Riesgo extremo. Así califica la policía el nuevo nivel de peligro en que puede estar una mujer maltratada. El que activa todas las alarmas. La protección policial todavía no consigue evitar todas las muertes, aunque éstas fueran previsibles. Fue el caso de la joven Katherine, asesinada el lunes pasado en Tenerife: ni una orden de protección sobre ella, ni una de alejamiento sobre su pareja evitaron el trágico final. En las concentraciones de repulsa por este crimen se escucharon quejas sobre la desprotección de la víctima, la número 47 en lo que va de a?o. Y es que sólo 514 agentes especializados del Cuerpo Nacional de Policía tienen en sus manos la misión de proteger a unas 25.000 víctimas de violencia de género. Cincuenta mujeres por agente.
Los miembros de las llamadas UPAP (Unidades de Prevención, Asistencia y Protección) son los encargados de defenderlas de sus agresores y de controlar a éstos, además de evaluar periódicamente el riesgo que corren. Una labor que exige dedicación absoluta. "No hay medios ni personal suficiente", se queja un portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que cita situaciones como la de Madrid, donde cada agente tiene que atender a más de 25 mujeres, o la de Gijón, con tres funcionarios para más de mil casos. Pese a los esfuerzos, en el a?o 2007 un total de 12 de las 74 mujeres asesinadas tenían una orden de protección en vigor. Así las cosas, la instauración de un nuevo nivel de riesgo con protección exhaustiva viene a aumentar la carga de trabajo.
La modificación del protocolo policial para valorar el peligro, en vigor desde el 18 de julio, busca mejorar y perfeccionar el anterior. Las medidas que se activan cuando, tras evaluar las diligencias policiales, resulta que el nivel de riesgo es extremo son: "vigilancia permanente de la víctima", "control intensivo de los movimientos del agresor" y, en su caso, supervisión de los centros escolares de los hijos. Lo necesario para garantizar la seguridad de la víctima. Casi convertirse en su sombra.
"Las mujeres que tienen una protección diaria son sólo las amenazadas de muerte", dice un policía de una UPAP de Madrid. "En esos casos hay tres funcionarios por mujer", explica, divididos en turnos. Pero pocas logran este nivel de seguimiento. Consuelo Abril, abogada matrimonialista, cuenta que ahora mismo tiene varios casos de mujeres que no se sienten protegidas. "Yo tengo claro que me va a matar". Así expresan su miedo a la abogada. Porque el contacto telefónico que se ofrece en la mayoría de los casos no siempre es suficiente para ellas.
"Tenemos un máximo de 10 cada uno, para poder atenderlas bien", explica el miembro de la UPAP de Madrid. El seguimiento es "exhaustivo", y cada día las llaman a todas. Aún así, con los 514 agentes que integran estas unidades en todo el país, las cuentas no salen. Cuando se le pregunta si son suficientes para todas las víctimas a las que hay que proteger, el policía contesta que los recursos van aumentando poco a poco. "Tendrían que ser más. Pero es el pan nuestro de cada día", remata. En su comisaría, la creación de un grupo especializado completo, con agentes de distintas categorías, está todavía a medias.
La creación de estas unidades policiales especializadas "es una forma de organización interna que en principio es buena", estima el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Llorente. "Pero si se ve superado por el número de casos habría que ir adaptándolo a las necesidades de la demanda".
Las UPAP, que fueron promovidas por la Ley Integral de Violencia de Género, empezaron a funcionar con 89 agentes. Hoy, cuatro a?os después, sus puntos débiles pueden resumirse en cuatro, según explica Montserrat Comas, presidenta del Observatorio de la Violencia de Género: hay que ampliar los recursos y mejorar la efectividad de los que ya existen, facilitar la colaboración con los policías locales y revisar los protocolos que se siguieron cuando una mujer asesinada tuviera una orden de protección en vigor, para aprender de los posibles fallos. Porque algo no funcionó en casos como el de Gabriela Toledo, muerta en junio pasado. Su pareja, además de una orden de expulsión del país, tenía una orden de alejamiento que incumplía. Y volvió a acosarla. Ella acudió a la Guardia Civil para contarlo, pero al día siguiente su agresor la mató.
"Ha habido una evolución de los medios en el terreno de la seguridad a las víctimas", opina Comas, "pero no ha sido suficiente. En la reunión de presidentes que ha convocado Zapatero debería ser uno de los temas estrella". El presidente del Gobierno ha anunciado que la próxima reunión con las comunidades autónomas abordará monográficamente el problema de la violencia de género.
De momento, ni el aumento del número de denuncias por parte de las mujeres (más del 12% desde que se aprobó la ley) ni el de las órdenes de protección acordadas por los jueces (casi un 72% del total de las solicitadas en el primer trimestre del a?o, según datos del Consejo General del Poder Judicial) ha logrado reducir significativamente los asesinatos machistas. Sí han bajado las muertes en las que mediaba una denuncia o una orden de protección, según datos del Ministerio de Igualdad. Pero en lo que va de mes ha habido ya ocho muertas presuntamente a manos de sus parejas, una más que en todo agosto del a?o pasado.
"Tenemos una de las mejores leyes de Europa y no hacemos más que sacar medidas puntuales", se?ala la abogada Consuelo Abril. "Habrá que buscar que realmente se cumplan y sean viables", concluye.
La poca efectividad es precisamente una de las quejas que han elevado los sindicatos policiales, quienes la achacan a la falta de personal y de presupuesto. "Muchas comisarías peque?as tienen dificultades para ubicar un despacho para estas unidades y tampoco tienen coches oficiales", denuncia el portavoz del Sindicato Unificado. También se muestra descontento con que los cursos de formación especializada en violencia de género sean breves y poco prácticos y con que estos puestos estén destinados a agentes en segunda actividad (en situación previa a la jubilación).
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, inició en febrero pasado una investigación de oficio para evaluar la situación. Actualmente está a la espera de que las comunidades le remitan la información correspondiente. El Ministerio de Igualdad, por su parte, en la evaluación de los tres a?os de funcionamiento de la ley que presentó en julio, se?ala entre sus logros la mejora de los recursos para seguridad.
"Cuando hablamos de protección, el riesgo cero no existe", alega Miguel Llorente. "Las órdenes de protección sirven para crear un contexto de seguridad y ahí viene la importancia de la evaluación del riesgo". Acertar en este punto es clave, y quienes trabajan con las víctimas coinciden en se?alar que no es una tarea fácil, y que deben llevarla a cabo verdaderos especialistas en este tipo de maltrato.
El caso de Tanta Stan, asesinada en julio en Logro?o, da idea de las dificultades. Su marido tenía que abandonar el país como sustitución de una pena de prisión por malos tratos; pese a ello, estaba en busca y captura porque había vuelto a llamarla. En la fachada de la mujer aparecieron pintadas amenazantes, según los vecinos, días antes de su muerte. Pero ella no lo contó cuando el policía que la protegía la llamó el mismo día del asesinato. ?Por qué no se sentía en riesgo? A estas mujeres no se les puede preguntar si están en una situación de peligro, según los expertos, porque "ellas no lo van a aceptar; de su mente escapa toda posibilidad de riesgo real". En este caso, no tenía miedo porque lo creía fuera del país. Por eso se la calificó en riesgo bajo.
Los agentes que tramitan la denuncia o que tienen que aplicar la orden de protección son los encargados también de valorar el peligro. Lo hacen mediante un formulario estandarizado, y deben revisarlo periódicamente, dependiendo del riesgo. El nuevo nivel de peligro extremo exige evaluaciones cada 72 horas. Según el Sindicato Unificado de Policía, un 25% del tiempo de trabajo se invierte en burocracia. Katherine, la mujer de 26 a?os muerta el pasado lunes, había visto bajar su nivel de riesgo de medio a bajo. Hechos como este "ponen en evidencia que las medidas son insuficientes", opina Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis.
Pese a que su agresor volvió a amenazarla, no se le asignaron más agentes. "Las medidas de protección no son un instrumento fiable al 100%, pero los organismos públicos debemos tender a que se acerque lo más posible", concluye Montserrat Comas.
