]
Los espejos no tienen memoria
07/12/2014
¿Una Justicia dominada por la policía?
1.- Mismo día: luchando contra la corrupción e intentando vaciar el caso Gürtel. En la semana en la que dos grupos ultras se enfrentan a 500 metros de un estadio de fútbol y muere asesinado un fanático, y en la que varias instituciones deportivas y políticas acuerdan adoptar medidas para erradicar la violencia de las gradas, pronto caemos en la cuenta de que todas esas medidas ya están reflejadas en el código penal, y en las distintas normativas que en su día tuvieron que acatar los clubes, sin que se ejecutaran por parte de ninguno de los actores.
El Gobierno de Rajoy, preso de sus muchas contradicciones, entre el pecado mortal de las razones que causaron la intervención de Bankia, y lo que parece deducirse del comportamiento del PP en el caso Gürtel, sólo hace dar pasos hacia el absurdo. Por eso exactamente el mismo día en que el gabinete del Gobierno se reúne en consejo de ministros en pos de recuperar consideración ante los ciudadanos, se desliza la voluntad del Consejo General del Poder Judicial de no renovarle al juez Pablo Ruz su presencia en el juzgado donde instruye Gürtel… No es un tema baladí. El Gobierno se reúne para defender su crédito, abrasado por las críticas, ansioso de mejorar su imagen ante la considerable caída que sufre en los sondeos. Se trata de ponerse al frente de una manifestación anticorrupción, tomando determinaciones singulares y efectivas que den la impresión de que esta vez el PP va en serio. Pero, al mismo tiempo, y en paralelo, un órgano controlado por los suyos se deshace del juez que entiende que tanto la ex ministra Ana Mato como el propio PP están en Gürtel llevados por «un ánimo lucrativo». Canta.
Parece una venganza. Un deseo desesperado de quitarse de en medio a alguien que quiere llegar a las sentinas de la oscuridad de la cripta, alguien que no comete errores como Garzón o Elpidio José Silva, alguien que avanza con respeto y con seguridad por las alambicadas cañerías de la Justicia, lo que lo convierte en un ser sumamente peligroso. Ese hecho en sí, la molesta coincidencia, dilapida y echa por tierra los esfuerzos del Gobierno por parecer una manzana sana en un país que huele a podrido.
Al final, a Ruz se le prolonga su presencia en el caso hasta marzo de 2015 y, a partir de ahí, si lo reclama, será juez de refuerzo en la causa. O sea: no tendrá la voz principal como hasta ahora. El refuerzo reforzará al que venga… Esto pasa por colocar al frente de un juzgado esencial a alguien que no es titular del mismo, seguramente calculando que el chico será caballeroso, educado y no causará problemas precisamente por su interinidad. Ruz salió rana. Si sigue igual se entera de lo que pasó al detalle con los sobresueldos.
2.- Camino de Venezuela, El catecismo del Gobierno en su combate contra la corrupción es para concederles un máster. Yo, de Podemos, diría que sí, que me gusta que el Ministerio del Interior tenga la posibilidad, «en condiciones excepcionales», de pinchar los teléfonos de cualquier ciudadano y en cualquier momento. Incluso no haría falta el teléfono. A través de sofisticados equipos si la policía –no el juez- entiende que tal señor es responsable de un delito, puede grabarle en un bar, en su despacho, cuando va por la calle, si habla comprándole un juguete a su hijo. A partir de ese instante, si este bodrio sale adelante, el juez, con la excusa de que la acumulación de trabajo le supera, será suplido por el Rubalcaba de turno y todos los ciudadanos, sin dudarlo y sin excepciones, serán sospechosos de haber cometido delitos.
Habremos llegado, al fin, a Venezuela, a una sociedad regida por un régimen totalitario que gana su derecho a adueñarse del país por elecciones democráticas que siempre ganan los pobres, pues son multimayoría; corrupta como ella sola, y donde el individuo y las libertades son un cuento chino. Uno de los elementos diferenciadores que poseemos en relación a Venezuela es que nosotros tenemos clase media y ellos no. Si la crisis continúa cinco años más, veremos lo que queda de clase media.
Lo de la instrucción policial parece la patada de Corcuera, pero es algo más profundo. El Gobierno prescinde de los jueces y es él el que otorga certificados de calidad moral; es él el que decide a quién seguir, a quién atrapar, a quién detener.
Otros elementos conmueven a la estupefacción. Obligación de finalizar las causas en un año y, si no se puede, en tres años máximo. ¿Cómo se hará tal milagro posible? Me temo que el Gobierno cree que la responsabilidad de la lentitud judicial recae fundamentalmente en el cuerpo judicial, cuando lo cierto es que es tal la ausencia de medios humanos y técnicos para efectuar una labor correcta que no es el capricho ni una mala organización lo que conduce a nuestra Justicia al fracaso sino justamente la insensibilidad política, muy aplicada en controlar las instituciones judiciales, y nada o casi nada en dotarlas de medios.
En España se han efectuado seis leyes educativas, se ha creado una nueva estructura del Estado basada en 17 autonomías, se ha legislado en el campo sanitario, en el agrario, en el industrial, y en todos los demás, y sin embargo nunca en algo que tenga que ver con aumentar la plantilla de jueces, acercándonos a la media europea, o en profesional laboral imprescindible para realizar una labor convincente, o en instrumentos técnicos de vanguardia que ayuden a resolver determinados enigmas económicos. Y todos sabemos por qué no lo han hecho: sólo un juez tiene la potestad de condenarlos, de desconfiar de sus decisiones, de meterlos en la cárcel. Una de las condiciones de la partitocracia pactada por PP y PSOE fue arrinconar a la Justicia, constreñirla e instalarla una camisa de fuerza para que no fuera eficiente.
El que la policía posea la potestad de pinchar los teléfonos siguiendo instrucciones políticas me causa pavor. Parece que no fuese suficiente con determinadas experiencia que en Canarias, por ejemplo, claman al cielo. El que se le exija a los profesionales que terminen una investigación de corrupción en el plazo de tres años es cómo obligarle al sol que salga todos los días. Es imposible si ello no va amparado con una subida espectacular de dotación presupuestaria. Por no citar la larga colección de casos que duran la intemerata porque una de las partes se apunta a bruta y mantiene su acusación por los siglos de los siglos, a sabiendas de la inocencia de los imputados. ¿Eso va dejar de existir? ¿Va haber una especie de controlador que le dirá a la institución equis que se deje de dar el coñazo en un caso Icfem, Carmelo Padrón, o Faycán?
La Justicia, como en cualquier país democrático, sólo pueden impartirla los jueces. Y si alguien me recuerda que hay países donde también la Fiscalía instruye diré que en esos sitios los fiscales son completamente independientes del Estado, como los jueces. Cuando algo así suceda en mi país, yo también secundaré la propuesta.
Ahora, con el pretexto, de que la justicia no funciona, y no funciona porque la clase política la ha manipulado a su antojo, como todo lo demás, es la propia clase política la que intenta investigar por su cuenta los casos de corrupción. O sea: taparles la boca a los discrepantes. Ya digo: no es preciso que llegue Podemos al poder. Los que están lo hacen de maravilla preparándoles el terreno o bien procurando aprobar leyes que beneficien una dictadura nada solapada.
3.- Otro escáner, otro caso de dilaciones indebidas. ¿Quieren otro caso inexplicable, otro modelo de cómo funciona la Justicia en manos políticas? El CGPJ acaba de expedientar a la juez Ana Manella (juzgado de Instrucción número dos de Arrecife) por dilaciones en la instrucción del denominado caso hoteles. Exactamente el caso estuvo paralizado nueve meses por la falta de un escáner.
El presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Joaquín Astor, declaró ayer en Diario de Avisos que «para dictar una resolución en su fecha no es necesario un escáner». Se refiere al auto, con sus cuatro imputaciones, del juez Pamparacuatro sobre el candidato a las elecciones de CC Fernando Clavijo. En su documento el peculiar juez reconoce haber cometido dilaciones indebidas por la ausencia del dichoso aparato que, posteriormente, el Gobierno de Canarias refutó en un comunicado explicando que le puso al juez el escáner solicitado, además de un funcionario para que acabase su labor. Según escribe el propio juez estuvo dos años buscando la forma de concluir su investigación. Asombroso. Será que unos nacen con estrella y otros estrellados. O será que nos acercamos a las costas de Venezuela.
No será necesario que Podemos gane las próximas elecciones legislativas. Ya las va ganando con una actitud proactiva de la clase política española que, traumatizada por las encuestas, una voluntad popular que desconocen realmente, y un frente amplio de irritación que atemoriza a los corazones más sanos, no hace otra cosa que sumar problemas a los ya existentes, producto de su ofuscación o del deseo de permanecer en el escenario a cualquier precio.