Un desahucio en Vallecas indigna a la PAH y al AyuntamientoUna veintena de policías intervienen en el desalojo de una joven con dos hijas menores de edad que ocupó la vivienda hace un año
Fran Serrato Madrid 14 ENE 2016 - 20:40 CET
Massiel no volverá al número 12 de la calle Congosto, en el distrito de Villa de Vallecas. Este jueves ha sido desahuciada de la vivienda que ocupó hace un año, cuando se quedó sin trabajo y sin posibilidad de seguir abonando el alquiler que pagaba. Esta noche la pasará, junto a sus dos hijas (de 3 años y 18 meses), en la casa de una amiga, tras haber rechazado la solución temporal de una semana que le ofrecía Samur Social. Junto a ella, sin éxito, medio centenar de personas trataban de evitar el desalojo. La mayoría eran activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han denunciado un despliegue policial "desmesurado", en el que se contaba una veintena de agentes. En los mismos términos se ha mostrado el Ayuntamiento de Madrid.
"Cuando vuelvas del colegio, iremos a pasear". Así explicaba Massiel a su hija mayor que debían abandonar su hogar. "No sé qué vamos a hacer ahora, pero me preocupa más qué decirle a mi hija cuando pida sus juguetes". De la vivienda solo ha podido sacar el carrito de su hija pequeña. Los agentes no le han permitido retirar nada más. "Vio que la vivienda estaba vacía y la habitó, no iba a dejar a sus dos hijas en la calle", se sincera Mercedes Medina, una mujer dominicana (como la joven desahuciada) que viene a apoyar a su amiga. "Yo no puedo ofrecerle nada porque vivo en una habitación, pero los que sí pueden hacerlo tampoco le han dado nada".
Toñi Ortega, una activista de la PAH, grita a los agentes que han acudido a velar por el cumplimiento del requerimiento judicial: "Estáis para proteger al ciudadano, no a los delincuentes". Los vítores y los mensajes de apoyo a la desahuciada se entremezclaban con mensajes contra la policía. La tensión se mascaba en el ambiente. La lluvia, leve, no pudo sofocar los ánimos, que alcanzaron su cénit cuando un grupo de vecinos, apostados en el portal de la vivienda, que pertenece a una entidad bancaria, fueron desalojados. "Nos han empujado y golpeado como animales", se queja un joven que no quiere relevar su identidad. "Tras el forcejeo, dos embarazadas han tenido que ser trasladadas al hospital", ha explicado Isabel, otra vecina.
Los asistentes intensificaron sus gritos cuando la mediadora del banco abandonaba el bloque. "Estaba todo hecho ya, ni ella ni los abogados querían negociar nada. Han echado a Massiel de la casa y un cerrajero ha cambiado la cerradura", cuenta Juan Carlos Baños, miembro de la PAH en Vallecas y unas de las personas que ha negociado la situación de la desalojada. Tras salir del edificio, la mediadora ha subido a un coche de la policía y un joven ha comenzado a correr tras él. Unos testigos dicen que ha golpeado el vehículo, otros que el conductor no había advertido su presencia. El incidente ha terminado con un espejo retrovisor roto. El hombre ha sido identificado por los agentes sin más consecuencias.
Un abogado de la PAH, Manuel San Pastor, ha acusado a la Delegación de Gobierno de haber organizado un despliegue policial "excesivo" (se contaban ocho patrullas y al menos una veintena de agentes). San Pastor, incluso, habla de heridos. La Jefatura Superior de Policía ha explicado que la presencia se ha adecuado al número de personas que han acudido a la protesta, según Europa Press. La portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, ha denunciado el "número desproporcionado" de agentes, aunque ha insistido que entre ellos no había efectivos municipales. También ha lamentado "que hayan cargado contra quienes apoyaban a la familia", extremo que ha negado la policía.
Una necesidad
"Llevo cinco años en España y en ese tiempo he trabajado de todo: como comercial, en un restaurante de comida rápida y como camarera de hotel. Solo pido un trabajo para pagar un alquiler y poder vivir con mis hijas", sostiene Massiel. La chica no ha perdido la sonrisa en todo el proceso, ante la incredulidad de los presentes. Entre ellos, Concepción González, que será desahuciada de su vivienda de la calle de Peña Cavero el próximo jueves: "La casa fue mía hasta septiembre de 2013, pero no pude seguir pagando. Es la segunda casa que se quedan, porque mis avalistas fueron mis padres y su vivienda también se la llevan. Firmé una dación en pago, pero aún así me siguen reclamando 48.000 euros".
"Un albergue, como ofrece el Samur Social, no es solución, porque distancia a padres e hijos. Queremos estar con nuestros hijos, no que los críen otros", aclara María de los Ángeles Oeo. Ella ocupa una vivienda en Vallecas desde hace tres años. "No podía consentir que mis hijos vivieran en la calle. No pido las cosas por gusto, sino por necesidad. Y lo mismo le pasa a Masiel". En la tarde de este jueves la afectada y miembros de la PAH de Vallecas se han reunido con el concejal de distrito, Francisco Pérez. Volverán a encontrarse a las 9.00 de este viernes para estudiar las propuestas de los Servicios Sociales del Consistorio.
