El fiscal pide seis años de cárcel para el jefe de la Policía Municipal en Lavapiés
Juan Manuel G. M. cometió, supuestamente, coacciones y falsedad documental cuando era jefe de la Policía Local de Galapagar
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F. Javier Barroso
Madrid 16 ABR 2018 - 00:10 CEST
Juan Manuel G. M., el oficial responsable de la unidad Centro Sur de la Policía Municipal, que incluye entre otras zonas el barrio de Lavapiés, se sentará a partir del próximo 9 de mayo en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal pide para este mando una pena de seis años de prisión como supuesto autor de un delito continuado de coacciones y otro de falsedad en documento oficial. La solicitud de condena incluye cuatro años de inhabilitación especial, lo que implica la expulsión del cuerpo.
Los hechos por los que va a ser juzgado Juan Manuel G. se produjeron, supuestamente, cuando era jefe de la Policía Local de Galapagar. Junto a él, también está acusado el jefe de servicio y agente de este cuerpo, José V. P. Según el escrito de acusación, los dos responsables organizaron a finales de diciembre de 2012 un dispositivo para evitar que se celebrara una macrofiesta de Nochevieja ilegal. Estaba previsto que se celebrara en la finca Villasolita, en Galapagar.
El fiscal mantiene que el 1 de enero de 2003 se personó José V. P. junto con otros agentes en esta finca y no observaron que se estuviera celebrando ninguna fiesta ilegal. Los funcionarios se trasladaron unos 400 metros, hasta la calle de la Fuente el Puerco número 24, propiedad de Juan B. P.
El agente José V. P. comenzó a redactar un acta de inspección en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas así como un acta de denuncia por celebración de una fiesta ilegal. “Hizo constar hechos, a sabiendas de no ser concordantes con la realidad, tales como que la finca disponía de un nombre comercial Fiesta del Campillo o que existían menores consumiendo alcohol en su interior”, recoge el escrito del fiscal.
En ese momento, el acusado ordenó a los agentes que le acompañaban que firmaran el acta, a lo que se negaron “pese a la insistencia del primero”. Consideraron que el contenido de dichos documentos no se ajustaba a la realidad.
El oficial Juan Manuel G. M. mantuvo conversaciones con todos los agentes, en las cuales “les presionó con el fin de amedrentar la voluntad de los mismos y conseguir que estos firmasen”, según el escrito oficial. Pero no consiguió su propósito. Por ello, acordó junto con el otro acusado que este confeccionara nuevas actas y que se personase horas más tarde en el domicilio del propietario de la finca (Juan B. P.) y se las entregase. En las segundas, ya no constaban hechos recogidos en las primeras como el consumo de alcohol por parte de menores en la fiesta.
Expedientes disciplinarios
El jefe de la Policía Local “persistió en su actitud” y acordó la apertura de expedientes disciplinarios contra los agentes. También les advirtió a los mismos de “las posibles consecuencias” que podría acarrear su conducta. Entre ellas estaban la denegación de permuta de un agente que estaba pendiente de cambiar de destino —aunque después sí lo hizo—, el cambio de un horario de que disfrutaba otro funcionario o el alterar los servicios que desempeñarían los agentes. Entre estos últimos, estaba el trasladarse a Las Rozas para vigilar a un compañero que estaba de baja, según el escrito de la fiscalía.
El ministerio público pide una pena de dos años de prisión para Juan Manuel G. M. por el delito continuado de coacciones, recogido en el artículo 172 del Código Penal. A ello se suma una solicitud de condena de cuatro años para ambos acusados por el delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público, tipificado en el artículo 390 del texto legal. A todo ello se añade una multa de 6.480 euros y la pérdida de la condición de funcionario.
Este periódico ha intentado recabar, sin éxito, la opinión del oficial acusado, a través de la Concejalía de Seguridad. Fuentes próximas a Juan Manuel G. M. afirman que este espera que el juicio demuestre que es inocente de todas las acusaciones. El Ayuntamiento ha declinado hacer declaraciones, al tratarse de un asunto que está pendiente de ser juzgado.
El PP pide a Carmena que conceda la medalla al cuerpo
El portavoz del grupo municipal del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha mandado una carta a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, en la que le pide que le reconsidere la negativa a conceder la Medalla de Honor de Madrid a la Policía Municipal. En la misiva, el portavoz popular afirma que este cuerpo “siempre ha desempeñado de una manera ejemplar las funciones que tiene encomendadas” y que no merece “el menosprecio que, quizá inintencionadamente, pero de manera muy desafortunada, ha tenido que soportar en los últimos tiempos”.
Martínez-Almeida rebate el argumento del equipo de gobierno municipal de que a la Policía Municipal ya se le otorgó la medalla en 2004. “Fue dentro del reconocimiento general a todas aquellas instituciones que auxiliaron a los madrileños tras los trágicos atentados del 11 de marzo”. “Quien recibió la medalla no fue ningún miembro de la Policía Municipal, sino el propio Ministro del Interior”, añade. Almeida pone como ejemplo la doble concesión a la Fundación Voluntarios por Madrid. El portavoz popular visitará hoy la unidad Centro Sur, cuyos agentes se vigilan entre otros el barrio de Lavapiés.
