Encarcelado hasta que sea deportado por no hacer el test de alcoholemia
Hace un año Gildardo Hurtado no quiso someterse a un control de alcoholemia
Por no tener papeles, le han sustituido la condena de cuatro meses de cárcel por la expulsión de España
Su abogado denuncia que no puede seguir encarcelado hasta que lo deporten
26.10.2010 · Lydia Molina FacebookMeneameDiggTwitterBitacoras.
Gildardo Hurtado está encerrado en la cárcel de Huelva esperando su deportación. Le acusan de no haber realizado una prueba de alcoholemia cuando le paró la policía hace poco más de un año en Murcia. Es boliviano, lleva cuatro años en España y está ultimando los trámites para obtener los papeles. Cumple casi todos los requisitos: tiene el informe favorable del Ayuntamiento de la localida donde reside, Isla Cristina; puede demostrar que lleva más de tres años viviendo y sólo le falta el contrato de un año de duración, eso a día de hoy parece ser lo más complicado. “Para los de fuera está muy difícil encontrar trabajo ahora pero él lo estaba intentando”, nos cuenta Natividad, su mujer. Había empezado a hacer trabajos de mantenimiento en un chalé cuando se rompió la pierna. Ahora que estaba tan cerca de llevar esa vida ‘legal’ en España, el sueño se ha truncado y Gildardo cuenta los días en prisión antes de ser expulsado.
Toda su historia se ajusta estrictamente a la legalidad, y “ese es problema”, nos cuenta su abogado Felipe Garoña, “en España tenemos una ley demasiado inflexible“. El artículo 383 del Código Penal dice que, si un ciudadano se niega a someterse a una prueba como la de alcoholemia, será castigado con una pena de prisión de seis meses a un año y le retirarán el carné de conducir de uno a cuatro años. Generalmente, los españoles y los extrajeros con papeles, si no tienen antecedentes penales como es el caso de Gildardo, firman un acuerdo de conformidad. La pena se les reduce a cuatro meses de cárcel, que suele sustituirse por una multa, y se les retira el carné.
Pero no ha sido así para el boliviano, al no tener papeles, esa pena de cuatro meses de prisión le ha sido conmutada por la expulsión, como recoge del Código Penal. El artículo 89 asegura que “las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español“, así pasó con él. El juicio en el que fue condenado se celebró hace un año. “Gildardo no sabía que lo iban a expulsar”, asegura Garoña. El abogado critica que quien lo defendió en el juicio no contextualizó si situación de arraigo en España. “Ahora encontramos que por un delito relativamente leve, como es no someterse a una prueba de alcoholemia, van a expulsarlo”. Cuando lo deporten tendrá prohibida la vuelta durante diez años. Demasiado tiempo para un hombre con una vida hecha en España que tendrá que despedirse de su mujer, sus hijos y sus dos nietas.
Mientras llega el momento de subir al avión de vuelta a Bolivia, Gildardo lleva doce días en la cárcel.”No sabemos porqué tiene que pasar este tiempo antes de su expulsión en prisión porque no se trata de una prisión preventiva. Ahora mismo se encuentra en un limbo legal por mandato de un juez y sin tener cobertura jurídica”, asegura su abogado. “No hay fijado un tiempo máximo de permanencia en la cárcel“. El letrado ha presentado un recurso denunciando la ilegalidad que supone tener a una persona en prisión a la espera de una expulsión. “Le están haciendo cumplir la condena que conmutaron por la expulsión y, encima, también van a expulsarlo”.
Natividad hace lo que puede para sobrellevar este embrollo legal, pero se desanima cuando piensa en que “cada día que pasa es un día menos”, dice. Ella también es boliviana. En su caso encontrar trabajo fue más fácil y ya tiene los papeles. Gana 700 euros al mes cuidando a una señora mayor, a los que resta 16o euros de la seguridad social. De lo que le queda saca para dar de comer a su familia. Lo que le ha pasado a su marido “es un castigo, pero no sólo para él sino para todos nosotros”. No quiere imaginar ese horizonte de diez años separados y sabe que la decisión será difícil. En España tiene a dos nietas fruto de la relación de sus hijos han con padres que no son bolivianos. Nada va a separarle de sus nietas y eso la ata a España. “Ha sido demasiado difícil para echar marcha atrás”. Por eso pide que le apliquen a su marido la misma vara de medir que a un español. “Es buena persona. No ha matado a nadie, no ha violado a nadie, ¿por qué no le tratan como tratarían a alguien de aquí? Debería pagar como el resto”.
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