José Morata, un año 'en la nevera' de la Guardia Civil
Un año en la nevera. Agotado otro año de lucha, y ya van 20, el ex sargento José Morata Gargallo, promotor del Sindicato Unificado de Guardias Civiles (SUGC) -legalizado el 2 de agosto de 1994- y fundador de la Coordinadora pro perjudicados por la gestión de Luis Roldán y contra la corrupción (Coproper), mantiene el pulso a los altos cargos de la Benemérita, a los políticos y a los Ministerios de Interior y Defensa para reclamar la restitución de su empleo y, con él, de su honor.
A punto de cumplir 57 años (Castellón, 7-10-1953) y pese a que en 2011 llegará la 'jubilación' anticipada (en la Guardia Civil pasan a la reserva a los 58 años), Morata clama su rehabilitación en el Cuerpo, aprobada por el Congreso de los Diputados en 2009.
En junio de 1995, apenas cumplía un día en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad castellonense de Burriana, trasladado desde Morella, le llega la notificación de su expulsión, una orden firmada por el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra. Los hechos de los que se le acusaban se remontaban a cinco años antes, cuando el 1 de junio de 1990, ya como sargento, era detenido en Toledo por conceder una entrevista como secretario general de un sindicato clandestino y tener propaganda en su casa.
Prisión en Alcalá de Henares
Morata y otros tres compañeros ((Manuel Rosa, José Piñeiro y Manuel Linde) fueron enviados a la prisión militar de Alcalá de Henares, "que se hizo para los del 'golpe de Estado'", dice, y, aunque salió en libertad provisional tras 19 días, la acusación pedía para él 10 años de prisión. "Un tribunal militar me absuelve de los hechos, sin llegar siquiera a celebrar el juicio, y entonces desde las altas esferas de la Guardia Civil me abren un expediente disciplinario que resuelven con la expulsión, en 1995", expresa.
Ahora ha transcurrido un año desde que la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 30 de septiembre de 2009, aprobara la Proposición no de Ley relativa a la readmisión de los agentes de la Guardia Civil que fueron perseguidos y expulsados del servicio por solicitar el derecho de asociación -amparado en el artículo 22 de la Constitución-, una propuesta de la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Rosa Díez (UPyD), que fue secundada por unanimidad tras una enmienda técnica del PP.
Con esta aprobación, el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno "a revisar de manera individualizada los casos de guardias civiles expedientados por reivindicar sus derechos constitucionales, anulando a todos sus efectos aquellas sanciones manifiestamente injustas", reza el texto.
Caso más paradigmático
Morata encarna el caso más paradigmático de aquella 'injusticia' que aún hoy, y tras reconocerlo la Cámara Baja, no se ha restituido. Fue el único absuelto sin juicio, mientras que al resto de detenidos -unos 50 en toda España- les sobreseyeron el caso. Tras la absolución y la apertura de expediente administrativo, se le propone un año de suspensión de empleo y sueldo, sin embargo al final, la dirección de la Guardia Civil decide la expulsión total del Cuerpo.
"Nunca había confiado en volver a vestir el uniforme, con políticos de por medio, sólo con este acuerdo unánime en el Congreso comencé a tener esperanza", dice.
¿Por qué ha pasado un año 'sin noticias de Dios'?
"Porque se pasan la pelota de Ministerio en Ministerio, fruto de la bicefalia entre Interior-Defensa para estos temas tan delicados. Nos aseguran que todo lleva unos trámites administrativos y, al parecer, la rehabilitación de un guardia civil expulsado del servicio por reclamar y ejercer sus derechos de asociación no se contempla en la ley. Si hubiese cometido un asesinato, por ejemplo, la ley contempla que tras cumplir condena pueda volver al Cuerpo y, en cambio, no se prevé ante una sanción administrativa injusta, como fue mi expulsión", explica.
La última noticia que tiene al respecto es la respuesta del secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, el 30 de julio de este año, ante la insistencia de Izquierda Unida. Camacho contesta a una carta de Gaspar Llamazares que "teniendo en cuenta el reparto competencial que sobre el Cuerpo ejercen los Ministerios del Interior y de Defensa, es a éste último al que corresponde en su caso, la revisión de los expedientes afectados y decidir si, en aplicación de la legislación vigente, procede o no la reintegración de los guardias civiles afectados al Cuerpo".
¿Cómo sobrevive un guardia civil expulsado?
Con una pensión de 440 euros al mes por derechos pasivos (llevaba 28 años en el Cuerpo y había cumplido varios trienios) y trabajando en todo tipo de faenas, desde portero de chiringuito a peón de fábrica de azulejos, hasta que, por la labor desarrollada en el Sindicato Unificado de la Guardia Civil, decidieron liberarme y me convertí en el primer liberado sindical de la Guardia Civil.
¿Qué opinión le merece los últimos acontecimientos protagonizados por los guardias como la huelga de 'bolígrafos caídos' en Tráfico y la manifestación del pasado 18 de septiembre, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid?
"Sólo le diré una cosa. Las estadísticas lo dicen todo y demuestra que la labor preventiva en Tráfico es más efectiva que la coercitiva, puesto que este verano se han producido menos accidentes que nunca. Hace tiempo ver a la Guardia Civil en las carreteras era motivo de alegría, porque se asociaba con seguridad y ayuda, en todo caso. Ahora, se ha convertido en una oficina recaudatoria, no sabe los millones que se recaudan con las multas de Tráfico.
