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Lo aprobará el Congreso el martes
Misión histórica para la Seguridad Social: tendrá que ajustar 5.300 millones en 2018
Los nuevos objetivos de estabilidad que se votarán el martes obligan a realizar una reducción histórica del déficit de la Seguridad Social hasta los 13.300 millones
Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el último Consejo de Ministros. (EFE)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el último Consejo de Ministros. (EFE)
Javier G. Jorrín
10.07.2017 – 17:27 H.
El papel lo aguanta todo. Esta expresión es muy útil para definir la senda de estabilidad que aprobará el martes el Congreso de los Diputados. El Gobierno ya tiene cerrados los apoyos de los 176 diputados con los que sacó adelante los Presupuestos Generales del Estado, por lo que la votación es un mero trámite; sin embargo, las cifras que se van a aprobar están lejos de cumplirse a día de hoy, ya que se proyecta un ajuste del déficit de la Seguridad Social de 5.300 millones de euros, lo que supondría una reducción histórica de su déficit presupuestario.
Desde 2011, el desfase de las cuentas de la Seguridad Social se ha multiplicado por 13 y ni siquiera la recuperación de la afiliación ha conseguido revertir esta tendencia. En 2014, cuando el empleo empezó a crecer con fuerza, el sistema tenía un desfase de 10.800 millones de euros; este año, con dos millones más de afiliados, el Gobierno estima que el déficit subirá por encima de los 18.600 millones, como comunicó a la Comisión Europea en la notificación de déficit. Casi 8.000 millones más de desviación en solo tres años. Y ahora el Congreso prevé validar una reducción de este déficit de 5.300 millones de euros en un solo año, hasta cerrar el ejercicio en 13.300 millones.
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El Congreso aprobará que el nuevo objetivo de déficit para la Seguridad Social es del 1,1% del PIB, esto es, retirará al sistema una décima de gasto (algo más de 1.000 millones de euros) para entregársela a las comunidades autónomas como parte del pacto con Nueva Canarias. Un esfuerzo para la Seguridad Social que difícilmente alcanzará si se tiene en cuenta que solo los gastos en pensiones aumentan cada año en más de 3.000 millones de euros. Para 2017, el Gobierno ha presupuestado un incremento de los gastos destinados a pagar las pensiones de 5.000 millones.
Desde 2011, el desfase de las cuentas de la Seguridad Social se ha multiplicado por 13 a pesar del incremento de la afiliación
Con este ritmo de crecimiento de la factura de las pensiones, las cotizaciones tienen bastante con impedir que el déficit suba más. Algo que hasta ahora no han conseguido. Los datos históricos de afiliación que se están consiguiendo sirven para mejorar los ingresos por cotizaciones en un 4,6% hasta mayo respecto al mismo periodo del año anterior. Esto significa un incremento de la recaudación de 2.000 millones de euros en los cinco primeros meses del año, un ritmo insuficiente para sufragar los nuevos gastos y evitar que siga subiendo el déficit.
Todos estos números invitan a pensar que la Seguridad Social será incapaz de reducir su déficit en 5.300 millones como aprobará este martes el Congreso de los Diputados. La única esperanza es que los partidos políticos alcancen un gran acuerdo en el seno del Pacto de Toledo para financiar una parte de este déficit con cargo a los Presupuestos y así pasar su desviación al Estado. Por ejemplo, la mayor parte de los partidos están de acuerdo en que los gastos de los capítulos I y II (personal y gastos corrientes) se paguen con los PGE. De ser así, se sacarían casi 4.000 millones de déficit que acercarían el objetivo de cerrar el año con un déficit del 1,1% del PIB. El problema es que el agujero seguiría ahí y simplemente se pasaría a la Administración central.
El juego de trileros
El Congreso aprobará el martes que el déficit de la Administración central tiene que caer hasta el 0,7% del PIB, esto es, tendrá que reducir su desfase presupuestario en 9.000 millones de euros (según la estimación de cierre de 2017 enviada a la Comisión Europea). Si a este ajuste se le cargan 4.000 millones o más procedentes de la Seguridad Social, lo único que se hace es trasladar el problema de un sector a otro.
Por el momento, la Administración central tendrá que soportar una bajada del IRPF valorada en 1.400 millones de euros por el acuerdo del Gobierno con Ciudadanos (hay otros 600 millones que pagarán las comunidades autónomas). Además, tiene que financiar un incremento del gasto no financiero (el techo de gasto) de algo más de 1.500 millones de euros. Si a esto se le añade una parte del déficit de la Seguridad Social, los números difícilmente encajarán en la realidad, aunque lo hagan sobre el papel.
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La solución para cuadrar las cuentas que se envían a Bruselas pasará, una vez más, por utilizar el superávit de los ayuntamientos para compensar el desfase del Estado y la Seguridad Social. Las corporaciones locales no pueden utilizar todos sus recursos porque están limitadas por la regla de gasto, lo que hace crecer año a año su ahorro. En el primer trimestre de 2017 han conseguido un superávit de casi 1.500 millones de euros, una cifra histórica en los tres primeros meses del año. En los objetivos de estabilidad, el Congreso no puede obligar a una Administración a tener superávit, sino que el máximo que puede exigir es el equilibrio presupuestario. Sin embargo, como la regla de gasto impide que empleen todos sus ingresos, el Gobierno ya cuenta con unos 6.000 millones de superávit de los ayuntamientos para compensar su desviación. Solo así pueden cuadrar los números.
