venta de estupefacientes o la trata de ser humanos. Acciones contra las que pretende actuar este sistema de vigilancia que comenzará en 2020 con una dotación presupuestaria de 177.500 euros y que aumentará hasta 710.000 euros y 532.000 euros, en 2021 y 2022 respectivamente.

La lucha contra la okupación ha fijado en los últimos meses parte de la política del Ayuntamiento de Madrid que ha puesto el foco sobre una problemática que define como "creciente". El pasado mes de julio, el Consistorio ya anunció un plan antiokupación y la creación de una oficina antiokupas para asesorar a las comunidades de vecinos.


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« Respuesta #2166 en: 06 de Septiembre de 2020, 06:32:22 am »

Policía y Guardia Civil se hartan de la 'okupación' y estudian un protocolo común

Mandos de ambos cuerpos analizan el modelo implantado por el fiscal general de Baleares, al considerarlo el más eficaz. En los últimos años se han disparado las denuncias por 'okupación' un 40%

Gonzalo Araluce

Publicado06/09/2020 4:45

Policía Nacional y Guardia Civil se han hartado de la falta de un procotolo común frente a la okupación y de la disparidad de normas que rigen cada cuerpo y cada región. Por eso, mandos de ambos cuerpos se han reunido esta semana para sentar las bases de un reglamento único, con la intención de desarrollarla en los próximos meses.

Para ello han tomado como base la instrucción que el fiscal general de Islas Baleares firmó en junio de 2019, que facilita la intervención de las fuerzas de seguridad para el desalojo de una vivienda en un amplio abanico de casos sin requerir una decisión judicial.

Fuentes de seguridad consultadas por Vozpópuli destacan el "hartazgo" que se vive en ambos cuerpos ante la diferencia de criterios que hay en España para hacer frente a la okupación; no sólo entre Policía o Guardia Civil, también entre cada región.

    Mandos policiales y del Instituto Armado se reunieron esta semana para establecer las bases de un protocolo común contra los 'okupas'

No hay uniformidad entre las instrucciones dictadas por los fiscales; tampoco entre los protocolos que rigen cada comisaría o comandancia. Y esa multiplicidad, aseveran las mismas fuentes, provoca disparidad del número de denuncias entre las Comunidades Autónomas al tiempo que dificulta el trabajo de agentes y jueces.

Las mismas fuentes detallan que mandos policiales y del Instituto Armado ya se han sentado -en una reunión que se ha celebrado esta semana- para establecer las bases de ese protocolo común. En última instancia, esperan contar con el apoyo de la Fiscalía General del Estado y redactar un documento único.

Un resultado similar al que Bartolomé Barceló Oliver, fiscal general de Baleares, logró en junio de 2019, al aprobar una instrucción sobre la okupación que contó con el apoyo del jefe superior de la Policía en la región, del coronel jefe de la Guardia Civil y de los máximos representantes de las diferentes policías locales.

El caso balear

La instrucción diferencia entre el uso que hacen los propietarios de las viviendas para determinar cómo deben actuar las fuerzas de seguridad. Para ello, el fiscal recoge la opinión de la Audiencia Provincial de Islas Baleares, que define la relación que el dueño tiene con cualquiera de sus domicilios. Dicha relación se basa en el concepto de "posesión": si el dueño ejerce algún tipo de actividad en esa vivienda -residencia habitual, segunda residencia, negocio o alquiler-, entonces practica el concepto de "posesión" sobre ella.

En todos esos casos, el fiscal insta a las fuerzas de seguridad a actuar "directamente y de forma inmediata", deteniendo al autor de la okupación en los casos necesarios. También insta a los agentes a instruir un atestado en el que detallen las demás actividades constitutivas de delito en las que pueda incurrir el okupa para tomar las medidas judiciales oportunas.

    Lla instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común

Los miembros de las fuerzas de seguridad se encuentran con más dificultades en Baleares para ejecutar un desalojo en caso de que el dueño de una vivienda no ejerza esa "posesión" sobre la misma. Bajo ese paraguas se encuentran, principalmente, las viviendas en estado de abandono o de semi-abandono, y la entrada en ellas no se consideraría, a priori, un delito tan claro como en los preceptos anteriores. Por ello, si el propietario lo requiere, las fuerzas de seguridad tendrían que recurrir antes a las correspondientes medidas judiciales.
Un 40% más de denuncias

Según fuentes de seguridad, la instrucción redactada por el fiscal general de Baleares es el modelo en el que Policía Nacional y Guardia Civil se inspiran para la redacción de un protocolo común, aunque aún no se han marcado un horizonte temporal para su desarrollo o implantación. Aseveran que una instrucción bajo estos términos "facilitaría" la coordinación de los cuerpos policiales -más aún si la Fiscalía General del Estado lo apoya con su firma-, a pesar de las diferencias de criterio que hay entre las Comunidades Autónomas.

De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio del Interior, el número de denuncias por okupación se ha disparado en España un 40% en los últimos cuatro años. Cataluña es la región donde se produce un mayor un aumento, con 3.611 denuncias en el primer semestre de 2020, seguida de Andalucía (2.535 denuncias en el mismo periodo de tiempo). En la Comunidad de Madrid, por el contrario, la cifra se redujo hasta los 657 casos, un 9,5% menos respecto al año anterior.

Policía y Guardia Civil consideran que la diferencia de criterio entre las regiones dificulta su trabajo frente a las okupaciones ilegales de viviendas. Y confían en que un protocolo único sirva para cambiar drásticamente la tendencia creciente de los últimos años.


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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2168 en: 06 de Septiembre de 2020, 17:03:20 pm »

Un negocio detrás de horas de TV con los okupas, ¿quién es el dueño de Securitas Direct?



De los 1.100 millones que sacó la familia March por la venta de ACS, invirtieron 557 millones en Verisure, matriz sueca de la empresa de alarmas Securitas Direct

https://laultimahora.es
PorLa Última Hora.5 de septiembre de 2020 23:00

Los March, el mejor ejemplo de la plutocracia en EspañaMiembros de la familia March
Hace tres años la familia March se encontró con casi 1.100 millones de euros en efectivo, tras vender las últimas acciones de ACS, el gigante presidido por Florentino Pérez del que los March habían llegado a controlar el 25% del capital.

De esos 1.100 millones de ACS, invirtieron 557 millones en Verisure, matriz sueca de la empresa de alarmas Securitas Direct en cuya web se puede leer: "Si se produce una intrusión en tu vivienda y no se tiene alarma, evitar la ocupación resultará prácticamente imposible al no contar con dispositivos de detección inmediata y de captación de imágenes con los que se podrá avisar rápidamente a la Policía para que actúe lo antes posible".

Rafael Miranda, director financiero de Securitas Direct, decía en 2019 en una entrevista que España es el cuarto país del mundo con más alarmas. Sin duda, esa será una gran noticia para los March, que posiblemente estén viendo como este verano suben las ventas mientras muchos medios y dirigentes no paran de hablar de la ocupación de viviendas en un país con 3,5 millones de viviendas vacías.

Habitual de la lista Forbes, la familia March es quizás el mejor ejemplo de la plutocracia (“situación en la que los ricos ejercen su preponderancia en el Gobierno del Estado” o “conjunto de ciudadanos adinerados que ejercen su influencia en el Gobierno del Estado”) en España.

Banca March
Fundador de la Banca March en 1926 y de la Fundación Juan March en 1955, el balear Juan March Ordinas (1880-1962) fue un empresario, banquero y contrabandista –“el último pirata del Mediterráneo”, lo denominó el político Francesc Cambó– balear que tuvo tanto poder que un ministro de Justicia del Gobierno de Manuel Azaña llegó a decir en 1931 “o la República somete a March o March someterá a la República”. Ocurrió lo segundo, pues su financiación del golpe de Estado de 1936 resultó clave para el éxito de los golpistas. Y es que influyó para poner a muchos indecisos de parte de los golpistas, puso cientos de millones de pesetas a disposición de estos, pagó el alquiler del ‘Dragon Rapide’ –el avión que trasladó al general Franco desde Tenerife hasta Marruecos para tomar el mando del Ejército de África– y financió el primer puente aéreo militar de la historia, trasladando las unidades de élite desde África hasta Sevilla en aviones de la Alemania nazi.

March empezó como tratante de cerdos, como su padre, y en los años veinte –bajo la protección del dictador Miguel Primo de Rivera– ya había fundado un periódico “liberal” (‘El Día’) y tenía parte en uno “izquierdista” (‘La Libertad’) y en otro “conservador” (‘Informaciones’). Un pionero. Después vendría la financiación del golpe contra la II República.

La Banca March –que en el ejercicio 2019 elevó su beneficio neto atribuido un 18,8%, gracias al “desarrollo de una estrategia basada en la gestión patrimonial, la banca privada y las soluciones especializadas”, según aseguró su consejero delegado, José Luis Acea– es el principal accionista del holding de inversiones Corporación Financiera Alba, parte de Acerinox, BME, CIE Automotive, Ebro Foods, Euskaltel, Global Dominion, Indra Sistemas, Naturgy o Viscofan. La Banca March está presidida desde 2015 por Juan March de la Lastra, primo de Juan March Juan; ambos se disputan el liderazgo de la saga. Antes lo estuvo por su padre, Carlos March Delgado, hermano de Juan March Delgado. Y antes, por su abuelo Juan March Servera. Y antes, por su bisabuelo Juan March Ordinas, el fundador.

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2169 en: 07 de Septiembre de 2020, 01:22:53 am »
Fascismo podemita.


Citar
Las cifras que arrojan dos años de violencia mafiosa de la extrema izquierda contra Vox

@ElentirVigo Dom 6·9·2020 · 7:04 

España está viviendo una escalada cada vez más peligrosa de violencia de ultraizquierda, y buena parte de ese fenómeno se dirige contra el tercer partido más votado.

Matones de extrema izquierda agreden a dos diputados de Vox en Barcelona

¿Elecciones libres? Vox sufrió 24 agresiones y actos de acoso en la campaña gallega y vasca

Un acoso que empezó poco después de la fundación de Vox

Los actos de matonismo de extrema izquierda contra Vox no son cosa reciente. Ese partido se fundó en enero de 2014. El 1 de mayo de ese año presencié el primer intento de acoso contra Vox en La Coruña, con motivo del primer mitin de esa formación en Galicia. Delante del Hotel Meliá María Pita, donde se celebró ese acto, aparecieron un grupo de ultraizquierdistas para insultar, que fueron acordonados por la Policía Nacional. Desde entonces la cosa ha ido a peor, sobre todo después de la “alerta antifascista” lanzada por Pablo Iglesias contra Vox el 2 de diciembre de 2018, por el mero hecho de que le molestaron los 12 escaños obtenidos -de forma inesperada- por el partido de Abascal en las elecciones andaluzas de se día.

Una extrema izquierda que no tolera la discrepancia

La ultraizquierda ya llevaba años utilizando la acusación falsa de “fascista” contra toda persona que no sea de izquierdas, para justificar la violencia contra ella. Da igual que seas mucho más demócrata que esos izquierdistas que alaban a tiranos como Hugo Chávez, Fidel Castro y Nicolás Maduro. Da igual que repudies el verdadero fascismo. La ultraizquierda no tolera la discrepancia, y para ella todo el que discrepa es “fascista” y merece recibir una paliza. En esto, la extrema izquierda demuestra la misma fobia a la libertad de pensamiento que ese fascismo al que dice odiar. Esa intolerancia izquierdista llega contra Vox a extremos que recuerdan a los de la mafia proetarra. Basta con ver la escala de esta nueva ola mafiosa.


Las cifras de los ataques contra Vox en los últimos dos años

Este viernes, el grupo parlamentario de Vox en el Congreso enlazó una página publicada el 25 de junio en la web de ese partido y cuya última actualización es del 4 de agosto. Los datos y hechos recopilados por el propio partido arrojan las siguientes cifras desde el 18 de septiembre de 2018:

181 convocatorias denominadas “antifascistas” contra VOX (en la práctica, actos de acoso en los que se insulta y amenaza a miembros y simpatizantes de ese partido).
42 ataques a las sedes de VOX en todo el territorio nacional.
Más de un centenar de denuncias interpuestas por amenazas de muerte.
93 denuncias por vejaciones y agresiones.
El recuento hecho por Vox se queda corto

Algunas personas pensarán que estas cifras son una exageración de ese partido. Al contrario: Vox se ha quedado corto. A modo de ejemplo, faltan algunos de los actos de violencia que señalé aquí, ocurridos durante la campaña de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio, entre ellos el ataque contra la sede de Vox en Vigo en junio.

Así mismo, tampoco figuran en la lista el ataque a la sede de Vox en Lugo el 9 de agosto; los disturbios provocados por ultraizquierdistas que fueron a acosar a los asistentes a un mitin de Vox en Vigo el 24 de octubre de 2019; las amenazas a miembros de Vox en Vigo, el ataque a la sede de Vox en Verín (Orense) y las amenazas de muerte contra Abascal en La Coruña, tres hechos ocurridos en abril de 2019; las amenazas y agresiones a miembros de Vox en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y en Pontevedra en mayo de 2019; y las amenazas a una coordinadora de Vox en Cataluña el 3 de mayo de 2019. Y eso por citar algunos ejemplos.

El Gobierno de Sánchez no ha condenado ninguno de esos actos de violencia

Todos esos actos de violencia han tenido lugar durante el mandato de Pedro Sánchez. Llegados a este punto, habría que añadir a la lista hecha por Vox una cifra más: un cero, que es el número de veces que el Gobierno de Sánchez ha condenado esos actos de violencia. Ese silencio por parte del ejecutivo es aún más escandaloso que la propia ola de matonismo ultraizquierdista, porque lo que demuestra es que la mafia que acosa a Vox actúa con el consentimiento del Gobierno.

Es gravísimo que el tercer partido más votado de España esté sufriendo esta cascada de actos de violencia por parte de unos aprendices de nazis que no toleran la discrepancia, pero que el Gobierno de España no condene esas agresiones contra la oposición política es algo que deja en evidencia la peligrosa deriva que ha tomado nuestro país de la mano del gabinete socialista y comunista de Sánchez, una deriva hacia una sociedad en la que discrepar de los partidos del Gobierno te puede costar ser amenazado, acosado y agredido, como si viviésemos en una dictadura. Y esa misma izquierda aún tiene la cara de dar lecciones de democracia a países como Polonia y Hungría, donde no ocurre nada parecido a esto, ni por asomo.

https://www.outono.net/elentir/2020/09/06/las-cifras-que-arrojan-dos-anos-de-violencia-mafiosa-de-la-extrema-izquierda-contra-vox/

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2170 en: 08 de Septiembre de 2020, 06:40:58 am »
Leyenda urbana?

https://twitter.com/JudgeTheZipper/status/1298758172988112897?s=19

https://twitter.com/JoaquimBoschGra/status/1298715044708933632?s=19

Lo de las 48 es evidente que es una leyenda urbana, pero lo grave es que hay policías que lo piensan.

No hace falta ser juez para saber estas cosas...

Lo que no es normal, es que haya muchos policías que no tengan claro que si es primera o segunda vivienda es un allanamiento de morada, por lo que procede detención, tanto lleven dos horas como dos meses.

Para dejárselo claro a todos los policías, deberían de dar charlas a todos los miembros de las FFCCS del país.


Un policía nos da las claves sobre la okupación: "Hay que dejar privacidad dentro, se puede desalojar siempre que haya un allanamiento"

https://www.telecinco.es/elprogramadeanarosa/policia-claves-contra-okupacion_18_3007470128.html

    Asegura que la policía no tiene respaldo ante los okupas y que tienen miedo a las consecuencias legales
    Aconseja que se dejen objetos personales en las viviendas para facilitar el desalojo de los okupas

La okupación va creciendo y cada vez es un problema para más personas en España, por eso desde 'El programa de Ana Rosa' han querido hablar con Daniel garcía Alonso, policía y experto en seguridad ciudadana sobre todos los temas que preocupan a los ciudadanos que han mandado sus preguntas.
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Este policía contesta a la pregunta de por qué las autoridades no pueden ir contra la okupación si es un delito: "Es un delito en el Código Penal, pero hay delitos por los que no se detiene y uno de ellos es la usurpación de un bien inmueble, un piso vacío de un banco o una casa que tenemos vacía en venta o alquiler. Allanamiento es cuando se meten en una residencia o en una segunda residencia, donde la policía debe detener y desalojar a los okupas independientemente del tiempo que lleven, lo de 48 horas es mentira, pueden llevar 1 año: se entra, se detiene y se desaloja". En usurpación tienen que llamar a la policía cuanto antes si acaban de acceder al interior pueden entrar la policía a desalojarlos, el problema de verdad es cuando llevan tiempo morando y han okupado un piso vacío". También le han preguntado sobre por qué hace falta una orden judicial para echar a los okupas: "La policía puede desalojar siempre que cometan un allanamiento, donde puede haber problemas es en la usurpación, cuando okupan un piso del banco o un piso heredado".

Otro ciudadano a preguntado a este policía sobre si hay algún resquicio legal que se pueda utilizar contra los okupas: "Conocer la ley es fundamental, aconsejo a todo el mundo que si tiene alguna vivienda heredada, que tiene en venta o alquiler siempre hay que dejar algo de privacidad dentro, dejar algo de comida, productos de higiene, no dar de baja la luz o el agua, eso va a configurar como morada y si entran los okupas será allanamiento y la policía podrá entrar directamente". Sobre por qué hay veces que la policía no puede hacer nada cuando se les llama: "Primero por la falta de formación, la policía tiene miedo a las consecuencias legales, el policía teme a someterse a una denuncia por detención ilegal o por coacciones, somos responsables nosotros personalmente. Te juegas el sueldo, que te habrán un expediente disciplinario, no hay respaldo"

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« Respuesta #2171 en: 08 de Septiembre de 2020, 17:06:07 pm »
7 DE SEPTIEMBRE DE 2020


La Fiscalía constata una reducción del fenómeno de las ocupaciones, que "contrasta con la percepción social"

   
La Fiscalía constata una reducción del fenómeno de las ocupaciones, que "contrasta con la percepción social"
Allanamientos de morada - PIXABAY
MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha constatado el cambio de tendencia iniciado el año pasado respecto a la reducción de la ocupación ilegal de viviendas, un dato que considera que "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación".


Así consta en su memoria anual correspondiente al ejercicio 2019, en la que explica que sigue produciéndose una línea descendente, aunque muy leve, en las incoaciones de este delito, con una disminución el año pasado del 0,75%.


No obstante, admite que las calificaciones por ocupación sí se elevaron "un poco", con un aumento del 4,5% respecto al anterior ejercicio, aunque afirma que "se puede constatar la consolidación de un cambio en la tendencia".


Asimismo, en cuanto a la proporción entre ambas cifras, en el último año se observó un "levísimo" aumento que va del 2% del año anterior, hasta el 2,2% a finales de 2019, en los procedimientos incoados que son calificados por el fiscal.

Pese a que defiende que estos datos confirman la tendencia de reducción iniciada en 2018 respecto a los delitos de ocupación, sí señala que este dato "contrasta con la percepción social del fenómeno de la ocupación", que en las últimas semanas ha irrumpido en el ámbito mediático.


En cuanto a la distribución de las calificaciones por estos delitos en los distintos procedimientos, los urgentes representaron el 14% del total, mientras que los abreviados coparon el 85%. El resto, tan solo un 1%, derivó en sumarios.

AUMENTAN LOS ALLANAMIENTOS DE MORADA
Al margen de las ocupaciones, la memoria aporta datos sobre los allanamientos de morada, que es lo que más preocupa al grueso de la población, ya que supone la entrada de personas ajenas en cualquier vivienda --sea primera o no--, contra la voluntad de su propietario, un delito que derivaría en una expulsión inmediata.

Dentro de los delitos que dieron lugar a la calificación del Ministerio Fiscal en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado el año pasado, y más en concreto en las calificaciones formuladas, la delitos contra la inviolabilidad del domicilio, entre los que se incluye el allanamiento de morada, supusieron el 17% del total, cinco puntos más que el año previo.


El grupo más relevante fue el relativo a los delitos contra la vida e integridad física, que dio lugar al 40% de acusaciones, frente al 54% en 2018, y, dentro de ellos, los más numerosos fueron los de homicidio y asesinato, con 68 y 126 calificaciones, respectivamente.

Según un epígrafe incluido en la memoria del Ministerio Fiscal respecto a las calificaciones según el delito relacionadas con la violencia doméstica, de los 8.888 procedimientos que hubo el año pasado, 77 se refieren a allanamientos de morada, limitándose el número de sentencias a nueve.

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« Respuesta #2172 en: 09 de Septiembre de 2020, 06:58:24 am »

Una asistenta okupa la casa donde trabajaba tras morir por Covid la anciana a la que cuidaba

    LUIS F. DURÁN
    Madrid

Miércoles, 9 septiembre 2020 - 01:27

Pilar, de 75 años, murió en su casa de la Avenida Juan Carlos I de Leganés por Covid a finales de marzo. Era viuda, vivía sola y tenía desde hacía un mes y medio una asistenta de hogar, una mujer peruana de 33 años llamada Rosa. Esta empleada ordenó por su cuenta la incineración de la anciana sin avisar a sus dos hijas y se instaló de inmediato en la vivienda de la septuagenaria. La Policía investiga los hechos y ha tomado ya declaración a la okupa y a la funeraria que sin permiso de sus descendientes se hizo cargo del cadáver.

Rosana, la hija de Pilar, sospecha que "estamos ante algo más que una okupación, ya que su madre no se encontraba mal" y asegura que diez días antes de su muerte la asistenta puso a su nombre los contratos de luz y agua de la vivienda y los seguros con un supuesto poder otorgado por la anciana. «Me gustaría saber que pasó con mi madre esos dias, yo también tuve coronavirus esa época y estuve 30 días ingresada. Cuando nos enteramos de su muerte ya estaba incinerada», señala. «Creo que mi madre no murió de forma natural y vamos a hacer todo lo posible para que se aclare lo que ha pasado. Tenemos indicios de que la ha podido hacer algo», asevera la hija que es consciente de que sin autopsia va a ser complicado demostrar sus graves acusaciones.

La hija de Pilar relata que su madre tenía una cuidadora desde hace tiempo que se marchó a principios de año y que le recomendaron a Rosa. A mediados de febrero la mujer peruana empezó a trabajar dos horas diarias en la limpieza de la casa. «A finales de marzo yo estaba ingresada por coronavirus pero tenía un contacto diario con mi madre durante esos días del pico máximo de la pandemia. De la noche a la mañana nos dijeron que había muerto. Un día antes de fallecer ella estaba bien y no sabemos que es lo que le pasó porque que el certificado médico señala que mi madre murió por posible Covid-19», apunta la hija. Los vecinos confirman también que dos días antes de fallecer la mujer salió de la casa a comprar el pan y que su estado era «aparentemente bueno». "Yo la ví, hablé con ella y parecía que estaba fenomenal", señaló una amiga de Pilar a Telemadrid.

Sostiene la hija de Pilar que lleva estos meses tratando de esclarecer los hechos y da la gracias a la empresa Desokupa que se ha encargado desde esta semana del caso para tratar de echar a la mujer, que tiene dos niños pequeños a su cargo.

Rosana relata con extrañeza que la asistenta iba a la casa de lunes a viernes y que su madre falleció un sábado. «Ese día no tenía que ir a la casa pero apareció y dice que descubrió el cadáver de mi madre al entrar en la casa pero no avisa al 112 ni hace nada. Ella nos tenía que haber llamado y lo que hizo fue avisar a la funeraria y encargar la incineración y miente diciendo que es la cuidadora y que no tenía hijos», cuenta la hija.

Según las primeras pesquisas, Rosa dijo por teléfono a la funeraria que Pilar no tenía familia. Presentó ante la empresa fúnebre una autorización para la inhumación del cadáver y también aportó una copia del DNI de Pilar y de su propio carné. "Creemos que lo ha falsificado todo. Mi madre era muy desconfiada y no la creo capaz de firmar ese poder. Ni siquiera mi madre le dio las llaves de la casa cuando la contrató y siempre la abría la puerta. No sabemos como tenía las llaves de la casa y el motivo por el que se la encontró muerta", matiza la hija.

El empleado de la funeraria reconoció en su declaración a la Policía que Rosa, la cuidadora, realizó por teléfono la contratación del servicio de incineración debido a la excepcionalidad de la situación de pandemia que se vivía esos días. Y añadió que se aportaron luego todos los certificados correspondientes para tramitar la cremación del cuerpo.

El yerno de Pilar ha intentado sin éxito negociar con la okupa durante las últimas semanas. «Si tuviera dignidad se habría ido ya. La he ofrecido hasta 6.000 euros y la he ofrecido trabajo y un piso de alquiler y me contestó que si le daba 15.000 euros que igual se iba», señala Juanjo, pareja de Rosana.

La supuesta intrusa no ha querido ofrecer la versión de los hechos. Solo comentó que en su país de origen las personas que cuidan de ancianos se quedan con su casa cuando fallecen. "La difunta me autorizó a quedarme la vivienda", dijo a una de las dos hijas de Pilar.

Los responsables de la empresa Desokupa aseguran que están planificando una acción para recuperar la vivienda usurpada el jueves por la mañana. Daniel Estévez, director de Desokupa, señala que se va a acusar a Rosa "de homicidio, hurto, apropiación indebida, usurpación de domicilio y estafa".



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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2174 en: 10 de Septiembre de 2020, 07:11:51 am »


Los datos sobre la okupación en Madrid que desmienten la alarma de Almeida y de Vox


Hay 4.000 viviendas ocupadas, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Vivienda, las mismas que hace cuatro años
MANUEL VIEJO
Madrid - 10 SEP 2020 - 00:30 CEST
 
Tres pasos. Se colaron en el portal. Reventaron la puerta. Y okuparon el piso. Sucedió hace poco más de un año en un edificio de la calle de Atocha, en pleno centro. Los vecinos cuentan que han pasado un año durísimo. El piso en cuestión es propiedad de un banco. Un bajo de apenas 30 metros cuadrados con una minúscula habitación. Ahí dentro convivieron hasta 15 jóvenes. Hicieron de la casa un mercadillo de droga ambulante incluso durante el confinamiento. El final de esta historia llegó el pasado 8 de julio. La empresa Desokupa, una especie de cobradores del frac en versión inmobiliaria, se presentó en el rellano de la puerta con tres empleados enormes tras ser solicitados por los vecinos. Allí aparecieron tres armarios empotrados, con tatuajes y de mirada desafiante. Atemorizaron a los okupas en menos 10 minutos. Se marcharon de allí ante la mirada atónita del vecindario y de millones de españoles. La hazaña se retransmitió en directo en El Programa de Ana Rosa. Las historias de okupas multiplican las audiencias. Por allí, claro, aparecieron después más televisiones y más conexiones en directo. El vídeo del desalojo se compartió cientos de veces en redes sociales. Hoy el piso está tapiado y a la venta. El banco pide 157.000 euros por él. “No creo que lo vendan nunca”, cuenta ahora una vecina. ¿Es la okupación uno de los principales problemas de Madrid?



Para el Ayuntamiento, sí. “Todos sabemos, aunque algunos se empeñan en no reconocerlo, que el problema de la okupación afecta cada día a más madrileños”, dijo el concejal de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, el pasado jueves. “Los okupas ya no solo se centran en la okupación de viviendas, sino incluso en naves industriales y solares”. Para Vox, que ha visto en esto un auténtico caladero de votos, también. “El Gobierno alienta los ataques a la propiedad privada”, dijo Santiago Abascal el pasado lunes. “Los madrileños ya saben que Carmena aplaude a los okupas", dijo el portavoz en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, hace justo un año. “Nosotros estamos con los vecinos a los que han robado su propiedad. Y si a alguno no le gusta que se meta en la casa de Iglesias, que es muy amplia”.

“A nadie le ocupan su vivienda habitual, siempre suelen ocupar viviendas de bancos”, indica un portavoz de la Consejería de Vivienda
La okupación, sin duda, está en las sobremesas, en los anuncios de radio, de televisión y, sobre todo, en los grupos de WhatsApp familiares. Madrid ha entrado al debate. Acaba de cerrar un contrato de vigilancia por 1,4 millones de euros para prevenir la okupación en solares municipales hasta 2022. El concejal, durante el anuncio, fue tajante: “El fenómeno de la okupación se está acentuando en Madrid”. La realidad es bien distinta. Las denuncias por viviendas okupadas han disminuido en Madrid un 9,5% en el último año, según las cifras del Ministerio de Interior.

El Ayuntamiento, no obstante, también va a crear en las próximas semanas una oficina para asesorar al ciudadano que haya sido víctima de una okupación. “Tolerancia cero contra los okupas”, dice el alcalde, José Luis Martínez Almeida, que habló de la okupación este miércoles en el debate sobre el estado de la ciudad. “Combatiremos siempre la okupación”, insiste habitualmente la vicealcaldesa, Begoña Villacís. Ante la ausencia de datos públicos, el concejal de Desarrollo Urbano precisó que 657 viviendas habían sido okupadas este año según sus propios cálculos, sin entrar en detalles. Se desconoce cuántas de estas casas son de vivienda habitual, de segunda vivienda o propiedad de un banco, como la vivienda okupada de la calle de Atocha. “657 son los datos que manejamos porque la Delegación de Gobierno no publica las cifras desde hace dos años. El delegado del Gobierno se tiene que tomar en serio el problema de la okupación”, explicó el concejal.

Es cierto. Los últimos datos oficiales sobre viviendas okupadas en la región son de 2017. Un portavoz de la Delegación de Gobierno aclara que fue en 2016 cuando se creó una unidad policial para atajar a las mafias dedicadas a la okupación de los pisos. Este fenómeno, según indica el portavoz, era un problema por aquel entonces. “El problema desapareció en 2018 y por eso se dejaron de publicar los datos”. La policía dejó de hacer un balance porque se concluyó aquella misión. Esa unidad ya no existe y no está previsto que vuelva. “Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se percibe. El problema de esto es la repetición de las imágenes”, subraya. Por eso, asegura, se ha extendido el miedo a que los okupas entren en las casas de los ciudadanos. Aquellos datos indicaban que en 2016 se okuparon 3.807 viviendas en la región y en 2017, los últimos disponibles, 3.918.

¿Y en 2020? En la Comunidad de Madrid existen ahora mismo 4.000 viviendas okupadas, según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Vivienda. Es decir, prácticamente las mismas que hace cuatro años. “A nadie le okupan su vivienda habitual, siempre suelen okupar viviendas de bancos”, indica un portavoz de la Consejería. “Nosotros declaramos la guerra a la okupación. Queremos que exista una ley para que se eche a los okupas en menos de 48 horas”, subraya.

Pese los continuos bulos que circulan al respecto, la policía puede actuar en cualquier momento si los okupadores ilegales han entrado en la vivienda habitual (aunque hayan pasado más de 48 horas desde la ok



upación) y desalojar a los okupadores ilegales: se consideraría un delito flagrante.

“Muchos medios venden que uno baja a comprar el pan y a la vuelta le han okupado la casa”, cuenta Javier Gil, portavoz del sindicato de inquilinos de Madrid. “Okupar la vivienda habitual sería un allanamiento de morada y no una okupación”, subraya. “Lo que sucede es que se mezclan conceptos. Ahora se le llama okupación a todo, incluso al narcotráfico. Desde el sindicato vemos que está habiendo una campaña de criminalización. Ha habido grandes medios que hasta a la situación de impago del alquiler le han llamado okupación”.

Enrique López, consejero de Justicia de la Comunidad y secretario de Justicia e Interior del PP, admitió a este periódico que las okupaciones de los pisos de particulares son una minoría. El pasado domingo propuso endurecer el delito de usurpación para asegurar la expulsión en todos los casos, incluidos los que son propiedad de los bancos y están vacíos, donde sí es cierto que la demora en la expulsión puede durar varios años. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, anunció al respecto una inminente instrucción a los fiscales el pasado lunes. Se conocerá en los próximos días.

La okupación de solares
¿Y qué ocurre con los solares? El concejal madrileño de Desarrollo Urbano también puso el foco en la okupación de fincas municipales como otro de los principales problemas de Madrid. Según sus datos, 14 de ellos están okupados ahora mismo. El objetivo es desalojarlos todos. El Solar Maravillas de la calle Antonio Grilo, ubicado a cinco minutos a pie de la Gran Vía, tiene los días contados. Tiene 465 metros cuadrados y fue okupado hace diez años. La Comunidad anunció que quiere construir ahí un centro de salud. Las personas que forman parte de este colectivo estarían dispuestas a abrir un diálogo con las instituciones, según indican en un comunicado publicado en el portal Change.org. “Les instamos a buscar una solución o, al menos, la permanencia del proyecto hasta que realmente exista una adjudicación para la construcción del centro de Salud y comiencen las obras”, indican. Han logrado el apoyo de 15.000 firmas.

El solar, visible desde una puerta de metal, cuenta con una gran arboleda, un huerto, grafitis y decenas de sillas para las sesiones de cine de verano. Sergio Sarabia, de 27 años, acude con frecuencia. Hace justo un año alquiló un piso al lado del solar. Dice que es un sitio muy tranquilo. “Hacen sesiones de cine con documentales de autor muy interesantes. Pero en estos últimos días sí que es que no paran de cantar la canción del no nos moverán”.


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« Respuesta #2175 en: 10 de Septiembre de 2020, 07:32:35 am »

Un policía nacional difunde una guía para reaccionar ante ocupaciones de viviendas
Trata de aclarar las dudas que han surgido entre los agentes de las Fuerzas de Seguridad sobre cuándo y con qué requisitos pueden entrar a desalojar a los okupas

10/09/20access_time 1:03

A.R.E.

¿Deben los policías entrar a desalojar una vivienda ocupada? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Deben detener a los okupas? ¿Y si éstos no abren la puerta, pueden los agentes forzar la entrada, incluso con una maza como se vio en un caso reciente?

Son algunas de las dudas a las que temen enfrentarse agentes de la Policía Nacional, pero también de otros cuerpos como la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza, ante la proliferación de denuncias por este tipo de prácticas, de personas que se cuelan en una vivienda y se atrincheran en ella para vivir allí.

Sindicatos como la Confederación Española de Policía (CEP) han reclamado recientemente al Ministerio del Interior que a través de la Secretaría de Estado de Seguridad dicte una instrucción con pautas claras, tanto legales como operativas, para actuar ante los casos que van surgiendo en las distintas unidades por toda España.

Confidencial Digital ha podido saber que, mientras llega una instrucción oficial de Interior, entre policías nacionales ya circula un documento explicativo para hacer frente a este tipo de situaciones.

Lleva por título “Actuación operativa ante supuestos de ocupación de bienes inmuebles”, y ha sido elaborado por un inspector jefe de la Sección de Seguridad Ciudadana de la Comisaría del Distrito Centro de Madrid, dependiente de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Morada o no

El documento se presenta como un diagrama con flechas, que va indicando qué hacer según las circunstancias de cada ocupación. “¿Ante qué tipo de bien inmueble nos encontramos?”, es la primera pregunta, que tendría tres respuestas: “Morada”, es decir, vivienda habitual o segunda vivienda, ya sea en propiedad o en alquiler; “No es morada”, por ejemplo al ser un inmueble sin uso o dedicado al alquiler, pero sin inquilinos; o “Se desconoce”.

Si se trata de una morada, el delito de los ocupas sería allanamiento de morada, y si no es morada, usurpación.

En el caso de viviendas que no son morada, si no se está cometiendo violencia o intimidación, la actuación consistiría primero en identificar a los autores.

Si abren y permiten ser identificados, el segundo paso es preguntarse si “los autores se encuentran desarrollando plenamente su vida en el inmueble (con independencia de plazos temporales)”.

Si la respuesta fuera sí, la conclusión es “no desalojar”, ya que prima el derecho a la inviolabilidad del domicilio sobre el derecho de propiedad del titular, que debería acudir a la vía judicial para recuperar su casa.

En caso de que los ocupas todavía no estén desarrollando plenamente su vida en el inmueble, los pasos serían: desalojar el inmueble, restituirlo a su titular, y precintarlo si es necesario, ordenando a los desalojados que no lo vuelvan a ocupar bajo amenaza de proceder contra ellos por desobediencia grave.

Además, anteriormente si los autores de la ocupación no se han identificado, por no llevar documentación, los policías tendrían que detenerlos.
¿Y si no abren la puerta?

Todas estas opciones anteriores serían en el caso de que abrieran la puerta. ¿Qué pasa si se niega? “La Ley de Enjuiciamiento Criminal nos exige la identificación de los autores, si no abren se están negando, cometiendo de forma flagrante un delito de desobediencia grave a agente de la autoridad, por tanto, procede: - Entrada por delito flagrante (desobediencia grave y usurpación). - Detención de los autores”.

Hasta aquí sería la actuación a llevar a cabo en viviendas que no fueran morada. Si la casa fuese la vivienda habitual, o la segunda vivienda, la actuación implicaría:

- Entrada por delito flagrante (si los autores no abren voluntariamente la puerta).

- Detención de los autores.

- Recopilación de pruebas: vídeo y fotografías de la escena, especialmente del acceso (puerta, cerraduras, etc.); dejar constancia de todos aquellos extremos que reflejen que se trata de la morada de sus legítimos propietarios; y revisar inmueble para verificar si faltan enseres de los legítimos moradores.

- Restitución de la propiedad al titular de la morada (Si no se presenta durante la intervención precintar).

En el tercer caso, cuando hubiera dudas de si el inmueble constituye o no una morada, los agentes tendrían que realizar unas comprobaciones previas para salir de dudas.
Requisitos del delito flagrante

El documento, que circula ya entre policías nacionales de distintos puntos de España, aclara otros conceptos y condiciones para actuar ante ocupaciones.

Por ejemplo, los requisitos para que se considere usurpación son varios, según el Código Penal y la sentencia del Tribunal Supremo STS 800/2014:

- El inmueble no es morada.

- Autor con vocación de permanencia.

- El titular debe ejercer la posesión (no hay usurpación en caso de abandono o ruina del inmueble), de esta forma sí se lesiona el bien jurídico protegido.

- Carecer de título jurídico que legitime la posesión.

- Actuar contra la voluntad del titular.

- Conocimiento de la ajenidad del inmueble y de la ausencia de autorización.

Como nota importante, se destaca que -frente a lo que se dice en algunos casos- “no existen plazos temporales, ni 48 horas, ni ningún otro, para que un inmueble usurpado pueda considerarse morada”.

En cuanto a la flagrancia delictiva, es decir, cómo se determina si se está cometiendo un delito flagrante que justifica entrar en la casa y detener a los ocupas, requiere de:

- Inmediatez temporal, el delito se está cometiendo (allanamiento y usurpación son continuados).

- Presencia del autor en el momento de la actuación.

- Consecución de pruebas relativas a la participación del autor, el mero hecho de estar dentro del inmueble es prueba de haber entrado, ocupado o mantenerse.

- Necesidad urgente de intervención, poner fin al delito y detener a los autores.
Fase documental

Por último, los agentes tendrían que realizar una fase documental: “Se deberán reflejar todos los extremos ocurridos durante la intervención, así como todas aquellas informaciones obtenidas, en especial:

- Daños que se observen en el inmueble, así como en los restantes bienes, y zonas comunes (adjuntar fotografías y vídeo); instalación de cerraduras, cadenas…

- Listar bienes sustraídos a la propiedad (comúnmente, los autores hacen desaparecer los enseres del titular para hacer creer que no se trata de una morada, y que nos encontramos ante un inmueble sin uso).

- Existencia o no de enseres personales, tanto del legítimo titular, como de los autores del hecho delictivo (para condenar por usurpación, se requiere ánimo de permanencia).

- Existencia de amenazas o coacciones hacia el titular o los vecinos del inmueble.

- Acciones constitutivas de desobediencia grave hacia los agentes de la autoridad, o en su caso, resistencia y/o atentado.

Fuentes policiales consultadas por ECD apuntan que esta instrucción está “muy bien hecha”, es muy clara y útil. Y no descartan que se eleva para que se tramite como un documento oficial que sirva para que actúen todos los miembros de la Policía Nacional.

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« Respuesta #2176 en: 10 de Septiembre de 2020, 09:25:38 am »


Poble Sec convive con delincuentes violentos
"Debo irme tras 52 años aquí": así azota la 'okupación' un barrio de Barcelona

Los Mossos desalojan un bloque de pisos turísticos en el que residían ladrones reincidentes que tenían atemorizados a los vecinos del barrio y habían alquilado algunos de las viviendas a otras familias.

Mamen Borreguero   10.09.2020 - 04:30h

Lleva 52 años viviendo en el barrio de Poble Sec -"Desde que nací"- pero ahora debe mudarse a otro sitio "porque no quiero que mi hijo crezca en este ambiente". El testimonio de este vecino no es aislado. Tampoco es el único que hará las maletas por la inseguridad que padecen. Desde la Unión de Asociaciones de Vecinos de Poble Sec relatan a La Información la "indefensión" en la que están sumidos debido a los robos, discusiones, peleas con machetes y encontronazos constantes con el grupo de delincuentes que había tomado el edificio. Así, no podían acercarse al parque infantil "porque no sabes en qué momento le robarán la bicicleta a tu hijo" o

convivían con el miedo a "salir y que te roben" o "encontrar tu establecimiento destrozado". Una de las zonas más castigadas era la calle Hortes, donde ayer los Mossos d'Esquadra desalojaron un bloque de pisos okupado por un grupo dedicado presuntamente a los robos y que incluso había alquilado apartamentos a algunas familias, a las que cobraban alrededor de 1.500 euros por vivir allí, según las propias víctimas.

Desde que el grupo de delincuentes llegó al barrio, los vecinos que viven cerca del número cuatro de la calle Hortes empezaron a vivir un calvario que se convirtió en llamadas constantes a las fuerzas de seguridad. Tras los numerosos problemas de seguridad ciudadana, los Mossos pusieron en conocimiento de la autoridad judicial los numerosos incidentes hasta que, finalmente, el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona autorizó el operativo policial. Una vez finalizado el operativo, los Mossos entregaron el bloque a sus legítimos propietarios, que han hecho tapiar la azotea con ladrillos, cambiado las cerraduras e instalado alarmas en cada vivienda.

En este caso, "los dueños sí han intentado agilizar su expulsión", relatan haciendo referencia a otros edificios 'okupados' propiedad de bancos y cuyo proceso para poder desalojar a los nuevos inquilinos es mucho más lento. El bloque de la calle Hortes se dedicaba a apartamentos turísticos y fue okupado durante el confinamiento por un grupo de delincuentes que "causó numerosos conflictos", llegando a expulsar a vecinos de bloques colindantes tras intentar entrar en sus viviendas desde los balcones. Este no fue, sin embargo, el único incidente denunciado ante la Guardia Urbana o los Mossos. Los vecinos de la zona explicaban ayer que antes había más personas viviendo de forma ilegal, pero que a raíz de un incidente grave hace tres semanas, tras un intento de robo, muchas de ellas se marcharon.

Este altercado ocurrió la noche del pasado 17 de agosto, cuando dos ocupantes del inmueble, tras frustrarlos un robo, atacaron a varios vecinos con cuchillos dejándolos heridos de gravedad. Uno de ellos sufrió amputaciones de dedos y cortes en los brazos y el resto del cuerpo. Uno de los delincuentes que presuntamente cometió el ataque fue detenido; otro está identificado y sobre él pesa una orden de busca y captura. Ayer, los Mossos identificaron a 22 personas durante el desalojo de las viviendas, entre ellas tres menores. Nueve son delincuentes multirreincidentes que acumulan un total de 37 antecedentes, y que de manera reiterada han cometido presuntamente robos violentos en la calle o en el interior de domicilios. Los vecinos relatan como hace unos días un bar cercano "se encontró toda la pared destrozada después de que arrancaran las rejas para entrar a robar".

En los comercios de la zona no se hablaba de otra cosa. Desde una farmacia cercana aseguran a La Información que "por suerte no hemos tenido nunca ningún altercado con ellos" pero sí es cierto que su clientela comentaba "lo preocupados y asustados que estaban". Hasta una cuarentena de personas habrían residido en este inmueble en algún momento o lo utilizaron para esconderse en uno de los barrios de Barcelona "que más okupas tiene", según sostienen los vecinos, que creen que "cuando los agentes presionan en la zona de El Raval, acaban viniendo aquí".

Enfrentamientos con los okupas no ocurre solo en Poble Sec. Ayer mismo se conocía como un intento de okupación en Vigo acabó en una reyerta multitudinaria con al menos 6 heridos y daños materiales. Una mujer de 33 años intentó entrar en una vivienda del Barrio de las Flores junto con sus dos hijas menores tras forzar la entrada de la casa con una pata de cabra. Al percatarse de lo ocurrido, los vecinos avisaron al propietario del inmueble, que se presentó en el lugar y pidió a la mujer que abandonase la vivienda. La mujer le convenció para que permitiera que unos familiares le ayudasen a sacar sus cosas. Horas después se presentaron en el lugar con palos y bastones y atacaron al dueño de la vivienda, al que ayudaron los vecinos, lo que degeneró en una pelea.

Ambos sucesos ponen cierre a un verano en el que las noticias de okupaciones son un goteo constante. Al inicio de esta semana eran los vecinos de Leganés (Madrid) los que se echaban a la calle para apoyar a la familia de Pilar, una mujer que falleció el pasado mes de marzo y que, según las primeras diligencias, fue incinerada por indicación de su cuidadora, quien se quedó a vivir en su domicilio. Las últimas informaciones apuntan a que esta mujer reside allí con sus dos hijos desde el día que falleció Pilar y que incluso "alquila habitaciones", según denuncia una de sus hijas. Distintos medios recogen que la cuidadora habría puesto a su nombre los suministros de agua, luz y gas y que llegó a decir que la mujer no tenía familia para tramitar su incineración.




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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2177 en: 12 de Septiembre de 2020, 07:27:07 am »

Podemos paraliza en Valencia el desalojo de un okupa condenado por robo con violencia y homicidio
La Consejería de Vivienda impidió el desahucio del piso público en el que vive junto a su pareja e hijos.
12 septiembre, 2020 02:50

Dani Valero @DaValero Valencia

La Consejería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, liderada por Rubén Martínez Dalmáu (Unides Podem), impidió el pasado lunes 10 de agosto el desalojo de un piso público en los bloques portuarios de El Cabanyal (Valencia), en el que vive como okupa junto a su familia Marcos J. D., un ciudadano español con una larga lista de delitos entre los que constan varios robos con violencia y un homicidio imprudente que tuvo lugar en Zaragoza -según recoge su informe de antecedentes policiales, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-.

El individuo y su pareja, Tamara B. H., habían sido condenados al desalojo de la vivienda por parte del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia, una salida de la que fueron notificados previamente, el 3 de agosto, tal y como consta en el oficio de la ejecución en cuestión.

Todo discurría sin incidentes, hasta el punto que a las 11.00 horas del día del desalojo la pareja había vaciado voluntariamente el inmueble -según dicho oficio-. Pero la intervención de dos altos cargos de la Consejería de Vivienda, liderada por la marca valenciana de Podemos, impidió que se cumpliera el mandato judicial.

En efecto, según el mencionado oficio de la ejecución, en el lugar se personaron el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, y la directora general de Coordinación Territorial de Vivienda, Adoración Guamán, quienes instaron al también allí presente Vicente Gallart, gerente de la empresa pública Plan Cabanyal (sociedad propietaria del piso okupado) a que no procediera al tapiado de la vivienda.

Según argumentaron, su intención era solicitar una suspensión de la sentencia hasta garantizar la reubicación de la familia.

El juzgado, por contra, rechazó el aplazamiento. E incluso dio la vivienda por desalojada, al certificar la última inspección policial que la familia había sacado todos sus enseres personales a la calle, según el oficio de la ejecución. Pero la realidad fue bien distinta. Con la vivienda sin tapiar por orden de la consejería de Podemos, Marcos J. D. y su familia regresaron a la misma con el beneplácito de las autoridades autonómicas.

Fuentes vecinales trasladan a este periódico su decepción con el proceder de la secretaría autonómica, pues el desalojo provenía de una denuncia particular por un enganche ilegal al tendido eléctrico que había resultado probada. Además, agregan, se trata de un individuo violento que había tenido importantes problemas de convivencia con otros residentes de los bloques portuarios.

Preguntadas al respecto, fuentes del entorno de Marcos J. D. niegan a EL ESPAÑOL que se trate de una persona violenta, e incluso desmienten sus antecedentes. Afirman que no es él el homicida de Zaragoza, que se le está confundiendo con otra persona llamada igual. Pero el DNI que consta en la ejecución del desalojo de los bloques portuarios es el mismo que el del informe de antecedentes en el que consta el homicidio. En ese informe, además, la Policía advierte de que Marcos J. D. ha utilizado hasta dos identidades falsas, en las que cambia el nombre, su fecha de nacimiento e incluso el nombre de sus progenitores.

El homicidio, bautizado por la prensa aragonesa como el crimen de Contamina -por la calle en la que se produjo- tuvo lugar el 13 de diciembre de 2008 en Zaragoza. Según la sentencia, facilitada a El ESPAÑOL por parte del Tribunal Supremo, la muerte fue causada por un puñetazo en un bar propiciado por el condenado. El alto tribunal lo calificó como homicidio imprudente en abril de 2012 y rebajó la condena de cinco a cuatro años de cárcel, al considerar que no tuvo la intención de causar la muerte de Iñaki de las Heras, el fallecido.

Los argumentos de Podemos

Preguntado al respecto por este periódico, el secretario autonómico de Vivienda, César Jiménez, trasladó a este periódico que su departamento desconocía los antecedentes delictivos de Marcos J. D., si bien agrega que habría obrado de igual modo en caso de conocerlos. “Nosotros no consultamos el expediente delictivo, lo que ponemos por delante es, en el caso que haya menores, saber qué va a pasar con ellos. Tenemos como consigna no desahuciar si no hay alternativa habitacional”, subrayó el dirigente.


El criterio del departamento dirigido por Podemos (que controla al 50% la sociedad Plan Cabanyal) se impuso al del gerente de esta sociedad, Vicente Gallart, nombrado por el PSOE de la ciudad de Valencia (pues el Ayuntamiento controla el 50% restante de la firma). Preguntados al respecto por EL ESPAÑOL, fuentes de la entidad se limitan a confirmar que se disponían a cumplir con la ejecución de desalojo del Juzgado de Instrucción Número 2 de Valencia cuando recibieron la orden contraria por parte de la consejería.




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« Respuesta #2178 en: 12 de Septiembre de 2020, 15:35:46 pm »
Los Podemitas se siguen coronando . . . allá ellos, las urnas darán y quitarán razones, tal y como han hecho en Galicia.

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"No hay hechos, sino interpretaciones" Nietzsche

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Re: skin heads, punks, okupas, anarkos y otras tribus...
« Respuesta #2179 en: 13 de Septiembre de 2020, 06:46:20 am »

Radiografía de la okupación en Madrid: casi cuatro usurpaciones al día y el 15%, asaltos violentos

    LUIS F. DURÁN
    Madrid

Domingo, 13 septiembre 2020 - 02:08

Hasta junio ha habido 657 okupaciones en la región, un 10% menos que el mismo periodo de 2019 debido al parón por el confinamiento. El 80%de los okupas tiene antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular

En los seis primeros meses del año la Comunidad de Madrid ha registrado 657 okupaciones, según datos facilitados por el Ministerio del Interior a este periódico. La suma equivale a una media diaria de casi cuatro usurpaciones. Es la primera vez que Interior y la Policía ofrecen datos oficiales de denuncias por okupaciones en Madrid. En el portal de estadísticas de la criminalidad del Ministerio del Interior no figura este epígrafe. Tampoco lo recogen las memorias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Fiscalía.

A tenor de estas estadísticas, Madrid es la tercera comunidad autónoma de España en número de okupaciones en el primer semestre del año, detrás de Andalucía con 1.183 okupaciones y Cataluña con 3.611. Por provincias, es Barcelona la más azotada por estas fechorías inmobiliarias con 2.644 denuncias frente a las 657 de la región madrileña.

El fenómeno de la okupación en Madrid llegó a su techo máximo en 2015 con 1.630 denuncias en ese año y se redujo en fechas posteriores hasta que en 2019 experimentó un nuevo ascenso con 1.441 denuncias frente a las 1.372 de 2018. A lo largo de este año las cifras han caído un 10% con respecto a 2019, cuando en los seis primeros meses se produjeron 726 okupaciones, frente a las 657 de este año, aunque hay que tener en cuenta los dos meses de confinamiento cuando esta actividad delictiva se detuvo.

Con todo, se desconoce ahora mismo el número total de viviendas okupadas en la región. Y la percepción social es que el fenómeno va en aumento, ya que cada semana hay varios casos de okupación que provocan oleadas de protestas en las calles y movilizaciones vecinales.

La Comunidad de Madrid calcula que en la región existen en la actualidad unas 4.300 casas okupadas. Algo menos de la mitad (2.017) han sido usurpadas a la Agencia de Vivienda Social (antiguo Ivima), dependiente de la Consejería de Vivienda del Gobierno regional de Isabel Díaz-Ayuso.

Las otras 2.300 viviendas robadas en la región las ha contabilizado la Comunidad gracias a los contactos con diferentes órganos jurídicos y judiciales.

De las 2.017 viviendas okupadas a la Comunidad de Madrid un total de 300 han sido asaltadas por la fuerza -lo que supone un 15% del total- «bien sea por una patada en la puerta o por forzar alguna de sus entradas de manera violenta», explican en la Consejería de Vivienda. «El resto están ocupadas de forma irregular, pero sin episodios de violencia», subrayan desde el departamento del consejero David Pérez.

En lo que va de año desde la Comunidad de Madrid se han iniciado 600 expedientes contra okupas para recuperar los alojamientos, un procedimiento que ha permitido rescatar a la Consejería de Vivienda 200 hogares en los últimos 12 meses que habían sido arrebatados al antiguo Ivima.

Frente a las usurpaciones de pisos también ha reaccionado el Ayuntamiento de Madrid. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presentó la semana pasada un plan antiokupación de 1,5 millones de euros para la recuperación de diversos inmuebles municipales okupados de forma ilegal. Es el caso de un solar en la calle de Antonio Grillo, en el barrio de Chueca, y otro edificio de la carretera de Carabanchel a Aravaca.

La ex delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, puso en marcha en 2016 una Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas en coordinación con la Policía Nacional. Este cuerpo cuenta con un número de teléfono (900 100 301) y una dirección de correo electrónico (madrid.ocupacioni@policia.es), que funcionan las 24 horas de los 365 días del año.

Desde que se puso en marcha la Oficina, la Policía y la Guardia Civil han identificado a unos 4.200 okupas, según Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía. El 80% de ellos tiene antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular en España. Según datos de 2018, el 81% de los usurpadores son de origen extranjero, siendo en su mayoría procedentes de la República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.

La Policía Nacional estima que hay al menos 20 grupos mafiosos dedicados a la okupación de viviendas. Algunos ciñen esta actividad delictiva en un único distrito de la capital y otros se dedican a buscar pisos por la periferia de la región.

Sólo en el barrio de Tetuán hay al menos cuatro bandas dedicados a cometer estos delitos, según fuentes policiales. «Hay dos grupos de marroquíes, uno de rumanos y otro de gitanos», cuenta un agente que trabaja en el barrio desde hace más de 20 años.

«Se las saben todas y ellos mismos se dedican a ofrecer pisos a inmigrantes ilegales por 2.500 o 2.000 euros. Revientan la puerta, le colocan un cerrojo nuevo y lo entregan con llave», relata este funcionario que asegura que cada vez hay más bloques enteros okupados como el de la calle Moquetas 3 o el de la calle Plátano.

«El otro día vino un chaval del barrio para explicarme que le habían vendido un piso por 2.000 euros y que a las dos semanas vino la comisión judicial y le desalojó. Me dijo que no podía denunciarles y que si nosotros podíamos hacer algo», cuenta este veterano agente.

Un joven que okupó un chalé en Eurovillas señaló que había pagado 350 euros por la casa a un clan. Aseguró que le ofrecieron un piso en Fuenlabrada por 500 euros, un chalé en Valdemoro por 2.500 y un piso en Usera por 1.000.

En función del banco que posee las viviendas, los mafiosos ofrecen tarifas más económicas. Los pisos comprados por la Sareb a las entidades financieras son los más cotizados, puesto que los procedimientos de lanzamiento se pueden llegar a prolongar hasta seis años.

Pedro pagó 1.500 euros en el barrio de Nueva Numancia de Vallecas por un piso embargado por un banco a una familia que no pudo afrontar el pago de la hipoteca. «Llevo viviendo aquí cinco años y antes del confinamiento me llegó la carta de desahucio», lamenta el hombre casado y con cinco hijos. En este caso los vecinos le apoyan y aseguran que no ha dado ningún problema en este tiempo. «Yo le he dicho al banco que me haga una oferta para poder pagar el piso, pero no me han contestado», dice.

La Fiscalía de Madrid está a la espera de recibir una instrucción de la Fiscalía General para proporcionar seguridad jurídica y despejar dudas.

Entre las decenas de casos de okupación hay asuntos inverosímiles. Como una urbanización de la calle de Ronda de las Comunicaciones de Valdemoro donde están okupados 50 de los 53 chalés construidos hace 15 años, tras quebrar la promotora que los edificó. Sólo tres tienen a sus propietarios legítimos y resulta fácil identificarlos porque son los únicos que tienen contadores de la luz a la vista. Un banco ya se ha hecho cargo de las viviendas este año y ya ha presentado una denuncia para desalojar a los okupas.

En esa misma zona de Valdemoro, la calle Zuloaga, hay otra decena chalés de lujo okupados. Tienen hasta ascensor, cuatro dormitorios, cuatro cuartos de baño y piscina. Uno de los inquilinos okupas, José, de nacionalidad dominicana, indica que hace dos años pagó 6.000 euros por la casa a un clan.

En la calle Nicolás Morales, en el barrio de Oporto de Carabanchel, existe una finca entera okupada desde hace más de siete años que es propiedad de la Sareb. El bloque es una fuente continua de problemas de inseguridad. Los vecinos tienen pánico a los okupas. «No podemos seguir viviendo así. Nos amenazan y nos dicen que van a violar a nuestras hijas. Hay a diario reyertas, puñaladas y trapicheo de drogas», señala Isabel, una de las vecinas.

La desesperación de los vecinos les ha llevado a suplicar a la juez para que agilice el desahucio alegando motivos de salud. La semana pasada acudieron al juzgado 96 de Plaza de Castilla para pedírselo al magistrado.

«Tenemos un grave problema de salud a causa de los okupas», dice Mercedes. «No puedo dormir por su culpa y lo único que me dice el doctor es que me aumente la medicación», explica.

En varias zonas de la región la solución a la okupación la aportan los propios vecinos afectados por la presencia de los intrusos. Gracias a la movilización y la presión contra los intrusos, esta semana han echado unos okupas en Aranjuez que llevaban 72 horas en un chalé. Y lo mismo ocurrió en la urbanización de Eurovilla de Nuevo Baztán, otra residencial de Colmenar de Oreja y otra de Pezuela de las Torres.
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Ante el incremento de las usurpaciones se han duplicado en Madrid la venta de puertas acorazadas que se pueden adquirir desde 2.000 euros. Andrés tiene una empresa que ya tiene trabajo para un año. «Estamos dando plazo de entrega ya para tres meses», señala aunque aclara que las mafias ya tienen sistemas para abrir el 90%de las puertas.

Daniel Estévez, el responsable de Desokupa, la empresa que recupera viviendas usurpadas, asegura que en cinco años han devuelto 1.000 viviendas a sus propietarios en Madrid, 5.200 en toda España. Estévez apunta que han multiplicado por 600 el trabajo en el último año y eso que «sólo negocian para particulares y comunidades de vecinos. No trabajamos para bancos». Y sentencia:«Desde el mes de mayo no habíamos visto un nivel de okupación tan problemático».