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El Gobierno ve inconstitucional la Ley de Policía por invadir competencias de Interior
IRENE MARSILLA
El Ejecutivo reprocha al Consell que la norma fije el régimen disciplinario de los agentes y cuestiona las bases del futuro cuerpo autonómico
Arturo Checa
ARTURO CHECAValencia
Jueves, 5 abril 2018, 19:15
Batacazo de la recién nacida Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. Aprobada hace menos de cinco meses en Les Corts (con los votos a favor del PSPV, Compromís y Podemos, la abstención del PP y la oposición de Ciudadanos), la norma que debe regir el funcionamiento de todos los cuerpos de policías locales de la región se ha topado con la rotunda oposición del Gobierno. A través del Ministerio de Presidencia, el Ejecutivo ha hecho llegar al Consell un informe subrayando su disconformidad con más de una treintena de artículos y disposiciones del texto legal. El motivo, la asunción de competencias que pertenecen a Interior y a las Fuerzas de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), por lo que el Gobierno pide su modificación «a fin de evitar el recurso de inconstitucionalidad».
Otras controversias
Observatorio de Seguridad. Nuevo órgano:
La ley establece la creación del Observatorio de Seguridad, «con tres representantes del Gobierno». La respuesta del Ejecutivo es que «no es competencia autonómica disponer la participación del Estado.
Asociación de municipios. Ley estatal:
La ley aprobada en Les Corts dice que los municipios que se asocien para la prestación conjunta del servicio de policía local lo harán con arreglo a la legislación local. Otro error, según el Gobierno, al ser competencia estatal.
Planes conjuntos. IVASPE:
En «supuestos de concurrencia de personas y acontecimientos» extraordinarios, los cuerpos locales harán planes conjuntos bajo el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia, otra competencia estatal.
A lo largo de 19 páginas, el dictamen (emitido por el Ministerio del Interior) enumera los diferentes elementos de la ley que podrían colisionar con la Constitución. Empezando por uno de los elementos sobre el que ya llamó la atención el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), el más beligerante con la norma y que durante la aprobación en Les Corts se manifestó a las puertas de la sede parlamentaria. «Queda fuera de las competencias de la comunidad autónoma la regulación del régimen disciplinario de los miembros de Policía Local», lamenta el Ejecutivo, por el fragmento de la ley en el que «detalla la tipificación de las infracciones y sanciones», cuando los policías locales se rigen por el régimen disciplinario de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como policías nacionales y guardias civiles.
«El SPPLB ya advirtió por activa y por pasiva que incumplía lo establecido en la norma estatal. Está demostrado que no han sabido dirigir una ley que mejore lo que ya teníamos, han creado el caos en los cuerpos de la Policía Local», señalan desde el sindicato.
Una comisión bilateral buscará «resolver discrepancias»
Precisamente el pasado miércoles, tanto el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y el Boletín Oficial del Estado ponían sobre la mesa la 'pipa de la paz' entre Gobierno y Consell en el encontronazo con la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana. Los cauces oficiales difundieron el acuerdo por el que se abre la Comisión Bilateral de Cooperación Administración general del Estado-Generalitat para iniciar las negociaciones para resolver algunas «discrepancias», como indica el documento.
La resolución, firmada por las vicepresidentas Soraya Sáenz de Santamaría y Mónica Oltra, fija la «designación de un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda», como consta en el documento.
La negociación entre Gobierno y Consell girará en torno a esa treintena de artículos y disposiciones de la norma autonómica que el Ministerio del Interior considera como inconstitucionales. La propia resolución señala la decisión de «comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional», de tal manera que el posible recurso al máximo órgano judicial de derechos quedaría frenado.
Desde el sindicato SPPLB recuerdan que la ley «no contaba, ni cuenta, con el apoyo del colectivo policial, ni soluciona los problemas de la Policía Local; es más, los incrementa».
La entidad sindical critica que se ha hecho una norma «llena de incongruencias y despropósitos» y culpan de ello al director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Josep María Ángel.
El Estado también cuestiona lo que pueden ser los primeros pasos de la futura Policía Autonómica Valenciana. La norma señala que su creación conllevaría la incorporación a la misma de policías locales y «se determinará la adscripción de las personas de la unidad adscrita de la Policía Nacional». También aquí Interior para los pies al Consell, al indicar que esta competencia «corresponde al Estado».
Pistola y uniforme
La ley atribuye igualmente funciones excesivas a los alcaldes. Por ejemplo, el texto aprobado permite a los primeros ediles la posibilidad de decidir en qué servicios los policías locales acuden sin uniforme o la potestad de retirarles un arma particular si son expedientados. Esto último se rige por el Reglamento de Armas, de competencia estatal, quedando en manos de los alcaldes sólo la retirada del arma reglamentaria, no la particular. Y los casos en que los policías locales pueden patrullar sin uniforme «debe autorizarlo el delegado del Gobierno».
En general, la ley aprobada atribuye a los policías locales la protección «del libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad pública, o labores de Policía Judicial, «mucho más allá de las funciones propias de los cuerpos de Policía Local». El Gobierno recuerda que estas son proteger a autoridades locales, dirigir el tráfico, instruir atestados por accidentes, Policía Administrativa, colaborar con Fuerzas de Seguridad, entre otras.
