De actuaciones y sentencias judiciales

[Heracles_Pontor]

Exactamente . . . por eso no entiendo dónde está la noticia en este caso.

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[nocheuid]

Exactamente . . . por eso no entiendo dónde está la noticia en este caso.

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ciertamente en ningun lado...pues es el pan nuestro de cada día.... Lo que es noticioso es el afán de colocar a la administracion y resto de poderes publicos como los malos frente a una sociedad reprimida y sin derechos.

[47ronin]

Absuelto el policía juzgado por abusos al no presentarse la denunciante

La juez dicta sentencia absolutoria por falta de pruebas y el agente sostiene su inocencia
 16.04.2015 | 17:04


 El agente entró ayer, de nuevo, corriendo al edificio judicial e intentó cubrirse la cara cuando descubrió a los reporteros gráficos.
El agente entró ayer, de nuevo, corriendo al edificio judicial e intentó cubrirse la cara cuando descubrió a los reporteros gráficos. JUAN A. RIERA


 
Tercer juicio contra el agente que se masturbaba en coches, que sigue libre
Detenido un policía que solía masturbarse en su coche por retener a una mujer
El policía que se masturba ante menores pagará 12.000€ pero no irá a prisión
 

 raúl sánchez | ibiza  La magistrada Clara Ramírez absolvió ayer en un juicio a J. J. T. C., el policía local de Ibiza que se sentó en el banquillo acusado de abusos sexuales. El agente ha sido condenado ya dos veces, una por coaccionar a su exesposa y otra por masturbarse en coches en presencia de una menor durante siete años. El motivo de la absolución, que no se presentaron a la vista oral la mujer que denunció al agente ni el hombre que le acompañaba el día que aseguraron que vieron a J. J. T. C. masturbándose dentro de un coche en la calle País Vasco, en la esquina con la avenida España, en ses Figueretes, y que les siguió por el centro de la ciudad.

La fiscal solicitaba en su escrito de calificación provisional dos años de prisión por un delito de abusos sexuales. Ante la ausencia de la denunciante y del otro testigo, en sus conclusiones pidió «una sentencia conforme a derecho». El abogado del policía solicitó su absolución. «No han comparecido ni la denunciante ni el testigo, no tenemos pruebas de que haya cometido los hechos denunciados», explicó la juez, que dictó sentencia absolutoria in voce, que las partes anunciaron que no van a recurrir.

En la denuncia, la mujer aseguró que el 8 de enero a las 21.45 horas vieron a J. J. T. C., ibicenco de 48 años, masturbándose dentro de un coche. Según ratificó después en la fase de instrucción, afirmó que el hombre salió del coche y les siguió por la calle Aragón, pronunciando frases como: «Sube, sube, ¡mira cómo estoy!». Los funcionarios del juzgado y la Policía Nacional han intentado localizar a la denunciante y al hombre que iba con ella, pero están en «ignorado paradero», según explicó la juez.

Como en anteriores ocasiones, J. J. T. C. intentó eludir la presencia de los periodistas y se mostró molesto con que le grabasen. Antes del juicio, departió amigablemente con el psiquiatra que le ha atendido, que después ratificó su informe, al igual que la forense. Nada se sabe del contenido de estos estudios, por lo que se ignora si el agente sufre algún trastorno y si es cierto que ha recibido atención psicológica en Cas Serres.

«Es falso, no abrí la puerta»
«Es falso, ni siquiera abrí la puerta del coche», respondió en su breve declaración, preguntado por la denuncia. Sobre lo que hacía dentro del vehículo, negó que se estuviese masturbando y aseguró que miraba su teléfono móvil. «La denuncia es falsa y malintencionada, soy víctima de una larga conspiración, supongo que alguien le pagaría [a la denunciante]», continuó explicando, indagado por la juez. «Estoy enfermo, me encuentro mal, no puedo hablar más», dijo, y se sentó en una silla cuando comenzó el interrogatorio de la fiscal, a la que no respondió. Tampoco contestó a su abogado y permaneció cabizbajo el resto de la vista, hasta que la juez dictó sentencia. «Soy inocente, le juro por lo que quiera que no abrí la puerta», dijo antes, interrumpiendo el juicio, por lo que le llamaron la atención.

Hasta seis veces al día
J. J. T. C. consiguió la plaza de Policía Local el 9 de abril de 1990. Desde entonces, acumula más de 20 denuncias por masturbarse en coches particulares, no oficiales, en la vía pública, delante de mujeres, algunas de ellas menores de edad. En 2012 fue condenado a un año de prisión por coaccionar a la que ahora es su exesposa. No ingresó en prisión. El 25 de febrero le condenaron de nuevo, a pagar 12.000 euros entre multas e indemnizaciones. «Con propósito de satisfacer sus deseos sexuales, se masturbaba en el interior de su vehículo mientras la miraba [a una chica durante siete años, cuando ella tenía entre 16 y 23], repitiendo estos seguimientos y actos de naturaleza sexual hasta en cinco o seis ocasiones al día», explica la magistrada Clara Ramírez en esa sentencia.

El Ayuntamiento de Ibiza informó, después de la detención del pasado 8 de enero, que J. J. T. C. tiene abierto un expediente por una infracción grave y que está suspendido de empleo y sueldo. Anteayer matizaron que el Consistorio aplica la ley a rajatabla y que el policía es retribuido «según lo que marca la legislación en estos casos». No facilitan el importe que percibe. Fuentes sindicales aseguran que lleva tiempo cobrando una parte importante del sueldo.

[47ronin]

Arranca en Bilbao el juicio al falso monje shaolín
Fue detenido en 2013 como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos mujeres

    ESPECIAL Caso maestro shaolín

j. m. g. Bilbao 16 ABR 2015 - 20:35 CEST

   
Bilbao, sede judicial. La mera casualidad en forma de retrasos ha permitido que vengan a coincidir ante un juez dos de las causas más mediáticas de los últimos meses con interés suficiente más allá del País Vasco. La segunda jornada de las declaraciones del denominado caso Cabieces, con evidentes ramificaciones políticas y financieras, se contraprograma con el inicio de la vista contra un falso monje shaolin, tristemente famoso por haber asesinado a dos mujeres.
más información

Pero la horrible leyenda de Juan Carlos Aguilar se impondrá con claridad en todas las televisiones ante el morbo que rodea a los siniestros sucesos ocurridos en su gimnasio bilbaíno. Más de cien periodistas disponen de acreditación para seguir en la Audiencia de Bizkaia este juicio, que podría acortar su duración inicialmente estimada de dos semanas en el supuesto de que el asesino confirme los términos de su reciente carta en la que admite las dos muertes y trata de eludir el posible ensañamiento en sus acciones delictivas.

A tal punto ha llegado el interés mediático que en el Palacio de Justicia se siente desbordados. Solo hay espacio físico para que un reducido grupo de informadores puedan seguir la vista desde la misma sala donde comienza el juicio a Aguilar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha convocado, de hecho, a los periodistas acreditados para hacerles partícipes de la situación generada en un gesto de evidente comprensión. En este contacto acudirá junto al decano Aner Uriarte y el predecesor de éste, Alfonso González Guija.

La confesión de que no hubo ensañamiento, clave para la pena y la duración de la vista

La constitución del jurado popular marcará el punto de partida del juicio al shaolín, que pasa las horas previas en la cárcel alavesa de Zaballa, y en la que permanecerá durante los días que dure la vista por los lógicos motivos de seguridad.

Aguilar empezó a ser defendido por Javier Beramendi. Curiosamente, este abogado defendió este jueves los intereses de Rafael Alcorta, imputado en el caso Cabieces. Pero la relación apenas duró poco más allá de las primeras semanas de asistencia. Beramendi, no obstante, fue elegido por la familia de Aguilar tras su detención y le asistió en su primera declaración ante el juez, negándose a declarar.

Ahora, en un gesto de indudable trascendencia, Aguilar reconoció hace pocas semanas los asesinatos con alevosía de la mujer nigeriana Maureen Ada Otuya y de la colombiana Jenny Sofía Rebollo, aunque rechazó el ensañamiento del que también se le acusa en el caso de la primera, según ha informado a Efe el abogado que representa a la familia de esta víctima.

En el caso de que en su esperada declaración de este viernes mantenga dicho reconocimiento, se celebrará una vista a puerta cerrada para reordenar la práctica de la prueba, que se limitaría a juzgar el ensañamiento, lo que acortaría de forma considerable la vista oral, que está prevista en principio que se desarrolle hasta el próximo 5 de mayo.

El hecho de no reconocer el ensañamiento supone que si no se consigue demostrar la existencia de este agravante, el acusado cumpliría una pena efectiva de 25 años. Si se aprecia su práctica, la condena efectiva ascendería a 30 años, el máximo previsto en la legislación española.

Juan Carlos Aguilar fue detenido el 2 de junio de 2013 y encarcelado días después como presunto autor de las torturas y las muertes de las dos mujeres, así como del despedazamiento de la ciudadana colombiana. Fue arrestado por la Ertzaintza en el gimnasio que regentaba en el centro de Bilbao, denominado Zen 4, después de que un agente de este cuerpo rescatara de su interior a la joven nigeriana Ada Otuya, a quien hallaron maniatada y amordazada, y en estado de extrema gravedad después de haber sufrido una brutal paliza.

La mujer, de 29 años y que ejercía la prostitución, quedó ingresada en coma en el Hospital de Basurto, donde falleció tres días después. Tras su arresto, Aguilar confesó también haber matado a otra mujer, la colombiana de 40 años Jenny Sofía Rebollo. Restos de su cadáver descuartizado fueron localizados en el gimnasio.

En el escrito de calificaciones provisionales, la Fiscalía califica estos hechos como dos asesinatos con alevosía, por los que pide 20 años de cárcel por cada uno, además del pago de más de 286.000 euros de indemnización a las familias de las víctimas.

La acusación popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, y las acusaciones particulares, que representan a los parientes de las dos mujeres, elevan la petición de penas hasta los 45 años, al entender que en el caso de Ada Otuya, el falso monje actuó además con ensañamiento.

[47ronin]

Piden 5 años de prisión para una policía local por estafa

El fiscal la acusa de alterar  la entrega  sin cargo del depósito de una moto que compró

La agente trabajaba en el depósito de la avenida de Madrid.
a.j.p. vigo apastor@atlantico.net 18/04/2015 01:12 h.

La sección quinta de la Audiencia en Vigo juzgará la semana que viene a María Jesús F.P., por los presuntos delitos de falsificación de documento oficial y estafa cuando ejercía como funcionaria de la Policía Local de Vigo, en el depósito municipal de la avenida de Madrid.

Según el escrito de acusación del fiscal, que solicita una petición de pena de 5 años de prisión, inhabilitación de cargo público por otros seis años y una multa de 6.600 euros, los hechos tuvieron lugar en agosto de 2013. La agente tuvo conocimiento, dice el fiscal, de que desde el 25 de noviembre de 2012, llevaba depositada en las instalaciones, por carecer de seguro obligatorio, una motocicleta Burgman.

“Actuando con la intención de obtener un beneficio económico y por medio de un varón se puso en contacto con el propietario del vehículo, al que realizó una oferta de compra por un valor inferior al del mercado, a la vista de que debería abonar las tasas pendientes por grúa, traslado y custodia”, especifica la acusación. El acuerdo de compraventa se firmó el 12 agosto y un día después, acudió acompañada de una persona al depósito municipal para retirar el vehículo tras concertar ese mismo día el seguro obligatorio, sostiene el ministerio público que añade que la imputada informó al agente del servicio en la ventanilla de la oficina que su acompañante venía retirar una moto exhibiendo el seguro y elaborando una hoja de entrega a nombre de esta persona en la que el funcionario hizo constar con cargo, lo que suponía reconocer la obligación de abonar las tasas generadas hasta ese día para proceder a la retirada del vehículo y que ascendían a 1.492,20 euros.

“Con la intención de obtener un beneficio económico y aprovechando que estaba de servicio en el turno de tarde en el depósito, alteró el documento oficial que autorizaba la entrega del vehículo sobreescribiendo en el mismo ‘sin cargo. Accidente, agente 19, por oficina Policía Local’. Con lo que autorizó la salida de la motocicleta sin abonar las tasas”, señala el fiscal.

El otro juicio que celebrará la sección quinta de la Audiencia la semana que viene, concretamente el martes, aborda un presunto delito contra la salud pública por el que deberán responder dos acusados, Clemente José Luis, alias “Víctor” y Marcos C.R. El fiscal solicita cinco años de prisión para el primero y seis para el segundo (reicindiente) así como una multa cada uno de 27.000 euros por la venta de casi 200 gramos de cocaína con un valor estimado en el mercado negro de casi 10.000 euros.

Los hechos tuvieron lugar en abril de 2008 cuando los acusados se desplazaron al área de Servicio de Quintáns en la A-52 sentido Madrid, donde sobre las 16,45 apareció el supuesto comprador y un acompañante en un vehículo para la presunta entrega. Una hora más tarde, el vehículo de los compradores fue interceptado por la Guardia Civil en la misma autovía a la entrada de Ourense. Estos fueron juzgados en la Audiencia Provincial de dicha ciudad y condenados.

Los dos presuntos vendedores, uno de Ponteareas, serán juzgados en Vigo.n
   

[47ronin]

La policía local de Vigo que falseó un documento para eludir unas tasas acepta dos años y medio de cárcel
La conformidad incluye cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público///
La prisión se le sustituirá por multa
marta fontán vigo 22.04.2015 | 11:47


La agente local condenada a prisión. // Adrián Irago

Dos años y medio de prisión, multa de 450 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante cuatro años. Es la pena que aceptó esta mañana en la Audiencia viguesa una policía local de Vigo, María Jesús F.P., por adquirir en agosto de 2013 a su dueño una moto que estaba en el depósito municipal de la avenida de Madrid, donde ella prestaba sus servicios entonces, y falsear el documento para eliminar las tasas que pesaban sobre el vehículo, de 1.492 euros. La vista de conformidad se celebró hoy en la Audiencia viguesa.

La policía aceptó estas penas como autora de un delito de falsificación de documento oficial cometida por funcionario público y otro de estafa. En la vista se pidió conmutar la pena de prisión por multa, con lo que la acusada no ingresará en la cárcel. La mujer ya consignó los casi 1.500 euros que se pedían en calidad de responsabilidad civil.

La policía supo en agosto de 2013 que, desde noviembre de 2012, llevaba en el depósito, por carecer de seguro, una motocicleta Burgman AN650. A través de un intermediario, contactó con el dueño y le ofreció 1.000 euros por la misma. Ambos se citaron en la oficina de Tráfico y suscribieron contrato privado de compraventa y la transferencia de la titularidad.

La acusada y otra persona fueron a retirar la moto y el agente de servicio en el depósito hizo la hoja de entrega del vehículo, en la que escribió la expresión "con cargo", que implicaba el reconocimiento de la obligación de abonar las tasas pendientes por grúa, traslado y custodia. Según la fiscal la imputada, que ese día trabajaba de tarde, alteró el documento, cambiando el concepto "con cargo" por "sin cargo", y sobreescribiendo "sin cargo accidente, Agente 19, por oficina Policía Local".

[Celestino]

Hay cosas que no logro entender, jugarse el puesto de trabajo y el sustento por ahorrarse 1.400 cochinos euros.

[Heracles_Pontor]

Efectivamente . . . cara moto, muy cara . . .

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[47ronin]

El falso shaolín, culpable de “asesinato con alevosía” pero sin ensañamiento
El jurado popular ha emitido su veredicto que no satisface a las acusaciones particulares

    “Las asesiné de manera súbita, imprevista e inesperada”
    Maureen fue estrangulada y Jenny descuartizada ‘post mortem’

iñigo esteban 24 ABR 2015 - 21:40 CEST


El jurado popular ha declarado "culpable" de "asesinato con alevosía" pero "sin ensañamiento al falso shaolín, Juan Carlos Aguilar, autor de la muerte en su gimnasio de Bilbao de Maureen Ada Otuya, de nacionalidad nigeriana, y de haber descuartizado a Jenny Sofía Rebollo, natural de Colombia, en junio de 2013. El jurado popular ha declarado culpable a Aguilar de ambos asesinatos con alevosía por unanimidad y, por el contrario, siete de los nueve miembros del jurado no creen que incurriese en ensañamiento en el caso de Maureen.

Siete de los nueve miembros del jurado no creen que el falso shaolín incurriese en ensañamiento en el caso de Maureen

Los miembros del jurado en su totalidad han sentenciado que el falso shaolín, de acuerdo con el artículo 78 del código penal, sea privado de los beneficios penales, como exigieron las acusaciones anteriormente. La resolución, conocida después de menos de 48 horas de deliberaciones tras las cinco sesiones de vista oral, rodeado de una fuerte expectación mediática, en la Audiencia de Bizkaia, ha sido criticada por las acusaciones particulares.

Los abogados de las acusaciones se han mostrado contrarios al veredicto, pero han añadido que deben esperar a la sentencia para decidir si recurren o no. "Nos queda esperar que pongan la pena máxima" ha comentado Jorge García, abogado de Jenny. Por su parte, José Miguel Fernández, abogado de Maureen, se ha mostrado disconforme, ya que "creemos que está probado el ensañamiento" y en la misma línea, la abogada de la asociación Clara Campoamor ha lamentado que "no han conseguido ver las pruebas de ensañamiento".

Después del reconocimiento de los hechos por parte del único acusado, quedaba por dilucidar si Aguilar actuó con ensañamiento en sus dos actos delictivos. Para el jurado popular no lo hizo. En esta línea argumental ya se mostró el fiscal del caso durante la tercera jornada del caso, al igual que los forenses que practicaron las autopsias a las víctimas.

Tras estas aportaciones de los especialistas, las acusaciones particulares fueron insistiendo en sus posteriores intervenciones en que el ensañamiento también fue "psicológico" para que pudiera ser tenido en cuenta por el jurado popular. No obstante, el veredicto ahora conocido acaba con la principal incógnita que quedaba por resolver después de asumir Aguilar su responsabilidad en unos hechos que han provocado escenas impactantes de fuerte rechazo cuando han sido expuestas las fotografías del estado de las víctimas.

Hasta la lectura del veredicto por parte del magistrado Manuel Ayo, presidente del tribunal, el falso shaolín ha permanecido en los calabozos de la Audiencia, desde donde será trasladado a la cárcel de Zaballa (Álava) antes de su destino a la prisión de Dueñas (Palencia), en la que se encuentra recluido tras los primeros días posteriores a su detención.

El fiscal y los forenses tampoco habían advertido ensañamiento

Aguilar ha permanecido impasible y con gesto ausente durante todo el juicio una vez que en la apertura de la vista oral reconoció la autoría de los hechos. Con una frialdad poco común, después de escuchar los relatos de las acusaciones con los ojos cerrados, en una especie de estado de meditación, salió el pasado lunes al medio de la sala y erguido, con una chaqueta cortavientos por los hombros respondió afirmativamente a todas las preguntas del fiscal. "Si, reconozco todo eso", ha dicho sin exhibir ningún tipo de empatía pese a la gravedad de los hechos.

Precisamente esta actitud fue advertida por el presidente del tribunal a los miembros del jurado popular. "No ha mostrado en modo alguno arrepentimiento", les recordó dentro de las pautas jurídicas que deberían tener en cuenta en sus deliberaciones. En su declaración, el falso shaolín se negó a contestar al resto de representantes judiciales ni al abogado de Yenni, Jorge García Gasco, ni al de Maureen Ada, José Miguel Fernández, ni a la de la acusación particular, la asociación Clara Campoamor, Maite Iturrate.

Aguilar fue detenido por la Ertzaintza el 2 de junio de 2013 en Bilbao tras haber golpeado "salvajemente" en el gimnasio de su propiedad a Maureen Ada Otuya, de nacionalidad nigeriana, que ingresó en estado de coma en el Hospital de Basurto, donde falleció tres días más tarde. Durante el registro del gimnasio y del domicilio en el que residía en la calle Iturriza, la Policía vasca encontró el cadáver descuartizado de otra mujer, Jenny Sofía Rebollo, natural de Colombia.

Las acusaciones sostienen que el acusado "disfrutaba manteniendo prácticas sexuales de dominación con mujeres sometidas a él e indefensas, incluso desmayadas o privadas del sentido", en referencia a las fotografías que se localizaron en las que aparecían mujeres narcotizadas con las que tenía relaciones.

[47ronin]

Ruiz Mateos, en busca y captura tras no presentarse a un juicio en Valladolid


El empresario alega motivos médicos para excusar su comparecencia: su abogado asegura que está ingresado en la UCI por una afección cardiaca. Tanto él como su hijo José María y una supuesta testaferro debían responder por dos delitos fiscales cometidos en 2009 por valor de ocho millones de euros.

El empresario jerezano José María Ruiz-Mateos Jiménez de Tejada se encuentra desde este martes en situación de busca y captura al no haber comparecido, de forma injustificada, en un juicio en Valladolid en el que tanto él como su hijo José María Ruiz-Mateos Rivero y una supuesta testaferro tenían que responder de dos delitos fiscales cometidos en 2009 y cuya cuantía superaría los ocho millones de euros.

Las correspondientes órdenes de busca y captura han sido libradas por el juez de Penal número 1 de Valladolid, Álvaro de Aza Barazón, tras suspender la vista fijada para hoy y que ha quedado pospuesta para el día 20 de octubre, y ello a pesar de que el letrado del fundador de Grupo Rumasa, de 84 años, alegara motivos médicos para excusar su incomparecencia y asegurase que esta misma madrugada su cliente ha tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. La ausencia del patrón de Rumasa ha obligado a suspender el proceso, con la conformidad de todas las partes, toda vez que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.

Ausencia injustificada

En este sentido, el juzgador no considera justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes ya comunicó su indisposición, según ha advertido el acusador público, ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento. Por ello, el juez ha pedido la busca y detención del Ruiz-Mateos padre, medida que quedaría en suspenso si finalmente acredita que su ingreso hospitalario de urgencia está perfectamente justificado.


"Ningún juez de España decreta la prisión de un señor que está enfermo grave y que, además, está en la UCI", ha indicado el abogado de Ruiz Mateos

El abogado de Ruiz Mateos ha indicado que su cliente ingresó ayer sobre las nueve de la noche en la Unidad Coronaria de Cuidados Intensivos del citado hospital "por una afección grave de corazón". "Ahora los facultativos le están poniendo un marcapasos", ha detallado el también portavoz familiar, Marcos García Montes. Según el letrado, "la documentación está en un juzgado de lo penal de Valladolid". "Ningún juez de España decreta la prisión de un señor que está enfermo grave y que, además, está en la UCI", ha insistido.

Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informa a Europa Press.


Tanto Ruiz Mateos como su hijo se enfrentan cada uno a una posible condena de diez años de prisión

En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz-Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA. La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.

De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años. Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.

Irregularidades en la venta de una finca en Reus

Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, paraíso fiscal, con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz-Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.

La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.

Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros

[47ronin]

La juez envía a seis mossos a juicio por el caso del empresario fallecido en 2013

    Juan Andrés Benítez murió la madrugada del 6 de octubre de 2013 horas después de ser detenido a las puertas de su casa
    La Fiscalía pide 11 años de cárcel para los mossos, que deberán pagar conjuntamente una fianza de 200.000 euros

infolibre Actualizada 28/04/2015 a las 18:56
 
Una juez de Barcelona ha enviado a juicio a seis agentes de los Mossos d'Esquadra por la muerte del empresario Juan Andrés Benítez en el barrio del Raval de la capital catalana. Benítez murió la madrugada del 6 de octubre de 2013 horas después de ser detenido a las puertas de su casa.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Instrucción 20 de Barcelona, Eva Moltó, ha decretado la apertura de juicio ante un jurado popular para estos seis agentes por un delito contra la vida de homicidio por dolo eventual o, alternativamente, de homicidio por imprudencia grave profesional.

Estos seis policías, para los que la Fiscalía pide 11 años de cárcel, deberán pagar conjuntamente una fianza de 200.000 euros; además, la juez les atribuye un presunto delito grave contra la integridad moral y, a otros dos agentes, dos delitos de obstrucción a la justicia.

[Heracles_Pontor]

Cualquiera de nosotros que estamos en la calle currando nos podemos ver en una intervención con una detención complicada como esta.

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[Epi44]

Cualquiera de nosotros que estamos en la calle currando nos podemos ver en una intervención con una detención complicada como esta.

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Cierto..y cada vez que veo las imagenes mas claro me queda..que de haber estado habria actuado igual..aunque no sea politicamente correcto decirlo..

[Heracles_Pontor]

No será políticamente correcto . . . pero es la realidad.

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[periferico]

Cualquiera de nosotros que estamos en la calle currando nos podemos ver en una intervención con una detención complicada como esta.

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Cierto..y cada vez que veo las imagenes mas claro me queda..que de haber estado habria actuado igual..aunque no sea politicamente correcto decirlo..

Por eso lo políticamente correcto tiene tantos detractores.

[Koji K.]

Cualquiera de nosotros que estamos en la calle currando nos podemos ver en una intervención con una detención complicada como esta.

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El abogado tiene que incidir y reincidir en los elementos de toxicidad que presentaba en el cuerpo el finado, su alteración debido a la ingesta de ellos, el nexo ingesta-riesgo para su vida. Abuso de esteroides, necesidad de varios agentes para asegurar la detención debido a su corpulencia y para asegurar no lastimarle en demasía, etc etc....

[periferico]

Cualquiera de nosotros que estamos en la calle currando nos podemos ver en una intervención con una detención complicada como esta.

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El abogado tiene que incidir y reincidir en los elementos de toxicidad que presentaba en el cuerpo el finado, su alteración debido a la ingesta de ellos, el nexo ingesta-riesgo para su vida. Abuso de esteroides, necesidad de varios agentes para asegurar la detención debido a su corpulencia y para asegurar no lastimarle en demasía, etc etc....

Y de hecho creo que es así. La autopsia va en ese sentido. No es nada inventado. También está claro que en esas circunstancias mejor seis agentes que tres. Mejor para los agentes y para el detenido. Así que compara todo eso con lo publicado en La Voz de Galicia y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno luego están los que se puede detener al estilo Gila, supongo que entre ellos algún magistrado de la asociación esa.

[periferico]

Quiero decir, los que creen que se puede detener al estilo Gila.

[gautamacop]

El ladrón que hirió al policía que lo detuvo evita la cárcel
Publicado en Jaén
Escrito por  Rafael Abolafia 02 Mayo 2015

   
Victoriano C. C., el vecino de Cambil que apuñaló gravemente a un policía nacional que lo detuvo robando discos en un centro comercial de la capital, no tendrá que ingresar en prisión. El hombre ha conseguido reunir los 20.000 euros que le faltaban para completar la indemnización que debía recibir la víctima y, de esta forma, ha conseguido que la Justicia le aprecie la atenuante de reparación del daño. Eso ha hecho que las acusaciones accedan a que se beneficie de una rebaja del castigo. Finalmente, ha sido condenado a dos años de cárcel por un delito de lesiones, por lo que no tendrá que ingresar en prisión. Inicialmente, tanto la Fiscalía como el perjudicado solicitaban siete años de prisión.


Los hechos ocurrieron el 25 de marzo de 2013, cuando los vigilantes de Carrefour detectaron que Victoriano C. C. se apoderó de dos compactos y los introdujo bajo su chaqueta. Fue interceptado por el guardia, que le pidió que lo acompañase a las dependencias de seguridad. Como el ladrón se negó a pagar los efectos que acababa de sustraer —valorados en poco más de 20 euros—, el vigilante avisó a la Policía Nacional.
Cuando los agentes llegaron, le pidieron la documentación.La reacción del hombre fue acometer a los funcionarios con unas tijeras, al tiempo que los insultaba y los amenazaba. En su ataque, hirió gravemente a uno de los agentes, al que apuñaló en el muslo izquierdo. Tuvo que ser intervenido de urgencia y pasó varios días en el hospital. También resultó con lesiones en un brazo otro policía. Dos compañeros más y el guardia de seguridad sufrieron, igualmente, pequeños cortes y golpes.
Victoriano C. C. debía responder por delitos de atentado y lesiones. El juicio estaba señalado para el pasado 13 de abril. Sin embargo, la defensa y las acusaciones alcanzaron ese día un principio de acuerdo, que incluía la apreciación de la atenuante de reparación del daño. Es decir, que el acusado, con anterioridad a la celebración de la vista oral, resarcía a las víctimas. El único problema es que Victoriano C. C. debía ingresar en la cuenta del Juzgado los 20.000 euros que le faltaban para poder rubricar ese acuerdo. Anteriormente, le había sido embargada una casa de su propiedad para pagar el resto de la compensación, tal y como confirman fuentes judiciales cercanas al caso.
En los últimos días, el procesado ha conseguido reunir el dinero y, de esta forma, evitar el ingreso en la cárcel. Y es que, una vez que se ratifique la sentencia por parte de la juez Erika Ávila, el acusado podrá solicitar la suspensión de la condena al ser delincuente primario —carece de antecedentes previos— y ser el castigo inferior a los dos años. Victoriano C. C. estuvo en prisión preventiva desde que ocurrieron los hechos hasta mediados de mayo del año 2013, es decir, más de dos meses y medio.

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Cárcel para cinco jóvenes por lanzar piedras a la Policía en un desahucio en Málaga

VICTORIA R. BAYONA MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.05.2015 - 05:04

Amargo final para los jóvenes que en septiembre de 2011 intentaban evitar el desahucio de una mujer embarazada en el barrio malagueño de Las Flores. Una protesta que acabó en un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional. El Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado a cada uno de los cinco que finalmente fueron imputados en la causa a un año de prisión, además de al pago de una multa. El fiscal solicitaba inicialmente cinco años de cárcel, petición que rebajó a tres años en el juicio. Contra esta sentencia cabe recurso ante la Audiencia Provincial y al menos uno los condenados ya la ha interpuesto.

El 15 de septiembre de 2011 un grupo de vecinos e integrantes del movimiento 15-M se plantaron delante de una vivienda de Las Flores para evitar el desalojo de una joven embarazada. La concentración acabó con decenas de heridos y dos detenidos, aunque finalmente fueron cinco los jóvenes encausados. El juez considera probado que "los acusados, además de 30 personas no identificadas" bloqueaban el acceso al inmueble que debía ser desalojado por orden judicial. Debido a la concentración se decididó no ejecutar el desahucio, pero "precisan entrar en la vivienda para notificar a la propietaria del inmueble la nueva fecha del desalojo". Los agentes, consta en la sentencia, se vieron "obligados a emplear la fuerza mínima indispensable" para procurar tal fin y fue en ese momento cuando dos de los acusados, "en compañía de otras personas no identificadas, lanzaron piedras y botellas de manera indiscriminada contra todos los agentes", provocándoles a varios lesiones leves. Los otros tres acusados, también en compañía de otras personas no identificadas, "se dirigieron a los vehículos" policiales aparcados en la calle "y guiados con ánimo de causar desperfectos y de obstaculizar la labor policial, lanzaron piedras a los coches, tirando las motocicletas al suelo".

El magistrado hace especial hincapié en la fuerza que emplearon los policías nacionales para abrir paso y que se pudiera comunicar la nueva fecha de desalojo; intimidados por los allí presentes. Y la califica como "proporcional" dada "la tenaz y numerosa oposición", descartando que los agentes se extralimitaran en sus funciones.

Los dos jóvenes que el juez considera probado que arrojaron piedras y botellas contra los agentes han sido condenado como autores de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad a las penas de un año de prisión y al pago de una multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros. En concepto de responsabilidad civil deberán abonar 480 euros a favor de los cuatro policías que resultaron afectados.

Para los otros tres acusados, el juez los considera responsables de un delito de daños y los condena igualmente a un año de prisión y doce meses de multa con una cuota diaria de 6 euros. Como responsabilidad civil deberán abonar 3.570 euros a favor de la Policía por los daños causados a los vehículos, además de otros 1.282 euros a favor de la aseguradora Allianz.