Los sindicatos de Policía discrepan en el Congreso sobre la edad de jubilación
Los principales sindicatos policiales (SUP, CEP, SPP y UFP) han comparecido hoy en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en el marco de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de derechos y deberes del Cuerpo Nacional de Policía y el de Régimen Personal donde han escenificado sus diferencias en relación al aumento de 60 a 65 años la edad de jubilación dentro del Cuerpo.
Desde el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Unión Federal de la Policía (UFP) defienden suprimir la segunda actividad y sustituirla por la permanencia en activo, mientras que la Confederación Española de la Policía (CEP) y el Sindicato Profesional de la Policía (SPP) abogan por mantenerla, pero mejor regulada y acompañada de una mejora en las retribuciones. El borrador del Proyecto de Ley orgánica de Régimen Personal, ahora en tramitación, establece la desaparición de la segunda actividad con destino y derecho a puestos de trabajo a partir de los 60 años acordes con su situación psicofísica.
El secretario general del SUP, José Manuel Sánchez Fornet, ha defendido la jubilación a los 65 años o "la jubilación a la carta" ya que, según ha dicho, la segunda actividad con destino ha sido como un castigo por la pérdida salarial. "Si plantean acortar la vida laboral en activo revisen la retribución salarial", ha afirmado Fornet dirigiéndose a los diputados presentes en la sala.
El representante del SUP ha lamentado que "un funcionario básico en la segunda actividad acaba siendo un recadero y el que ha sido jefe de brigada acaba de secretario". Por su parte, el portavoz de la UFP, Javier Jesús Arrillaga Rejano, se ha sumado a la petición de eliminar la segunda actividad con destino.
"Lo relativo a la segunda actividad es, sin duda, la parte más polémica de la negociación", ha admitido el secretario general de la CEP Ignacio López, quien, no obstante, ha opinado que "las discrepancias entre los sindicatos son más un problema de forma que de fondo". Ha admitido que "es cierto que el 87 por ciento de la población policial opta por seguir en su puesto en lugar de optar a la segunda actividad", pero ha matizado que "eso es por la merma económica que supone el paso a la segunda actividad".
López ha recordado que, cuando se estableció este sistema, el paso a la segunda actividad era del 20 por ciento, mientras que ahora un funcionario puede llegar a perder hasta un 40 por ciento de su sueldo. En ese sentido, ha pedido "un sistema que garantice las necesidades de todas las partes". "Un policía con 62 o 63 años no puede estar patrullando por la calle", ha zanjado el representante de la CEP, quien junto al portavoz del SPP, José Ángel Fuentes Gago, han defendido el paso a la segunda actividad tras 25 años de servicio.
"Somos conscientes de que este es plato fuerte. Estamos jugando con un derecho que es verdad que con el tiempo se ha convertido en un castigo. Pero los funcionarios de Policía nos hemos ganado un retiro digno", ha concluido López (CEP).
OTRAS EXIGENCIAS
Además, en el turno de comparecencias, los sindicatos han coincidido en otras reivindicaciones como el establecimiento de un seguro de responsabilidad civil para hechos derivados de la comisión de servicio o la histórica exigencia del Cuerpo sobre la equiparación salarial con el resto de fuerzas de seguridad que operan en España y han defendido los criterios de antigüedad y experiencia en el capítulo de ascensos.
Por su parte, desde el SUP también han criticado como "lo más importante" el redactado del Artículo 1 en el que, según han lamentado, "no se dice nada sobre el Estatuto Básico del empleado público". "En lugar de eso nos considera como un híbrido entre lo civil y lo militar. Queremos ser un cuerpo civil", ha zanjado Fornet, quien también ha pedido abrir la puerta a la capacidad de que los policías se afilien a los sindicatos de clase y no sólo los corporativos de la Policía.
Desde la UFP también se ha pedido eliminar el deber de residencia y por parte de la CEP defienden establecer un horario que permita la conciliación familiar o el derecho a no ser mandado por un funcionario de inferior categoría.
