Los sindicatos unifican plenamente su exigencia ante el gobierno de adelantar la jubilación de los Policías, tanto autonómicos como Locales
23/09/2010 12:26:00 CSIF
La unidad sindical en torno a la exigencia del adelanto de la edad de jubilación para Policías Locales y Autonómicos, ha sido presentada hoy a los medios de comunicación en Madrid, dando un nuevo impulso a la reivindicación para trasladarlo a la sociedad.
Esta unidad sindical parte de un convencimiento compartido, del deseo conjunto de todos nosotros de mejorar la calidad del servicio que prestamos a la sociedad y de la necesidad de impulsar definitivamente un acto de justicia laboral: el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales.
Desde CSIF, como indicó su Vicepresidente Nacional del sector Rafael Ruiz Canto llevamos muchos meses trabajando por lograr un avance del que ya disfrutan decenas de miles de policías y bomberos.
De esta forma nos situaremos en el arco del resto de policías europeas de nuestro entorno (Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Alemania, Francia, etc.).
Por conseguir que uno de los servicios públicos más cercanos al ciudadano y que más se valora por ser el garante de los derechos y libertades fundamentales, el que prestamos los policías locales, gane en calidad y eficacia.
Precisamente por ello, la Unidad de Acción para el anticipo de la edad de jubilación de Policías Autonómicas y Locales, como plataforma que ya funcionaba con el impulso de CSIF, con el acuerdo común compartido con CCOO y UGT, incorpora las voluntades ahora de CSL y COP.
La ya reforzada Unidad de Acción, abierta siempre a la suma de esfuerzos, pretende “crear cauces que permitan el anticipo de la edad de jubilación de las Policías Autonómicas y Locales con la protección efectiva de los derechos de la ciudadanía, mediante la participación en la creación de un nuevo proyecto de Seguridad Pública”.
La labor policial implica un riesgo y una penosidad considerable, algo que nadie niega. Lo demuestra la lógica, lo ampara la Ley General de la Seguridad Social al hablar, en su artículo 161 bis, de una profesión “de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en la que se registren “elevados índices de morbilidad o mortalidad”, y lo ratifican estudios como el que, gracias al testimonio de agentes de 642 plantillas, acreditó el deterioro psicofísico –mucho mayor que en otras profesionales y con un ritmo de avance considerable- que provoca el trabajo policial y que, a partir de los 55 años, ya supone un riesgo para la salud del funcionario y la de terceras personas.
Teniendo en cuenta que la edad media de un policía local español ronda los 44 años, y sin perder de vista las conclusiones de estudios médicos como el citado, nos enfrentamos a un problema, el del envejecimiento de las plantillas y los riesgos para los propios agentes, que empezaremos a sufrir en menos de una década.
La legislación, los estudios médicos, nuestra experiencia profesional y la propia lógica avalan, en definitiva, la necesidad de adelantar la edad de jubilación de los policías locales. La experiencia en otros Cuerpos de seguridad también apunta en esa dirección y logra, por la vía de los hechos, que los garantes de la seguridad en miles de municipios españoles suframos una discriminación injusta y humillante con respecto al resto de funcionarios de la seguridad pública.
Estamos ante una medida que no supondrá coste alguno para las arcas públicas, pues serían los propios afectados quienes, con el aumento de la cotización a la Seguridad Social, sufragarían esta medida que, por otra parte, cumpliría con lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado Público.
Después de un largo y profundo trabajo en común, ha llegado la hora de avanzar en este adelanto de la edad de jubilación. De forma decidida y firme, con la razón de quien sólo busca la mejora de un servicio esencial, con la razón de quien sólo persigue avances en la seguridad.
Con el argumento incontestable de evitar una discriminación y sin pedir, en plena crisis económica, gasto público extraordinario alguno porque no afectaría a la “hucha” de las pensiones ni al Pacto de Toledo.
Es más, un adelanto en la edad de jubilación de los policías locales requeriría la incorporación, en los próximos cinco años, de unos 4.000 nuevos agentes. Una forma de crear empleo público, paliando así los efectos de las alarmantes cifras de paro registradas en España.
Vamos a pedir a nuestros políticos que abandonen las buenas palabras y se retraten ya ante mas de 60.000 familias que tendrán muy en cuenta su respuesta en las elecciones municipales. Vamos a solicitar de nuestros diputados y senadores que apuesten seriamente por la seguridad de sus ciudadanos y por la salud de los policías.
De no recibir respuesta, desde ya anunciamos que pondremos en marcha una campaña de movilizaciones y actos unitarios de las Policías Locales sobre los que ya se informará.
Este Gobierno ya no tiene argumentos objetivos o legales para prolongar esta injusticia un solo minuto más.
