Obligan a readmitir a un policía local imputado en un caso de prostitución El Ayuntamiento recurrirá la sentencia que establece la vuelta «inmediata» del cabo Rafael Paredes, cuya presunta conexión con la trama sigue pendiente de juicio desde hace 7 años
José Alberto González
@jaglaverdad
4 junio 2014
Rafael Paredes, con un burro, en 2007 en una protesta sindical ante el Palacio Consistorial. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM
La lentitud de la Justicia, que perjudica a diario a miles de ciudadanos, hizo saltar ayer las alarmas en el Ayuntamiento de Cartagena por las consecuencias que puede tener para el funcionamiento de uno de sus cuerpos más sensibles, el de la Policía Local, y para su imagen. En un trámite urgente gestionado por el vicealcalde, José Cabezos, la Corporación preparó un recurso contra una sentencia judicial que establece la readmisión «inmediata» del cabo Rafael Paredes, suspendido desde el año 2007 al estar imputado por los presuntos delitos de favorecimiento de la prostitución y de omisión del deber de perseguir delitos.
Paredes, quien durante años fue delegado del principal sindicato de la Policía Local y el Ayuntamiento, UGT, así como secretario general de la Federación de Servicios Públicos de este colectivo en la comarca, fue imputado por su presunta conexión con una red de explotación sexual de mujeres inmigrantes ilegales y por cohecho. Las prostitutas trabajaban en el club de alterne Hotel Glamour de Pozo Estrecho, donde además Paredes habría incumplido su deber de perseguir a los sospechosos del asesinato a tiros de un joven, en febrero de 2007, a pesar de su supuesta presencia en el local.
En ese momento, la Junta de Personal del Ayuntamiento (formada por UGT, CC OO., Sime, Sfalc, Uso y Csi-Csif) reclamó al entonces concejal de Interior y Seguridad Ciudadana, Pedro Martínez Stutz, que anulara las medidas temporales que impuso a Paredes. El agente, que siempre se ha declarado inocente, fue enviado a prisión provisional y luego salió en libertad con cargos.
Exdelegado de UGT, está bajo sospecha también por no actuar tras el asesinato de un joven en el prostíbulo
«Mientras Paredes estaba en el presidio, las medidas cautelares podrían considerarse razonables. Pero, ahora que ha salido de la cárcel y mientras no sea juzgado y, en su caso, condenado por un juez, no es lógico que se le mantenga fuera de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento», explicaron hace siete años desde la Junta de Personal.
«Si a todos los policías imputados por un juez se les apartara de su puesto, el Ayuntamiento se quedaría mermado. Hay que tener en cuenta que el tipo de actividad que realiza un policía hace más habitual que los agentes sean denunciados», añadieron fuentes del órgano de representación de los trabajadores.
Lo Más
Visto
Comentado
Compartido
1
Rihanna escandaliza desnuda en los Premios CFDA con un vestido transparente
2
Interviú desnuda a Viviana Figueredo, el cuerpo más sexy de Supervivientes
3
El nuevo sistema de rebaremación envía a la cola a 800 maestros interinos en activo
4
Detienen en Lavapiés a una mujer acusada de cometer dos asesinatos en Mazarrón en 2011
5
«Cualquiera que sea murcianista debe estar el sábado en la Nueva Condomina»
6
José Orihuela llega a la UMU reduciendo las horas lectivas a los catedráticos
7
Cientos de personas claman en la Región a favor de la III República
8
Fallece un hombre de 80 años mientras podaba una palmera en La Manga
9
Cursos gratuitos de Bolsa en Murcia para aprender a invertir: el día 8 de Julio
10
La Región registra en mayo 4.795 parados menos
lo más 50
La demora en la instrucción de este caso, que contrasta con el hecho de que la Audiencia Provincial sí juzgó y condenó a un hombre a 18 años de prisión como autor material del crimen, llevó en julio de 2012 a Paredes a solicitar en los tribunales que las medidas cautelares adoptadas por el Ayuntamiento quedaran sin efecto.
En su resolución, el juez de Lo Contencioso-Administrativo ha concluido que, a pesar de la «gravedad de los hechos imputados» al funcionario, puesto que atentan presuntamente contra la libertad sexual y contra el mantenimiento de la seguridad pública, la duración de la sanción municipal tiene ya un carácter «desproporcionado».
El motivo, expone el juez, es que a pesar de la demora del proceso penal, que califica de «excesiva y excepcional», el Ayuntamiento no levantó el año pasado la suspensión temporal de Paredes.
Cabezos espera al TSJ
Debe hacerlo, porque ya entonces rebasó el tope de suspensión temporal que fija la ley; y, porque, de esperar a una sentencia firme y al cumplimiento de la eventual pena, habría sometido al agente, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a una «medida de carácter punitivo y no cautelar».
La resolución ordena al Consistorio que reponga en su puesto al cabo, y le abone los salarios que ha dejado de percibir desde la fecha en que debió readmitirlo.
«Desde nuestro más absoluto respeto a la resolución judicial, y a la legitimidad del agente como ciudadano a defender sus derechos -señaló el vicealcalde Cabezos-, el Ayuntamiento recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia por dos motivos. Uno, porque se considera perjudicado por el retraso en la Administración de Justicia y dos, porque la readmisión puede poner en riesgo los intereses generales en seguridad».
