La Policía también debe limpiarse

mayo 14
22:53
2016

José Manuel Sánchez Fornet
La Policía Nacional lleva años en España ocupando un lugar destacado, entre los tres primeros, de las instituciones más valoradas por la ciudadanía (junto con la Guardia Civil y el Ejército, y antes, la Monarquía).
Que en España, por razones que no se pueden explicar en este corto espacio, siempre ha primado la seguridad sobre la libertad y los derechos de ciudadanía parece muy evidente. La dictadura y el terrorismo han creado ese clima social que sigue imperando hoy. Que España tiene graves carencias estructurales, desde la enseñanza, en cuanto a la ética que debe regir la convivencia, las normas de conducta decente que te hacen ser un digno ciudadano/a y que afecta por igual a lo público y lo privado admite poca discusión.
Empezando por los políticos y afectando a muchos cuerpos de funcionarios, fácilmente corruptibles al olor del dinero de empresarios y otra gente que especula con la riqueza generando pobreza, parece evidente que hay mucho que mejorar, y que las leyes y la acción política en general, y de este Gobierno en particular, se sustentan sobre la protección del corrupto propio y la denuncia del ajeno, según acreditan los hechos que conocemos cada día. Nadie denuncia a un corrupto que sea de su mismo partido. No ha pasado nunca, o sí, al principio de la democracia en el ayuntamiento de Madrid, y el denunciante, Alonso Puerta, fue expulsado de su partido, el PSOE. Ahora se sabe que el pasado año, un cargo público del PP en Madrid, denunció malversación de fondos destinados a formación y que fue cesado al día siguiente, y poco después tuvo que irse de España al recibir una paliza en la puerta de su casa por desconocidos, y explicaba él en un medio de comunicación que la dirección de su domicilio sólo la conocían en la comunidad de Madrid.
Con lo que conocemos hoy de la corrupción parece evidente que el Estado y las fuerzas políticas deben reformular su funcionamiento, porque no es posible que donde hay millones de personas en la pobreza haya, por citar algunos de cientos de ejemplos, cientos de millones de subvención a algunas ONGs que destinan el 80% de ese dinero no a atender a esos pobres para los que se concede sino que se lo gastan en sueldos de empleados de la ONG, que son todos familiares directos de quien las ha creado. O que el personal que trabaja en el congreso de los diputados como letrado o en el Tribunal de Cuentas sean familias de los miembros de dichos órganos, como en tantos otros, lo que lleva a pensar que este país no conoce la ética pública y que se consigue un buen empleo por afinidad política o familiar con la persona que está donde se toma la decisión y no por los méritos, con lo que ese precepto constitucional y de la ley de la función pública de mérito y capacidad brilla por su ausencia, destrozando el principio de igualdad que consagra la Constitución para el acceso a la función pública.
¿Y qué pasa en la Policía? Pues que es fiel reflejo de la sociedad en la que vive. La Policía que yo conozco desde hace 36 años tuvo unos primeros años (entre 1980 y 1992) que parecía querer avanzar hacia un cuerpo civil, cuyos miembros disfrutaran de derechos como funcionarios públicos y respetara los derechos humanos, civiles, políticos y todos los demás de la ciudadanía, con normas internas que se cumplían, y desde ese año comenzó una parálisis y retroceso que nos ha traído a la situación actual, que deja bastante que desear, tanto internamente como en su relación con la ciudadanía.
Y aquí también ingresan los hijos de los mandos, que parecen tener un gen específico para aprobar las oposiciones de ingreso a la Policía, y la mayoría de ellos por la escala ejecutiva, como inspectores.
José Barrionuevo, a pesar del GAL y los fondos reservados, y de una ley de Policía, la 2/86 muy restrictiva en derechos para los policías y guardias civiles, permitió cierto nivel de democratización en procesos internos en la Policía (que no en la Guardia Civil), pero la llegada de Corcuera con su ley de “la patada en la puerta” y sus regalos en joyas a mujeres de mandos con fondos reservados acabaron por decidir el rumbo hacia la Policía del pasado y las prácticas de una policía endogámica y al servicio del poder, no de la ciudadanía. Mención aparte merece el trato que dispensó el Estado, Narcís Serra y Corcuera a los guardias civiles demócratas que crearon el SUGC, y que fueron detenidos, encarcelados, encerrados en psiquiátricos y jubilados, muchos de ellos con el mismo tic nervioso en el cuello y la cabeza, por razones que se desconocen, pero que alguna vez deberían investigarse. Y desde entonces, con pequeños oasis como los cinco meses de Asunción (más por lo que pretendía que por lo que pudo hacer, o con Margarita Robles) la Policía sigue en ese camino hacia ninguna parte en democracia. Aquí se identifica indiscriminadamente a la ciudadanía sin razón, estando ésta subordinada a los intereses estadísticos de los mandos policiales, por citar solo una práctica de las muchas que ocurren y que no son admisibles en democracia. Y aquí también ingresan los hijos de los mandos, que parecen tener un gen específico para aprobar las oposiciones de ingreso a la Policía, y la mayoría de ellos por la escala ejecutiva, como inspectores.
En el año 2011, debatiendo la ley de Personal con Francisco Velázquez, director general de la Policía, argumenté que el ingreso debería ser por la escala básica exclusivamente y no también por la ejecutiva, y expuse lo negativo de esa vía abierta. Referí que eran muchos los hijos de mandos policiales que entraban por ahí (unos superando limpiamente la oposición y otros por “enchufe” de su papá) y el mando que estaba allí representando a un sindicato, al SPP, hoy comisario general de Policía Judicial, se escandalizó y tuvimos una agria discusión aunque estábamos sentados en el mismo lado de la mesa, el de los sindicatos. A la semana siguiente llevé una relación de los hijos de todos los mandos policiales presentes en las negociaciones, en uno y otro lado de la mesa (la dirección general y los sindicatos), y siete de los ocho mandos allí presentes tenían uno o dos hijo/as en la escala ejecutiva. Intervino un comisario (J.S.A.) que llevaba mucho tiempo en cargos importantes en la Dirección General de la Policía, tanto con el PSOE como con el PP, haciendo notar que él, como no tenía hijos, se había salvado del “inquisidor Fornet” (así lo dijo, con sorna burlona), y le cambió el color al oír que quien no tenía hijos había transmitido sus genes que capacitan para superar el acceso de ingreso por la escala ejecutiva en la Policía a su sobrina, que además, casualmente (como los hijos de los demás), había disfrutado de destinos muy deseados en esa escala.
Cuando una sociedad acepta prácticas corruptas no hay ninguna institución que escape a ellas porque las mismas constituyen la normalidad, y además se confunde lo privado con lo público continuamente. Si un cirujano, periodista, empresario… en la vida particular es legítimo que acoja y ayude a sus hijos a seguir sus pasos, en sus empresas o con su dinero, eso en la vida pública, en plazas de oposición para todos los españoles que cumplan los requisitos exigidos, constituye una práctica corrupta que atenta contra el principio de igualdad constitucional. Y eso trasládenlo después a toda la vida profesional, a los puestos de trabajo que ocupan, condecoraciones que reciben y ascensos que consiguen, y estamos de nuevo en la pescadilla que se muerde la cola. Y reitero que hay hijos de mandos que habrían aprobado igual si su padre fuese albañil (como era el mío), pero otros muchos, no. Y no toca hoy hablar de investigaciones sesgadas y actuaciones al margen de la ley, como estamos viendo ahora respecto del partido político Podemos, que no se distancian mucho de las que hacía la policía política franquista respecto de los comunistas pero cumpliendo la legalidad de la dictadura.
No debo acabar sin decir que lo de los hijos afecta también a lo sindical. He visto a responsables sindicales (de ámbito nacional) cambiar radicalmente su discurso y el de su sindicato (SUP) respecto a algunas prácticas indeseables en miembros de las UIP (no de la mayoría, que cumple su función, sino de elementos que no deberían ser policías), cuando sus hijos han pasado a formar parte de una Unidad de Intervención, y también soy testigo de cómo se pasa de denunciar a los mandos que recibían medallas rojas (con derecho a pensión) por considerar que no arriesgan su vida en su trabajo y no las merecen, a solicitarla en nombre del sindicato para un mando de los que antes se denunciaba, mando que, casualmente, tenía la posibilidad de conceder puestos de trabajo o condecoraciones a los hijos policías del dirigente sindical que cambió de criterio. Quedan muchos capítulos de estos asuntos internos por escribir.
